23 de junio de 2022

INVESTIGACION. Misterioso grupo de empresas vinculadas al Banco Rossiya reúne miles de millones en activos relacionados con Putin

 Los periodistas se han esforzado durante años por determinar qué patrimonio tiene Vladímir Putin.

El presidente ruso, que cultiva una imagen pública de patriotismo sobrio, ha sido vinculado a una serie de lujosas propiedades, como un inmenso palacio en el Mar Negro, las hectáreas de viñedos circundantes, una estación de esquí y un chalé al norte de San Petersburgo.

Pero siempre ha sido imposible relacionar la propiedad de estos bienes directamente con Putin a través de un rastro documental. Muchas veces han sido amigos de Putin quienes han dado un paso adelante para reclamarlos como propios.

Un viejo amigo y antiguo sparring de judo del presidente ruso, Arkady Rotenberg, dice ser dueño del palacio del Mar Negro. Los viñedos de los alrededores se reparten entre otros dos socios de Putin: el hijo de uno de sus amigos de la infancia y un conocido oligarca, Gennady Timchenko. La villa al norte de San Petersburgo pertenece a Sergei Rudnov, el hijo de otro viejo amigo que murió en 2015.

Pero todos estos activos, aparentemente en manos de varias personas diferentes, tienen algo en común: son propiedad de empresas y entidades sin ánimo de lucro que están conectadas entre sí por una infraestructura técnica subyacente visible a través de un dominio de correo electrónico: LLCInvest.ru.

Todos los activos importantes que se han atribuido públicamente a Putin comparten esta conexión.

Así lo prueban diversas pruebas documentales obtenidas por el consorcio periodístico OCCRP, que compartió su investigación con diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos infoLibre en España.

Lo que podríamos denominar "empresas de LLCInvest" también poseen otras docenas de propiedades y negocios valiosos. Algunas están relacionadas con el Banco Rossiya, una entidad ampliamente conocida como "el banco de Putin", mientras que otras pertenecen en última instancia a miembros de su círculo íntimo. Esta entidad financiera comenzó a amasar un imperio empresarial con intereses en medios de comunicación, telecomunicaciones, inmuebles y turismo después de que Putin fuera elegido presidente por primera vez en el año 2000.

Los periodistas de OCCRP y de Meduza se fijaron en LLCInvest.ru después de que una investigación de 2017 del semanario ruso Sobesednik señalara que era utilizada por una red de organizaciones sin ánimo de lucro fundada por los amigos de Putin. Siguiendo esta pista, encontraron decenas de otras empresas y entidades sin ánimo de lucro cuyo personal y propietarios utilizan direcciones de correo electrónico en este dominio, y que parecen estar interconectadas.

El dominio LLCInvest.ru está alojado en una empresa tecnológica llamada Moskomsvyaz, que a su vez está estrechamente vinculada al Banco Rossiya. El año pasado, una fuente filtró a los periodistas una gran cantidad de metadatos de correos electrónicos de Moskomsvyaz, que revelaban que los gerentes, propietarios y empleados de estas empresas de LLCInvest, aparentemente sin relación entre sí, se comunicaban con frecuencia de un modo que sólo cabría esperar de personas que trabajan juntas.

Por ejemplo, Rudnov, el hijo de un viejo amigo de Putin, es el propietario de una empresa llamada Volna que utiliza el dominio LLCInvest.ru. Los correos electrónicos filtrados muestran al cofundador de una empresa de LLCInvest completamente diferente debatiendo sobre las finanzas de Volna con otro hombre que utilizaba una dirección LLCInvest.ru. Ninguno de ellos tiene ninguna conexión pública con Volna.

Otra filtración proporciona pruebas adicionales de que las empresas LLCInvest trabajan juntas. Los correos electrónicos de una empresa constructora que levantó una villa al noroeste de San Petersburgo conocida localmente como "la dacha de Putin" muestran que tres empresas diferentes de LLCInvest son propietarias de distintas parcelas alrededor del complejo, mientras que una cuarta entidad –una organización sin ánimo de lucro aparentemente dedicada al "renacimiento de las tradiciones marinas"– gestionó la construcción.

"La única explicación que veo es que estas empresas están unidas por un sistema de gestión común", indicó un experto en corrupción en Rusia que revisó los hallazgos de OCCRP. [No se le identifica porque relacionarse con OCCRP, considerada una entidad "indeseable" por las autoridades rusas, puede conllevar ahora una severa sanción legal, incluido ir a prisión).

Muchos de los propietarios de las empresas de LLCInvest proceden de un grupo de amigos y socios que se agruparon en torno a Putin cuando éste era un alto funcionario de San Petersburgo en la década de 1990, añadió. "[LLCInvest] se parece sobre todo a una cooperativa, o a una asociación, en la que sus miembros pueden intercambiar beneficios y propiedades", concluyó.

En total, los periodistas pudieron identificar 86 empresas y entidades sin ánimo de lucro que parecen formar parte de esta red informal. En conjunto, poseen activos por valor de cerca de 4.300 millones de euros, incluyendo mansiones, aviones, yates y cuentas bancarias repletas de fondos. Todas ellas están interconectadas y comparten los mismos administradores, direcciones de registro y proveedores de servicios, como auditores y registradores.

Un puñado de estas sociedades son propiedad directa del Banco Rossiya, mientras que varias docenas más pertenecen a miembros del consejo de administración o accionistas del banco, entre los que se encuentran el empresario multimillonario Yuri Kovalchuk y la rumoreada amante de Putin, Svetlana Krivonogij. Unas 18 empresas parecen no tener ninguna relación con el banco a primera vista, pero en realidad pertenecen a empleados de la entidad de menor nivel. El resto son mayoritariamente propiedad de amigos y socios de Putin, como Rotenberg y Rudnov.

En un intento por entender mejor la configuración de LLCInvest, los periodistas enviaron correos electrónicos a más de 100 cuentas descubiertas en el curso de esta investigación, incluyendo directivos y accionistas de las compañías. Un rastreador de correos electrónicos mostró que se abrieron docenas, y algunos enviaron respuestas automáticas de "fuera de la oficina", pero ni una sola persona respondió a las preguntas planteadas.

Los periodistas también se pusieron en contacto por teléfono con cinco representantes de empresas de LLCInvest. Cuatro colgaron sin hacer comentarios. Un hombre que figuraba como administrador de varias empresas confirmó que utiliza una dirección LLCinvest.ru, que se le asignó después de ser contratado, pero dijo que no sabía quién era el propietario de las empresas. "Soy un humilde empleado y me ocupo de mis asuntos. Sólo firmo papeles", confesó. "¿Saben que a veces personas indigentes son registradas como directivos de una empresa? Yo no soy un indigente, pero firmo los papeles, como ellos, sin entrar en detalles".

Moskomsvyaz, la empresa que aloja el dominio LLCInvest, no respondió a las preguntas planteadas. Cuando una periodista llamó, haciéndose pasar por un potencial cliente, para ver si era posible que alguien utilizara los servicios de Moskomsvyaz, fue dirigida a un empleado de soporte técnico que pidió que se enviaran las solicitudes por correo electrónico y señaló que la "política" de la empresa era no aceptar "clientes privados". Los repetidos correos electrónicos quedaron sin respuesta. 

OCCRP envió al Kremlin una descripción detallada de los hallazgos realizados para conocer su versión. Un portavoz oficial se limitó a responder: "El presidente de la Federación Rusa no está vinculado ni relacionado de ninguna manera con los activos y organizaciones que ustedes mencionan".

Todavía se desconocen muchas cosas sobre las empresas de LLCInvest, entre ellas si representan una especie de estructura de holding informal o simplemente comparten infraestructura técnica. Incluso se desconoce el alcance total del universo LLCInvest, siendo la cifra de 86 empresas y entidades sin ánimo de lucro una estimación conservadora. Pero analizados en conjunto, estos hechos ofrecen una imagen intrigante de cómo el Banco Rossiya conecta miles de millones en activos, procedentes del círculo íntimo de Putin, de una manera que parece beneficiar al propio presidente.

Villas, yates y dinero en efectivo

En la norteña república rusa de Carelia, a orillas del Golfo de Finlandia, se encuentra una hermosa mansión de ladrillo conocida como Villa Sellgren. Diseñada por un célebre arquitecto finlandés antes de la revolución rusa, fue utilizada para rodar una exitosa película soviética sobre Sherlock Holmes.

En 2017, la casa se hizo famosa por segunda vez. Citando fuentes de la administración local y de los residentes de la zona, el canal de televisión independiente Dozhd informó de que la mansión se había convertido en un destino vacacional para Putin. Dozhd también descubrió que la villa era propiedad de Rudnov, el hijo de un viejo amigo de Putin.

Rudnov utiliza una dirección de correo electrónico de LLCInvest, al igual que el directivo de la empresa a través de la cual posee la casa, llamada Sever. La propiedad es administrada por alguien sin conexión externa con Sever, un hombre llamado Pavel Zaitsev que también es dueño de varias otras compañías de LLCInvest, según muestran los correos electrónicos filtrados.

Y no se trata sólo de Villa Sellgren. Casi todos los demás bienes que investigaciones periodísticas anteriores han asociado con Putin, incluido el palacio del Mar Negro, son propiedad de una empresa del universo de LLCInvest. Entre ellas se encuentran la estación de esquí de Igora, donde su hija celebró su boda; múltiples casas de vacaciones supuestamente utilizadas por Putin; y una mansión en una zona lujosa cerca de Moscú que en su día perteneció a la hija de Putin y a su marido.

Las empresas de la red también son propietarias de varios yates de lujo, dos de los cuales han sido vistos navegando entre diferentes propiedades vinculadas a Putin. Un tercero es propiedad de su supuesta amante, Svetlana Krivonogij.

Al menos una de estas embarcaciones parece estar gestionada conjuntamente por varias empresas de LLCInvest.

Un yate de aluminio de 14 metros de eslora, llamado Brizo 46, fue adquirido por una empresa llamada Unison por 1,2 millones de euros en 2015. El único accionista y antiguo director de Unison, Vladimir Avramenko, utiliza una dirección de correo de LLCInvest.ru.

Pero los correos electrónicos filtrados muestran que gestores asociados a una entidad de LLCInvest completamente diferente –una organización sin ánimo de lucro destinada a promover las "tradiciones de la aviación rusa"– organizaron la importación del yate a Rusia.

Estos gestores, Larisa Isaeva y Alexander Samosyuk, no tienen sobre el papel ninguna relación con Unison, pero elaboraron juntos una estrategia para reducir el pago de impuestos por el yate cuando se importó.

Según los registros de aduanas, los yates de las empresas LLCInvest suelen pasar el invierno en un almacén de yates cerca de la ciudad finlandesa de Kotka, no muy lejos de San Petersburgo. Se trata de la misma instalación en la que el supuesto yate Fotinia del ex presidente y primer ministro Dmitri Medvédev fue descubierto recientemente por periodistas finlandeses.

Y la instalación también tiene una conexión con los amigos de Putin: Dmitry Gorelov, antiguo accionista del Banco Rossiya que supuestamente ayudó a financiar la construcción del palacio de Putin en el Mar Negro, le concedió un préstamo sin intereses a la empresa propietaria.

No se trata sólo de yates y casas de vacaciones: los últimos registros disponibles muestran que las entidades de LLCInvest tienen más de 475 millones de euros en efectivo en sus cuentas, según descubrieron los periodistas.

'Área de vuelo: todo el mundo".

Las sociedades de LLCInvest son en su mayoría empresas privadas que mantienen una presencia pública mínima. Russair es una excepción. Aunque utiliza la misma infraestructura técnica que las demás, también tiene en funcionamiento una página web que anuncia una serie de servicios relacionados con los aviones.

Presentándose a sí misma como una "compañía aérea de desarrollo dinámico", Russair afirma que ofrece vuelos chárter que puede organizar en cualquier momento, de día o de noche. "Área de vuelo: todo el mundo", proclama la página web.

Pero cuando un reportero de OCCRP llamó a la compañía para reservar un vuelo chárter, la mujer que contestó no parecía dispuesta a cerrar el trato. Se negó a responder a preguntas sobre los servicios de Russair y pidió que se le enviara una consulta por correo electrónico. Nunca hubo respuesta.

De hecho, los registros de la agencia de aviación civil rusa muestran que Russair tendría problemas para transportar clientes. No tiene aviones, y sólo dos helicópteros, registrados para el transporte comercial. Otros cuatro helicópteros y dos jets de negocios Falcon 7X están registrados para su propio uso, pero no pueden transportar clientes comerciales.

Varios indicios sugieren que Russair puede estar vinculada a Putin.

Según la web de seguimiento de vuelos FlightRadar, los aviones de la compañía realizan rutas entre San Petersburgo, Crimea y la ciudad turística del Mar Negro de Gelendzhik. Estas zonas albergan algunos de los activos más importantes relacionados con Putin que poseen las empresas de LLCInvest.

El avión más caro de la flota de Russair, valorado en casi 40 millones de euros, es un Falcon 7X que vuela con el número de serie RA-09009. El mismo número fue utilizado en su día por otro Falcon 7X que perteneció a la Administración presidencial rusa.

Utilizando datos de FlightRadar, OCCRP pudo corroborar las afirmaciones de varias fuentes del sector de que Russair transporta pasajeros de alto perfil protegidos por el Servicio Federal de Seguridad.

En varias ocasiones, algunas tan recientes como el pasado mes de julio, su Falcon 7X voló con el número de serie RSD09009. Según el sistema internacional de códigos de aerolíneas, las letras RSD hacen referencia al Destacamento de Vuelos Especiales, una aerolínea estatal que transporta al presidente y a otros altos cargos. Según fuentes del sector, esta designación indica que el vuelo transportaba pasajeros especialmente protegidos. Sólo Putin y otros siete altos cargos tienen derecho a esa protección, aunque el presidente puede decidir concederla a otras personas de forma discrecional.

A la vista de estos hechos, cabe recordar que un bloguero ruso vinculó en su día el avión a Alina Kabaeva, una campeona olímpica de gimnasia rítmica y presunta novia de Putin. El autor no aportó ninguna prueba documental de que ella estuviera a bordo, pero señaló fuentes públicas que mostraban que el avión estuvo presente en ciudades que se sabe que ella visitó.

A pesar de coordinar todos estos vuelos, los registros contables de Russair muestran que en realidad no es propietaria de ninguno de los aviones que opera. En su lugar, todos son alquilados a una compañía de seguros llamada Sogaz, que era propiedad del gigante estatal del gas Gazprom hasta que fue vendida en 2004 como parte de una reestructuración.

Para sorpresa de muchos agentes del mercado, Sogaz fue adquirida por estructuras vinculadas al Banco Rossiya, poco conocido en aquel momento.

De las estaciones de esquí a las costas del sur

Aunque las empresas de LLCInvest poseen palacios, residencias y yates que parecen ser activos privados, muchas de ellas parecen funcionar más bien como vehículos de inversión, manteniendo grandes participaciones en empresas.

Hace tiempo que se sabe que algunas de estas compañías están vinculadas al Banco Rossiya. Otras pertenecen a un grupo aparentemente dispar de propietarios que, hasta ahora, no tenían ninguna conexión evidente con el banco ni entre sí.

Una de las inversiones más llamativas está en manos de una empresa LLCInvest llamada Altituda, que en 2019 recibió una participación del 51% de una compañia llamada Rusgazdobycha, con activos por valor de unos 360 millones de euros.

La valiosa participación parece haber sido transferida por un viejo amigo de Putin, Arkady Rotenberg, que anteriormente era dueño de Rusgazdobycha a través de estructuras corporativas opacas con sede en Rusia y Chipre. La otra participación del 49% se trasladó a dos fondos de capital privado cuyos propietarios se desconocen. No está claro por qué Rotenberg podría haber hecho esto, especialmente teniendo en cuenta que utiliza sus propias estructuras de gestión para sus otros activos.

Otro estrecho aliado de Putin, Gennady Timchenko, también trasladó valiosas inversiones a dos oscuras empresas con un administrador compartido que parece tener vínculos con el universo de LLCInvest.

En 2017, Timchenko transfirió su participación del 17% en el gigante petroquímico Sibur a una empresa asociada a LLCInvest llamada Delta. Al año siguiente, transfirió el 19% del productor de gas natural ruso Novatek a otra empresa asociada, Ena-Invest.

Aunque el valor exacto de estas participaciones es difícil de calcular, Sibur y Novatek son dos de las mayores empresas de Rusia.

Delta y Ena-Invest tienen activos por un valor de casi 11.500 millones de euros, según sus últimos informes financieros disponibles, más del doble que todos los demás activos de las empresas de LLCInvest juntos. Sin embargo, Delta y Ena-Invest no están tan claramente asociadas al grupo, por lo que los periodistas no incluyeron esta cifra en el recuento total de activos.

Ni Rotenberg ni Timchenko respondieron a las preguntas planteadas por OCCRP.

Viejos patrones

En cierto modo, LLCInvest parece una versión más secreta y menos formal de una estructura descrita hace 10 años por Sergei Kolesnikov, un empresario que huyó de Rusia después de denunciarse a sí mismo.

En una explosiva carta abierta, describió una trama corrupta que había ideado y que permitía a un grupo de los principales oligarcas rusos reunir miles de millones de rublos en una especie de "fondo de inversión" en beneficio de Putin, que entonces era primer ministro.

El dinero, denunció Kolesnikov, había sido desviado de un proyecto solidario para comprar equipos médicos para los hospitales rusos. Luego se canalizó hacia una empresa llamada Rosinvest que debía invertirlo en empresas rusas bajo la supervisión de Putin.

Pero Putin pronto dio instrucciones al grupo para que cancelara los proyectos empresariales y destinara el dinero a la construcción de un lujoso palacio en el Mar Negro, evidentemente para su uso. Un frustrado Kolesnikov huyó de Rusia y lo contó todo.

Rosinvest se disolvió tras las revelaciones de Kolesnikov, y desde entonces poco más se ha sabido de cómo Putin y sus amigos estructuran sus activos.

El experto en anticorrupción que habló con los periodistas explicó que la estructura de LLCInvest tenía algunas similitudes clave con Rosinvest, pero estaba menos centralizada, por lo que no era tan vulnerable a otro denunciante. “Reduce la posibilidad de que un ‘nuevo Kolesnikov lo revele, ya que no hay una oficina principal, ni un punto de unión para todos estos negocios", indicó.

Esto lo confirma el directivo de la empresa LLCInvest entrevistado por OCCRP, cuando aseguró que no estaba al tanto –ni siquiera interesado– en saber lo que significaba LLCInvest, ni de si había otras empresas vinculadas a la suya. "Si mi empresa formara parte de un gran holding, no lo sabría", admitió.

Otro experto, un consultor financiero ruso, destacó que incluso dejando a un lado la cuestión de quién es el propietario final de los activos en el sistema LLCInvest, podría ser ilegal ocultar la conexión del Banco Rossiya con muchos de ellos.

Registrar activos a nombre de empleados de bajo perfil u de otros apoderados es una práctica que los bancos rusos han utilizado para eludir las restricciones sobre la concesión de préstamos a las partes vinculadas, explicó dicho consultor: "Decenas de entidades que han tenido problemas con el Banco Central han sido sancionadas por estas prácticas con la revocación de sus licencias por parte del Banco Central".

En el caso del Banco Rossiya, la ocultación de los verdaderos propietarios de sus activos puede estar sirviendo a los intereses de algunas de las personas más poderosas del país.

Los reporteros hablaron con un exfuncionario del Tesoro de Estados Unidos que trabajó para la OFAC, la oficina que aplica las sanciones financieras. Tras revisar los hallazgos, describió el montaje de LLCInvest como "extremadamente sospechoso. Es difícil encontrar una explicación inocente para las cosas que ha descrito. Dado que se dice públicamente que el Banco Rossiya es donde Putin y sus socios tienen sus activos, esto plantea muchas cuestiones legales".

Este exfuncionario recordó que muchos oligarcas relacionados con las empresas de LLCInvest, así como el propio Banco Rossiya, habían sido sancionados por Estados Unidos y la UE. "No especularía sobre quién es el verdadero propietario, pero hay claros indicios de un esquema de evasión de sanciones", concluyó.

El experto en corrupción rusa puso el foco en la opacidad de algunas de las participaciones de LLCInvest: "Estas formas opacas de poseer activos, relacionadas con personas políticamente influyentes, indican un mayor riesgo de corrupción y blanqueo de capitales. Establecer el verdadero propietario es una parte clave de las prácticas contra el blanqueo".

Los intereses comerciales de las empresas del universo LLCInvest

Algunas empresas rusas muy conocidas son propiedad de sociedades que utilizan la infraestructura técnica de LLCInvest.

1. Activos vinculados públicamente con el Banco Rossiya

Desde mediados de la década de 2000, el Banco Rossiya se ha convertido en un imperio empresarial, con inversiones en medios de comunicación, telecomunicaciones, bienes inmuebles y turismo, junto con intereses financieros más tradicionales.

Algunas de estas inversiones, entre ellas la estación de esquí de Igora, el centro de artes escénicas Leningrad Center y una cadena de hoteles boutique llamada Tochka Na Karte, son presentadas por la entidad financiera como parte del "Grupo Banco Rossiya".

Otros activos que el banco menciona a veces como parte de su grupo incluyen una importante participación en la compañía de seguros Sogaz, que a su vez es un accionista de referencia en importantes empresas de medios de comunicación rusas como National Media Group y Channel One.

De hecho, ninguno de estos activos pertenece directamente al Banco Rossiya. En realidad, son propiedad personal de los accionistas y altos directivos del banco, que ejercen su propiedad a través de complejas tramas de sociedades y entidades sin ánimo de lucro de LLCInvest.

2. Las bodegas y el hotel del "Proyecto Sur”

El universo de LLCinvest también incluye inversiones que son realmente propiedad del Banco Rossiya. En 2014, tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, el banco comenzó a invertir en empresas de la zona que habían sido tomadas por el Gobierno ruso, incluyendo dos de las mayores bodegas de la península y un hotel costero soviético inacabado. Como ya estaba sancionado por Estados Unidos, era uno de los pocos inversores que podía hacerlo sin enfrentarse a graves sanciones. El banco compró las bodegas y el hotel a través de una empresa llamada Yuzhny Proekt ("Proyecto del Sur"), que resulta ser una empresa de LLCInvest.

3. Bodegas Inkerman

Inkerman, una destacada bodega de Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea, lleva funcionando desde la década de 1960. A pesar de la ocupación rusa, siguió siendo propiedad de una empresa sueca hasta 2019.

Cuando sus propietarios finalmente decidieron vender, el comprador fue una compañía desconocida llamada Optima.

Detrás de Optima está Valery Zakharyin, un coronel retirado del Ejército soviético. Aunque se dedicaba a la producción de vino en Crimea desde la década de 2000, su nueva adquisición tenía un volumen de negocio diez veces mayor que el de todas sus otras empresas juntas.

Resulta que Optima siempre había sido una empresa de la órbita de LLCInvest. Su nombre de dominio –optima-ao.ru– está registrado en la empresa tecnológica Moskomsvyaz, vinculada al Banco Rossiya, y su administradora, Anastasia Yuldasheva, tiene una dirección de correo electrónico llcinvest.ru. Un año después de la adquisición de Zakharyin se supo que su planta está gestionada por la misma empresa –que está también dentro de la red LLCInvest– que administra las demás bodegas del Banco Rossiya.

4. Agronova

Agronova cultiva remolachas, rábanos, cebada, ajos y otros productos ecológicos en Labinsk, una ciudad del sur de Rusia no muy lejos de Sochi. La empresa pertenece a Taimuraz Bolloev, un empresario conocido por dirigir la compañía que construyó la infraestructura olímpica en Sochi y por ser el antiguo director general de la cervecería Baltika. Conoce a Putin desde los inicios de su carrera en San Petersburgo, y dijo en una entrevista que Putin le ayudó a establecer su negocio.

Agronova está vinculada a LLCInvest de varias maneras. Su dominio de correo electrónico oficial, @agro-nova.com, está alojado en la citada compañía informática Moskomsvyaz. También utiliza los servicios de TsUR, un registrador relacionado con el Banco Rossiya, y se menciona con frecuencia en los correos electrónicos enviados y recibidos por los usuarios del dominio LLCInvest.ru.

Agronova también parece estar cogestionada por Agrotriumf, una empresa de LLCInvest de la que son copropietarios el Banco Rossiya y alguno de sus directivos.

5. Un complejo turístico

Otro activo vinculado a LLCInvest es un complejo turístico en Gelendzhik, no muy lejos del palacio de Putin, llamado Golubaya Volna. El resort perteneció en su día a la mayor empresa de diamantes del mundo, Alrosa, pero fue vendido a un comprador desconocido en 2019.

El archivo de correo electrónico filtrado de Moskomsvyaz muestra que su reconstrucción fue discutida activamente por los empleados de Revival of Marine Traditions, una entidad sin ánimo de lucro que forma parte del universo LLCInvest. Los nuevos propietarios del complejo también cambiaron el registro de su empresa a TsUR.

(Información exclusiva del consorcio OCCRP, compartida con diferentes medios internacionales, entre ellos infoLibre en España)

Fuente: Infolibre.es

13 de junio de 2022

POLITICA. Feijóo mantiene el cerrojazo de Casado al Poder Judicial y ahora sube la apuesta extendiéndole al Constitucional

 El cambio de líder en el partido popular no afecta al cumplimento de la Constitución, en lo que respecta al bloqueo del CGPJ y ahora del Constitucional

Pero desde el PP confirman el “catenaccio” al Constitucional hasta después de las elecciones andaluzas. (Hace tiempo que no leo la Constitución, pero creo que nada dice de que no se pueda renovar los Órganos Constitucionales en campaña electoral).


Se confirma que a los conservadores les estorba la Ley y la Constitución.

Este domingo ha caducado el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, y su renovación completa depende de que el partido de Feijóo decida poner fin al boicot al cumplimiento de la Constitución, y la renovación consiguiente de los vocales del CGPJ, que superan en casi 4 años el periodo por el que fueron elegidos

La negativa del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace tres años y medio, amenaza con extenderse al Tribunal Constitucional y mantener así a las bravas una mayoría conservadora en ambos organismos durante mucho más tiempo del previsto por la propia Ley Fundamental. Este 12 de junio ha caducado el mandato de cuatro magistrados del tribunal de garantías cuya renovación completa depende de que se pueda poner en marcha un nuevo CGPJ, bloqueado por un PP que lo diseñó durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

En los próximos días, el Gobierno tiene que decidir si activa por su cuenta la sustitución de los dos candidatos que le corresponden, sin esperar a los dos que tiene que designar el organismo que preside Carlos Lesmes en funciones y cuya capacidad de nombramientos está limitada por ley. Está en juego, entre otras cosas, una mayoría conservadora o una progresista en un momento delicado con asuntos como el aborto y la eutanasia en la lista de espera de sentencias de enorme proyección pública.

El PP de Feijóo ha añadido el electoralismo a la nómina de excusas para bloquear el CGPJ que el partido esgrime de forma inopinada desde que Pablo Casado asumiera en 2018 su liderazgo. El dirigente gallego se ha comprometido en diferentes ocasiones a que la organización que ahora preside tendrá un marcado perfil institucional, ha insistido en que son un “partido de Estado”, e incluso ha presumido de que la Alianza Popular de Manuel Fraga de la que son herederos nació “para escribir y hacer cumplir la Constitución”, pese a las evidencias históricas que señalan que parte del germen del PP rechazó el acuerdo constitucional de 1978, y votó en contra o se abstuvo. Y pese a que desde 2018 han optado por no dar cumplida cuenta de la renovación de los órganos que propugna la Ley Fundamental.

Las consecuencias van mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces, y van a hacerse visibles en los próximos días. El bloqueo llevó a una reforma legal, propuesta por PSOE y Unidas Podemos y aprobada por la mayoría del Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, que impide que un CGPJ en funciones nombre altos cargos judiciales, y eso incluye dos magistrados en el Tribunal Constitucional cada nueve años.

Dos magistrados del Tribunal Constitucional que, según la ley del tribunal de garantías, se renuevan de manera conjunta con los otros dos que dependen exclusivamente del Gobierno central. Esos dos magistrados no se podrán designar hasta que no se renueve el CGPJ, algo que por ahora parece fuera de los planes de Feijóo.

De hecho, el plante del PP, como mínimo hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio, puede llevarse la renovación del Poder Judicial hasta el otoño. El procedimiento para que el Congreso y el Senado hagan sus nombramientos no es inmediato, ya que incluye sendas comparecencias de los candidatos ante las respectivas comisiones parlamentarias, además de la convocatoria de un pleno en cada una de las cámaras. Julio y agosto no suelen ser meses hábiles.

Y ni siquiera está claro el futuro de los otros dos que forman parte del mismo pack, porque en el Tribunal Constitucional algunos interpretan que no se puede hacer por separado, mientras y otros reconocen que no hay antecedentes claros en los que basarse.

Este bloqueo que perpetúa una mayoría conservadora en el CGPJ puede traducirse, en primer lugar, en un enfrentamiento institucional directo entre el Ejecutivo central y el propio Tribunal Constitucional. Si el Gobierno optara por poner en marcha la renovación de los dos magistrados que dependen de él, sin esperar al CGPJ, sería el actual Constitucional el que complete algunos pasos para que se hiciera efectivo.

La Ley deja en manos del presidente solicitar al Gobierno la propuesta de designación de nuevos magistrados antes de que expiren los mandatos. También debe ser el Pleno del organismo el que verifique los nombramientos “para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución”. Es decir, existe la posibilidad de que el Gobierno proponga dos candidatos y el Constitucional, donde varios entienden que la ley es muy clara a la hora de especificar que hay que renovar a los magistrados de cuatro en cuatro, ponga reparos.

Las mayorías de ambos organismos

El conflicto que se puede derivar no se queda en un posible choque de criterios entre Gobierno y Tribunal Constitucional. El bloqueo del CGPJ, extensible a una facción del Constitucional, puede facilitar que el PP extienda la mayoría conservadora establecida con Rajoy en la Moncloa mucho más allá de lo que también marca la Ley.

En el caso del Consejo General del Poder Judicial, tres años y medio después de terminar el mandato, el pleno sigue contando con una amplia mayoría conservadora que ha realizado decenas de nombramientos en audiencias provinciales, tribunales superiores y el Tribunal Supremo, decantando la balanza de los pactos a favor de una mayoría de candidatos de esa sensibilidad. Algo que se extiende a informes no vinculantes sobre leyes de gran importancia en las dos anteriores legislaturas. Esta proporción, tal y como está planteada en la Ley, tendría que haberse invertido en diciembre de 2018.

Si el CGPJ con el mandato caducado no puede hacer nombramientos, tampoco puede renovar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, y esto deriva en que la mayoría conservadora heredada de los gobiernos del PP se perpetúa mucho más allá de lo que le corresponde. En estos momentos, y tras la última renovación de cuatro candidatos surgida del acuerdo entre PSOE y PP de octubre de 2021, el pleno del tribunal de garantías cuenta con siete miembros considerados del sector conservador y cinco del progresista.

El posible bloqueo tiene una consecuencia concreta: se mantiene la mayoría conservadora impulsada en su momento por el PP. Si el ejecutivo central renueva su parte sin esperar al Consejo, dos magistrados conservadores (el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez) serían sustituidos por dos progresistas y eso invertiría los equilibrios del tribunal. Esa nueva mayoría parece estar en el fondo de las reticencias de Casado, primero, y de Feijóo, ahora, para acceder a la renovación.

Los asuntos pendientes

Este equilibrio de fuerzas en el Tribunal Constitucional, que depende de los movimientos de Gobierno, PP y del propio tribunal, llega en un momento en que los magistrados tienen varios asuntos de enorme calado social encima de la mesa. El más inmediato y más esperado es la sentencia sobre los recursos del Partido Popular contra la Ley del Aborto, que llevan más de una década en el cajón. La intención del nuevo ponente, Enrique Arnaldo, es tener una propuesta de ponencia encima de la mesa del pleno para estas fechas.

La primera duda es cuál será el contenido de esa ponencia y si tendrá apoyos suficientes para salir adelante, pero también qué pleno del Constitucional será el que debata el asunto. Si el pleno actual con mayoría conservadora o un pleno renovado en tiempo y forma con mayoría progresista. Lo mismo sucede con asuntos como la condena de Alberto Rodríguez, la Ley de Eutanasia, la Ley de la Infancia y otras normas que todavía no están en agenda pero cuyos recursos ya han sido admitidos a trámite.

El bloqueo del PP que perpetúa una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, por tanto, puede hacer lo mismo a corto plazo en el Tribunal Constitucional. Teniendo en cuenta también otra consecuencia legal: cada día que un magistrado permanece en el Constitucional con el mandato caducado es un día de menos que tendrá de mandato el nuevo magistrado. Prolongar, por tanto, el mandato de un magistrado conservador acorta el del progresista que le sustituirá.

Tampoco es descartable que el Gobierno de España, espere a las conclusiones finales de la próxima visita de la Vicepresidenta de la Comisión Europea.

Fuente: El Diario.es

Vicepresidenta de la CE visitará España y tratará de justicia, prensa e igualdad

La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová, visitará España del lunes al miércoles de la próxima semana para hablar de Estado de Derecho, libertad de prensa e igualdad, así como de la próxima presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre de 2023.

Precisamente, la presidencia de turno española, así como la guerra en Ucrania, centrarán la reunión que Jourová tiene previsto mantener el lunes con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señaló hoy la Comisión Europea en un comunicado.

Ese mismo día, Jourová mantendrá un encuentro con la Defensora del Pueblo Adjunta Primera, Teresa Jiménez Becerril, que girará sobre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.

El martes, la vicepresidenta comunitaria empezará la jornada en un acto sobre la libertad de los medios de comunicación organizado por el Foro Nueva Economía, e intervendrá después en la Comisión de Justicia del Parlamento en un debate sobre esa misma cuestión, así como sobre el Estado de Derecho, la justicia y la desinformación.

El Estado de Derecho acaparará igualmente el encuentro que mantendrá el martes por la tarde con el ministro de la Presidencia, Relaciones con el Parlamento y Memoria Democrática, Félix Bolaños, mientras que con la vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Economía y Asuntos Digitales, Nadia Calviño, Jourová tratará temas digitales y la aplicación de las sanciones contra Rusia, y ambas comparecerán después en una rueda de prensa conjunta.

Más tarde, ese mismo martes, Jourová se reunirá con la ministra de Justicia, Pilar Llop, para tratar temas relacionados con el Estado de Derecho, la justicia y la protección de datos; y a continuación, debatirá sobre la violencia de género con un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

El último día de su visita oficial, la política checa tiene previsto reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para tratar sobre el Estado de Derecho, la primacía y la relación entre el Tribunal Supremo y el Constitucional.

La falta de renovación del CGPJ, pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los "retos" a los que "sigue enfrentándose" la Justicia española, señalaba la Comisión Europea en el segundo informe sobre el Estado de Derecho en sus 27 Estados miembros publicado en el verano de 2021.

Más tarde, Jourová tiene prevista una reunión con la ministra de Igualdad, Irene Montero, para hablar de la igualdad en la UE, incluidas las iniciativas de la Comisión sobre la violencia contra las mujeres, la transparencia salarial y los organismos de igualdad, así como las prioridades de la próxima presidencia española del Consejo de la UE en 2023 en este ámbito.

Finalmente, la vicepresidenta comunitaria celebrará un debate sobre la futura ley europea de libertad de prensa con grupos de comunicación españoles, según la agenda publicada hoy por la Comisión.

Fuente: EFE

ANALISIS. Estanflación: la tormenta perfecta que amenaza la economía mundial

 El informe 'Perspectivas económicas mundiales', elaborado por el Banco Mundial, prevé un período de escaso crecimiento y una elevada inflación en los próximos años

Como agravante de los daños provocados por la pandemia de covid-19, la invasión rusa a Ucrania ha exacerbado la desaceleración de la economía mundial, que está entrando en lo que podría convertirse en un período prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación, según el último informe Perspectivas económicas mundiales elaborado por el Banco Mundial. 

Este contexto aumenta el riesgo de estanflación, con consecuencias potencialmente perjudiciales tanto para las economías de ingreso mediano como para las de ingreso bajo. La estanflación lleva a un escenario de estancamiento de la economía, con incremento de las tasas de paro donde el ritmo de la inflación no cede. Es la tormenta perfecta.

El término fue acuñado en 1965 por el entonces ministro de Finanzas británico, Ian McLeod quien, en un discurso ante el Parlamento en ese año, dijo: “Ahora tenemos lo peor de ambos mundos: no sólo inflación por un lado o estancamiento por el otro, sino ambos juntos. Tenemos una especie de ‘estanflación’”.

Se prevé que el crecimiento mundial descienda del 5,7% en 2021 al 2,9% en 2022, un porcentaje considerablemente menor que el 4,1% que se anticipó en enero. Se prevé que oscile en torno a ese ritmo durante el período 2023-24, a medida que la guerra en Ucrania afecte la actividad, la inversión y el comercio en el corto plazo; la demanda reprimida se disipe, y vayan eliminándose las políticas monetarias y fiscales acomodaticias. Como resultado de los daños derivados de la pandemia y la guerra, este año, el nivel de ingreso per cápita de las economías en desarrollo se ubicará casi un 5 % por debajo de su tendencia previa a la pandemia.

“La guerra en Ucrania, los confinamientos en China, los trastornos de la cadena de suministro y el riesgo de estanflación afectan el crecimiento. Para muchos países, será difícil evitar la recesión”, afirmó el presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass. “Los mercados están expectantes, por lo que es urgente fomentar la producción y evitar las restricciones comerciales. Se requieren cambios en las políticas fiscales, monetarias, climáticas y de endeudamiento para contrarrestar la asignación inadecuada de capital y la desigualdad”.

En el informe Perspectivas económicas mundiales del mes de junio se presenta la primera evaluación sistemática de la forma en que las actuales circunstancias económicas mundiales se comparan con la estanflación de la década de 1970, con especial énfasis en la forma en que la estanflación podría afectar los mercados emergentes y las economías en desarrollo. La recuperación de la estanflación que se registró en los años setenta exigió fuertes aumentos en las tasas de interés en las principales economías avanzadas, lo que contribuyó en gran medida a desencadenar una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo.

“Las economías en desarrollo deberán equilibrar la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de mitigar los efectos de las múltiples crisis en los ciudadanos más pobres”, señaló Ayhan Kose, director del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial. “Comunicar con claridad las decisiones en materia de política monetaria, aprovechar la credibilidad de los marcos de política monetaria y proteger la independencia del banco central puede anclar eficazmente las expectativas inflacionarias y reducir el grado de restricción monetaria requerida para lograr los efectos deseados sobre la inflación y la actividad”.

La coyuntura actual se asemeja a la de la década de 1970 en tres aspectos principales: perturbaciones continuas del lado de la oferta que favorecen la inflación, precedidas por un período prolongado de política monetaria altamente acomodaticia en las principales economías avanzadas; perspectivas de menor crecimiento, y vulnerabilidades que los mercados emergentes y las economías en desarrollo afrontan respecto de la aplicación de una política monetaria restrictiva que será necesaria para poner freno a la inflación.

Sin embargo, el episodio actual también difiere del que se vivió en los años setenta en múltiples dimensiones: el dólar es fuerte, lo que refleja un marcado contraste con la grave debilidad que tenía la divisa en esa década; los porcentajes de aumento de los precios de los productos básicos son menores, y los balances de las principales instituciones financieras son en general más sólidos. Lo que es más importante, a diferencia de los años setenta, los bancos centrales de las economías avanzadas y muchas economías en desarrollo tienen, en la actualidad, mandatos claros para la estabilidad de los precios y, durante las últimas tres décadas, han establecido un historial creíble de cumplimiento de sus metas de inflación.

Se prevé que la inflación mundial será moderada el próximo año, pero probablemente seguirá estando por encima de las metas de inflación en muchas economías. En el informe se observa que, si la inflación continúa siendo elevada, una repetición de la resolución del anterior episodio de estanflación podría traducirse en una marcada desaceleración mundial, acompañada de crisis financieras en algunos mercados emergentes y economías en desarrollo.

En el informe también se ofrecen nuevas perspectivas acerca de cómo los efectos de la guerra sobre los mercados de la energía empañan el panorama del crecimiento mundial. La guerra en Ucrania provocó un alza en los precios en diversos productos básicos relacionados con la energía. Los precios más altos de la energía reducirán los ingresos reales, aumentarán los costos de producción, restringirán la situación financiera y limitarán la política macroeconómica, especialmente en los países importadores de energía.

Se prevé que el crecimiento en las economías avanzadas se desacelere drásticamente del 5,1 % en 2021 al 2,6 % en 2022 (1,2 puntos porcentuales por debajo de las proyecciones de enero). Se prevé que el crecimiento se modere aún más al 2,2 % en 2023, lo que reflejará en gran medida la retirada del apoyo mediante políticas monetarias y fiscales proporcionado durante la pandemia.

Entre los mercados emergentes y las economías en desarrollo, también se prevé una caída del crecimiento del 6,6 % en 2021 al 3,4 % en 2022, muy por debajo del promedio anual del 4,8 % durante el período comprendido entre 2011 y 2019. Los efectos secundarios negativos de la guerra neutralizarán considerablemente cualquier estímulo de corto plazo para algunos exportadores de productos básicos derivado de los precios de energía más altos. Se revisaron los pronósticos del crecimiento de 2022 en casi el 70 % de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, que incluye la mayoría de los países importadores de productos básicos, así como cuatro quintos de los países de ingreso bajo.

En el informe se destaca la necesidad de tomar medidas de política decisivas a nivel nacional y mundial para evitar que la guerra en Ucrania provoque peores consecuencias para la economía mundial. Esto incluirá esfuerzos globales para limitar los daños provocados a quienes se hayan visto afectados por la guerra, amortiguar el impacto del alza en los precios del petróleo y los alimentos, agilizar el alivio de la deuda y ampliar la vacunación en los países de ingreso bajo. También implicará contar con enérgicas respuestas de la oferta a nivel nacional y, a la vez, mantener el adecuado funcionamiento de los mercados de productos básicos a nivel mundial.

Además, los encargados de formular las políticas deberán abstenerse de implementar políticas distorsionadoras, como controles de precios, subvenciones y prohibiciones de exportación, que podrían acrecentar el reciente aumento en los precios de los productos básicos. En el contexto complejo de una mayor inflación, un menor crecimiento, una situación financiera más restrictiva y un limitado espacio para la política fiscal, los Gobiernos deberán redefinir la prioridad de los gastos para orientarlos a brindar apoyo específico a las poblaciones vulnerables.

Perspectivas regionales

En Asia oriental y el Pacífico, según las proyecciones, el crecimiento se desacelerará al 4,4% en 2022 y aumentará al 5,2% en 2023. Europa y Asia central: se prevé que la economía regional se contraiga en un 2,9% en 2022 antes de crecer un 1,5% en 2023.

América Latina y el Caribe: se pronostica que el crecimiento se desacelerará al 2,5% en 2022 y al 1,9% en 2023. Oriente Medio y Norte de África: se pronostica que el crecimiento se acelerará al 5,3% en 2022 antes de atenuarse hasta el 3,6% en 2023.

Asia meridional: se pronostica que el crecimiento se desacelerará al 6,8% en 2022 y al 5,8 % en 2023. África subsahariana: según las previsiones, el crecimiento se moderará al 3,7% en 2022 y aumentará al 3,8% en 2023.

Fuente: Diario16.com

ANALISIS. Crisis económica, Cambio climático, Calentamiento Global y Cuenta Atrás

 El planeta tierra bajo los efectos de una crisis económica efervescente y de un cambio climático galopante, con la apariencia de una hipotética armonía difícil de creer.

Hace apenas unos días se conmemoraba el Día Mundial del Medioambiente, aunque a día de hoy se sigue sufriendo el acoso permanente y las embestidas constantes del insostenible modelo de desarrollo humano.

De poco valen las alarmas que cada día se lanzan sobre calentamiento global y cambio climático, donde nos anuncian las nefastas consecuencias que para la humanidad tendrá esta alocada carrera del consumismo de los recursos de un planeta sobrecargado, de una tierra en la que las practicas derivadas de una actividad económica global sin límites reales supone una sobrecarga anual por encima de un 74% en la capacidad de regeneración de nuevos recursos como ha venido señalando constantemente el Fondo Mundial para La Naturaleza.

Así, poco le importa, a la basta humanidad el relato científico que alerta del permanente aumento de la temperatura global como dinamizador e impulsor de olas de calor generalizadas y duraderas, de incendios récord y otros eventos devastadores como los ciclones tropicales, las inundaciones, la pérdida de recursos hídricos, la subida del nivel del mar y la sequía en grandes zonas del planeta con un gran impacto en el desarrollo socioeconómico y el medio ambiente.

Y todo ello, aun cuando organismos como la ONU han venido a señalar como la falta de ambición en los compromisos de los países dirige el planeta a un aumento de la temperatura global muy por encima de los 3 °C, lo que provocaría aún más si cabe consecuencias catastróficas para las sociedades humanas y los ecosistemas: Aumento de enfermedades de conexión entre animales y humanos (zoonosis) y pandemias cada vez más recurrentes derivadas a la degradación de espacios naturales, falta de acceso al agua potable, aumento del nivel del mar con degradación de hábitats costeros, migraciones permanentes de las zonas más afectadas, movimientos internos de población a zonas climáticas más favorables para la vida, degradación de cultivos, aumento de las inseguridades en el consumo de alimentos como consecuencia de la degradación de los terrenos y los modelos de cultivo, impulso a fenómenos meteorológicos severos recurrentes ( Inundaciones, Ciclones, Sequías etc) son sólo algunas de las evidencias que en el campo de la economía, la geopolítica o la estabilidad social tendrán impactos directos: Aumento de los costes de producción, encarecimiento del acceso a productos básicos en los modelos de alimentación de gran parte del planeta, presión social migratoria directa de unos países a otros se configuran como parte de un problema sobre el que aún no hemos visto más que la punta del iceberg.

Y frente a este relato contrastado, evidenciado y analizado por organizaciones  científicas y organismos internacionales la inacción o la falta de acción decidida de gobiernos e instituciones (con la justificación de no se sabe cuantas crisis económicas y guerras no provocadas) y de la propia ciudadanía en la toma de decisiones, nos arrastra al peor de los escenarios, que es ese que sufrirán las generaciones futuras y presentes en una realidad climática insostenible en pocos años.

Tal vez la falta de pedagogía, de construcción del relato comunicativo más humano y conectado con el sentimiento en vez de con los datos en la explicación de las consecuencias de esta crisis y ante el reto que tenemos como humanidad puedan darnos la orientación de esta situación de parálisis global por lo general en la toma de decisiones. Unida a otras, como la normalización de los efectos del cambio climático en una ciudadanía adaptativa y conformista a los mismos, la concepción del cambio de usos en nuestro día a día como un sacrificio con limitaciones a nuestro modelo de consumo, la falta de percepción de la ciudadanía, el tejido económico y las instituciones públicas de la oportunidad en el modelo de transición hacía la economía verde, la falta de visión a largo y medio plazo de las consecuencias o el  temor del coste político a cargo de los gobiernos en su apuesta por un  cambio de modelo económico como el que supone la apuesta por la economía verde  en su grado más elevado pueden servir para entender situaciones como la dubitativa actuación de las principales economías del mundo en la firma de acuerdos reales para enfrentarnos al mayor desafío que como humanidad tenemos por delante.

Fuente: Diario16.com

ANDALUCIA. Logros de legislatura del gobierno frankenstein de PP, Ciudadanos y Vox.

 Andalucía sigue segunda por la cola en riqueza mientras ocupan 8 de las 10 ciudades con más paro.

La evolución de los principales indicadores socioeconómicos con el Gobierno de PP y Cs muestra un estancamiento de la posición relativa de Andalucía, que arrastra una desventaja previa en empleo y renta

 El número de parados cae un 6,99% en Andalucía, frente a un 3,92% en España; en el lado negativo, la comunidad del sur incrementa su desempleo industrial, que decrece en el conjunto del país

Andalucía no converge con España en PIB per cápita entre 2018 y 2020. Ocho de las diez ciudades con más paro de España en 2021 son andaluzas. La comunidad del sur era la segunda con más desempleo cuando llegó el actual Gobierno andaluz y sigue en la misma situación. Era la segunda por la cola en PIB per cápita y ahí sigue. Además, ha crecido el paro en la industria, mientras en España ha decrecido. Esto es lo que los datos dicen sobre la riqueza, la pobreza, el empleo y el desempleo en Andalucía.

PIB per cápita sin convergencia

El PIB per cápita andaluz está estancado en relación con el nacional. La serie del INE no deja lugar a dudas. En 2000 el PIB per cápita andaluz representaba el 74,5% del dato total nacional; en 2010, el 75,7%; en 2020, último dato que permite hacer comparaciones, el 74,9%. Para ver la evolución durante el actual Gobierno (PP-CS), que presume de un "milagro económico" y de ser la "locomotora de España", se puede comparar el dato de 2018 (74,2%) con el de 2020 (74,9%).

Andalucía estaba en 2018 y sigue segunda por la cola en PIB per cápita. Antes, sólo por delante de Extremadura; ahora, sólo de Canarias.

Desempleo, la segunda que más en 2018 y ahora

La tasa de desempleo pasa del 21,26% en el cuarto trimestre de 2018 al 19,43% en el primero de 2022 en Andalucía y del 14,45% al 13,65% en España. Quedan lejos tanto el récord positivo (11,95% en el segundo trimestre de 2002, con la burbuja del ladrillo) como el negativo (36,77 en el primer trimestre de 2013, en plena crisis).

Algunos indicadores apuntan a un comportamiento levemente mejor que el conjunto del país comparando el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2022. Por ejemplo, el número de parados cae un 6,99%, frente a un 3,92% en España. Y el de ocupados sube un 4,12%, frente a un 2,65% en todo el país. La subida del número de activos es similar: 1,7%. Tanto en Andalucía como en España sube levemente el número de inactivos.

En suma, la autonomía está donde estaba en términos relativos: era la segunda con más tasa de desempleo cuando llegó el Gobierno de PP y Cs, sólo mejor que Extremadura; y ahora sigue siendo la segunda, sólo mejor que Canarias.

El proyecto Urban Audit de Eurostat y el INE, que compara localidades de más de 20.000 habitantes, muestra que 11 de las 15 ciudades (73,33%) con más desempleo en 2021 son andaluzas, entre ellas las cuatro primeras y ocho de las diez primeras.

Sube el paro industrial

El problema no es sólo de falta de trabajo, sino de qué trabajo hay. Llegamos a una asignatura pendiente de Andalucía: la calidad del empleo. Y está a su vez conectada con la escasez industrial. Linares, la ciudad de más de 20.000 habitantes con más desempleo, es precisamente un emblema de crisis industrial.

El peso de la menguada industria ha experimentado un retroceso desde el último trimestre de 2018, indisociable de la pandemia: del 8,1% al 7,7%. En España la caída ha sido menor, partiendo de un mayor peso industrial: de 12,6% al 12,3%. Andalucía es la tercera comunidad con menos peso de la industria, sólo por delante de Baleares y Canarias.

Un contraste negativo: el paro en el sector industrial ha caído a nivel nacional un 8,75%, pero en Andalucía ha subido un 13,13%.

Mayor exclusión severa

Veamos dos indicadores clave de condiciones de vida:

1ª)   Renta media por hogar. En Andalucía subió entre 2018 y 2020 un 7,54%, algo menos que en el conjunto de España (7,99%). El dato andaluz son 25.909 euros de renta media por hogar, la tercera más baja tras Canarias y Extremadura. En España es de 30.690.

2ª)   Tasa de riesgo de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza ha pasado en Andalucía entre 2018 y 2020 del 32% al 28,5%, mientras en España pasaba del 21,5% al 21%. Quedan en peor posición Canarias (29,9%) y Extremadura (31,3%). Según el informe Exclusión y desarrollo social en Andalucía, de la fundación Foessa, de Cáritas, la población en situación de exclusión en Andalucía ha pasado del 19,2% en 2018 al 26,3% en 2021. Algo más de 2,2 millones de personas están en exclusión social. De ellas, la mitad, 1,1 millones, en exclusión severa. Eran 600.000 en 2018. Observando el ciclo 2018-2021, el informe señala: "Si en España el porcentaje de personas en esa situación se ha incrementado en un 47%, en Andalucía lo ha hecho en un 93%. En consecuencia, por tanto, Andalucía se distingue de España, desde el punto de vista de la evolución de la situación, en un incremento mucho más intenso de las situaciones de exclusión severa".

Un duro reflejo del atraso andaluz se observa en el proyecto Urban Audit. 12 de las 15 ciudades con menor renta de más de 20.000 habitantes de España son andaluzas, con datos de 2019, entre ellas las siete primeras.

Fuente: Infolibre.es

Los números de Juanma Moreno. 17.747 € per cápita. Al estancamiento lo llaman "milagro económico"

Si se trata de las cosas del comer —es decir de economía, empleo o desempleo, riqueza o pobreza, renta por habitante o pérdida de tejido industrial—, el presidente andaluz y candidato a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, tira del manual que ya usaron en su día sus ancestros Aznar o Rajoy a nivel estatal: cualquier dato mínimamente positivo se convierte en "milagro" gracias a su gestión, mientras el cúmulo de parámetros negativos o que indican un claro estancamiento es adjudicado sin matices a la "herencia recibida" de los gobiernos socialistas. Este mismo domingo se comprueba en las entrevistas concedidas (ver aquí un ejemplo).

Lo cierto es que Andalucía era y es la segunda por la cola en PIB per cápita, con 17.747 euros, según los datos oficiales de 2020 (última estadística que permite comparar y comprobar que esa riqueza por habitante no llega al 75% de la media nacional). También era la segunda comunidad con más desempleo cuando Moreno entró en San Telmo... y lo sigue siendo. Ocho de las diez ciudades con más paro de España son andaluzas, y andaluces son 12 de los 15 municipios más pobres de todo el Estado.

¿"Milagro económico" andaluz, de que?

El paro en ese sector se ha reducido más de ocho puntos a nivel nacional, mientras al sur de Despeñaperros ha subido más de un 13%.

En esta esfera capital de la gestión de gobierno ni siquiera puede alegar Moreno las obligaciones que impone gobernar en minoría, negociando las cuentas y prioridades con Ciudadanos y con Vox. Del mismo modo que no se han visibilizado diferencias o matices de discurso en otros ámbitos, se desconoce discrepancia alguna en las derechas cuando se trata de políticas económicas y fiscales: comparten y ejecutan los mandamientos de la biblia neoliberal.

Fuente: Infolibre.es

EDITORIAL

En las anteriores elecciones de la Comunidad de Andalucía, conservadores y ultraconservadores trolearon (vacilaron) a los andaluces para que no fueran a votar. Y luego salían en las emisoras de la radio burlándose de ellos.

En las presentes, incluso con la situación económica negativa expuesta y un Sistema Púbico de Salud depauperado, pretenden lo mismo o algo peor si cabe, cual es adoctrinarles para que vayan a las urnas a condición de que voten a las derechas, faltaría más. Vamos, como con Franco en las elecciones sindicales, que solo existía el sindicato vertical.

Esto ya va tomando forma, cada vez se parece más a los tiempos predemocráticos.

Fuente: Redacción

ANDALUCIA. Un Sistema Público de Salud depauperado, tras una pandemia y un gobierno neoliberal

 Informes comparativos revelan que Andalucía es la comunidad autónoma con el segundo sistema de salud de peor calidad, mientras se ha convertido en la sexta región española con un mayor nivel de privatización.

La situación de la sanidad pública decidió buena parte de las elecciones andaluzas que en 2019 llevaron a PP y Ciudadanos al Gobierno.

Por eso, su estado actual también puede ser determinante en las elecciones del próximo 19 de junio. Y las percepciones son muy distintas: el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, habla de un 30% más de profesionales, de acuerdos históricos con los trabajadores, mientras diversos estudios de organizaciones de profesionales y sindicales revelan un retroceso del gasto y un notable incremento de la privatización del sistema de salud.

Andalucía es, después de Murcia, la comunidad con el peor sistema público de salud

Los datos aportados por el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han sido una de las principales pruebas de cargo contra esa gestión. Según un estudio publicado en mayo de 2021 sobre la situación de los servicios sanitarios de todas las comunidades autónomas, Andalucía es, después de Murcia, la comunidad con el peor sistema público de salud, cuando en 2014 tenía el sexto mejor servicio sanitario de España. Para llegar a esa conclusión, los autores del informe analizan diferentes parámetros, como el gasto por habitante, número de camas y profesionales, valoración de los ciudadanos o listas de espera en cada región.

Los usuarios conceden al sistema sanitario público andaluz la nota más baja

De acuerdo con esos datos, Andalucía tiene el tercer presupuesto sanitario per cápita más bajo del país, 1.388 euros frente a los 1.949 de Asturias, que es el mayor; dispone del menor número de camas hospitalarias por cada mil habitantes, 2,19; el menor número de médicos en atención especializada y en primaria, y de los más bajos de enfermería.

Todo eso redunda en una mala opinión de los usuarios, que conceden al sistema sanitario público andaluz la nota más baja, empatada con Catalunya y por detrás de Canarias, que ocupa el último puesto en valoración, según este informe.

La sexta comunidad con más privatización

La gestión que se ha llevado a cabo en el SAS en los últimos años también arroja otras conclusiones importantes en relación al grado de privatización de sus servicios, algo que ha sido analizado igualmente en otros informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, una organización de profesionales sanitarios con representación en todo el Estado español. Concretamente, su último estudio sobre este tema, publicado este mismo mes de mayo, revela que desde 2019 Andalucía ha ido subiendo progresivamente en la clasificación de las comunidades con mayor grado de privatización, hasta situarse en el sexto lugar, cuando hace ocho años, en 2014, se encontraba entre las cinco regiones con un menor nivel de privatización de sus servicios sanitarios.

Andalucía es ya la tercera comunidad española con mayor porcentaje de camas en hospitales privados

En este informe se tienen en cuenta el gasto por habitante en seguros, el porcentaje del gasto sanitario público destinado a contratar centros privados y de camas en esos centros, número de consultas en clínicas privadas, la incidencia de modelos de colaboración público-privada y porcentaje de población cubierta con mutualidades de funcionarios, entre otros factores.

Los datos del estudio reflejan que Andalucía es ya la tercera comunidad española con mayor porcentaje de camas en hospitales privados, tras Madrid y Catalunya, la cuarta en consultas a especialistas de consultas privadas y la quinta en médicos generalistas, así como la sexta en gasto por habitante en seguros sanitarios.

Un informe de CCOO de Andalucía elaborado en 2021 ya había constatado un notable incremento del presupuesto que destina la Junta a la asistencia sanitaria con medios ajenos, es decir, mediante conciertos o colaboraciones con empresas privadas. Según sus datos, la previsión que se hizo para este concepto en el presupuesto de 2022 -que finalmente no se aprobó por la falta de apoyos parlamentarios- suponía un aumento del 42,95%, de 463,7 millones de euros a 662,9 millones, o sea, casi 200 millones de euros más. En ese cálculo se incluyen los gastos en medios ajenos a la sanidad pública para conciertos, diálisis, asistencia con especialistas, diagnósticos, transportes y otros servicios.

El último proceso de privatización que ha sido duramente criticado es el de la ampliación del contrato a Clínicas Pascual en la provincia de Cádiz, donde esa empresa ya tenía una amplia implantación. Según denunció la Federación de Consumidores y Usuarios Facua, la Junta va a abonar a esa empresa en un plazo de cinco años más de 771 millones de euros para prestar servicios de asistencia especializada y hospitalaria en sus centros de la capital gaditana, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín. "No hay dinero para reponer las plantillas de la Atención Primaria de toda Andalucía, que supondría un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros, no hay dinero para el necesario nuevo Hospital Regional para la provincia de Cádiz, o para un nuevo

Materno-Infantil en Huelva, pero sí hay para un nuevo concierto para complacer a la empresa Pascual y ampliar su poder", afirmaba por su parte la coordinadora andaluza de las Mareas Blancas.

Unos 20.000 millones perdidos desde los primeros recortes

Las Mareas Blancas, que defienden la sanidad pública y que sólo en el último año han convocado unas 150 movilizaciones de protesta por el estado que esta atraviesa en Andalucía, tienen muy claro que los problemas del sistema de salud no empezaron en enero de 2019 con el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos.

Estas plataformas sociales, formadas en su mayoría por profesionales sanitarios jubilados o en activo, entienden que el mal empezó con los recortes del gasto público ejecutados a raíz de la crisis económica del principio de la segunda década del siglo XXI, cuya gestión correspondió a  la Junta que gobernaba aún el PSOE, pero creen también que en los últimos tres años y medio no se ha hecho nada por mejorarla, por recuperar el terreno perdido, y que, al contrario, casi todo ha ido a peor.

"No se ha llegado a recuperar nada de lo que se ha perdido en inversión en la sanidad pública, que son unos 20.000 millones de euros desde 2009", señala José Brieva, médico jubilado y portavoz de las Mareas Blancas, quien advierte de que los problemas han aumentado en estos últimos años, no sólo a causa de los estragos que ha originado la pandemia de la covid-19 en el sistema sanitario, sino también por el envejecimiento de la población –ya hay un millón y medio de personas con más de 64 años- que requiere una mayor atención médica y, por tanto, un mayor gasto en salud.

La progresiva privatización ha llevado ya a 1,7 millones de personas a optar por contratar un seguro médico para recibir un servicio más ágil

A falta de un incremento presupuestario suficiente para restituir lo que se perdió con los recortes anteriores y cubrir las mayores necesidades de atención actuales, Brieva considera que la sanidad pública andaluza sufre ahora "un auténtico deterioro". Y eso es algo que, a su juicio, se puede apreciar fácilmente en el colapso que sufren muchos centros de salud, en las listas de espera para ser atendidos en atención primaria, en especialidades y también quirúrgicas -860.000 personas en total, es decir, uno de cada diez andaluces-, y en la progresiva privatización del sistema que ha llevado ya a 1,7 millones de personas a optar por contratar un seguro médico para recibir un servicio más ágil.

No tienen una visión más optimista sobre el estado de la sanidad pública andaluza en el sindicato CCOO, desde donde, aun admitiendo que la pandemia ha causado mucho estrés al sistema, subrayan que la covid ha puesto al descubierto muchas de sus deficiencias, sobre todo en su primer escalafón, en su puerta de entrada. "La Atención Primaria está machacada, cansada, maltratada. Ahí es donde están ahora los grandes déficits, los grandes problemas, sobre todo por la escasez de trabajadores, que ya están muy agotados, además", dice su secretario regional de Sanidad, José Pelayo Galindo.

Según este sindicato, el tiempo de espera para ser atendidos por el médico de cabecera ha aumentado y, aunque han disminuido las cifras globales de las listas de espera del SAS, ha sido a costa de reducir los tiempos para las tipologías menos graves y más numerosas e incrementar los de las graves y más complejas.

Los informes de CCOO, como el mencionado anteriormente, incluyen estadísticas sobre el proceso de privatización de la sanidad pública andaluza. Y Pelayo Galindo cree que esos datos demuestran que la Junta gobernada por PP y Ciudadanos "ha multiplicado" los esfuerzos para potenciar los modelos de colaboración público-privada. "Eso –afirma- deteriora la sanidad pública y rompe la equidad y la cohesión de la población. Se puede decir que han sido los años más neoliberales, con el aumento de los conciertos, de los apoyos a la privada. Vamos hacia modelos de otras comunidades gobernadas por el PP que tienen mucho más externalizados los servicios públicos sanitarios".

Faltan más de mil médicos en Atención Primaria

En el Sindicato Médico Andaluz ven con otra perspectiva el estado de la sanidad  andaluza. Aunque esta organización sindical profesional había dicho al principio de la legislatura que no se había cumplido ninguna de sus expectativas con el nuevo gobierno, al terminar el mandato considera que la situación del sistema sanitario está "razonablemente controlada" y se ha mejorado en relación a años anteriores y a otras comunidades autónomas, sobre todo en lo que respecta a las condiciones laborales de sus profesionales.

A ello han ayudado, según su presidente, Rafael Carrasco, dos acuerdos firmados entre Junta y sindicatos: uno en 2020 sobre el pago de las guardias y el complemento de exclusividad, y otro suscrito apenas hace un mes, sobre la continuidad de la jornada y el acceso a la carrera profesional, entre otros aspectos. Esos acuerdos han permitido, por ejemplo, que la guardia de un médico se pague a un poco más de 22 euros la hora, 7 euros más que antes y ya en la media española, según esta organización sindical.

En la Atención Primaria faltan entre 1.000 y 1.500 profesionales más para cubrir la demanda de consultas que tiene actualmente la comunidad

"Hemos conseguido una mejora en las retribuciones que no teníamos desde hacía tiempo", asegura Carrasco. Sin embargo, este sindicato también considera que aún faltan cosas que mejorar, por ejemplo, aumentar la plantilla de médicos del sistema público andaluz, sobre todo en la Atención Primaria, en la que, según sus cálculos, harían falta entre 1.000 y 1.500 profesionales más para cubrir la demanda de consultas que tiene actualmente. O diseñar de una vez un plan estructural para abordar con previsión todas las necesidades del sistema, entre ellas las listas de espera, y no responder a los problemas que se van presentando con medidas de choque coyunturales para salir del paso.

Los bajos salarios de los médicos en Andalucía constituyen uno de los motivos principales de la fuga de estos profesionales a otras comunidades autónomas o al extranjero, donde cobran más por el mismo trabajo. El Informe de Demografía Médica que elabora el Consejo Andaluz de Médicos (CAM) reveló en su último estudio la falta de médicos especialistas en esta comunidad, la cual atribuye, fundamentalmente, a la escasez de oferta de plazas MIR para formar a nuevos facultativos y a razones retributivas. Según este informe, 474 médicos andaluces se fueron a trabajar en 2020 a otras comunidades y 49 al extranjero.

Otro informe, el Estudio Comparativo de las Retribuciones de los Médicos de Atención Primaria en España entre 2009 y 2018, elaborado por la Organización Médica Colegial que representa a los facultativos colegiados de toda España, refleja que el sueldo neto de los profesionales andaluces, sin contar las guardias, era en ese último año de los más bajos del país en todas las tablas y estaba entre 148 y 509 euros por debajo del salario medio neto estatal, que se situaba entre 2.449 y 3.539 euros.

Reacción tras el despido de 8.000 trabajadores

El frente laboral ha sido especialmente cuidado por la Junta en los últimos meses de la legislatura, después de la marejada que levantó su decisión de despedir en octubre a 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios que había contratado de refuerzo para hacer frente a la pandemia en los hospitales andaluces. Aquel despido originó un gran número de concentraciones y manifestaciones de organizaciones sociales y sindicales en toda la comunidad, ante lo cual el Gobierno andaluz reaccionó en marzo, semanas antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas, con la aprobación de una partida extraordinaria de 345 millones de euros para hacer cerca de 12.000 contratos de refuerzo en el SAS hasta finales de año.

Luego, en abril, llegó el acuerdo in extremis con los sindicatos que Moreno Bonilla calificó de "histórico". "Todas estas mejoras para los profesionales sanitarios suponen una inversión de 102 millones para este año y supondrán sumar 170 millones anuales a las retribuciones de nuestros sanitarios", dijo, al anunciar el acuerdo, el candidato por el PP a la reelección como presidente de la Junta. Según sus datos, en Andalucía hay ahora 30.000 profesionales, seis hospitales, cinco centros de salud y 448 UCI más en la sanidad pública que cuando él llegó al cargo.

En 2021 aumentaron un 35% las consultas y quejas por la atención sanitaria

Otro termómetro para medir el estado de la sanidad son las quejas que presenta la ciudadanía ante el Defensor del Pueblo Andaluz. Y el último informe anual de la defensoría reflejó que en 2021 aumentaron un 35% las consultas y quejas por la atención sanitaria recibida en centros de salud y hospitales de la comunidad. El incremento de las quejas se debió, fundamentalmente, a temas relacionados con el tratamiento de la covid-19, deficiencias en la atención pediátrica a la infancia y también en la cobertura de la salud mental.

Precisamente, la salud mental es uno de los componentes del sistema sanitario público andaluz que arrastra más insuficiencias. La Federación Salud Mental Andalucía ha alertado recientemente que la tasa de psiquiatras y psicólogos en esta comunidad es la mitad que la media española, que a su vez es bastante inferior a la media de la UE.

Según sus datos, en la comunidad andaluza sólo hay seis psiquiatras y tres psicólogos por cada 100.000 habitantes, totalmente insuficientes para cubrir la demanda creciente en este campo de la salud.

En un documento con un decálogo de medidas urgentes dirigido a todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 19 de junio, esta organización de familiares y personas con problemas de salud mental advierte: "La Federación lleva dos años alertando y poniendo de manifiesto el aumento de este gran problema, a pesar de que el número de personas afectadas por Trastorno Mental Grave no ha sufrido un incremento exponencial por la pandemia, sí lo han hecho los problemas leves o moderados de salud mental. Ello supone una importante saturación de los recursos, cuando ya venían siendo infrafinanciados y manifiestamente insuficientes respecto al número de personas que estaban atendiendo".

La tasa de psiquiatras y psicólogos en esta comunidad es la mitad que la media española

En su informe de 2021 presentado en el Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz recogía también estas carencias. Concretamente, la defensoría afirmaba que el control eficaz en la evolución de la patología y la adherencia al tratamiento "se ven lastrados por el distanciamiento entre citas con el especialista que hace el seguimiento, debido a la ínfima dotación de profesionales sanitarios en este ámbito". Y añadía que le parecía "especialmente escaso" el número de psicólogos clínicos, lo que, a su entender, dificulta que las personas que necesitan una psicoterapia individual puedan acceder a terapia en esta modalidad o completar con ella el tratamiento farmacológico prescrito.

Fuente: Publico.es