En 2021, neoconservadores y ultraconservadores, instauraron en la Sede de la Soberanía Nacional, la política basura de mentiras y embustes como forma de hacer oposición.
España no es un país de seis millones
de parados donde se protege la okupación ilegal y se abandona a su suerte a los
propietarios de viviendas. Ni el Gobierno central ha permitido la muerte de
20.000 ancianos de covid en residencias por la mala gestión de un
vicepresidente que carecía de competencias sobre la materia. Ni se ha producido
una subida de impuestos de 80.000 millones de euros en un año. Ni se ha
excarcelado a etarras a cambio del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos
Generales del Estado. Estas son solo algunas de las mentiras que se han colado
este año en los debates del Congreso de los Diputados cuando la legislatura
llega a su ecuador.
La Cámara Baja ha celebrado 74 plenos
en 2021, de los que EL PAÍS ha analizado 23: aquellos que incluían las sesiones
de control. Cerca de 45 horas de debate con 343 preguntas al Gobierno. La
revisión arroja un resultado poco halagüeño: casi la mitad de las preguntas
(166, según los cálculos de EL PAÍS) contienen falsedades, exageraciones,
acusaciones sin pruebas o comentarios fuera de lugar que desvirtúan el debate
público y devalúan la función fiscalizadora del Parlamento. Este comportamiento
ha estado encabezado por los partidos mayoritarios de la oposición, PP y Vox.
Los diputados tienen el derecho y la obligación de examinar de forma constante
e incisiva la actuación del presidente y su Gobierno, pero el control de la
gestión debe versar sobre lo que se hace y lo que se dice, cumpliendo el
compromiso de supervisión. Y no siempre ha sido así.
Lo que sigue es un resumen cronológico
de algunos de los episodios en los que diputados recurrieron a premisas falsas
o manipulaciones para atacar al adversario.
Febrero, del supuesto recorte de
pensiones a las madres.
La oposición zarandeó al Gobierno por,
entre otras cosas, un supuesto recorte de las pensiones a las madres.
— Santiago Abascal (Vox): “Ustedes
atacan el interés general, señor Sánchez, cuando aplauden la censura de las oligarquías
digitales contra este grupo político por denunciar la inseguridad y la
criminalidad que trae la inmigración ilegal y los mena”. Mientras el número de
menores no acompañados aumentó de 2019 a 2020, de 2.873 a 3.307, según la
Fiscalía, la cifra de infracciones penales investigadas relativas a menores
extranjeros (el registro del ministerio no distingue acompañados o no)
disminuyó de 4.673 a 3.992.
— Pablo Casado (PP): “...y lo que es
más grave, \[Pablo Iglesias\] lleva semanas diciendo que España es una
dictadura en la que hasta te pueden envenenar”.
Lo que dijo en realidad Iglesias fue:
“No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España
cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan en Cataluña, uno
está en la cárcel y el otro está en Bruselas”. Días después hizo otra
declaración similar, pero en ningún caso se acercó a los términos que expresó
Casado.
— Iván Espinosa de los Monteros (Vox):
“Mañana traen aquí una ley para rebajar las pensiones a las madres con hijos,
una ley sin ningún escrúpulo”.
Con el cambio en el complemento de
maternidad (artículo 60 de la Ley de Seguridad Social), el cómputo por hijo,
hasta un total de cuatro, comienza en el primero, en lugar de en el segundo,
como ocurría con la normativa anterior. El Ministerio de Inclusión y Seguridad
Social calcula que esto amplía la prestación a unas 30.000 mujeres. Además,
sustituye la fórmula de cálculo basada en porcentajes sobre la propia pensión
(5% para dos hijos, 10% para tres, 15% para cuatro), por una cuantía fija de
378 euros al año repartidos en 14 mensualidades por cada hijo. El departamento
estimó que aumentaría la pensión media un 6% y la mínima un 8% en el caso de
dos hijos. En conjunto, el ministerio calcula que el 75% de las mujeres con
hijos que se convertirán en pensionistas a partir de ahora recibirán una
cuantía mayor que con la normativa anterior.
— Macarena Olona (Vox). “...Nuestra
democracia está en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en
el Gobierno; un partido comunista corrupto, imputado por financiación ilegal
proveniente de narcodictaduras”.
Las causas contra Podemos —al que
Olona identifica como partido comunista— por financiación ilegal proveniente de
Venezuela se han demostrado, de momento, falsas. Algunas recogían incluso
pruebas fabricadas por la policía española. En cuanto a la imputación por el
conocido como caso Neurona, cuyo nombre viene de la consultora de origen
mexicano a la que Podemos reclutó para su última campaña electoral, en caso de
que finalmente se probase que no realizó los trabajos para los que se la
contrató y hubiera sido el canal del partido para cobrar comisiones en negro,
el dinero procedería del propio Estado español, en ningún caso de uno
extranjero.
— Ignacio Gil Lázaro (Vox). “[El
Gobierno] usa masivamente a los presos de la banda, concediéndoles beneficios
penitenciarios, excarcelándolos”.
Las excarcelaciones, tanto por cumplimiento
de la pena como por disfrute de la libertad condicional, dependen única y
exclusivamente del juez de vigilancia penitenciaria, el Ministerio del Interior
no interviene. En el caso de los llamados beneficios penitenciarios, como la
progresión de grados, aunque son concedidos por Instituciones Penitenciarias de
acuerdo con el reglamento de Prisiones, en caso de recurso de la Fiscalía o del
interesado, también es el juez quien tiene la última palabra.
— Diego Gago Bugarín (PP). “Si
seguimos por el camino que usted nos marca [Teresa Ribera, vicepresidenta
tercera], probablemente el cierre de empresas será todavía mucho mayor. Ya el
año pasado se fueron 700.00 empresas literalmente al cierre”
De acuerdo con el anuario de Trabajo,
el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en 2019 fue de
2.919.407. En 2020, la cifra descendió hasta las 2.897.425, lo que dejaría un
saldo negativo de 12.982.
Marzo, de las prisiones vascas a la
okupación.
La oposición denunció las supuestas
maniobras del Gobierno para favorecer a presos etarras.
— Teresa Jiménez-Becerril (PP): “En
pocos días traspasarán al Gobierno vasco la competencia de prisiones para que
los etarras y los terroristas salgan a la calle”. El traspaso, previsto en los
artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Autonomía vasco de 1979, solo abarca la
gestión de las prisiones, es decir, la ejecución de la legislación en materia
penitenciaria es competencia del Gobierno y la excarcelación de presos depende
de los jueces.
— Ana María Zurita (PP). “Traen dos
decretos donde, con el pretexto de prohibir los desahucios[...], legalizan la
okupación y la libre disposición de propiedades que no son suyas. Okupa y
expropia, ataca impunemente a la propiedad privada”. Los reales decretos del 31
de marzo y del 22 de diciembre suspendían, sin cancelar y “con carácter
extraordinario y temporal” por el estado de alarma, los desahucios en
determinados supuestos. Entre otras condiciones, se establecía que el inquilino
estuviera en una situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios
sociales y no tuviera una alternativa habitacional —se conminaba a la
Administración a encontrársela, en cuyo caso se levantaría la suspensión y se
reanudaría el desahucio— y que el propietario de la vivienda fuera titular de
más de 10 domicilios. No se aplicaría en ningún caso en inmuebles cuyo titular
tuviera menos de 10 viviendas; tampoco en casos de primeras o segundas
residencias acreditadas, independientemente del número de propiedades del
titular; y tampoco si el ingreso o la permanencia en el inmueble eran
consecuencia de la comisión de un delito. En el segundo decreto, este último
punto se sustituyó por el supuesto de que hubiera mediado “intimidación o
violencia” en la entrada o para permanecer en la vivienda. En cualquier caso,
se reconocía la potestad al juez de realizar una “valoración ponderada y
proporcional del caso concreto”. En el pleno del 24 de marzo, el popular Miguel
Ángel Castellón volverá a sostener que el decreto “ampara la okupación ilegal”
e “impide que los jueces puedan devolver el uso de un inmueble okupado a sus
propietarios”.
— Ana María Zurita (PP). “Tenemos una
España con 5,5 millones de parados y, en vez de 20.000 viviendas construidas,
tenemos 15.000 okupadas”. El paro en febrero, según el SEPE, el número de
desempleados era de 4.008.789. Las condenas por allanamiento de morada en 2020
(en cuyo tipo cae la okupación a particulares) fue de 185, según el INE. Las
condenas por usurpación (donde caería la okupación de casas vacías de bancos)
fue de 3.157. Para encontrar una cifra parecida a 15.000 okupaciones habría que
ir a las denuncias, pero sin tener en cuenta su desenlace. Ascendieron en 2020
a 14.675, sin distinción entre uno y otro tipo.
— Pablo Casado (PP). “Más de 30.000
ancianos han muerto en residencia y 55.000 han fallecido esperando su
prestación por dependencia. Ese es el único legado del señor Iglesias”. Las
residencias de ancianos son competencia autonómica, por lo que no corresponde
atribuirle a Iglesias la responsabilidad por los fallecimientos.
— Cuca Gamarra (PP). “Los casi seis
millones de españoles que quieren trabajar y no pueden [...] no son la
prioridad de su Gobierno”. El paro en febrero ascendió a 4.008.789 personas. Si
se incluyera a los trabajadores en ERTE como parte de los que quieren trabajar
y no pueden, habría que sumarle 858.785. En total, 4.867.574, aún lejos de los
seis millones. En el pleno del 24 de marzo, Casado volverá a hablar de “seis
millones de desempleados”.
— Edmundo Bal (Ciudadanos). “Ha
prometido usted el escudo social, y más del 80% de los hogares españoles aún
esperan el ingreso”. De acuerdo con los datos disponibles en aquel momento del
Ministerio de Seguridad Social, a 16 de diciembre de 2020, de las 1.079.422
solicitudes de ingreso mínimo vital (IMV) válidas, se habían resuelto 626.355,
es decir, el 58%. Quedarían por resolver el 42%.
— Pablo Casado (PP). ”El Gobierno ha
ocultado casos de extorsión y abusos a menores en Valencia y Baleares”. Los
casos a los que se refiere no se ocultaron sino que fueron investigados y, en
el caso de Valencia, castigados. El Consell Insular de Mallorca, gobernado por
PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos, creó una comisión de expertos que el
pasado septiembre presentó un informe con recomendaciones para evitar nuevos
casos. La Fiscalía de Menores de Baleares archivó la investigación sobre una
supuesta red organizada dedicada a la explotación sexual tras nueve meses de
investigación.
— Rosa María Romero (PP). “¡Estamos en
la cola de Europa en vacunación!”. A 23 de marzo de 2021, en España había 2,16
millones de personas completamente vacunadas, lo que la colocaba en el cuarto
puesto de la UE, detrás de Alemania, Italia y Francia. En porcentaje, eso
suponía el 4,61% de su población, lo que la situaba en noveno lugar.
Abril, la violencia contra Vox. Las cifras del paro servían otro mes
más como arsenal de la oposición contra el Gobierno.
— Ignacio Gil Lázaro (Vox). “La
violencia callejera contra Vox en Vallecas la convocó personalmente Pablo
Iglesias. Y, finalmente, la semana pasada el propio presidente del Gobierno la
avaló desde esa tribuna”. La acusación contra Iglesias carecía de pruebas y la
afirmación sobre Pedro Sánchez era falsa. Lo que dijo la semana anterior fue:
“Condenamos la violencia, hasta la que ustedes han sufrido, no creemos en el
conflicto, también descalificamos y condenamos cualquier tipo de violencia que
usted o su formación haya sufrido”.
Mayo, a vueltas con la fiscalidad.
El debate sobre la supuesta intención
del Gobierno de subir impuestos irrumpió en el Congreso.
— Pablo Casado (PP). ”¿Cómo puede
decir que quiere usar los fondos europeos para repartir a dedo 70.000 millones
de euros a cambio de subir 80.000 millones de euros de impuestos a las clases
medias y trabajadoras?” El Gobierno no ha subido 80.000 millones en impuestos
durante 2021. El Ejecutivo afirma que quiere, a lo largo de los próximos 30
años, cerrar la brecha de siete puntos entre el nivel de tributación del país y
la UE. De conseguir cerrar esa brecha, se calcula que la recaudación anual
podría aumentar en 80.000 millones de euros. Las estimaciones de final de 2021
señalaban que la recaudación iba a superar en 4.500 millones la prevista
inicialmente en los Presupuestos.
— Iván Espinosa de los Monteros (Vox).
“A los de Bildu todos los viernes les acercan los presos condenados por
terrorismo, ya solo les queda un último viernes de sangre para que estén todos
bajo la tutela del PNV y que puedan soltar las autoridades penitenciarias, a
las que les han transferido ustedes la competencia para ese fin”. Como se ha
explicado anteriormente, El Gobierno no transfirió la política penitenciaria
sino la gestión de las prisiones. Ignacio Gil Lázaro repetirá más adelante
falsamente que se pondrá “en manos exclusivas de Urkullu y de Otegi la suerte
final de los presos vascos”, y que “con la entrega de las prisiones”, se verán
“excarcelaciones y cumplimientos de condena en libertad”.
— Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda
y ministra de Trabajo, de Unidas Podemos): “¿Sabe cuántos autónomos perdimos con
la gestión de la crisis financiera del PP? Fueron 551.000″. Si se miran los
números de afiliación a la Seguridad Social del Régimen de Autónomos, durante
los Gobiernos de Mariano Rajoy también aumentaron paulatinamente. En noviembre
de 2011 eran 2.875.415,47 y al término de junio de 2018 eran 3.084.641,90.
— Macarena Montesinos (PP). “Durante
la pandemia, ustedes obligaron a los autónomos a pagar la cuota cuando no
tenían ingresos, súmenle el hachazo del IRPF, el de la subida del diésel, el
del impuesto de matriculación, el de las primas de seguro, el de los peajes de
las autovías,...”. El mismo marzo de 2020, el Gobierno aprobó una prestación
extraordinaria para los autónomos que se hubieran visto obligados a parar su
actividad o hubieran sufrido una merma del 75% en sus ingresos. La medida
incluía la exención de pagar la cuota a la Seguridad Social. Además, no subió
el impuesto del diésel y renunció a los peajes.
— Pablo Casado (PP). “Para la
concesión de un indulto, debería recordar que hace falta primero pedirlo, luego
tener el informe del tribunal y después arrepentirse y comprometerse a no
reincidir. Nada de eso cumplen sus socios, sino todo lo contrario”. El artículo
21 de la ley que regula la concesión de indultos establece que el Gobierno
puede abrir el expediente sin que medie solicitud del condenado. No requiere el
compromiso de no reincidir, solo establece que no podrán ser indultados los
reincidentes (artículo 2.3). Es decir, habla de actos ya producidos, no de la
posibilidad de que ocurran en el futuro. El arrepentimiento forma parte de los
aspectos a ponderar por el tribunal sentenciador, pero no es un requisito
exigible al condenado (artículo 25).
— Inés Arrimadas (Ciudadanos). “¿Y qué
hace el Gobierno de Sánchez? Eliminar la prestación por hijo a cargo. Si de verdad
quieren ayudar a las familias, recuperen la prestación por hijo a cargo”. El
Gobierno no eliminó la prestación por hijo a cargo, la integró en el ingreso
mínimo vital (IMV). A partir del 31 de diciembre de 2020, todos aquellos que
cumplieran los requisitos para recibir esa prestación pasaban a ser
beneficiarios del IMV.
Junio, la ilegalidad de los indultos.
Los indultos a los presos del procés,
aprobados el 22 de junio en Consejo de Ministros, se convirtieron en arma
arrojadiza en el Congreso.
— Iván Espinosa de los Monteros (Vox).
“Si están indultando a los asesinos más peligrosos de la historia de España,
¿cómo no van a indultar ahora a los golpistas y corruptos?”. El Gobierno no ha
indultado a ningún asesino.
— Pablo Casado (PP). “¡Si ya hasta
acepta el referéndum que usted [Sánchez] prometió en campaña tipificar como
delito!”. El presidente del Gobierno nunca ha aceptado la celebración de un
referéndum de autodeterminación en Cataluña.
— Santiago Abascal (Vox). “Este
indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque llegó cabalgando
sobre la mentira, sino directamente en la ilegalidad”. La potestad del Gobierno
de otorgar indultos está recogida en la Ley desde 1870.
Octubre, el crimen de Lardero y la
política penitenciaria.
El asesinato de Álex, un niño de nueve
años, en Lardero (La Rioja), a finales de octubre, provocó un grave altercado
parlamentario. La oposición atribuyó al ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, la responsabilidad por lo ocurrido.
— Javier Merino (PP). “¿Qué responsabilidad
van a asumir ustedes por la concesión del tercer grado al asesino del niño de
Lardero, con el criterio en contra de la junta de tratamiento de la prisión?”.
— Ignacio Gil Lázaro (Vox). “¿Se
considera usted responsable político de una decisión tomada por su ministerio
concediendo el tercer grado al que luego ha resultado ser el asesino de
Lardero? Es usted responsable político, señor ministro del Interior, porque
tomó una decisión inadecuada, tomó una decisión frívola, tomó una decisión
peligrosa”.
El asesino de Álex, durante el
disfrute del tercer grado, el más restrictivo, solo podía salir del centro
penitenciario “con controles y medios de tutela” para hacer gestiones. Esto no
fue recurrido por la Fiscalía y, durante ese tiempo, el preso no cometió ningún
delito. Un juez decretó su libertad condicional y un año después cometió el
crimen.
Diciembre, ‘ley mordaza’.
Con manifestaciones de los sindicatos
policiales contra la reforma de la ley mordaza, el Congreso recogió más debates
sobre esa iniciativa.
— Ana Belén Vázquez (PP). “Ustedes
quieren una ley de impunidad de delincuentes; ustedes quieren una ley con
capacidad para atacar a la policía y atacar a la sociedad. Si hace tres años
esta era la línea tan delgada que defendía la seguridad [muestra una foto y
sujeta con la mano una pelota diminuta de tenis de mesa], ¿me va a decir ahora
que lo van a poder hacer jugando al ping-pong, señor Marlaska?”.
La propuesta del Gobierno no recorta
el material antidisturbios ordinario, como las pelotas de goma. Solo señala la
obligación de elaborar protocolos específicos de acuerdo con los estándares
internacionales para emplear los medios menos lesivos y evitando aquellos que
causen lesiones irreparables. Tampoco suprime la presunción de veracidad de los
agentes de policía, solo los conmina a elaborar un relato de los hechos que sea
“coherente, lógico y razonable, como sugería la diputada.
— Teodoro García Egea (PP). “Desde que
usted [Yolanda Díaz] es vicepresidenta, la luz ha subido un 500%. ¿Va a
incumplir su promesa de que se pague el mismo precio de la luz que en 2018?”.
El secretario general del PP mezcla la subida del precio mayorista de la luz
con el precio en la factura a los consumidores, y dirige su pregunta a una
ministra sin competencias en la materia, puesto que recae en el departamento de
Transición Ecológica que comanda Teresa Ribera.
— Iván Espinosa de los Monteros (Vox).
“Lo que me dijo [la vicepresidenta primera, Nadia Calviño] fue: ‘El Gobierno no
va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora’. Eso
fue lo que dijo usted, pero luego no han dejado un impuesto atrás. Subieron el
IRPF, el impuesto de sociedades, inventaron la tasa Google...”. Ninguno de los
cambios en esos impuestos afecta a las clases media y trabajadora. El IRPF se
ha subido tres puntos a las rentas del capital a partir de 200.000 euros y dos
puntos a las rentas del trabajo superiores a los 300.000, menos del 0,2% de los
contribuyentes. El impuesto de sociedades solo afecta al 0,7% de las grandes
empresas, aquellas integradas en grupos o que facturan más de 20 millones
anuales. La tasa Google grava al 3% las operaciones de publicidad online,
intermediación digital y venta de datos de usuarios por parte de compañías que
facturen al menos 750 millones de euros en el mundo y un mínimo de tres de
ellos en España.
“Indecente, inmoral, fascista...”
Traición, falta de escrúpulos,
indecencia, inmoralidad, sadismo… El Congreso de los Diputados ha escuchado a
lo largo del año, y mayoritariamente en las sesiones de control al Gobierno,
palabras gruesas, ataques personales y comparaciones excesivas que equiparan al
adversario con un enemigo a abatir con toda clase de acusaciones, por muy
infundadas que sean.
Esta dinámica parlamentaria desplaza
en muchas ocasiones los debates de fondo y añade ruido en la conversación pública,
pervirtiendo el sentido del intercambio político de ideas. Estos son solo
algunos episodios parlamentarios recogidos en el análisis de EL PAÍS sobre las
23 sesiones de control al Gobierno celebradas en 2021.
Santiago Abascal (Vox): “El Gobierno
traiciona al Rey, al Supremo y al conjunto de los españoles. “Han convertido a
esta Cámara en una especie de mercado negro en el que se trafica con la
soberanía nacional y se entrega al postor más ventajista (...) Ustedes han
traicionado todos sus juramentos al orden constitucional; ustedes han
traicionado al Rey; ustedes han traicionado al Tribunal Supremo y a la
Justicia; ustedes han traicionado al conjunto de los españoles honrados que
cumplen las leyes, especialmente a los catalanes que padecieron el golpe del
año 2017 [en referencia al referéndum ilegal y la declaración de
independencia]. Este indulto le sitúa a usted no ya en la ilegitimidad, porque
llegó cabalgando sobre la mentira, sino directamente en la ilegalidad”.
Edmundo Bal (Ciudadanos): “Cínicos sin
escrúpulos que pisotean el Estado de derecho”. “No tienen escrúpulos con tal de
mantenerse en el poder. Son ustedes unos cínicos. Si fuera necesario para
mantenerse en el poder volverlos a meter en la cárcel, lo harían, porque no
tienen moral. El problema es que pisotean el Estado de derecho con tal de dar
contento a [Oriol] Junqueras”.
Montse Bassa (ERC): “Solo los
fascistas tienen libertad de expresión”. “En su España solo tienen garantizado
el derecho a la libertad de expresión los fascistas, aquellos que quieren
fusilar a medio Estado y quienes insultan a judíos y a musulmanes”.
Cuca Gamarra (PP): “Entre traición y
lealtad, siempre eligen traición”. ”Sabemos que su palabra tiene poco valor,
pero lo realmente grave es que están traicionando a los españoles. Ustedes,
cuando tienen que elegir entre traición y lealtad, siempre eligen traición”.
Andrés Lorite (PP): “Saco sin fondo de
la indecencia, la encarnación de la mentira, la inmoralidad hecha carne”. ”Usted
es un saco sin fondo de la indecencia, es la encarnación de la mentira, señor
Ábalos [José Luis, ex ministro de Transportes] usted es la inmoralidad hecha
carne, el brazo ejecutor de las miserias de Sánchez y de los devaneos chavistas
de Zapatero”.
Míriam Nogueras (Junts per Catalunya):
“Golpe de estado togado”. ”¿Qué está haciendo el Gobierno más progresista de la
historia frente a este golpe de Estado togado? Aprovecharse, rendirse a ese
poder fascista y colaborar con él cuando les ha convenido”.
Ignacio Gil Lázaro (Vox): “Gobierno
mafioso y pandillero”. “Ustedes saben que solo les queda VOX para defenderse
del acoso de este Gobierno inútil, mentiroso y sectario, un Gobierno ahora
también de vocación pandillera, un Gobierno mafioso”.
José Ignacio Echániz (PP): “Sacrificar
a mujeres y niños para salvarse Sánchez”. ”Si Pedro Sánchez hubiera estado en
el Titanic, habría sacrificado a las mujeres y a los niños para salvarse él”.
Pablo Casado (PP): “Un Gobierno sádico
que señala a periodistas y presiona a jueces”. “El sadismo de su Gobierno es
eso, es señalar periodistas, es presionar a jueces y es bloquear el Parlamento,
pero usted sigue en su helicóptero de campaña diciendo además que la pandemia
genera proyectos transformadores. Pero lo más grave es que, para ocultar este
juego de trilero, usted destruye todos los contrapesos institucionales”.
Ignacio Gil Lázaro (Vox): “Ministros que
jalean el terrorismo callejero”. ”Esos ministros comunistas [los de Unidas
Podemos] con cartera en el Consejo que se atreven sistemáticamente a jalear
cualquier forma de terrorismo callejero; a una chusma violenta que existe y que
está ahí y que sigue pretendiendo poder quemar vivo a un policía algún día”.
POSDATA
Supongo que el lobby energético estará
brindando con champán después que hayan conseguido que la Comisión Europea haya propuesto
declarar las energías, nuclear y del gas natural, como energías verdes.
Ahora solo falta que las declaren energías ecológicas y sostenibles. ¿Cómo Chernobyl, quizá?
Por otra parte, neoconservadores y ultraconservadores,
de PP, Ciudadanos y Vox, han manifestado su intención de votar contra los
acuerdos alcanzados entre Gobierno, sindicatos y empresarios el pasado 23 de
diciembre para reformar estructuralmente el mercado laboral, aprobados por Real
Decreto Ley, en el último Consejo de Ministos de 2021. A alguien le extraña
que esta cuadrilla vote en contra de los trabajadores.
Luego, tras la obligada votación en el Congreso para convalidar el Real Decreto Ley de los mencionados acuerdos, de confirmarse sus votos en contra y a la vista de lo expuesto en este artículo, que no esperen que trabajadores y pensionistas salgan en tropel a votarles en los futuros comicios electorales de 2022 y 2023. El tiempo pasa y pone a cada uno en su lugar. TIC TAC.
Fuente: El
Pais.com
