7 de septiembre de 2021

TRIBUNALES. Todas las asociaciones judiciales al fin se dan cuentan que "nos jugamos la credibilidad del sistema" y piden que acabe el bloqueo del CGPJ

 Las cuatro principales asociaciones judiciales sostienen que su independencia e imparcialidad se está viendo dañada y piden a PSOE y PP que renueven el órgano con urgencia y estudien cambios en la elección

En la apertura del año judicial y con todos los ojos puestos en su intervención, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha pedido ante el rey y altos cargos del Gobierno y del principal partido de la oposición que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se realice sin atender a cuestiones partidistas. El magistrado ha calificado la situación de “insostenible” y ha instado a los dos principales partidos del arco parlamentario a ponerle solución a esta anomalía democrática “en las próximas semanas”.

Más de 1.000 días lleva el CGPJ caducado. El debate lleva tiempo servido, pero esta cifra redonda ha redoblado las acusaciones cruzadas entre Gobierno y oposición: mientras el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, encendió la mecha la semana pasada recordando que todos los poderes emanan del Estado y los jueces no pueden saltarse el control parlamentario eligiéndose entre ellos, la oposición atacó con dureza sus palabras llegando a pedir su dimisión y pidiendo un cambio de modelo que diera más poder a los jueces a la hora de elegir a sus representantes.

Preguntadas al respecto las principales asociaciones judiciales del país para conocer de primera mano su opinión sobre el significado de un bloqueo inconstitucional y apreciar a quién culpabilizan de este proceso anómalo en el que el CGPJ, órgano encargado de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo, esté en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. De forma holgada, este consejo ha sido el que más tiempo ha estado sin renovar en toda la democracia española. Este factor empieza a poner en cuestión la independencia de la justicia española y del órgano encargado de su imparcialidad.

¿Qué supone el bloqueo del CGPJ?

“El retraso de tres años supone una anomalía que debilita al órgano de gobierno y termina por afectar al conjunto del sistema, no solo al Poder Judicial, sino al resto de instituciones, Gobierno y Cortes Generales, cuya credibilidad queda en cuestión”, argumenta en declaraciones a este medio Manuel Almenar Belenguer, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). “Ahora las consecuencias de esta anomalía resultan agravadas porque, en lugar de buscar el consenso, se pretendió resolver privando al CGPJ de una de sus principales funciones y provocando una situación de vacantes e interinidad en el Tribunal Supremo y al frente de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales que acaba por impedir su normal funcionamiento, sin el cual no hay Estado de Derecho”, prosigue la cabeza visible de la asociación con un mayor número de miembros en España.

En la misma línea contestan desde la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), aunque van un poco más allá y ponen sobre la mesa la culpa de los dos partidos con mayor representación en el Congreso de los Diputados: “Dificulta aspectos importantes en el funcionamiento de la Justicia española, como los nombramientos en los principales tribunales del país. Y además impide que se afronten proyectos de reforma del sistema judicial o de mejoras profesionales. Pero, sin duda, lo peor es el daño institucional al que tanto PSOE como PP están sometiendo a esta institución no sólo con el bloqueo de los últimos tres años, sino peor todavía con el reparto que han hecho de este órgano durante 35 años”, argumenta Jorge Navas.

Más directa y crítica con el PP es Asunción Martín, portavoz de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) -la asociación progresista mayoritaria-: “Está bloqueado porque el PP, el principal partido de la oposición, se niega a ponerse a dialogar y, por tanto, es imposible su renovación. Desde nuestro punto de vista, el bloqueo supone no cumplir la principal de sus funciones que es la imposibilidad de hacer nombramientos discrecionales”.

Concepción Rodríguez, presidenta de la Asociación Foro Independiente (FJI), matiza que este bloqueo “lo que pone de manifiesto es el fracaso del sistema establecido en la LOPJ 6/1985 de 1 de julio, de elección exclusivamente parlamentaria del CGPJ”. “La Constitución Española en su artículo 122 no dice que transcurrido el mandato no siga funcionando el órgano. Lo que se ha hecho es aprobar la LOPJ 4/2021 a tal fin. Esta reforma es la que limita ciertas competencias del CGPJ en funciones”, prosigue.

Fuente: El Plural.com