La norma que obliga a guardar información dos años es una “injerencia” en la vida privada
La directiva europea sobre conservación de datos es “incompatible” con la Carta de Derechos Fundamentales, según el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Cruz Villalón. Es decir, la ley marco que obliga a las compañías telefónicas a recabar y conservar datos sobre las llamadas de los ciudadanos y el uso de Internet durante dos años constituye “una injerencia” en el derecho de los ciudadanos a la vida privada, según Villalón.
El abogado general cree que si los datos de los que disponen estas empresas —a qué número se llama, cuándo, con cuánta frecuencia y duración— se explotaran se podría hacer un “retrato completo y preciso” de la vida privada del cliente. Aunque las empresas no pueden acceder al contenido de las llamadas ni de los mensajes, Villalón alerta sobre el “riesgo” de que los datos que se conservan se utilicen con fines ilícitos, porque no los guardan las autoridades, sino los proveedores. Además, ni siquiera tienen que archivarse obligatoriamente en cada Estado, sino que pueden acumularse “en lugares indeterminados del ciberespacio”, aumentando el peligro de que se filtren a terceros con objetivos “fraudulentos o malintencionados”.
El abogado de la UE se ha pronunciado tras las dudas planteadas por tribunales austriacos e irlandeses. Y es que la directiva de conservación ya había sido denunciada por una sociedad irlandesa de protección de los derechos humanos en el ámbito digital, y por más de 11.000 ciudadanos austríacos, por cómo se aplicaba en ambos países. Alegaron que los datos de sus comunicaciones se trataron y conservaron ilegalmente.
La opinión del abogado general no es vinculante, pero los jueces del Tribunal la tendrán en cuenta cuando dicten su sentencia sobre el caso, algo que la Comisión espera que suceda el próximo año.
Fuente: El País.com
La directiva europea sobre conservación de datos es “incompatible” con la Carta de Derechos Fundamentales, según el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Cruz Villalón. Es decir, la ley marco que obliga a las compañías telefónicas a recabar y conservar datos sobre las llamadas de los ciudadanos y el uso de Internet durante dos años constituye “una injerencia” en el derecho de los ciudadanos a la vida privada, según Villalón.
El abogado general cree que si los datos de los que disponen estas empresas —a qué número se llama, cuándo, con cuánta frecuencia y duración— se explotaran se podría hacer un “retrato completo y preciso” de la vida privada del cliente. Aunque las empresas no pueden acceder al contenido de las llamadas ni de los mensajes, Villalón alerta sobre el “riesgo” de que los datos que se conservan se utilicen con fines ilícitos, porque no los guardan las autoridades, sino los proveedores. Además, ni siquiera tienen que archivarse obligatoriamente en cada Estado, sino que pueden acumularse “en lugares indeterminados del ciberespacio”, aumentando el peligro de que se filtren a terceros con objetivos “fraudulentos o malintencionados”.
El abogado de la UE se ha pronunciado tras las dudas planteadas por tribunales austriacos e irlandeses. Y es que la directiva de conservación ya había sido denunciada por una sociedad irlandesa de protección de los derechos humanos en el ámbito digital, y por más de 11.000 ciudadanos austríacos, por cómo se aplicaba en ambos países. Alegaron que los datos de sus comunicaciones se trataron y conservaron ilegalmente.
La opinión del abogado general no es vinculante, pero los jueces del Tribunal la tendrán en cuenta cuando dicten su sentencia sobre el caso, algo que la Comisión espera que suceda el próximo año.
Fuente: El País.com
