Los distintos gobiernos de la democracia han manejado los
hilos del sector energético en general, y del eléctrico en particular.
En los últimos cuarenta años se han producido notables cambios, como la liberalización del sector, la privatización de las compañías estatales y la reordenación del mercado, aunque este sigue siendo dominado por el oligopolio de Endesa, Iberdrola y Naturgy.
Se ha pasado de que el Consejo de Ministros fijara el
precio de la luz según los intereses ecónomicos del momento a que se determine
hora a hora en un mercado mayorista interconectado con Europa.
Lo que no ha cambiado es el interés de
muchos políticos por encontrar un asiento en los consejos de administración de
las empresas del sector, conocido como ‘puertas giratorias’. El propio Felipe
González fue consejero de Gas Natural (hoy Naturgy) y José María Aznar asesoró
al consejo de Endesa. Curiosamente, de ese órgano salió Luis de Guindos para
ocupar la cartera de Economía en 2011. Hasta Rodolfo Martín Villa ocupó la
presidencia de esta compañía.
«Asilo de políticos jubilados»
El nombramiento del socialista Antonio
Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España no es el primer caso de
puertas giratorias
«Es una tentación permanente de la
política», afirma Pedro Mielgo, que fuera presidente de REE entre 1997 y 2004.
Tras recordar que situaciones similares se producen en Francia e Italia,
subraya que «no debe de ser el asilo de políticos jubilados».
Precisamente, la creación de REE en
1985 como titular de las redes de alta tensión y después como operador del
sistema fue uno de los mayores logros del sector. De hecho, muy a menudo
visitan sus instalaciones delegaciones de distintos países para imitar el
modelo español.
Esta compañía es oficialmente privada,
pero la SEPI mantiene una participación del 20%, ya que es considerada estratégica
para el sistema eléctrico. Además, le permite proponer al presidente de la
compañía, que actualmente ocupa la exministra socialista Beatriz Corredor.
Aunque a lo largo de los años ha
cambiado la forma de fijar el precio de la luz, la factura de la luz sigue
siendo un auténtico ‘cajón de sastre’. Así, casi el 50% de lo que pagan los
ciudadanos son costes ajenos al consumo eléctrico y responden a políticas
energéticas de Estado. Pero ningún gobierno ha querido pasar alguno de esos
costes a los Presupuestos.
Decisiones que van al recibo
Además, el sector en general, y los
consumidores en particular, han pagado –y todavía lo hacen– decisiones
políticas como la paralización de varias centrales nucleares que se estaban
construyendo en los años 90 y el apoyo desbocado a las energías renovables a
principios de este siglo, cuestiones que costaron 5.700 y casi 30.000 millones
de euros, respectivamente.
En agosto de 2015 desapareció de los
recibos el recargo del 3,54% que se pagaba desde hacía 20 años por los costes
de la moratoria nuclear, una decisión de Felipe González en un momento en el
que los ecologistas eran una fuerza emergente en toda Europa y por las amenazas
de ETA. De hecho, en febrero de 1981 asesinaron al ingeniero vasco José María
Ryan, responsable de la central de Lemóniz (Bilbao). Entre los ciudadanos
también sobrevolaba el accidente que se produjo en la central nuclear de Three
Mile Island, en Harrisburgh, Pensilvania (EE.UU.), en 1979.
González justificó la medida por la
previsible caída de la demanda eléctrica a medio plazo. Sin embargo, años
después se ha demostrado que la electricidad que generan las centrales
nucleares es la más barata de todas las tecnologías.
Mientras, todavía seguimos pagando en
la factura, a razón de más de 2.000 millones de euros cada año, el déficit de
tarifa que creó el PP (Aznar), disparó el PSOE (Zapatero) y cerró el PP
(Rajoy). El propio Rodríguez Zapatero reconoció hace pocos meses que durante su
mandato se generó una burbuja en las renovables. «España tiene tendencia a
originar burbujas en cuanto hay un sector que se incentiva, que se prima y que
tiene expectativas de demanda». La sangría se produjo sobre todo con las
plantas fotovoltaicas, con unos costes un 80% superiores a los actuales. Solo
en 2008, con Miguel Sebastián como ministro de Industria, se generó un déficit
en el sistema eléctrico de 6.287 millones de euros.
Arbitrajes
El desfase alcanzó casi los 30.000
millones y que Rajoy zanjó dando un hachazo precisamente a las empresas
renovables, a las que recortó de sopetón sus ingresos previstos en unos 1.700
millones de euros.
La decisión orquestada por el ministro
José Manuel Soria fue respaldada tiempo después por los tribunales españoles, faltaría
más, aunque existen varios arbitrajes internacionales que condenan al Estado
español. Y es que numerosos inversores extranjeros presentaron medio centenar
de demandas ante organismos como el Ciadi y la Cámara de Comercio de Estocolmo.
En ellas reclaman indemnizaciones que suman 10.000 millones de euros.
Las medidas de Rajoy surtieron efecto
y desde 2014 el sistema eléctrico ha generado superávits que suman 1.687
millones hasta 2018. Casualidad o no, en 2019, con Pedro Sánchez en La Moncloa,
se volvió a producir un déficit, en este caso de 527,7 millones de euros, en el
que quizás haya influido las triquiñuelas de las eléctricas, para subir
artificialmente el precio del Megavatio/hora y los consiguientes beneficios
extraordinarios para las eléctricas, mal llamados caídos del cielo.
Fusiones, opas y contraopas
Por otra parte, los distintos
gobiernos han ido configurando el mapa eléctrico en nuestro país. Así, el
vicepresidente Rodrigo Rato vetó en mayo de 2000 la compra de Hidrocantábrico
por parte de Unión Fenosa cuando la operación había sido aprobada por sus
consejos y accionistas. «Cuatro, mejor que tres», dijo para justificar su
postura. Se refería a que tenían que mantenerse las cuatro eléctricas
existentes: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico. El movimiento se
produjo después de que la norteamericana TXU lanzara por sorpresa una opa sobre
Hidrocantábrico justo al día siguiente de que Aznar ganara por segunda vez las
elecciones generales.
Un año después, Rato volvió a abortar
la fusión entre los dos grandes del sector: Endesa e Iberdrola. La integración
de ambas iba a dar lugar a un poderoso grupo que competiría con las potentes
eléctricas europeas. Sin embargo, las duras condiciones que impuso el Gobierno
de Aznar hizo que tanto Rodolfo Martín Villa como Íñigo de Oriol desistieran,
ya que con las exigencias del Ejecutivo «uno más uno era menos de uno».
Meses antes, Repsol intentó hacerse
con Iberdrola y en 2006 volvió a intentarlo junto con Gas Natural.
Precisamente, esta compañía lanzó una opa
sobre Endesa en septiembre de 2005, lo que desató una guerra de ofertas y
contraofertas de E.ON, Acciona y Enel, grupo italiano que finalmente controla
la eléctrica madrileña desde 2007. Gas Natural se tuvo que conformar un año
después con la compra de Unión Fenosa.
Fuente: abc.es
