El Gobierno, 45 años después del intento de golpe de Estado, anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F

 “La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, afirmó el Presidente del Gobierno. 

La decisión del Presidente, de desclasificar los documentos relativos al 23-F, cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23-F, no es únicamente un gesto político coyuntural, sino un acto cargado de significado histórico, democrático y simbólico.

 “La memoria no puede estar bajo llave”, manifestó el Presidente, Pedro Sánchez, subrayando una idea esencial: las democracias sólidas no temen a su pasado, sino que lo examinan con rigor para fortalecer su futuro.

El anuncio se produce en un contexto político tenso, donde la reacción del Partido Popular (PP) no se hizo esperar, calificando la medida como una “cortina de humo”. También Vox expresó su rechazo. Sin embargo, reducir la desclasificación a una maniobra de distracción, implica ignorar a propósito, la dimensión histórica del acontecimiento y el derecho ciudadano a conocer en profundidad uno de los episodios más delicados de la democracia española.

El 23 de febrero de 1981, España vivió 18 horas de incertidumbre que pusieron en jaque el sistema constitucional nacido tras la dictadura franquista. La irrupción armada en el Congreso liderada por el teniente coronel Antonio Tejero no fue un acto aislado ni improvisado. Las declaraciones recogidas en el sumario judicial revelan una compleja red de contactos y expectativas que involucraban a figuras militares de alto rango como teniente General, Jaime Milans del Bosch y el general Alfonso Armada. El llamado “golpe blando” pretendía, según los testimonios, articular un gobierno alternativo que, bajo apariencia constitucional, alterara profundamente el rumbo político del país.

La sentencia judicial descartó la implicación del entonces monarca Juan Carlos I, cuyo mensaje televisado fue determinante para desactivar la intentona golpista. Aquella intervención consolidó la imagen del Rey como garante del orden constitucional. No obstante, con el paso del tiempo han persistido interrogantes sobre los contactos previos, las expectativas de los golpistas y el alcance real de las conversaciones mantenidas en los días y semanas anteriores al asalto.

Es precisamente en ese terreno donde la desclasificación cobra relevancia. La democracia no se debilita por revelar información; al contrario, se fortalece cuando afronta las zonas grises de su historia. El hecho de que todavía esté vigente una ley de secretos oficiales heredada del franquismo refuerza la necesidad de actualizar los mecanismos de transparencia. Diversos grupos parlamentarios, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), han reclamado en repetidas ocasiones la reforma de dicha normativa, sin éxito hasta ahora.

La polémica política actual, sin embargo, parece desplazarse hacia el terreno de la oportunidad del anuncio. ¿Es pertinente hablar de un acontecimiento de hace 45 años en medio de los desafíos contemporáneos? La respuesta, desde una perspectiva democrática, es afirmativa. Conocer con precisión qué ocurrió, quiénes participaron, qué responsabilidades existieron y qué decisiones se tomaron no es un ejercicio nostálgico, sino preventivo. Como señala la conocida máxima, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.

El 23-F no fue simplemente un episodio militar; fue una prueba de resistencia institucional. Desde los disparos en el hemiciclo hasta las negociaciones fallidas y la rendición final, el país contempló cómo su joven democracia podía quebrarse en cuestión de horas. La desclasificación puede arrojar luz sobre las motivaciones, las complicidades y los límites reales del sistema en aquel momento crítico.

Las críticas que tildan la medida de “cortina de humo” plantean una cuestión legítima sobre la instrumentalización política de la memoria. Sin embargo, incluso si el anuncio tiene un componente estratégico, ello no invalida la importancia objetiva de la transparencia. La memoria histórica no pertenece a un partido ni a un gobierno; pertenece a la ciudadanía.

En última instancia, desclasificar los documentos del 23-F supone reconocer que la madurez democrática se mide también por la capacidad de revisar el pasado sin miedo. España, cuatro décadas después de aquel intento de ruptura constitucional, tiene derecho a comprender con mayor profundidad lo sucedido. No se trata de reabrir heridas, sino de cerrar interrogantes.

La democracia se construye cada día, pero también se protege recordando los momentos en que estuvo a punto de perderse. 

Si la transparencia contribuye a fortalecer la confianza pública y a consolidar una cultura política basada en la responsabilidad y el conocimiento histórico, entonces la desclasificación no es una distracción: es un acto de salud democrática.

Fuente: El Pais.com

ESPAÑA. La Guerra Civil no acabó como nos contaron. "Franco tapó que hubo muchos contactos con los vencidos"

 "Querían que pareciera una victoria militar aplastante", apunta el historiador Gutmaro Gómez Bravo, autor de "Cómo terminó la Guerra Civil española"

La reciente investigación del historiador Gutmaro Gómez Bravo, plasmada en su obra "Cómo terminó la Guerra Civil española" invita a revisar de manera profunda el relato tradicional sobre el final de la Guerra Civil Española. 

Durante décadas, la versión dominante sostuvo que el conflicto concluyó como resultado de una victoria militar aplastante del bando sublevado encabezado por Francisco Franco. Sin embargo, la documentación recientemente estudiada revela un desenlace mucho más complejo, en el que la inteligencia, la diplomacia encubierta y la manipulación psicológica desempeñaron un papel tan decisivo como las operaciones militares en el frente.

El relato oficial, construido por los vencedores, consolidó la imagen de una derrota republicana fruto exclusivo del caos interno, las divisiones políticas y la superioridad bélica franquista. Sin negar esta superioridad, Gómez Bravo demuestra que el final de la guerra fue cuidadosamente planificado desde el Cuartel General del Generalísimo, a través del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). Este organismo no solo recopiló información estratégica, sino que intervino comunicaciones, promovió la descomposición interna del enemigo y dirigió una operación destinada a asegurar que la rendición se produjera en los términos que Franco deseaba: sin negociación política visible y con apariencia de sometimiento absoluto.

Uno de los aspectos más reveladores de esta investigación es la existencia de múltiples contactos entre ambos bandos en los meses finales del conflicto. Lejos de la imagen de una resistencia hasta el último hombre seguida de una caída inevitable, hubo intentos de mediación internacional —incluyendo gestiones del Vaticano con el beneplácito de potencias como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos— que pudieron haber adelantado el fin de la contienda. No obstante, Franco evitó sistemáticamente cualquier salida que pudiera interpretarse como un pacto político. La prioridad era preservar la narrativa de una victoria total, sin concesiones ni reconocimiento del adversario como interlocutor legítimo.

La guerra, por tanto, pudo haber concluido antes del 1 de abril de 1939. Sin embargo, se prolongó hasta que las condiciones psicológicas y materiales garantizaron una rendición sin matices. La población republicana, exhausta tras casi mil días de conflicto, hambre y bombardeos, fue objeto de una estrategia de desgaste cuidadosamente calculada. La propaganda franquista transmitía mensajes de inminente final y promesas de clemencia, minando la moral y fomentando la resignación. En paralelo, se obstaculizaban los contactos diplomáticos que ofrecían garantías jurídicas internacionales a los republicanos, como el respeto a la Convención de Ginebra.

Este uso sistemático de la inteligencia y la información constituye uno de los aportes centrales del libro. Tradicionalmente se ha destacado la ayuda militar de la Alemania nazi y la Italia fascista en términos de armamento y aviación. No obstante, la investigación subraya la importancia del apoyo logístico y tecnológico alemán, especialmente en materia de cifrado, contraespionaje y tácticas policiales avanzadas. Gracias a estas herramientas, el bando sublevado logró interceptar comunicaciones republicanas y anticipar movimientos estratégicos, operando con una ventaja informativa que convirtió el desenlace en un proceso dirigido más que en un simple colapso militar.

La consecuencia de esta estrategia no fue solo la victoria en el campo de batalla, sino la construcción de un relato histórico funcional a la legitimación del nuevo régimen. Al ocultar los contactos, las negociaciones y las operaciones de manipulación, el franquismo consolidó la imagen de un líder magnánimo que “concedía el perdón” tras imponerse sin discusión. En realidad, como señala Gómez Bravo, la posguerra también fue planificada con la misma meticulosidad que el final del conflicto. La represión, lejos de ser una reacción improvisada, formó parte de un proyecto político previamente diseñado.

Este replanteamiento historiográfico tiene implicaciones profundas. En primer lugar, cuestiona la simplificación maniquea del desenlace bélico y obliga a reconsiderar el papel de la diplomacia, la inteligencia y la propaganda en los conflictos modernos. En segundo lugar, demuestra cómo el control del relato posterior es tan importante como la victoria militar misma. La memoria colectiva fue moldeada por la documentación que se conservó y, sobre todo, por la que se ocultó.

En definitiva, la obra de Gómez Bravo nos recuerda que la historia no es un relato cerrado, sino una construcción sujeta a revisión constante conforme emergen nuevas fuentes. El final de la Guerra Civil española no fue únicamente el resultado de una superioridad militar incontestable, sino también de una estrategia política e informativa diseñada para asegurar no solo la derrota del adversario, sino su deslegitimación absoluta ante la posteridad. Comprender estos matices no implica reescribir el pasado por capricho, sino acercarse con mayor rigor a la complejidad de uno de los episodios más decisivos del siglo XX en España.

Fuente: Infolibre.es

OPINIÓN. ¿Salvó el rey la democracia en España, en el golpe de Estado del 23F?

 Se cumplen 45 años del intento golpista capitaneado por el teniente coronel Antonio Tejero en 1981, un suceso del que aún desconocemos toda la verdad a pesar de la versión oficial fijada definitivamente por la sentencia que enjuició a los autores.

Transcurridos 45 años del 23 de febrero de 1981, el llamado 23F continúa siendo uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente de España. 

La imagen fijada en la memoria colectiva —la de un monarca decidido que, con un mensaje televisado, salvó la joven democracia— ha sido durante décadas el relato predominante. Sin embargo, la persistencia de zonas oscuras, las contradicciones testimoniales y las revelaciones posteriores obligan a replantear críticamente esa versión. La pregunta sigue vigente: ¿salvó realmente el rey de España la democracia durante el golpe de Estado del 23F?

El asalto al Congreso de los Diputados por fuerzas de la Guardia Civil al mando del teniente coronel Antonio Tejero y la simultánea sublevación en Valencia encabezada por el teniente general Jaime Milans del Bosch constituyeron el mayor desafío al orden constitucional desde la aprobación de la Constitución de 1978. Según la sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, el golpe fue obra de un grupo reducido de militares que fracasó gracias a la firme intervención de Juan Carlos I y a la lealtad mayoritaria de las Fuerzas Armadas. Esta interpretación consolidó una narrativa heroica: el rey, como garante de la Constitución, habría neutralizado la amenaza golpista y asegurado la continuidad democrática.

Sin embargo, la construcción de ese relato oficial presenta fisuras. La justicia militar no recabó el testimonio del propio monarca durante la instrucción del sumario, lo que privó al proceso judicial de una pieza central para esclarecer los hechos. Décadas después, en sus memorias tituladas Reconciliación (2025), Juan Carlos I reivindica un papel decisivo y personalísimo en la desactivación del golpe. Se presenta como el eje de las decisiones cruciales, consciente de que “su proyecto político” estaba en juego y decidido a salvar la democracia. No obstante, esta versión autobiográfica choca con declaraciones judiciales previas y con otros testimonios relevantes.

Especialmente significativa resulta la discrepancia en torno al papel del general Alfonso Armada, figura clave en la denominada “solución Armada”, que proponía un gobierno de concentración presidido por él mismo. El rey afirma haberle negado autorización para actuar en su nombre ante los golpistas. Sin embargo, el general Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, declaró ante el juez instructor que transmitió a Armada, por orden expresa del monarca, que cualquier acción debía realizarla a título personal y sin invocar el nombre del rey. Más aún, dejó claro que no partió de él la iniciativa de que Armada acudiera al Congreso, sino que actuó siguiendo instrucciones reales. Esta contradicción no es menor: afecta al núcleo mismo de la cuestión sobre si la Corona fue un dique inequívoco frente al golpe o si, al menos en una fase inicial, contempló una salida política alternativa dentro del marco de la asonada.

El fracaso del golpe no se produjo exclusivamente por el mensaje televisado del rey en uniforme militar, aunque ese gesto tuviera un enorme valor simbólico. Fue también decisiva la negativa de Tejero a aceptar la propuesta de Armada, a la que calificó de “chapuza”, pues aspiraba a una junta militar y no a un gobierno de concentración con presencia de partidos políticos. En este punto, la historia contrafactual resulta inquietante: si Tejero hubiese aceptado la fórmula Armada, ¿habría podido consolidarse una solución de compromiso bajo apariencia constitucional? La negativa del propio golpista fue, paradójicamente, uno de los factores que precipitaron el fracaso de la intentona.

Además, la supuesta unanimidad leal de las Fuerzas Armadas ha sido cuestionada por documentos y declaraciones posteriores. El entonces ministro de Defensa, Alberto Oliart, habló de un 99,40% de fidelidad constitucional. Sin embargo, estimaciones posteriores del propio Juan Carlos I y documentos conservados por el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Gabeiras, sugieren que el apoyo al orden constitucional fue mucho menos sólido y que numerosos capitanes generales permanecieron expectantes, aguardando la evolución de los acontecimientos antes de posicionarse. Incluso Armada reconocería años más tarde que muchos mandos no preguntaban qué opinaba el rey, sino si el golpe tenía visos de prosperar.

Este conjunto de elementos apunta a una realidad más compleja que la versión oficial. No se trata de negar la importancia de la intervención del monarca —su mensaje fue determinante para fijar una posición institucional clara y frenar adhesiones adicionales al golpe—, sino de matizar la narrativa simplificada que lo presenta como único salvador de la democracia. El 23F fue el resultado de tensiones acumuladas: el malestar militar por la legalización del PCE, el desarrollo autonómico y el terrorismo de ETA, así como la fragilidad política del momento. En ese contexto, la Corona jugó un papel decisivo, pero también ambiguo en ciertos compases iniciales, al menos según algunos testimonios.

La pervivencia de secretos de Estado y la ausencia de una desclasificación completa de documentos impiden cerrar definitivamente el debate. La democracia española salió reforzada del fracaso del golpe, pero el conocimiento histórico permanece incompleto. Quizá la verdadera lección del 23F no sea la mitificación de un individuo, sino la constatación de que las instituciones democráticas dependen de equilibrios frágiles, de decisiones colectivas y de la conducta —a veces contradictoria— de sus protagonistas.

En conclusión, afirmar categóricamente que el rey salvó la democracia simplifica en exceso un episodio lleno de matices, incertidumbres y zonas grises. 

La intervención del rey emérito, Don Juan Carlos I, fue relevante y probablemente crucial en el desenlace final. 

Pero el fracaso del golpe obedeció a una combinación de factores: divisiones internas entre los golpistas, la falta de consenso militar, la resistencia institucional, y la propia dinámica de los acontecimientos. 

Cuarenta y cinco años después, el 23F sigue siendo no solo un hito histórico, sino también un espejo en el que se reflejan las tensiones entre memoria, verdad y poder.

Fuente: El Diario.es