En España
la democracia no va bien, principalmente en autonomías donde gobierna el Partido Popular junto con Vox, o respaldado por éste. Y si gobiernan el Estado, ambos pretenden expandir a toda España esas políticas que fomentan la injusticia social, puesto que, el partido ultra pone letra y música, dejando para el obediente PP, que baile y cante,
cuando toque.
1) La Comisión Europea quita la
razón de ser, a la prioridad nacional de Vox.
Introducción
El debate sobre la llamada «prioridad
nacional», defendida por Vox y respaldada por el Partido Popular (PP), ha
generado una importante controversia política y jurídica en España. Esta
propuesta pretende dar preferencia a los ciudadanos españoles frente a los
extranjeros en el acceso a determinados servicios públicos. Sin embargo, esta
iniciativa ha encontrado límites en la normativa de la Unión Europea, ya que
las políticas nacionales deben respetar los principios de igualdad, no
discriminación y protección de los derechos fundamentales. La Comisión Europea
ha advertido que aplicar este principio podría entrar en conflicto con el
derecho comunitario y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE).
Desarrollo
La propuesta de establecer una
prioridad para los ciudadanos españoles en el acceso a los servicios públicos
plantea interrogantes sobre la igualdad de derechos entre las personas que
residen en un país. Aunque los Estados tienen competencias para organizar sus
políticas sociales y administrativas, estas no son ilimitadas, puesto que deben
ajustarse a las normas europeas que regulan los derechos de los ciudadanos y de
los residentes extranjeros.
En este contexto, la Comisión Europea
ha recordado que los Estados miembros y las comunidades autónomas no pueden
modificar unilateralmente las condiciones de acceso a determinados servicios
cuando estas se encuentran reguladas por la legislación comunitaria. Esta
advertencia pone de manifiesto que las decisiones políticas nacionales deben
respetar los compromisos jurídicos asumidos dentro de la Unión Europea.
La cuestión llegó a las instituciones
europeas a raíz de una pregunta presentada por Vicent Marzà, eurodiputado de
Compromís e integrante del grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
(Verdes/ALE). Marzà solicitó aclaraciones sobre la compatibilidad de la
prioridad nacional con el derecho comunitario y preguntó si los criterios
utilizados por algunos Estados miembros para conceder acceso a los recursos
públicos podían vulnerar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.
En su respuesta, el comisario europeo
de Interior y Migración, Magnus Brunner, señaló que los Estados miembros no
pueden imponer unilateralmente requisitos de residencia superiores a cinco años
en el ámbito regulado por la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los
nacionales de terceros países residentes de larga duración. Esta norma
establece un marco jurídico común para proteger los derechos de las personas
que cumplen las condiciones previstas para obtener dicho estatuto.
La respuesta europea resulta relevante
porque establece límites a las políticas que pretenden introducir diferencias
de trato basadas en la nacionalidad o en condiciones de residencia más
restrictivas que las permitidas por la legislación comunitaria.
Desde una perspectiva política, la
prioridad nacional puede presentarse como una medida destinada a proteger los
recursos públicos y garantizar que las necesidades de la población sean
atendidas. Sin embargo, también puede generar situaciones de exclusión si se
aplica de manera generalizada, sin tener en cuenta los derechos reconocidos por
la legislación europea. Por ello, resulta necesario encontrar un equilibrio
entre la capacidad de los Estados para gestionar sus recursos y la obligación
de respetar los derechos de las personas que viven legalmente en su territorio.
Además, el debate no debe limitarse a
una confrontación entre ciudadanos españoles y extranjeros. La gestión de los
servicios públicos requiere políticas que garanticen su sostenibilidad, una
distribución adecuada de los recursos y criterios transparentes de acceso. La
nacionalidad, por sí sola, no puede utilizarse como justificación para ignorar
las obligaciones legales que corresponden a los Estados miembros.
Conclusión
En conclusión, la controversia sobre
la prioridad nacional defendida por Vox y respaldada por el PP demuestra que
las propuestas políticas deben ajustarse al marco jurídico español y europeo.
La advertencia de la Comisión Europea recuerda que los Estados miembros no
pueden establecer unilateralmente determinadas restricciones cuando estas
contradicen la normativa comunitaria, especialmente en materia de residencia de
larga duración.
La protección de los servicios
públicos constituye un objetivo legítimo, pero debe desarrollarse respetando
los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación, así como los
derechos reconocidos por la Unión Europea. En definitiva, el reto consiste en
garantizar unos servicios públicos eficaces y sostenibles sin vulnerar las
normas que protegen a las personas. La verdadera fortaleza de una democracia no
reside únicamente en administrar sus recursos, sino también en hacerlo conforme
a la ley y respetando los derechos fundamentales
Fuente: El Plural.com
2) La reforma del IRPF
propuesta por Vox: impacto económico y consecuencias para el Estado del
bienestar
Introducción
La política fiscal constituye uno de
los pilares fundamentales de cualquier Estado, ya que determina cómo se
recaudan los recursos necesarios para financiar los servicios públicos y cómo
se distribuye la carga tributaria entre los ciudadanos. En este contexto, la
propuesta de Vox de modificar el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) ha abierto un debate sobre la relación entre los impuestos, la
equidad social y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Según las
declaraciones del ministro de Hacienda, Arcadi España, esta reforma supondría
una reducción de la recaudación de aproximadamente 85.000 millones de euros
anuales, una cantidad que tendría importantes consecuencias para la
financiación de servicios esenciales como la educación y la sanidad.
Desarrollo
La propuesta fiscal de Vox plantea una
transformación significativa del sistema actual del IRPF. Entre sus principales
medidas se encuentran el establecimiento de un mínimo exento para las rentas de
hasta 22.000 euros anuales, un tipo impositivo único del 15 % para los ingresos
de hasta 70.000 euros y un tipo del 25 % para las rentas superiores a esa
cantidad. Este modelo sustituiría al sistema progresivo vigente, en el que los
tipos impositivos aumentan a medida que crece la renta, hasta alcanzar determinados
tramos superiores al 40 %.
Desde la perspectiva de Vox, una
reforma de estas características podría reducir la presión fiscal sobre los
ciudadanos, aumentar la renta disponible de las familias y favorecer la
actividad económica. Sus defensores podrían argumentar que pagar menos impuestos
permite incrementar el consumo, estimular la inversión y ofrecer mayores
incentivos al trabajo y al ahorro. Sin embargo, para valorar estas posibles
ventajas resulta imprescindible analizar también el coste de la medida y sus
efectos sobre los ingresos públicos.
Según las cifras expuestas por el
ministro Arcadi España, el coste estimado de la propuesta alcanzaría los 85.000
millones de euros, mientras que la recaudación anual del IRPF se sitúa, de
acuerdo con sus declaraciones, en torno a los 140.000 millones. Esta diferencia
plantea una cuestión fundamental: ¿cómo se compensaría la pérdida de ingresos
del Estado? Una reducción de la recaudación de tal magnitud obligaría a
estudiar alternativas como la disminución del gasto público, el aumento de
otros impuestos, la obtención de nuevos ingresos o el incremento del
endeudamiento. Cada una de estas opciones tendría consecuencias económicas y
sociales que deberían explicarse con claridad.
La preocupación del Ministerio de
Hacienda se centra especialmente en la posible repercusión sobre el Estado del
bienestar. Los recursos públicos permiten financiar servicios esenciales como
la sanidad, la educación, las pensiones y las políticas sociales. Si
disminuyeran considerablemente los ingresos tributarios sin una compensación
suficiente, podría aumentar la presión sobre estas partidas presupuestarias.
Por este motivo, el ministro ha comparado el coste estimado de la reforma con
el gasto educativo del conjunto del país y con una parte muy importante del
gasto sanitario.
No obstante, es importante señalar que
una reducción de impuestos no implica necesariamente, por sí sola, un recorte
automático del gasto público. El efecto final dependería de las medidas
complementarias que se adoptasen, de la evolución de la actividad económica y
de la respuesta de los contribuyentes. Por tanto, para evaluar rigurosamente la
propuesta sería necesario conocer la metodología utilizada para calcular su
coste, los posibles efectos económicos a medio y largo plazo y las alternativas
previstas para mantener la financiación de los servicios públicos.
Otro aspecto relevante es la
distribución de los beneficios fiscales. Según los ejemplos ofrecidos por
Arcadi España, una persona que percibe el salario mínimo no obtendría ahorro
con la reforma, mientras que una persona con ingresos anuales de 100.000 euros
ahorraría 18.935 euros y otra con ingresos de un millón de euros dejaría de
pagar aproximadamente 200.000 euros. Estas cifras, atribuidas al ministro,
ilustran la preocupación del Gobierno por el reparto de las ventajas fiscales
entre los distintos niveles de renta.
La cuestión central no consiste
únicamente en determinar si los ciudadanos deben pagar más o menos impuestos,
sino también en analizar quién se beneficia de la reducción y cómo se
distribuyen sus costes. Un sistema tributario progresivo busca que quienes
disponen de mayores recursos económicos contribuyan en mayor medida a la
financiación colectiva. En cambio, un modelo con tipos más reducidos y menos
escalones de tributación modifica esa distribución y puede disminuir la
capacidad redistributiva del impuesto, dependiendo de su diseño concreto.
En este sentido, el debate sobre el
IRPF refleja dos prioridades que deben examinarse conjuntamente: por una parte,
la necesidad de aliviar la carga fiscal de los ciudadanos y favorecer la
actividad económica; por otra, la obligación de garantizar ingresos suficientes
para sostener los servicios públicos y reducir las desigualdades. La dificultad
consiste en encontrar un equilibrio entre ambas, evitando que las decisiones
fiscales generen consecuencias negativas que no hayan sido previstas o
debidamente justificadas.
Además, en el contexto de la
precampaña electoral de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, estas
propuestas adquieren una dimensión política particular. Los programas
económicos de los partidos no solo expresan sus prioridades ideológicas, sino
que también ofrecen modelos diferentes de organización social y económica. Por
ello, las promesas de reducción de impuestos deben ir acompañadas de
explicaciones transparentes sobre su financiación, sus beneficiarios y sus
posibles efectos sobre el conjunto de la población.
Conclusión
La propuesta de Vox para reformar el
IRPF plantea un debate que va más allá de la cuantía de los impuestos. En
realidad, afecta a cuestiones fundamentales como la distribución de la riqueza,
la financiación de los servicios públicos y el papel del Estado en la reducción
de las desigualdades. Las cifras presentadas por el ministro Arcadi España,
especialmente la estimación de un coste de 85.000 millones de euros, ponen de
manifiesto la necesidad de examinar con detalle las consecuencias
presupuestarias de una reforma de esta magnitud.
Reducir los impuestos puede constituir
un objetivo legítimo de política económica, pero su viabilidad depende de que
exista un plan creíble para compensar la pérdida de ingresos o de que se
justifique cómo afectará a las cuentas públicas. Del mismo modo, mantener un
sistema de recaudación suficiente no significa que todos los impuestos deban
permanecer inalterados, sino que cualquier modificación debe evaluarse teniendo
en cuenta sus efectos económicos y sociales.
En definitiva, el debate sobre el IRPF
exige algo más que promesas electorales o advertencias políticas: requiere
datos verificables, cálculos transparentes y propuestas concretas. Los
ciudadanos tienen derecho a conocer no solo cuánto podrían ahorrar con una
reforma fiscal, sino también qué consecuencias tendría para los servicios
públicos y cómo se repartirían sus beneficios y sus costes. Solo a partir de
esta información será posible valorar las distintas alternativas fiscales con
rigor y comprender su verdadero impacto sobre la sociedad.
Fuente: El Diario.es
3) Feijóo y Garamendi de
acuerdo en lo fundamental, las bajas laborales son un cáncer.
Alberto Núñez Feijóo (líder del
Partido Popular) y Antonio Garamendi (presidente de la CEOE) coincidieron en
julio de 2026 en la necesidad de impulsar un acuerdo para reducir el absentismo
laboral y las bajas médicas
Puntos clave del acuerdo y las
declaraciones
- Declaraciones de Feijóo.- El líder del PP calificó el
aumento de las bajas laborales como un cáncer y sugirió revisar las
condiciones o prestaciones de quienes no acuden al puesto de trabajo.
- Posición de Garamendi.- El presidente de la patronal CEOE
respaldó a Feijóo, coincidió con sus datos sobre el impacto económico (que
cifran en torno a los 33.000 millones de euros) y afirmó que gran parte de
las bajas se concentran en días como los lunes o los viernes.
- Críticas sindicales.- Sindicatos como UGT y CCOO
rechazaron estas afirmaciones, argumentando que no existe tal crisis de
absentismo injustificado y que el incremento de las bajas responde a
problemas reales de salud laboral, salud mental y retrasos en las listas
de espera de la sanidad pública
Fuente: Medios digitales
4) El partido popular y Vox, coinciden
en lo nuclear de cambiar el sistema de pensiones público, a un sistema de pensiones mixto.
El Partido Popular (PP) y Vox coinciden
en parte en sus posturas sobre el modelo de pensiones.
- Vox (según declaraciones de José María Figaredo) propone sustituir o reformar el actual sistema por un modelo mixto que combine el sistema de reparto tradicional con la capitalización individual (donde el 50% de las cotizaciones irían a una cuenta de ahorro personal del trabajador).
- El PP (a través de portavoz Borja Sémper) defiende el sistema de pensiones actual, al que califica de «robusto y sólido», y rechaza la propuesta de Vox de semiprivatizarlo. Si bien la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, ha dicho ayer que el sistema de pensiones público va a colapsar y hay que ir a un sistema mixto. Luego salió Feijóo prometiendo revalorizar las pensiones con el IPC pero apostilla que “los jóvenes tienen derecho a un sistema público de pensiones viable” (que sino es viable un asunto entiendo es porque va a colapsar. Que sino). Lo cual no contradice lo que dijo en 2023, cuando presentó la idea que debía introducirse la mochila austriaca en el sistema público de pensiones español (**)
(**) En junio y julio de 2023, Alberto Núñez Feijóo (líder del Partido Popular) propuso implantar en España el mecanismo conocido como la mochila austriaca dentro de su programa electoral para las elecciones generales
Los puntos clave de lo que planteó entonces incluyen:
- Cuenta de capitalización individual.- Propuso crear un fondo o cuenta individual para cada trabajador, financiado a través de aportaciones periódicas de la empresa (detraídas o calculadas a cuenta del salario bruto), para sustituir o reformar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido.
- Movilidad laboral.- Defendió que el dinero acumulado en esa "mochila" sería portable, lo que permitiría al trabajador conservar su fondo de ahorro a lo largo de su vida laboral aunque cambiase de empresa, con el objetivo declarado de facilitar la movilidad en el mercado de trabajo.
- Alternativa al pago de golpe en los despidos.- Explicó que el sistema busca evitar que la empresa tenga que afrontar el pago de una gran indemnización de una sola vez en caso de un despido, acumulando el coste mes a mes.
- Críticas y debate político.- La propuesta generó un fuerte rechazo por parte del Gobierno de coalición (como Yolanda Díaz) y de los sindicatos, que advirtieron que la medida podría abaratar o facilitar el despido en España
Fuente: Medios digitales
5) De aquellos polvos estos
lodos. Huelga General en noviembre.
Como consecuencia de todo lo anterior
surge la huelga general del 11 de noviembre posiblemente con presunto foco
puesto en la crisis de la vivienda(*) por el estallido social tras el desahucio
de Maricarmen, pero incluyen también otras reivindicaciones laborales. La
denuncia de los bajos salarios es la principal que habían adelantado ya los
sindicatos, pero además prevén incorporar la defensa del sistema público de
pensiones y de la protección social de las bajas laborales ante los recientes
discursos de PP y de Vox, que han hecho sonar las alarmas de posibles recortes
si llegan a La Moncloa.
(*) Recordemos, que las Comunidades Autónomas donde gobierna el Partido Popular (PP) mayoritariamente se han negado a aplicar la Ley de Vivienda lo cual amplifica los efectos de la crisis de vivienda, al permitir que los precios de la venta y/o alquiler de vivienda suban como un cohete en dichas autonomías.
Fuente: El Plural.com
