Las cuatro principales asociaciones judiciales sostienen que su independencia e imparcialidad se está viendo dañada y piden a PSOE y PP que renueven el órgano con urgencia y estudien cambios en la elección
Más de 1.000 días lleva el CGPJ
caducado. El debate lleva tiempo servido, pero esta cifra redonda ha redoblado
las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición: mientras el ministro de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños,
encendió la mecha la semana pasada recordando que todos los poderes emanan del
Estado y los jueces no pueden saltarse el control parlamentario eligiéndose
entre ellos, la oposición atacó con dureza sus palabras llegando a pedir su dimisión
y pidiendo un cambio de modelo que diera más poder a los jueces a la hora de
elegir a sus representantes.
Preguntadas al respecto las
principales asociaciones judiciales del país para conocer de primera mano su
opinión sobre el significado de un bloqueo inconstitucional y apreciar a quién
culpabilizan de este proceso anómalo en el que el CGPJ, órgano encargado de
nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, esté en funciones desde el 4 de
diciembre de 2018. De forma holgada, este consejo ha sido el que más tiempo ha
estado sin renovar en toda la democracia española. Este factor empieza a poner
en cuestión la independencia de la justicia española y del órgano encargado de
su imparcialidad.
¿Qué supone el bloqueo del CGPJ?
“El retraso de tres años supone una
anomalía que debilita al órgano de gobierno y termina por afectar al conjunto
del sistema, no solo al Poder Judicial, sino al resto de instituciones,
Gobierno y Cortes Generales, cuya credibilidad queda en cuestión”, argumenta en
declaraciones a este medio Manuel Almenar Belenguer, presidente de la
Asociación Profesional de la Magistratura (APM). “Ahora las consecuencias
de esta anomalía resultan agravadas porque, en lugar de buscar el consenso, se
pretendió resolver privando al CGPJ de una de sus principales funciones y
provocando una situación de vacantes e interinidad en el Tribunal Supremo y al
frente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias
Provinciales que acaba por impedir su normal funcionamiento, sin el cual no hay
Estado de Derecho”, prosigue la cabeza visible de la asociación con un mayor
número de miembros en España.
En la misma línea contestan desde la Asociación
Francisco de Vitoria (AJFV), aunque van un poco más allá y ponen sobre la
mesa la culpa de los dos partidos con mayor representación en el Congreso de
los Diputados: “Dificulta aspectos importantes en el funcionamiento de la
Justicia española, como los nombramientos en los principales tribunales del
país. Y además impide que se afronten proyectos de reforma del sistema judicial
o de mejoras profesionales. Pero, sin duda, lo peor es el daño institucional al
que tanto PSOE como PP están sometiendo a esta institución no sólo con el
bloqueo de los últimos tres años, sino peor todavía con el reparto que han
hecho de este órgano durante 35 años”, argumenta Jorge Navas.
Más directa y crítica con el PP es Asunción
Martín, portavoz de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD)
-la asociación progresista mayoritaria-: “Está bloqueado porque el PP, el
principal partido de la oposición, se niega a ponerse a dialogar y, por tanto,
es imposible su renovación. Desde nuestro punto de vista, el bloqueo supone no
cumplir la principal de sus funciones que es la imposibilidad de hacer
nombramientos discrecionales”.
Concepción Rodríguez, presidenta de la
Asociación Foro Independiente (FJI),
matiza que este bloqueo “lo que pone de manifiesto es el fracaso del sistema
establecido en la LOPJ 6/1985 de 1 de julio, de elección exclusivamente
parlamentaria del CGPJ”. “La Constitución Española en su artículo 122 no dice
que transcurrido el mandato no siga funcionando el órgano. Lo que se ha hecho
es aprobar la LOPJ 4/2021 a tal fin. Esta reforma es la que limita ciertas
competencias del CGPJ en funciones”, prosigue.
Fuente: El Plural.com