Según
el organismo, esta gradualidad permitiría al Ejecutivo disponer de margen para
adaptarse a la pérdida de recursos que implica el nuevo esquema, mientras que
las regiones ganarían tiempo para ejecutar un gasto más eficiente y alineado
con sus prioridades.
En su
último informe sobre economía española, en el conocido Artículo IV, el FMI
aborda por primera vez la propuesta del Ejecutivo planteada a inicios de año.
La visita de la misión internacional evalúa así un diseño que el ministro de
Hacienda, Arcadi España, ha querido reimpulsar recientemente, iniciando
reuniones bilaterales con cada comunidad. El planteamiento gubernamental busca
revisar el marco de financiación para corregir la infrafinanciación y, al mismo
tiempo, introducir mecanismos que faciliten la sostenibilidad del sistema ante
presiones estructurales del gasto.
Uno de los elementos centrales de la reforma, es la inyección adicional que el Estado trasladaría a las comunidades autónomas de 21.000 millones de euros, según cálculos de Hacienda. Estos recursos adicionales procederían, fundamentalmente, de una mayor cesión de impuestos —como el IVA y el IRPF— y de una transferencia extra destinada a reducir diferencias de financiación por habitante ajustado entre regiones.
El FMI valora el efecto de esta medida, afirmando que contribuiría
a aliviar la infrafinanciación de algunas comunidades y a equipar mejor su
capacidad para afrontar “presiones de gasto crecientes” ligadas al
envejecimiento, especialmente en ámbitos como la sanidad y la protección
social.
Sin embargo, el FMI introduce un matiz decisivo, cual es, que ese alivio para las comunidades conllevaría una “pérdida proporcional” del espacio fiscal para el Gobierno central.
En términos políticos y presupuestarios, esto importa porque España afronta
aumentos relevantes en partidas como pensiones —con tendencia al alza por la
demografía— y, a la vez, necesidades en otros frentes, incluidas las
inversiones en defensa. En esa línea, el FMI conecta con críticas similares ya
expresadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF),
que considera que el margen del Gobierno podría reducirse en un contexto en el
que el equilibrio presupuestario resulta más exigente.
Por eso, el fondo propone que la reforma no se aplique de golpe, sino de manera escalonada. Su argumento es doble:
- Primero, dar tiempo al Gobierno central para compensar la reducción de ingresos con “subidas de impuestos o recortes del gasto”;
- Segundo, permitir a las comunidades autónomas gestionar los nuevos recursos con mayor eficiencia, dirigiéndolos hacia áreas prioritarias.
Es
decir, el FMI no rechaza el objetivo de reforzar la financiación regional, pero
sí cuestiona el calendario y la forma de implementación, al entender que el
diseño debe ser compatible con la solvencia fiscal del Estado.
Junto al componente de ingresos, el FMI también se pronuncia sobre el otro gran bloque del paquete: la condonación de deuda autonómica y las modificaciones asociadas a instrumentos financieros como la Facilidad Financiera y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
El informe valora positivamente que una condonación
condicione el gasto en intereses, reduciendo la carga financiera que soportan
algunas comunidades. Además, observa favorablemente la eliminación de ciertos
mecanismos y la conversión del FLA en un instrumento de “último recurso”, lo
que implicaría, en teoría, una mayor disciplina en el uso de la financiación de
emergencia.
Ahora
bien, el FMI pone condiciones. La condonación solo sería efectiva si es
“excepcional” y si se limita el “riesgo moral”, un concepto que alude a la
posibilidad de que la expectativa de rescates o perdones reduzca incentivos
para mantener una consolidación fiscal creíble. Por ello, el perdón del Estado
debería estar ligado a que las comunidades beneficiadas presenten y cumplan
planes de consolidación fiscal “creíbles”, es decir, verificables y
sostenibles.
En el trasfondo de este debate técnico, aparece el componente político. El Gobierno tiene la “titánica tarea” de construir una mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante un proyecto que, además, puede coincidir en el calendario con los Presupuestos, que suelen tener prioridad en el trámite.
El contexto no
es sencillo, pues crecen las dudas respecto la continuidad del Ejecutivo debido a casos
de presunta corrupción vinculados al PSOE (aunque el Presidente del Gobierno ha manifestado su firme convicción de terminar la legislatura). A ello se suma que las comunidades
del PP han anunciado que no se sentarán con Hacienda en las reuniones
bilaterales, lo que introduce incertidumbre en la estrategia negociadora.
Con
todo, el Gobierno cuenta con una vía institucional: las reuniones bilaterales
desembocarían en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano donde
Hacienda y consejeros autonómicos coordinan el marco de decisiones. La meta
anunciada sería aprobar la ley a finales de año para que el nuevo sistema entre
en vigor el 1 de enero de 2027. No obstante, con la recomendación del FMI de
adoptar la reforma gradualmente, el verdadero reto será conciliar el calendario
legislativo con una transición fiscal que minimice el impacto sobre el Estado
y, en paralelo, fomente una utilización más eficiente de los recursos por parte
de las regiones.
En conclusión, el FMI plantea una reforma ambiciosa, pero advierte sobre su implementación: reforzar la financiación autonómica es defendible por sus efectos sobre la capacidad regional para atender servicios esenciales, especialmente en un contexto de envejecimiento. Sin embargo, la sostenibilidad exige una transición ordenada, con compensaciones fiscales realistas para el Estado y con condonaciones de deuda limitadas y condicionadas a planes creíbles.
La cuestión, más que si el cambio debe producirse, es cuándo, cómo y
bajo qué garantías, porque del equilibrio entre financiación regional y espacio
fiscal del Gobierno central dependerá tanto el éxito técnico como la viabilidad
política del nuevo modelo.
Fuente: El País.com
