El cambio de líder en el partido popular no afecta al cumplimento de la Constitución, en lo que respecta al bloqueo del CGPJ y ahora del Constitucional
Se confirma que a los
conservadores les estorba la Ley y la Constitución.
Este domingo ha
caducado el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, y su renovación
completa depende de que el partido de Feijóo decida poner fin al boicot al cumplimiento
de la Constitución, y la renovación consiguiente de los vocales del CGPJ, que superan
en casi 4 años el periodo por el que fueron elegidos
La negativa del
Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a negociar la renovación del Consejo
General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace tres años y
medio, amenaza con extenderse al Tribunal Constitucional y mantener así a las
bravas una mayoría conservadora en ambos organismos durante mucho más tiempo
del previsto por la propia Ley Fundamental. Este 12 de junio ha caducado el
mandato de cuatro magistrados del tribunal de garantías cuya renovación
completa depende de que se pueda poner en marcha un nuevo CGPJ, bloqueado por
un PP que lo diseñó durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
En los próximos días,
el Gobierno tiene que decidir si activa por su cuenta la sustitución de los dos
candidatos que le corresponden, sin esperar a los dos que tiene que designar el
organismo que preside Carlos Lesmes en funciones y cuya capacidad de
nombramientos está limitada por ley. Está en juego, entre otras cosas, una
mayoría conservadora o una progresista en un momento delicado con asuntos como
el aborto y la eutanasia en la lista de espera de sentencias de enorme
proyección pública.
El PP de Feijóo ha
añadido el electoralismo a la nómina de excusas para bloquear el CGPJ que el
partido esgrime de forma inopinada desde que Pablo Casado asumiera en 2018 su
liderazgo. El dirigente gallego se ha comprometido en diferentes ocasiones a
que la organización que ahora preside tendrá un marcado perfil institucional,
ha insistido en que son un “partido de Estado”, e incluso ha presumido de que
la Alianza Popular de Manuel Fraga de la que son herederos nació “para escribir
y hacer cumplir la Constitución”, pese a las evidencias históricas que señalan
que parte del germen del PP rechazó el acuerdo constitucional de 1978, y votó
en contra o se abstuvo. Y pese a que desde 2018 han optado por no dar cumplida
cuenta de la renovación de los órganos que propugna la Ley Fundamental.
Las consecuencias van
mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces, y van a hacerse visibles
en los próximos días. El bloqueo llevó a una reforma legal, propuesta por PSOE
y Unidas Podemos y aprobada por la mayoría del Congreso con el voto en contra
de PP, Vox y Ciudadanos, que impide que un CGPJ en funciones nombre altos
cargos judiciales, y eso incluye dos magistrados en el Tribunal Constitucional
cada nueve años.
Dos magistrados del
Tribunal Constitucional que, según la ley del tribunal de garantías, se
renuevan de manera conjunta con los otros dos que dependen exclusivamente del
Gobierno central. Esos dos magistrados no se podrán designar hasta que no se
renueve el CGPJ, algo que por ahora parece fuera de los planes de Feijóo.
De hecho, el plante
del PP, como mínimo hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio,
puede llevarse la renovación del Poder Judicial hasta el otoño. El
procedimiento para que el Congreso y el Senado hagan sus nombramientos no es
inmediato, ya que incluye sendas comparecencias de los candidatos ante las
respectivas comisiones parlamentarias, además de la convocatoria de un pleno en
cada una de las cámaras. Julio y agosto no suelen ser meses hábiles.
Y ni siquiera está
claro el futuro de los otros dos que forman parte del mismo pack, porque en el
Tribunal Constitucional algunos interpretan que no se puede hacer por separado,
mientras y otros reconocen que no hay antecedentes claros en los que basarse.
Este bloqueo que
perpetúa una mayoría conservadora en el CGPJ puede traducirse, en primer lugar,
en un enfrentamiento institucional directo entre el Ejecutivo central y el
propio Tribunal Constitucional. Si el Gobierno optara por poner en marcha la
renovación de los dos magistrados que dependen de él, sin esperar al CGPJ,
sería el actual Constitucional el que complete algunos pasos para que se
hiciera efectivo.
La Ley deja en manos
del presidente solicitar al Gobierno la propuesta de designación de nuevos
magistrados antes de que expiren los mandatos. También debe ser el Pleno del
organismo el que verifique los nombramientos “para juzgar si los mismos reúnen
los requisitos requeridos por la Constitución”. Es decir, existe la posibilidad
de que el Gobierno proponga dos candidatos y el Constitucional, donde varios
entienden que la ley es muy clara a la hora de especificar que hay que renovar
a los magistrados de cuatro en cuatro, ponga reparos.
Las mayorías de ambos organismos
El conflicto que se
puede derivar no se queda en un posible choque de criterios entre Gobierno y
Tribunal Constitucional. El bloqueo del CGPJ, extensible a una facción del
Constitucional, puede facilitar que el PP extienda la mayoría conservadora
establecida con Rajoy en la Moncloa mucho más allá de lo que también marca la
Ley.
En el caso del
Consejo General del Poder Judicial, tres años y medio después de terminar el
mandato, el pleno sigue contando con una amplia mayoría conservadora que ha
realizado decenas de nombramientos en audiencias provinciales, tribunales
superiores y el Tribunal Supremo, decantando la balanza de los pactos a favor
de una mayoría de candidatos de esa sensibilidad. Algo que se extiende a
informes no vinculantes sobre leyes de gran importancia en las dos anteriores
legislaturas. Esta proporción, tal y como está planteada en la Ley, tendría que
haberse invertido en diciembre de 2018.
Si el CGPJ con el
mandato caducado no puede hacer nombramientos, tampoco puede renovar a dos
magistrados del Tribunal Constitucional, y esto deriva en que la mayoría
conservadora heredada de los gobiernos del PP se perpetúa mucho más allá de lo
que le corresponde. En estos momentos, y tras la última renovación de cuatro
candidatos surgida del acuerdo entre PSOE y PP de octubre de 2021, el pleno del
tribunal de garantías cuenta con siete miembros considerados del sector
conservador y cinco del progresista.
El posible bloqueo
tiene una consecuencia concreta: se mantiene la mayoría conservadora impulsada
en su momento por el PP. Si el ejecutivo central renueva su parte sin esperar
al Consejo, dos magistrados conservadores (el presidente Pedro
González-Trevijano y Antonio Narváez) serían sustituidos por dos progresistas y
eso invertiría los equilibrios del tribunal. Esa nueva mayoría parece estar en
el fondo de las reticencias de Casado, primero, y de Feijóo, ahora, para
acceder a la renovación.
Los asuntos pendientes
Este equilibrio de
fuerzas en el Tribunal Constitucional, que depende de los movimientos de
Gobierno, PP y del propio tribunal, llega en un momento en que los magistrados
tienen varios asuntos de enorme calado social encima de la mesa. El más
inmediato y más esperado es la sentencia sobre los recursos del Partido Popular
contra la Ley del Aborto, que llevan más de una década en el cajón. La
intención del nuevo ponente, Enrique Arnaldo, es tener una propuesta de
ponencia encima de la mesa del pleno para estas fechas.
La primera duda es
cuál será el contenido de esa ponencia y si tendrá apoyos suficientes para
salir adelante, pero también qué pleno del Constitucional será el que debata el
asunto. Si el pleno actual con mayoría conservadora o un pleno renovado en
tiempo y forma con mayoría progresista. Lo mismo sucede con asuntos como la
condena de Alberto Rodríguez, la Ley de Eutanasia, la Ley de la Infancia y
otras normas que todavía no están en agenda pero cuyos recursos ya han sido
admitidos a trámite.
El bloqueo del PP que
perpetúa una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, por
tanto, puede hacer lo mismo a corto plazo en el Tribunal Constitucional.
Teniendo en cuenta también otra consecuencia legal: cada día que un magistrado
permanece en el Constitucional con el mandato caducado es un día de menos que
tendrá de mandato el nuevo magistrado. Prolongar, por tanto, el mandato de un
magistrado conservador acorta el del progresista que le sustituirá.
Tampoco es
descartable que el Gobierno de España, espere a las conclusiones finales de la
próxima visita de la Vicepresidenta de la Comisión Europea.
Fuente: El Diario.es
Vicepresidenta de la CE visitará España y tratará de justicia, prensa e igualdad
La vicepresidenta de
la Comisión Europea encargada de Valores y Transparencia, Vera Jourová,
visitará España del lunes al miércoles de la próxima semana para hablar de
Estado de Derecho, libertad de prensa e igualdad, así como de la próxima
presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre de 2023.
Precisamente, la
presidencia de turno española, así como la guerra en Ucrania, centrarán la
reunión que Jourová tiene previsto mantener el lunes con el ministro de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señaló hoy la
Comisión Europea en un comunicado.
Ese mismo día,
Jourová mantendrá un encuentro con la Defensora del Pueblo Adjunta Primera,
Teresa Jiménez Becerril, que girará sobre los derechos fundamentales y el
Estado de Derecho.
El martes, la
vicepresidenta comunitaria empezará la jornada en un acto sobre la libertad de
los medios de comunicación organizado por el Foro Nueva Economía, e intervendrá
después en la Comisión de Justicia del Parlamento en un debate sobre esa misma
cuestión, así como sobre el Estado de Derecho, la justicia y la desinformación.
El Estado de Derecho
acaparará igualmente el encuentro que mantendrá el martes por la tarde con el
ministro de la Presidencia, Relaciones con el Parlamento y Memoria Democrática,
Félix Bolaños, mientras que con la vicepresidenta primera del Ejecutivo y
ministra de Economía y Asuntos Digitales, Nadia Calviño, Jourová tratará temas
digitales y la aplicación de las sanciones contra Rusia, y ambas comparecerán
después en una rueda de prensa conjunta.
Más tarde, ese mismo
martes, Jourová se reunirá con la ministra de Justicia, Pilar Llop, para tratar
temas relacionados con el Estado de Derecho, la justicia y la protección de
datos; y a continuación, debatirá sobre la violencia de género con un grupo de
organizaciones de la sociedad civil.
El último día de su
visita oficial, la política checa tiene previsto reunirse con el presidente del
Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y con el presidente del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para tratar sobre el
Estado de Derecho, la primacía y la relación entre el Tribunal Supremo y el
Constitucional.
La falta de
renovación del CGPJ, pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los
"retos" a los que "sigue enfrentándose" la Justicia
española, señalaba la Comisión Europea en el segundo informe sobre el Estado de
Derecho en sus 27 Estados miembros publicado en el verano de 2021.
Más tarde, Jourová
tiene prevista una reunión con la ministra de Igualdad, Irene Montero, para
hablar de la igualdad en la UE, incluidas las iniciativas de la Comisión sobre
la violencia contra las mujeres, la transparencia salarial y los organismos de
igualdad, así como las prioridades de la próxima presidencia española del Consejo
de la UE en 2023 en este ámbito.
Finalmente, la
vicepresidenta comunitaria celebrará un debate sobre la futura ley europea de
libertad de prensa con grupos de comunicación españoles, según la agenda
publicada hoy por la Comisión.
Fuente: EFE
