En la política española contemporánea, el conflicto no se limita a ideas o programas.
En ese
contexto, las corrientes ultraconservadoras del PP y Vox han mantenido sus
filas prietas para acorralar al gobierno con acusaciones que, con frecuencia,
se presentan como causa directa de lo que ocurre en el Estado. El objetivo no
es tanto la justicia —o la presunción de inocencia— como el desgaste del
adversario político mediante la insinuación constante.
Desde esta perspectiva, la narrativa se repite con precisión estratégica: primero se busca relacionar al Ejecutivo con presuntas tramas de corrupción; luego se atribuyen los daños no a quienes gobiernan o han gobernado, sino a la figura política de turno. En este patrón, Pedro Sánchez aparece como el “malvado y corrupto” al que hay que responsabilizar antes de que se desplacen los dardos hacia otro nombre: ahora, se invoca al “padrino” Zapatero.
La lógica es clara:
si no se puede sostener la acusación con la solidez suficiente, se desplaza el
foco; si la evidencia no alcanza, se amplifica el marco emocional. Y así, el
relato se encadena mientras el ruido político crece y la atención social se
dispersa.
Sin
embargo, la pregunta crucial es: ¿qué ocurre con los casos que afectan a
dirigentes del propio PP y sus aliados de Vox? En este planteamiento aparece
una idea fundamental: muchas tramas que se convierten en herramienta política
para el PP y Vox terminan, de forma sistemática, relacionadas con adversarios,
mientras que los casos de corrupción que tocan a “los bien pagados” —es decir, a
quienes ejercen el poder o lo han ejercido— parecen quedar menos expuestos, o al
menos no con la misma intensidad pública. En política, esto no es un detalle menor; sino una forma de administrar la credibilidad.
Dentro
de ese intento de acorralamiento se sitúan varios episodios:
- la cercanía de un juicio vinculado al hermano de Pedro Sánchez;
- el caso Koldo, actualmente en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos;
- y ahora, la supuesta trama de corrupción asociada al expresidente Zapatero y a su entorno.
En
conjunto, el efecto que buscado es la sucesión de “casos instrumentalizados”
que se presentan como prueba de un sistema corrupto liderado desde el centro
del poder, aun cuando esos mismos episodios —al menos desde el enfoque
político— no parecen conducir a una autocrítica equivalente sobre responsabilidades
del bloque opositor.
Pero hay otro nivel todavía más grave en el argumento central de esta exposición: el contraste entre la persecución mediática de ciertas causas y el tratamiento del “juicio más repugnante” en la historia democrática española. Que es el referido al presunto uso de organismos del Estado para espiar a rivales políticos sin orden judicial, incluyendo a Podemos y a partidos soberanistas catalanes (y quizás vascos).
Aquí, el núcleo no es solo la corrupción económica, sino la
corrupción institucional: el desprecio por los límites legales, la degradación
del Estado y la normalización del abuso de poder. Cuando el poder se utiliza
para vigilar ilegalmente, no se está solo ante un caso judicial: se está ante
un precedente político que afecta a la calidad democrática.
En este punto es de destacar que el grado de corrupción y degradación alcanzado por un gobierno del PP, recuerda mucho a “un país bananero”, del que siempre dicen aborrecer figuras como Aznar, Rajoy, Ayuso y Feijóo. La crítica, implícita aquí, vendría por la doble vara de medir que tiene el PP con su discurso moral selectivo: se condena con fuerza lo que conviene atacar en el adversario, pero se relativiza o directamente se ignora lo que proviene del entorno propio (“esa persona de la que usted me habla no es del partido”).
A
partir de ahí, se puede introducir al visión política de los “padrinos” del partido
popular. No basta con hablar de jueces o procesos; también se cuestiona la
impunidad cultural con la que ciertas figuras parecen quedar fuera de la misma
exigencia que se reclama a otros.
En este
sentido, es de señalar cuando Rajoy ante el juez visiblemente alegó “amnesia selectiva” en
algunas declaraciones ante un juez sobre la “policía patriótica”. Si los
padrinos del PP han podido sostener que no sabían —o que no estaban al
tanto— entonces se vuelve especialmente relevante exigir el mismo escrutinio
cuando los padrinos aparecen en el otro lado.
Incluso en el plano simbólico, se puede proponer una idea: si Ayuso o Feijóo llaman “padrino” a quien le conviene para desacreditarle, entonces con la misma lógica cualquiera del campo rival podría señalar a quienes considera “padrinos” en el PP. El objetivo no es solo la igualdad ante la ley en sentido estricto, sino la coherencia democrática en el discurso público. Por ello también echo en falta la llamada del Senado a Aznar para que declare por los 5 millones de dólares supuestamente obtenidos por actividades lobistas.
En este último bloque se puede y se debe ampliar el foco, pues no se trata únicamente de España, sino de la relación del Estado español con potencias internacionales y sus conductas. Pues pese a supuestos valores democráticos, se puede replantear el apoyo a Estados que arrastran “una mochila de crímenes de guerra”. Como por ejemplo Estados Unidos e Israel, que sistemáticamente vulneran los derechos humanos: el ataque a Venezuela y el secuestro de su jefe de Estado en ejercicio; el ataque a Irán y la muerte de su presidente; y respecto a Israel, el genocidio en Gaza, ahora extendido hasta el Líbano.
Este
argumentario incluye una advertencia: si la política solo se mueve por la
alianza y el interés —y no por coherencia moral— entonces la acusación
constante al adversario corre el riesgo de ser solo una distracción.
De ahí
que proceda cerrar con este refrán que sintetiza la crítica: “el que a buen
árbol se arrima buena sombra le cobija”. Lo cual es una forma de decir que
España (y la derecha española, en particular) cuando se posiciona
ideológicamente, cobijándose bajo estructuras de poder, también reproducen
violencia, impunidad y doble rasero.
En
resumen, el acorralamiento político del PP y Vox funciona como estrategia de
propaganda; la presunta corrupción se usa como arma para dañar al adversario; y mientras
se intensifica el señalamiento contra ciertos gobiernos, se minimizan o directamente se ignoran las responsabilidades en el entorno propio.
Al mismo tiempo, se denuncia una complicidad internacional que cuestiona la retórica de derechos y valores.
No se trata solo de quién llega a juicio o
quién es investigado: se trata de cómo se administra la indignación pública y
de si la democracia se defiende por principios o por conveniencia.
POSDATA
Cuando políticos miserables como Miguel Ángel Rodríguez amenazan con impunidad al Presidente del Gobierno, es la democracia española misma, quien está siendo atacada por el fascismo.
Fuente: Redacción
