Potencia Estructural versus Vulnerabilidad Política
Una
de las paradojas más relevantes que emerge del análisis de estos profesionales, es que la Sanidad Pública española posee una estructura institucional y tecnológica, extraordinariamente sólida. Su organización en áreas sanitarias, la
universalidad de la Atención Primaria, la dotación tecnológica hospitalaria y
la formación de calidad de sus profesionales la convierten en lo que algunos califican, acertadamente, de una "perita en dulce" para la industria
sanitaria internacional.
Sin embargo, esta fortaleza estructural convive con una fragilidad política evidente. La sanidad pública no está siendo derrotada por sus deficiencias intrínsecas, sino todo lo contrario porque se debe a la acción deliberada de gobiernos que permiten —cuando no facilitan activamente— la penetración de lógicas privatizadoras en su interior.
A mi entender, los casos de Galicia, Madrid, Baleares, además de Valencia primero y Andalucía como último ejemplo, no son excepciones sino
manifestaciones de una estrategia sistemática que muchos denominan "privatización interna" que básicamente sería, "la introducción de mecanismos de mercado,
incentivos económicos perversos y concesiones progresivas" que van transformando gradualmente un sistema público desde dentro.
La estrategia del "capital sanitario privado"
El
análisis de estos profesionales de la salud, identifica inequívocamente, que la amenaza a la sanidad Pública
no proviene de gobiernos aislados, sino de "grandes corporaciones,
multinacionales farmacéuticas y tecnológicas" que operan con estrategias
sofisticadas de captura regulatoria. La "compra de voluntades" dentro
de gobiernos autonómicos y administraciones sanitarias representan una forma de
corrupción política que trasciende a la simple malversación, como es la "captura
sistemática de instituciones públicas" para convertirlas en extractoras de valor
privado.
El
ejemplo de Isabel Díaz Ayuso "regando a Quirón con 5.000 millones de euros
públicos en seis años, incluso con fondos destinados a residencias
públicas" no es un dato aislado sino la demostración empírica de una lógica donde
el dinero público financia infraestructuras privadas que compiten deslealmente
con la sanidad Pública, generando artificialmente las listas de espera que
justifican la "huida" hacia lo privado.
El
Papel de las "listas de espera" como "mecanismo de captura"
El análisis más profundo de los hechos, permite responder a la función de las listas de
espera en el proceso de privatización. No se trata simplemente de un problema
de gestión o recursos insuficientes. Las propias administraciones públicas
facilitan, mediante lo que coloquialmente llaman "permisividad o complicidad de los
gestores", que los servicios de admisión de hospitales públicos canalicen
a los pacientes hacia centros privados concertados. Cuando se pide cita para operarse y responden con la frase —"en
Quirón le operamos la próxima semana; si usted lo rechaza, pasa al final de la
lista de espera"— es una confesión implícita de que las listas de espera son
estructuralmente creadas para alimentar la privatización.
Este
mecanismo es particularmente perverso porque aprovecha la vulnerabilidad del
ciudadano enfermo para legitimar la expansión de la sanidad privada. No es que
la sanidad pública no funcione; es que deliberadamente, se le impide funcionar
para crear la demanda de servicios privados.
El Enigma de la Ineficiencia
Incremento del Gasto sin mejora de resultados
El argumento central del discurso de estos profesionales rebate la narrativa de la
"infrafinanciación". El Gasto Sanitario Público ha aumentado
significativamente: de 75.000 millones en 2019 a más de 150.000 en 2025, hasta tal punto llega, que el Gobierno Central, en los últimos 7 años, ha transferido a las autonomías 300.000 millones de euros por encima de lo aportado a las autonomías en mismos 7 años entre 2011 y 2018 por el gobierno anterior del PP de Rajoy. Sin
embargo, este incremento no se traduce en mejora de acceso o reducción de
listas de espera. ¿Dónde va ese dinero?
La
respuesta apunta a que la privatización es "ineficiente" no porque no
funcione como privatización, sino porque funciona perfectamente como
transferencia de fondos públicos a manos privadas. El gasto en medicamentos
(32.000 millones anuales) y en concertaciones crecientes drenan recursos que
deberían fortalecer el sistema público. La "carga de enfermedad" que
aumenta año tras año refleja que un sistema orientado al diagnóstico y tratamiento (modelo privatizado) abandona la promoción de la salud y la
prevención (modelo público).
La dimensión política. Gobiernos cómplices
El análisis de estos profesionales, identifica sin ambigüedad que la privatización sanitaria es un proyecto político, no una necesidad económica. Los gobiernos del PP y Vox no son administradores neutrales que gestionan crisis; son actores políticos que toman decisiones deliberadas para privatizar servicios públicos.
Resulta significativo el caso de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, cuando en 2008 promulgó la Lei Galega de Saúde con el objetivo de transformar el Servizo Galego de Saúde en un “motor empresarial” o "fábrica de patentes para la industria sanitaria" que ilustra el modo que se aplica esta ideología a la privatización.
La crítica de algunos profesionales de que "gobiernos patriotas viven como marqueses gracias a multinacionales extranjeras" toca una cuestión fundamental, como es la evidencia que, "el nacionalismo político autonómico coexiste cómodamente con la venta de recursos estratégicos nacionales al capital internacional".
Esto revela la falsedad de la dicotomía entre "patriotismo" y neoliberalismo que domina el debate
público.
La Respuesta Ciudadana
Movilización y límites de la participación
La
experiencia de los profesionales de Madrid, donde la movilización ciudadana logró frenar la
externalización de seis hospitales, y más recientemente con la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) gallega, ofrece lecciones matizadas sobre el poder y
los límites de la acción colectiva. La ILP demostró capacidad de movilización
—especialmente entre mujeres— y presentó una propuesta alternativa coherente (una
Atención Primaria de calidad que redujera la medicalización).
Sin
embargo, su rechazo parlamentario también expone la brecha entre la capacidad
de movilización de la sociedad civil y el poder real de decisión de
instituciones capturadas por intereses privatizadores. En ese sentido, estos profesionales tienen razón cuando plantean que "la movilización y el voto son nuestras
mejores armas", pero también está implícito en su análisis que estas armas
están debilitadas cuando los gobiernos actúan con "descaro e
impunidad" en defensa de intereses corporativos.
El conflicto entre la compatibilidad Público-Privada como síntoma de degradación ética
El
debate sobre la compatibilidad público-privada en los contratos médicos es
sintomático del modo que la privatización ha penetrado las instituciones desde
dentro. Cuando los jefes de servicio pueden tener intereses privados, la
gestión del sistema público se orienta naturalmente hacia la generación de
demanda privada. La introducción del "complemento específico" para
médicos compatibles representa una "invitación directa" a abandonar
el compromiso público.
Pero
el análisis de los profesionales va más allá de la mera ineficiencia: identifica la
ilegalidad. Muchos médicos violan la Ley de Incompatibilidades cuando atienden
en centros concertados a pacientes de su área sanitaria. Esta violación
sistemática, tolerada por administraciones públicas cómplices, representa la
degradación del Estado de Derecho, al servicio de intereses privatizadores.
El
Seguro Privado como "síntoma" no como "causa"
El
dato de que el 26,4% de los hogares españoles tenga seguro médico privado es
frecuentemente interpretado como evidencia de que los ciudadanos desconfían de
la sanidad pública. Desde este análisis se invierte esa interpretación con precisión: los
ciudadanos no "huyen" de lo público por desconfianza, sino porque son
expulsados mediante listas de espera artificialmente generadas y un discurso
público permanente sobre la "crisis" de la sanidad pública.
La
adquisición de seguros privados no es una elección libre sino una respuesta
adaptativa a un sistema público que ha sido deliberadamente dañado. El fraude
de muchos seguros privados —que no ofrecen en realidad la cobertura que
prometen— sugiere que incluso los ciudadanos son conscientes de que están
comprando un fantasma, una ilusión de protección en un contexto donde lo
público ha sido erosionado.
Perspectivas
y desafíos futuros
El
análisis finalmente plantea un escenario donde la sanidad pública española se enfrenta a una "inflexión" crítica. Los mecanismos identificados
—privatización interna, listas de espera como herramienta de mercado, gobiernos
cómplices, captura regulatoria por capital multinacional— están activos y en
expansión, no en retroceso. La pandemia, lejos de revertir esta tendencia, fue
"utilizada para este objetivo" según el estudio, generando miedo que
facilita la penetración comercial privada.
Sin
embargo, la existencia misma de excelentes profesionales de la salud, de asociaciones como
la FADSP y de iniciativas como la ILP gallega indica que hay resistencia. El
desafío es transformar la resistencia defensiva en propuestas ofensivas que
reconquisten la dirección política del sistema sanitario.
CONCLUSIONES
La
sanidad pública española se encuentra en un punto de inflexión porque su
potencia estructural es simultáneamente su vulnerabilidad: un sistema bien
diseñado, universalista y de calidad constituye un activo estratégico demasiado
valioso para que el capital privado lo abandone. La "perita en dulce"
está siendo devorada lentamente, no mediante el colapso abrupto sino mediante
la captura gradual de sus instituciones.
La
privatización no es el resultado inevitable de crisis económicas o de demandas
ciudadanas auténticas. Es un proyecto político sostenido por gobiernos
cómplices y facilitado por la captura regulatoria de capital multinacional. En
este contexto, la defensa de la sanidad pública exige no solo movilización
ciudadana sino también una clara identificación de responsables y consecuencias
políticas.
La trayectoria profesional de miles de profesionales de la salud, avalan y son recordatorio que, la Sanidad Pública no es un regalo de gobiernos benevolentes sino una conquista social que debe ser permanentemente defendida y respetada. Y que esa defensa, fundamentalmente es, una lucha por la democracia y la justicia social en una de sus manifestaciones más concretas: el acceso universal a la salud, sin restricciones como la prioridad nacional.
Fuente: Publico.es
