Informes comparativos revelan que Andalucía es la comunidad autónoma con el segundo sistema de salud de peor calidad, mientras se ha convertido en la sexta región española con un mayor nivel de privatización.
Por eso, su estado
actual también puede ser determinante en las elecciones del próximo 19 de
junio. Y las percepciones son muy distintas: el presidente de la Junta, Juan
Manuel Moreno Bonilla, habla de un 30% más de profesionales, de acuerdos
históricos con los trabajadores, mientras diversos estudios de organizaciones
de profesionales y sindicales revelan un retroceso del gasto y un notable
incremento de la privatización del sistema de salud.
Andalucía es, después
de Murcia, la comunidad con el peor sistema público de salud
Los datos aportados por el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública han sido una de las principales pruebas de cargo contra esa gestión. Según un estudio publicado en mayo de 2021 sobre la situación de los servicios sanitarios de todas las comunidades autónomas, Andalucía es, después de Murcia, la comunidad con el peor sistema público de salud, cuando en 2014 tenía el sexto mejor servicio sanitario de España. Para llegar a esa conclusión, los autores del informe analizan diferentes parámetros, como el gasto por habitante, número de camas y profesionales, valoración de los ciudadanos o listas de espera en cada región.
Los usuarios conceden
al sistema sanitario público andaluz la nota más baja
De acuerdo con esos
datos, Andalucía tiene el tercer presupuesto sanitario per cápita más bajo del
país, 1.388 euros frente a los 1.949 de Asturias, que es el mayor; dispone del
menor número de camas hospitalarias por cada mil habitantes, 2,19; el menor
número de médicos en atención especializada y en primaria, y de los más bajos
de enfermería.
Todo eso redunda en
una mala opinión de los usuarios, que conceden al sistema sanitario público
andaluz la nota más baja, empatada con Catalunya y por detrás de Canarias, que
ocupa el último puesto en valoración, según este informe.
La sexta comunidad
con más privatización
La gestión que se ha
llevado a cabo en el SAS en los últimos años también arroja otras conclusiones
importantes en relación al grado de privatización de sus servicios, algo que ha
sido analizado igualmente en otros informes de la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública, una organización de profesionales
sanitarios con representación en todo el Estado español. Concretamente, su
último estudio sobre este tema, publicado este mismo mes de mayo, revela que
desde 2019 Andalucía ha ido subiendo progresivamente en la clasificación de las
comunidades con mayor grado de privatización, hasta situarse en el sexto lugar,
cuando hace ocho años, en 2014, se encontraba entre las cinco regiones con un
menor nivel de privatización de sus servicios sanitarios.
Andalucía es ya la
tercera comunidad española con mayor porcentaje de camas en hospitales privados
En este informe se
tienen en cuenta el gasto por habitante en seguros, el porcentaje del gasto
sanitario público destinado a contratar centros privados y de camas en esos
centros, número de consultas en clínicas privadas, la incidencia de modelos de
colaboración público-privada y porcentaje de población cubierta con
mutualidades de funcionarios, entre otros factores.
Los datos del estudio
reflejan que Andalucía es ya la tercera comunidad española con mayor porcentaje
de camas en hospitales privados, tras Madrid y Catalunya, la cuarta en
consultas a especialistas de consultas privadas y la quinta en médicos
generalistas, así como la sexta en gasto por habitante en seguros sanitarios.
Un informe de CCOO de
Andalucía elaborado en 2021 ya había constatado un notable incremento del
presupuesto que destina la Junta a la asistencia sanitaria con medios ajenos,
es decir, mediante conciertos o colaboraciones con empresas privadas. Según sus
datos, la previsión que se hizo para este concepto en el presupuesto de 2022
-que finalmente no se aprobó por la falta de apoyos parlamentarios- suponía un
aumento del 42,95%, de 463,7 millones de euros a 662,9 millones, o sea, casi
200 millones de euros más. En ese cálculo se incluyen los gastos en medios
ajenos a la sanidad pública para conciertos, diálisis, asistencia con
especialistas, diagnósticos, transportes y otros servicios.
El último proceso de
privatización que ha sido duramente criticado es el de la ampliación del
contrato a Clínicas Pascual en la provincia de Cádiz, donde esa empresa ya
tenía una amplia implantación. Según denunció la Federación de Consumidores y
Usuarios Facua, la Junta va a abonar a esa empresa en un plazo de cinco años
más de 771 millones de euros para prestar servicios de asistencia especializada
y hospitalaria en sus centros de la capital gaditana, El Puerto de Santa María,
Sanlúcar de Barrameda y Villamartín. "No hay dinero para reponer las plantillas
de la Atención Primaria de toda Andalucía, que supondría un presupuesto de
alrededor de 200 millones de euros, no hay dinero para el necesario nuevo
Hospital Regional para la provincia de Cádiz, o para un nuevo
Materno-Infantil en
Huelva, pero sí hay para un nuevo concierto para complacer a la empresa Pascual
y ampliar su poder", afirmaba por su parte la coordinadora andaluza de las
Mareas Blancas.
Unos 20.000 millones
perdidos desde los primeros recortes
Las Mareas Blancas,
que defienden la sanidad pública y que sólo en el último año han convocado unas
150 movilizaciones de protesta por el estado que esta atraviesa en Andalucía,
tienen muy claro que los problemas del sistema de salud no empezaron en enero
de 2019 con el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos.
Estas plataformas
sociales, formadas en su mayoría por profesionales sanitarios jubilados o en
activo, entienden que el mal empezó con los recortes del gasto público
ejecutados a raíz de la crisis económica del principio de la segunda década del
siglo XXI, cuya gestión correspondió a
la Junta que gobernaba aún el PSOE, pero creen también que en los
últimos tres años y medio no se ha hecho nada por mejorarla, por recuperar el
terreno perdido, y que, al contrario, casi todo ha ido a peor.
"No se ha
llegado a recuperar nada de lo que se ha perdido en inversión en la sanidad
pública, que son unos 20.000 millones de euros desde 2009", señala José
Brieva, médico jubilado y portavoz de las Mareas Blancas, quien advierte de que
los problemas han aumentado en estos últimos años, no sólo a causa de los
estragos que ha originado la pandemia de la covid-19 en el sistema sanitario,
sino también por el envejecimiento de la población –ya hay un millón y medio de
personas con más de 64 años- que requiere una mayor atención médica y, por
tanto, un mayor gasto en salud.
La progresiva
privatización ha llevado ya a 1,7 millones de personas a optar por contratar un
seguro médico para recibir un servicio más ágil
A falta de un
incremento presupuestario suficiente para restituir lo que se perdió con los
recortes anteriores y cubrir las mayores necesidades de atención actuales,
Brieva considera que la sanidad pública andaluza sufre ahora "un auténtico
deterioro". Y eso es algo que, a su juicio, se puede apreciar fácilmente
en el colapso que sufren muchos centros de salud, en las listas de espera para
ser atendidos en atención primaria, en especialidades y también quirúrgicas
-860.000 personas en total, es decir, uno de cada diez andaluces-, y en la
progresiva privatización del sistema que ha llevado ya a 1,7 millones de
personas a optar por contratar un seguro médico para recibir un servicio más
ágil.
No tienen una visión
más optimista sobre el estado de la sanidad pública andaluza en el sindicato
CCOO, desde donde, aun admitiendo que la pandemia ha causado mucho estrés al
sistema, subrayan que la covid ha puesto al descubierto muchas de sus
deficiencias, sobre todo en su primer escalafón, en su puerta de entrada.
"La Atención Primaria está machacada, cansada, maltratada. Ahí es donde
están ahora los grandes déficits, los grandes problemas, sobre todo por la
escasez de trabajadores, que ya están muy agotados, además", dice su
secretario regional de Sanidad, José Pelayo Galindo.
Según este sindicato,
el tiempo de espera para ser atendidos por el médico de cabecera ha aumentado
y, aunque han disminuido las cifras globales de las listas de espera del SAS,
ha sido a costa de reducir los tiempos para las tipologías menos graves y más
numerosas e incrementar los de las graves y más complejas.
Los informes de CCOO,
como el mencionado anteriormente, incluyen estadísticas sobre el proceso de
privatización de la sanidad pública andaluza. Y Pelayo Galindo cree que esos
datos demuestran que la Junta gobernada por PP y Ciudadanos "ha multiplicado"
los esfuerzos para potenciar los modelos de colaboración público-privada.
"Eso –afirma- deteriora la sanidad pública y rompe la equidad y la
cohesión de la población. Se puede decir que han sido los años más
neoliberales, con el aumento de los conciertos, de los apoyos a la privada.
Vamos hacia modelos de otras comunidades gobernadas por el PP que tienen mucho
más externalizados los servicios públicos sanitarios".
Faltan más de mil médicos en Atención
Primaria
En el Sindicato
Médico Andaluz ven con otra perspectiva el estado de la sanidad andaluza. Aunque esta organización sindical
profesional había dicho al principio de la legislatura que no se había cumplido
ninguna de sus expectativas con el nuevo gobierno, al terminar el mandato
considera que la situación del sistema sanitario está "razonablemente
controlada" y se ha mejorado en relación a años anteriores y a otras
comunidades autónomas, sobre todo en lo que respecta a las condiciones
laborales de sus profesionales.
A ello han ayudado,
según su presidente, Rafael Carrasco, dos acuerdos firmados entre Junta y
sindicatos: uno en 2020 sobre el pago de las guardias y el complemento de
exclusividad, y otro suscrito apenas hace un mes, sobre la continuidad de la
jornada y el acceso a la carrera profesional, entre otros aspectos. Esos
acuerdos han permitido, por ejemplo, que la guardia de un médico se pague a un
poco más de 22 euros la hora, 7 euros más que antes y ya en la media española,
según esta organización sindical.
En la Atención
Primaria faltan entre 1.000 y 1.500 profesionales más para cubrir la demanda de
consultas que tiene actualmente la comunidad
"Hemos
conseguido una mejora en las retribuciones que no teníamos desde hacía
tiempo", asegura Carrasco. Sin embargo, este sindicato también considera
que aún faltan cosas que mejorar, por ejemplo, aumentar la plantilla de médicos
del sistema público andaluz, sobre todo en la Atención Primaria, en la que,
según sus cálculos, harían falta entre 1.000 y 1.500 profesionales más para
cubrir la demanda de consultas que tiene actualmente. O diseñar de una vez un
plan estructural para abordar con previsión todas las necesidades del sistema,
entre ellas las listas de espera, y no responder a los problemas que se van
presentando con medidas de choque coyunturales para salir del paso.
Los bajos salarios de los médicos en Andalucía constituyen uno de los motivos principales de la fuga de estos profesionales a otras comunidades autónomas o al extranjero, donde cobran más por el mismo trabajo. El Informe de Demografía Médica que elabora el Consejo Andaluz de Médicos (CAM) reveló en su último estudio la falta de médicos especialistas en esta comunidad, la cual atribuye, fundamentalmente, a la escasez de oferta de plazas MIR para formar a nuevos facultativos y a razones retributivas. Según este informe, 474 médicos andaluces se fueron a trabajar en 2020 a otras comunidades y 49 al extranjero.
Otro informe, el
Estudio Comparativo de las Retribuciones de los Médicos de Atención Primaria en
España entre 2009 y 2018, elaborado por la Organización Médica Colegial que
representa a los facultativos colegiados de toda España, refleja que el sueldo
neto de los profesionales andaluces, sin contar las guardias, era en ese último
año de los más bajos del país en todas las tablas y estaba entre 148 y 509
euros por debajo del salario medio neto estatal, que se situaba entre 2.449 y
3.539 euros.
Reacción tras el
despido de 8.000 trabajadores
El frente laboral ha
sido especialmente cuidado por la Junta en los últimos meses de la legislatura,
después de la marejada que levantó su decisión de despedir en octubre a 8.000
de los 20.000 profesionales sanitarios que había contratado de refuerzo para
hacer frente a la pandemia en los hospitales andaluces. Aquel despido originó
un gran número de concentraciones y manifestaciones de organizaciones sociales
y sindicales en toda la comunidad, ante lo cual el Gobierno andaluz reaccionó
en marzo, semanas antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas, con
la aprobación de una partida extraordinaria de 345 millones de euros para hacer
cerca de 12.000 contratos de refuerzo en el SAS hasta finales de año.
Luego, en abril,
llegó el acuerdo in extremis con los sindicatos que Moreno Bonilla calificó de
"histórico". "Todas estas mejoras para los profesionales
sanitarios suponen una inversión de 102 millones para este año y supondrán
sumar 170 millones anuales a las retribuciones de nuestros sanitarios",
dijo, al anunciar el acuerdo, el candidato por el PP a la reelección como
presidente de la Junta. Según sus datos, en Andalucía hay ahora 30.000
profesionales, seis hospitales, cinco centros de salud y 448 UCI más en la
sanidad pública que cuando él llegó al cargo.
En 2021 aumentaron un
35% las consultas y quejas por la atención sanitaria
Otro termómetro para medir
el estado de la sanidad son las quejas que presenta la ciudadanía ante el
Defensor del Pueblo Andaluz. Y el último informe anual de la defensoría reflejó
que en 2021 aumentaron un 35% las consultas y quejas por la atención sanitaria
recibida en centros de salud y hospitales de la comunidad. El incremento de las
quejas se debió, fundamentalmente, a temas relacionados con el tratamiento de
la covid-19, deficiencias en la atención pediátrica a la infancia y también en
la cobertura de la salud mental.
Precisamente, la
salud mental es uno de los componentes del sistema sanitario público andaluz
que arrastra más insuficiencias. La Federación Salud Mental Andalucía ha
alertado recientemente que la tasa de psiquiatras y psicólogos en esta
comunidad es la mitad que la media española, que a su vez es bastante inferior
a la media de la UE.
Según sus datos, en
la comunidad andaluza sólo hay seis psiquiatras y tres psicólogos por cada
100.000 habitantes, totalmente insuficientes para cubrir la demanda creciente
en este campo de la salud.
En un documento con
un decálogo de medidas urgentes dirigido a todos los partidos políticos que se
presentan a las elecciones del 19 de junio, esta organización de familiares y
personas con problemas de salud mental advierte: "La Federación lleva dos
años alertando y poniendo de manifiesto el aumento de este gran problema, a
pesar de que el número de personas afectadas por Trastorno Mental Grave no ha
sufrido un incremento exponencial por la pandemia, sí lo han hecho los
problemas leves o moderados de salud mental. Ello supone una importante
saturación de los recursos, cuando ya venían siendo infrafinanciados y
manifiestamente insuficientes respecto al número de personas que estaban
atendiendo".
La tasa de
psiquiatras y psicólogos en esta comunidad es la mitad que la media española
En su informe de 2021
presentado en el Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz recogía también
estas carencias. Concretamente, la defensoría afirmaba que el control eficaz en
la evolución de la patología y la adherencia al tratamiento "se ven
lastrados por el distanciamiento entre citas con el especialista que hace el
seguimiento, debido a la ínfima dotación de profesionales sanitarios en este
ámbito". Y añadía que le parecía "especialmente escaso" el número
de psicólogos clínicos, lo que, a su entender, dificulta que las personas que
necesitan una psicoterapia individual puedan acceder a terapia en esta
modalidad o completar con ella el tratamiento farmacológico prescrito.
Fuente: Publico.es