Destacados economistas y activistas de todo el mundo reclaman a los dirigentes del G7 que se comprometan con un registro mundial de activos para llevar la ley y la transparencia a los billones en riqueza y activos que se mantienen ocultos en paraísos fiscales.
Los comisionados de la Comisión
Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional
(ICRICT), incluidos los economistas Gabriel Zucman, Joseph Stiglitz y Thomas
Piketty, y la jueza investigadora francesa Eva Joly, pidieron al G20 en una
carta abierta remitida el pasado mes de abril que estableciera un registro
mundial de activos.
El fomento del secreto financiero por
parte del G7 también está amplificando los llamamientos para trasladar la
elaboración de normas sobre impuestos y finanzas globales de las manos de unos
pocos países ricos a la ONU mediante el establecimiento de una convención
fiscal de Naciones Unidas.
Alex Cobham, director ejecutivo de Tax
Justice Network, afirmó recientemente que «hay más riqueza escondida en
paraísos fiscales que dólares estadounidenses y euros cambiando de manos hoy en
día, más del doble para ser específicos. Esa riqueza sin ley es una amenaza
para nuestras democracias, nuestras economías y nuestra seguridad. Los
gobiernos deben establecer y vincular registros nacionales de activos para
llevar la ley y la transparencia a los billones ocultos en el extranjero y
poner fin a la era de la riqueza del salvaje oeste. El Índice de Secreto
Financiero 2022 confirma que las reformas de transparencia están funcionando, a
pesar del sabotaje de la mayoría de los países del G7. A nivel mundial, estamos
comenzando a frenar el secreto financiero utilizado por los oligarcas rusos y
también por los evasores de impuestos, los políticos corruptos y el crimen
organizado en todo el mundo para ocultar y lavar riquezas mal habidas. Pero
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón redujeron ese progreso
global en más de la mitad, alimentando el secreto financiero en lugar de
combatirlo. El G7 debe dejar en claro cuál es su posición en la lucha contra el
secreto financiero comprometiéndose con un registro global de activos».
Por su parte, Moran Harari,
investigador principal y director interino de secreto financiero y gobernanza
en Tax Justice Network señaló que «una vez más, se descubre que un pequeño club
de países ricos que establecen reglas globales sobre finanzas e impuestos son
los principales responsables de facilitar el secreto financiero y los abusos
fiscales. Durante décadas, los países ricos del G7 cortejaron a
multimillonarios, oligarcas y gigantes corporativos con lagunas de secreto y
regulaciones de ojos cerrados que facilitaron el robo de miles de millones de
las arcas públicas de los países más pobres. Y ahora esas mismas regulaciones
hacen que sea casi imposible que los propios países del G7 rastreen los miles
de millones que los oligarcas rusos sancionados tienen en el extranjero.
Debemos trasladar la elaboración de normas sobre finanzas e impuestos globales
a la ONU. Solo una convención fiscal de la ONU puede garantizar que nuestras
normas fiscales y financieras globales sean genuinamente democráticas y se
basen en los derechos humanos».
«La idea de un registro mundial de
activos puede sonar revolucionaria, pero no lo es. El punto de partida es que
muchos países han tenido registros inmobiliarios y de propiedad durante siglos.
Cuando se introdujeron, la mayor parte de la riqueza eran bienes raíces y
tierras. Entonces, estos registros registraban la propiedad de casi todas las
riquezas. Lo que ha sucedido desde entonces es que la riqueza financiera juega
un papel mucho más importante: hoy, más de la mitad de la riqueza de los hogares
es financiera. El problema es que estos registros no han tenido en cuenta estos
cambios. La idea de un registro global de activos es modernizar las
herramientas existentes que ya tenemos, identificar mejor a los beneficiarios
finales de los activos y extender los registros existentes a los activos
financieros para volver a la intención original», ha declarado Gabriel Zucman,
director del Observatorio Fiscal de la UE.
Por otro lado, José Antonio Ocampo,
presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación
Internacional de Empresas (ICRICT) y exsecretario general adjunto de Asuntos
Económicos y Sociales de la ONU, ha denunciado que «la pandemia ha tenido un
enorme impacto económico y social, pero los países en desarrollo son los que más
han sufrido. En América Latina, por ejemplo, una nueva investigación muestra
que los ingresos fiscales han disminuido tanto en términos nominales como en
porcentaje del PIB. Con el aumento de los precios de la energía y los
alimentos, la guerra en Ucrania empeorará aún más la situación. Los países en
desarrollo deben tener más medios para financiar las políticas sociales. El
informe Financial Secrecy Index 2022 nos recuerda cuánto impiden los paraísos
fiscales la tributación del patrimonio y la generación de recursos en un
momento crucial».
En este mismo sentido se ha
manifestado Magdalena Sepúlveda, Directora Ejecutiva de la Iniciativa Global
por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando afirmó que «después
de dos años de una pandemia que aún no ha llegado a su fin, no se trata de
volver a la “normalidad” que tanta desigualdad y pobreza ha producido. Ahora es
urgente construir economías más sostenibles, más inclusivas y más verdes,
economías que apoyen a las mujeres y prioricen las inversiones en cuidados.
Estos esfuerzos tienen un costo. Los estados, que han gastado tanto en
respuesta a la pandemia, no solo deben recuperar sus recursos sino aumentarlos
para financiar este cambio. Una de las vías clave es considerar la tributación
justa de la riqueza y los ingresos del capital y atacar la elusión fiscal por
parte de las multinacionales y los más ricos, que nunca han sido más ricos».
Fuente: Diario16.com