Los
santos varones del PP, perseguidos por la sombra de la corrupción, en compras de mascarillas durante la pandemia
Una asociación prepara una denuncia contra Feijóo por contratos de mascarillas en la pandemia.
Dentro
del caos que supuso la pandemia, paralelamente las comunidades debían seguir
las indicaciones que se marcaban desde la Unión Europea y el Ministerio de
Consumo.
Según
denuncia la plataforma, tanto la Comunidad de Madrid como Galicia hicieron caso
omiso a un tipo de mascarillas perjudiciales para la salud que compraron a esta
empresa en varias ocasiones pese a las alertas vertidas sobre algunos lotes de
la misma.
Según
indica el citado medio, la Xunta solicitó de nuevo los servicios de la marca en
junio de 2021, tras haberle comprado 2,3 millones de mascarillas en un contrato
de 1.945.000 euros entre marzo y junio. Mientras, en Madrid se gastaron medio
millón de euros el 10 de agosto de 2020 para la adquisición de mascarillas
quirúrgicas para el hospital La Paz.
Pese a
la futura denuncia, es importante señalar que fueron varias las
administraciones, de todos los signos políticos, las que acudieron a esta
empresa.
Sibucu
llegó a vender al gobierno gallego las mascarillas por menos de 50 céntimos la
unidad, lo que suponía un 15% menos de dinero que el resto de los competidores
y un 134% por debajo del coste de la oferta más cara. En la plataforma señalan
que la Ley de Contratos del Sector Público establece en su artículo 149
restricciones para evitar que una empresa haga ofertas más bajas basadas en la
menor calidad de sus productos o servicios.
Sibucu
360 SL multiplicó sus ingresos en pandemia con 4.000% más de beneficios en el
año en el que explotó la pandemia, pasando de los menos de 765.000 euros con
los que cerró 2019 hasta los más de 31 millones con los que llegó al 31 de
diciembre de 2020.
Fuente:
El Plural.com
Sibucu
360, la empresa de las mascarillas ‘fake’ de Feijóo y Ayuso que aumentó su
facturación un 4.000% en pandemia
La compañía a la que recurrieron la presidenta de la Comunidad y el ahora líder del PP a pesar de detectarse irregularidades multiplicó por diez sus beneficios en 2020
Sibucu,
una empresa de tan solo cuatro trabajadores y sin ninguna relación conocida con
el sector sanitario se terminó convirtiendo en una distribuidora habitual de
material contra el Covid durante la pandemia, lo que le llevó a crecer en
aproximadamente un 4.000% en 2020.
Aquel
año, en el que las administraciones -entre ellas Madrid y Galicia con Isabel
Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- recurrían a la empresa que más
fácil se lo ponía para acceder a material sanitario para salvar vidas, esta
sociedad -que controla la empresa de iluminación MoonOff- cerró el curso con
una facturación de más de 31 millones de euros. Venía de una cifra de negocio
de algo de menos de 765.000 euros en 2019.
Lo que
es lo mismo, Sibucu multiplicó hasta por diez sus beneficios, saltando de un
resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año.
En el mismo tramo de tiempo, el resultado de explotación se disparó hasta los 4
millones de euros -estaba en 159.000 antes de la pandemia-, el patrimonio neto
se situó en 1,5 millones y los socios acordaron repartir cerca de dos millones
en dividendos: una cifra que multiplicaba por tres su facturación en 2019.
Muchas
autonomías recurrieron a la firma, pero Feijóo y Ayuso repitieron
En los
últimos días, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia
(Pladesemapesga) recordaba que la Xunta de Galicia, entonces gobernada por el
ahora líder del PP- puso a la venta “mascarillas falsificadas” tras cerrar
contratos con esta compañía. Fuentes de la asociación contaban a ElPlural.com
que elevarían la causa ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
o el Tribunal de Justicia Europeo.
Hay
que explicar que Sibucu 360 firmó acuerdos con distintas regiones y
Ayuntamientos, incluido el de José Luis Martínez-Almeida antes de que los
comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño contactaran con el Consistorio. Así las cosas, Sibucu la sociedad fue la
primera en hacer negocio con Cibeles, el 20 de marzo de 2020. En total, se
llevó 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y
100.000 mascarillas FFP2
Pero las comunidades de Ayuso y Feijóo
repitieron después de que la compañía repartiera mascarillas con sellos falsos.
En concreto, se vertieron alertas sanitarias en mayo de 2020 por cuatro tipos
importados desde China, publicándose el riesgo en el sistema de alerta rápida
para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) y en la red de
alertas del Ministerio de Consumo.
De
manera más detallada, parte de las mascarillas que distribuyó la compañía
tuvieron que retirarse por tener una certificación irregular, ya que estaban
validadas por un laboratorio italiano que carecía de acreditación para ello.
Esto impulsó la apertura de un expediente por parte del Instituto Galego de
Consumo ante el que uno de los socios expresó que se trataba de un “fraude del
laboratorio” que afectó a 80.000 mascarillas cuando se habían distribuido 80
millones.
En
Madrid, el 10 de agosto del primer año de pandemia el hospital La Paz invirtió
medio millón de euros, tal y como destapó ElPlural.com. Además, la Consejería
de Sanidad madrileña contrató con la misma empresa la venta de mascarillas y
filtros por valor de 14.980 euros -en julio- para el Hospital Ramón y Cajal.
Por su
parte, la Xunta acudió de nuevo a los servicios de esta marca en junio del año
siguiente, después de haberle comprado 2,3 millones de mascarillas por valor de
1.945.000 euros entre marzo y junio. Fueron 90.650 unidades de tipo FFP3 por
valor de 43.512 euros, que se adquirieron para su distribución entre el
personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias
de la región.
Fuente: El Plural.com
El PP de Ayuso tiene miedo y presiona a Feijóo para que se oponga a que el Congreso investigue la compra de mascarillas en pandemia
Voces dentro del partido creen que hay buscar una buena argumentación para negarse a investigar los contratos que se firmaron durante la pandemia. Al tiempo que Alfonso Serrano y Martínez Almeida ya han puesto en duda su legalidad.
Tras la
ofensiva del PP con el 'caso Koldo', a inicio de semana el PSOE puso sobre la
mesa una comisión de investigación en el Congreso para fiscalizar los
procedimientos de compra de material sanitario durante la pandemia de todas las
administraciones. La anunció el lunes y la registró el martes. Este miércoles,
fuentes oficiales del PP aseguraban que todavía no han decidido si la apoyarán
o no. "Cuando queramos comunicarlo, lo haremos", señalan.
Pero en el PP de Madrid ya han dejado claro su rechazo explícito. Y lo han hecho sembrado dudas sobre la legalidad de la comisión: "Tengo mis propias dudas jurídicas acerca de que una Cámara, como es el Congreso de los Diputados, pueda investigar cuestiones que afectan a otras administraciones que tienen sus propios controles", aseguró Alfonso Serrano, 'número 2' de Isabel Díaz Ayuso.
EDITORIAL
Por lo que se ve, la exención de responsabilidades políticas y parlamentarias, solo afectaría a la Comunidad de Madrid y a su Ayuntamiento, no para el resto de España, a juzgar por las manifestaciones de Feijóo, Tellado, Gamarra y compañía, respecto la apertura de Comisiones de Investigación en el Senado para cuantas comunidades autónomas y ayuntamientos les plazca, a la mayoría absoluta del PP en dicha Cámara Parlamentaria, por supuesto excluyendo igualmente de las mismas a las administraciones, autonómica y municipal de Madrid. Faltaría más, sino quiere Feijóo coger el mismo camino que Casado.
Fuente: Publico.es
