Este jueves, el Congreso de los Diputados, votará la propuesta de la reforma de las pensiones, que tanto necesita este país, y que tanto PP como Vox, como no podía ser de otra manera, se preparan para votar en contra con excusas de mal pagador.
Medidas fundamentales de la reforma española de pensiones
Dos países vecinos y fronterizos,
como son España y Francia, han tenido dos procesos de negociación y tramitación
bien diversos. Mientras que, en el país de la Gran revolución, los franceses
han salido a manifestarse a las calles y han organizado huelgas en sectores
clave como el transporte y la energía; en España la negociación se ha llevado a
cabo en silencio y sin visibilidad para los ciudadanos españoles, que se
encuentran ensordecidos por la crispación y el ruido político desatado por
temas más mundanos.
La cuestión
de las pensiones es de especial relevancia para el desarrollo democrático, pero
también para la Comisión Europea (CE). Tanto es así que el cuarto pago del
fondo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea (UE) se encuentra
ligado a la reforma de las pensiones de los países que necesiten convertir su
sistema en sostenible.
Aunque no
es de extrañar que el PP y Vox estén en
contra, puesto que según su lógica, lo que es bueno para los trabajadores es
malo para los empresarios y por tanto para las populismos de derechas que
siempre se benefician de la bronca social y de la inflación, como hicieron derecha
y extrema derecha en el siglo pasado, y ahora quieren volver a repetir.
Una apuesta
por los ingresos en el sistema público
El jueves 16 de este mes, el Consejo de Ministros del Gobierno aprobaba el Real Decreto-ley de
medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la
reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de
sostenibilidad del sistema público de pensiones. El texto es resultado de un
acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, parte de las recomendaciones del Pacto
de Toledo de 2020 y se ha llevado a cabo bajo el marco del Componente 30 del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. “Las medidas garantizan el
poder adquisitivo de todas las pensiones y se establecen subidas adicionales
para los pensionistas más vulnerables, refuerza los ingresos del sistema
público, especialmente en los años en los que el sistema tiene que soportar un
mayor reto demográfico, y diseña un modelo más justo para las personas que han
tenido una carrera profesional no lineal, una situación que hasta ahora suponía
una merma desproporcionada a su derecho de pensión”, señalan en Moncloa.
La reforma
del sistema español de pensiones, publicada en el BOE desde este mismo viernes,
se caracteriza principalmente por reforzar los ingresos de la Seguridad Social.
En primer lugar, las bases máximas de cotización (la referencia que toma la
Seguridad Social para calcular cuánto tienen que pagar las empresas en base al
salario de sus trabajadores) subirán anualmente con el IPC más una cuantía fija
de 1,2 puntos entre 2024 y 2050. Esto implicará un aumento acumulado del 38%
hasta 2050, logrando incrementar la financiación a la Seguridad Social. Para no
crear un desequilibrio y una brecha entre ambas, también subirán las pensiones
máximas, pues se revalorizarán desde 2025 con el IPC anual más un alza
adicional cada año del 0,115%, logrando una subida del 3% hasta 2050. A partir
de 2051 y hasta 2065, se producirán alzas adicionales para que en 2065 la
pensión máxima haya subido de manera acumulada un 20%. A partir de ese año, se
valorará la posibilidad de ir a un incremento total del 30%.
Por otra
parte, se ha creado una cuota de solidaridad para los salarios más altos que se
encuentren por encima de la base máxima. Esta medida tendrá un componente
distributivo, que se desplegará progresivamente desde cuotas de alrededor del
1% en 2025, hasta alcanzar valores alrededor del 6% en 2045. Esta cuota
solidaria no se aplicará a trabajadores autónomos.
Protección
a la “hucha de las pensiones”
También se
ha modificado el recientemente creado Mecanismo de Equidad Intergeneracional,
cuyo objetivo es incrementar los recursos destinados al pago de pensiones. Este
impuesto, que se encuentra en vigor desde el 1 de enero de 2023 y consiste en
el 0,6% del salario del trabajador, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de
una décima por año y con la siguiente distribución: 1% a cargo de la empresa y
0,2% a cargo del trabajador. A partir de 2030, se mantendrá en el 1,2% hasta
2050 y podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa
el 15% del PIB.
Los
ingresos conseguidos a través del MEI irán destinados a engordar el Fondo de
Reserva de las pensiones, la “hucha de las pensiones”, vaciada en un 90%
durante el mandato de Mariano Rajoy ante el gran déficit que enfrentaban las
cuentas de la Social. Ahora, partiendo de algo menos de 3.000 millones de euros
este año, llegará a una suma de entre 120.000 y 130.000 millones de euros en 20
años, el doble de lo que tuvo en 2011 (68.000 millones de euros), hasta ahora
la cifra más alta. Estos fondos se irán desembolsando entre principios de la
década de 2030 y hasta los primeros años de 2050 para que el sistema sea capaz
de paliar los desequilibrios financieros derivados de las jubilaciones de los
baby boomers, la generación más amplia, y los salarios de los jóvenes.
Además,
para evitar precisamente un nuevo vaciamiento de esta “hucha”, desde 2033, la
Ley de Presupuestos establecerá el desembolso anual a efectuar por el Fondo de
Reserva en términos de porcentaje del PIB, con un límite máximo para cada
ejercicio del periodo 2033-2053, que se moverá entre el 0,10% del PIB (2033) y
el 0,91% (2047), dependiendo de cada ejercicio.
Una
búsqueda del equilibrio
Por otra
parte, la reforma también se ha llevado a cabo pensando en reducir la brecha de
género en pensiones. Así, el complemento de brecha se subirá en los dos
próximos ejercicios, 2024 y 2025, un 10% adicional al IPC. De igual forma, se
cubrirán hasta cinco años de vacío de cotización con el 100% de la base mínima,
frente a los cuatro actuales. El sexto y el séptimo año sin cotizar se cubrirá
con un 80% de la base mínima, frente al 50% actual.
Finalmente,
la norma incluye una serie de subidas de las pensiones más bajas, mínimas y no
contributivas, en sintonía con la evolución del salario mínimo. El objetivo es
que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo llegue en
2027 como mínimo a los 16.500 euros anuales, es decir, 1.178,5 euros al mes por
catorce pagas, un 22% más que ahora.
Desde
Moncloa aseguran que “el conjunto de medidas de refuerzo de la sostenibilidad
aportará ingresos adicionales al sistema en las décadas de 2030 y 2040, cuando
se hará frente al mayor reto demográfico”.
CONCLUSIÓN
Una cosa más para terminar. Ahora ya se sabe, que no es la subida de las pensiones ni de los salarios lo que aumenta la inflacción, sino el mantenimiento de los márgenes empresariales, cuando no el incremento de los mismos, puesto que dichas subidas todavía están muy por debajo de la inflación.
Fuente: El Plural.
