La investigación penal arrancó en
secreto en agosto de 2017 y se abrió a raíz de la querella presentada por 64
afectados en España por el producto, retirado en 2010
La Audiencia Nacional investiga a tres
ex altos cargos de la compañía Johnson & Johnson SA por un presunto fraude
en la comercialización de prótesis de cadera defectuosas. La investigación
penal, que arrancó en secreto en agosto de 2017, se abrió a raíz de la querella
presentada por 64 afectados en España por el producto, que fue retirado del
mercado europeo a mediados del año 2010 por los riesgos que implicaba.
La vía penal se inició después de ocho
años de litigios en la jurisdicción civil y a raíz de los indicios de que la
multinacional tenía un conocimiento previo de que las prótesis distribuidas
tenían fallos e implicaban, por ello, un riesgo de peligro sanitario. Los
querellantes, que aseguran que existe indicio de que el peligro se conocía
antes de 2005, acusan a altos cargos de la compañía de la comisión de delitos
de estafa, lesiones continuadas, contra la salud publica y fraude de sustancias
farmacéuticas o medicinales.
Según especifica un auto al que ha
tenido acceso El Confidencial, los indicios se basan en la declaración de un
testigo clave, el doctor Anthony Nargol, "que podría acreditar el
conocimiento de los defectos y de sus gravísimas consecuencias por parte de los
responsables en España de su importación y distribución como directivos de la entidad
Johnson & Johnson SA".
Conforme a la tesis de los
querellantes, la dilatada colocación de estas prótesis en el tiempo, a pesar de
los problemas de salud que acarreaban, fue posible gracias a la elusión de
nuevos controles médicos por un artificio consistente en la modificación del
dispositivo inicial que ya los había superado. Los daños físicos provocados
residen tanto en los defectos de fabricación como en la composición del
producto.
El secreto de las actuaciones, que
constan ya de cuatro tomos, se alzó el pasado 6 de mayo y, según ha podido
saber El Confidencial por fuentes jurídicas, el Juzgado Central de Instrucción
6 citó poco antes de esas fechas a Enrique Álvarez López, Margarida Neves y
Ángel Ignacio Cano, los tres con cargos directivos al frente de la división
española de la empresa. También fue citado su actual representante legal, Pablo
Arias Sanjuán. Todos ellos se negaron a declarar hasta conocer el contenido del
procedimiento.
En agosto, la compañía reconoció que
ha recibido "miles" de quejas de pacientes en todo el mundo que se
lamentan de "dolores agudos"
Las fuentes citadas apuntan a que
serán emplazados de nuevo para comparecer en la Audiencia Nacional a finales de
este mes, tras el alzamiento del secreto. Los afectados en España, a los que
representa el bufete Emilio Ortiz Abogados, han pedido también que se
investigue al ingeniero responsable del diseño de las prótesis, Graham Isaak.
Los querellantes solicitan que se investigue igualmente a la que fuera
vicepresidenta para asuntos regulatorios de la división mundial de la compañía
Shally Katherin. En declaraciones prestadas en el proceso civil, esta
responsable apuntó que las prótesis fueron catalogadas como clase A, es decir,
susceptibles de causar daños a la salud de las personas, antes incluso de 2005,
indican.
Estas dos personas y otras dos
vinculadas con la empresa no han podido ser localizadas por el momento. Lo
mismo sucede con dos ex representantes legales de Johnson. Los denunciantes no
descartan pedir que se proceda a su busca y captura internacional. La representación
legal de los afectados ha aportado documentos internos de la multinacional
matriz y correos electrónicos que, según defienden, acreditan el conocimiento
previo del riesgo. Los papeles aportados han sido empleados en litigios a nivel
internacional, en concreto en Australia, EEUU, Irlanda o Reino Unido. La
Audiencia Nacional ha escuchado también las declaraciones de varios testigos.
Bajo el foco se encuentra, además, la fabricante de las prótesis: la marca estadounidense
Depuy.
La alerta sanitaria saltó en octubre
de 2010 cuando, de forma supuestamente voluntaria, Depuy, filial de Johnson
& Johnson, solicitó la vigilancia y retirada de cerca de 93.000 prótesis de
cadera y huesos metálicos de titanio implantados en todo el mundo, debido a
"fallos graves" del material. Las prótesis defectuosas, en concreto
los modelos ASR XL Acetabular System y ASR XL Hip Resurfacing System, estaban
en el mercado desde los años 2004 y 2003, respectivamente.
La alerta saltó en octubre de 2010,
cuando Depuy, filial de Johnson & Johnson, solicitó la vigilancia y
retirada de cerca de 93.000 prótesis de cadera
Los productos defectuosos provocaron
una sintomatología de dolor, inflamación o dificultad al caminar. Presentaban
también un peligro de traspaso de metales como el cromo y el cobalto a tejidos
circundantes a la prótesis. Los productos fueron repartidos en unos 70 centros
de todas las comunidades autónomas, excepto Aragón, Cantabria, Ceuta,
Extremadura, Melilla, Navarra y La Rioja.
La empresa hizo entonces público un
llamamiento en el que reclamaba que los pacientes de todo el mundo consultaran
con su médico y avisaba de que era recomendable una intervención de recambio.
La decisión se produce después de que en agosto pasado la compañía diera a
conocer que ha recibido "miles" de quejas de pacientes en todo el
mundo que se lamentaban de "dolores agudos" y de "enormes
dificultades para moverse".
Fuente: El Confidencial.es