“La memoria no puede estar bajo llave. Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre”, afirmó el Presidente del Gobierno.
“La memoria no puede estar bajo
llave”, manifestó el Presidente, Pedro Sánchez, subrayando una idea esencial: las democracias
sólidas no temen a su pasado, sino que lo examinan con rigor para fortalecer su
futuro.
El
anuncio se produce en un contexto político tenso, donde la reacción del Partido
Popular (PP) no se hizo esperar, calificando la medida como una “cortina de
humo”. También Vox expresó su rechazo. Sin embargo, reducir la desclasificación
a una maniobra de distracción, implica ignorar a propósito, la dimensión histórica del
acontecimiento y el derecho ciudadano a conocer en profundidad uno de los
episodios más delicados de la democracia española.
El
23 de febrero de 1981, España vivió 18 horas de incertidumbre que pusieron en
jaque el sistema constitucional nacido tras la dictadura franquista. La
irrupción armada en el Congreso liderada por el teniente coronel Antonio Tejero
no fue un acto aislado ni improvisado. Las declaraciones recogidas en el
sumario judicial revelan una compleja red de contactos y expectativas que
involucraban a figuras militares de alto rango como teniente General, Jaime Milans del Bosch y el
general Alfonso Armada. El llamado “golpe blando” pretendía, según los
testimonios, articular un gobierno alternativo que, bajo apariencia
constitucional, alterara profundamente el rumbo político del país.
La
sentencia judicial descartó la implicación del entonces monarca Juan Carlos I,
cuyo mensaje televisado fue determinante para desactivar la intentona golpista.
Aquella intervención consolidó la imagen del Rey como garante del orden
constitucional. No obstante, con el paso del tiempo han persistido
interrogantes sobre los contactos previos, las expectativas de los golpistas y
el alcance real de las conversaciones mantenidas en los días y semanas
anteriores al asalto.
Es
precisamente en ese terreno donde la desclasificación cobra relevancia. La
democracia no se debilita por revelar información; al contrario, se fortalece
cuando afronta las zonas grises de su historia. El hecho de que todavía esté
vigente una ley de secretos oficiales heredada del franquismo refuerza la
necesidad de actualizar los mecanismos de transparencia. Diversos grupos
parlamentarios, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV), han reclamado en
repetidas ocasiones la reforma de dicha normativa, sin éxito hasta ahora.
La
polémica política actual, sin embargo, parece desplazarse hacia el terreno de
la oportunidad del anuncio. ¿Es pertinente hablar de un acontecimiento de hace
45 años en medio de los desafíos contemporáneos? La respuesta, desde una
perspectiva democrática, es afirmativa. Conocer con precisión qué ocurrió,
quiénes participaron, qué responsabilidades existieron y qué decisiones se
tomaron no es un ejercicio nostálgico, sino preventivo. Como señala la conocida
máxima, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.
El
23-F no fue simplemente un episodio militar; fue una prueba de resistencia
institucional. Desde los disparos en el hemiciclo hasta las negociaciones
fallidas y la rendición final, el país contempló cómo su joven democracia podía
quebrarse en cuestión de horas. La desclasificación puede arrojar luz sobre las
motivaciones, las complicidades y los límites reales del sistema en aquel
momento crítico.
Las
críticas que tildan la medida de “cortina de humo” plantean una cuestión
legítima sobre la instrumentalización política de la memoria. Sin embargo,
incluso si el anuncio tiene un componente estratégico, ello no invalida la
importancia objetiva de la transparencia. La memoria histórica no pertenece a
un partido ni a un gobierno; pertenece a la ciudadanía.
En
última instancia, desclasificar los documentos del 23-F supone reconocer que la
madurez democrática se mide también por la capacidad de revisar el pasado sin
miedo. España, cuatro décadas después de aquel intento de ruptura
constitucional, tiene derecho a comprender con mayor profundidad lo sucedido.
No se trata de reabrir heridas, sino de cerrar interrogantes.
La democracia se construye cada día, pero también se protege recordando los momentos en que estuvo a punto de perderse.
Si la transparencia contribuye a
fortalecer la confianza pública y a consolidar una cultura política basada en
la responsabilidad y el conocimiento histórico, entonces la desclasificación no
es una distracción: es un acto de salud democrática.
Fuente: El Pais.com
