PP,
Vox y Junts, miserablemente tumbaron en el Congreso la Agencia Estatal de Salud Pública que hipócritamente ahora reclaman por el hantavirus.
La
llegada del crucero de lujo MV Hondius a Tenerife tras detectarse un brote de
hantavirus entre pasajeros y tripulación ha reabierto un debate que parecía
latente desde la pandemia de coronavirus: la necesidad de contar con una
Agencia Estatal de Salud Pública en España. Sin embargo, más allá de la
preocupación sanitaria y de la activación de protocolos de emergencia, el
episodio ha evidenciado cómo las crisis sanitarias continúan siendo utilizadas
como herramientas de confrontación política entre Gobierno y oposición.
La
vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra,
ha criticado duramente al Ejecutivo central por la inexistencia de dicha
agencia, asegurando que “con Feijóo en La Moncloa ya estaría en marcha”. Esta
declaración sitúa nuevamente al Partido Popular como defensor de una estructura
estatal de coordinación sanitaria que, según su discurso actual, habría
permitido responder con mayor eficacia ante emergencias como la del hantavirus.
No obstante, esta posición ha sido rápidamente cuestionada por el propio
historial parlamentario del partido.
Resulta
paradójico que el PP reclame ahora una institución cuya creación contribuyó a
bloquear en el Congreso de los Diputados. En marzo de 2025, el proyecto de la
Agencia Estatal de Salud Pública fue rechazado tras una votación en la que
Partido Popular, Vox y Junts sumaron 176 votos en contra frente a 167
favorables. La propuesta pretendía crear un organismo independiente, compuesto
por especialistas y técnicos, capaz de coordinar políticas sanitarias,
anticiparse a futuras pandemias y mejorar la capacidad de respuesta del sistema
sanitario español.
El rechazo del PP no respondió únicamente a discrepancias técnicas o ideológicas respecto al funcionamiento de la agencia. Según el contexto parlamentario del momento, el cambio de postura de populares y neoconvergentes estuvo ligado a tensiones políticas derivadas de la Ley del Desperdicio Alimentario impulsada por el Ministerio de Agricultura. Al negarse el PSOE a aplazar dicha normativa, PP y Junts utilizaron la votación de la agencia como instrumento de presión política.
Este episodio demuestra hasta qué punto decisiones fundamentales para
la salud pública que afecta a todos los españoles, se venden por un plato de lentejas o un puñado de votos, al verse condicionadas por estrategias partidistas ajenas
al interés sanitario del conjunto de toda la ciudadanía española.
Durante
el debate parlamentario, algunas voces del PP llegaron incluso a descalificar
el futuro organismo calificándolo de “chiringuito”. La diputada popular María
del Mar Vázquez criticó especialmente la posible influencia del epidemiólogo
Fernando Simón, figura muy conocida por su papel durante la pandemia de
COVID-19, al que definió como “la marioneta del Gobierno que disfrazaba de
ciencia las órdenes que recibía”. Este tipo de declaraciones reflejan un
fenómeno preocupante: la creciente politización de la ciencia y de los expertos
sanitarios, cuya credibilidad queda atrapada entre narrativas partidistas.
Con
el brote de hantavirus, el nombre de Fernando Simón ha vuelto al centro del
debate. Desde sectores del PP se ha cuestionado nuevamente su presencia en la
gestión de la crisis sanitaria, argumentando que “no genera la tranquilidad que
debería”. Tales afirmaciones ponen de manifiesto cómo determinadas figuras
técnicas continúan siendo utilizadas como símbolos políticos más que como
profesionales de salud pública.
Por
su parte, el PSOE y otras formaciones progresistas han reaccionado acusando al
PP de oportunismo político. La portavoz socialista Montse Mínguez reprochó a
los populares haber votado en contra de una medida que previamente consideraban
positiva en comisión parlamentaria. En la misma línea, la portavoz de Más
Madrid, Rita Maestre, calificó la actitud de Génova como un “manual de estilo
clásico”, denunciando que primero bloquearan la creación de la agencia y ahora
culpen al Gobierno por su ausencia.
Más
allá de las acusaciones cruzadas, el caso revela una realidad estructural:
España sigue arrastrando algunas de las lecciones no resueltas de la pandemia.
La COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de
coordinación sanitaria, mejorar la prevención epidemiológica y construir
instituciones técnicas capaces de actuar con autonomía y rapidez. La propuesta
de una Agencia Estatal de Salud Pública surgió precisamente de ese consenso
inicial alcanzado durante las comisiones de reconstrucción posteriores a la
pandemia. Sin embargo, seis años después, el proyecto continúa paralizado por
cálculos políticos.
La
crisis del hantavirus demuestra que las amenazas sanitarias globales no han
desaparecido. En un mundo marcado por la movilidad internacional, el turismo
masivo y el riesgo constante de enfermedades emergentes, la existencia de
organismos especializados ya no debería entenderse como una cuestión
ideológica, sino como una necesidad estratégica de Estado. La salud pública
requiere estabilidad institucional, inversión científica y cooperación
política, elementos difíciles de alcanzar cuando cada emergencia se convierte
en una oportunidad para desgastar al adversario.
En
conclusión, el debate sobre la Agencia Estatal de Salud Pública refleja la
profunda polarización política existente en España. Tanto Gobierno como
oposición utilizan las crisis sanitarias como espacios de confrontación,
relegando en ocasiones el consenso técnico y el interés general. El brote de
hantavirus en el MV Hondius no solo ha activado protocolos médicos, sino
también una batalla narrativa sobre responsabilidades, liderazgo y
credibilidad. Mientras tanto, la ausencia de la agencia continúa siendo un
símbolo de las dificultades del sistema político español para transformar las
lecciones de la pandemia en reformas duraderas.
Fuente: El Plural.com
