El inspector jefe, Manuel Morocho, detalla ante el juez de la Audiencia
Nacional, que el comisario Olivera le ofreció un puesto para apartarle de caso
con conocimiento del ministro Fernández Díaz y el juez describe su relato como
"desolador"
Según los
avances de la instrucción del caso Villarejo, este supuesto boicot no solo
implicó a altos exdirigentes del PP y a la cúpula de la Policía que se puso a
las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy, sino que incluyó presuntos encargos
al comisario jubilado José Manuel Villarejo; presiones e intentos de comprar a
los investigadores de la trama, como relató este martes uno de ellos al juez
Manuel García-Castellón; y, por supuesto, el espionaje ilegal al extesorero
popular Luis Bárcenas cuando se disponía a confesar por primera vez ante el
magistrado Pablo Ruz —lo que se bautizó como Operación Kitchen—.
“Me deja
usted un panorama desolador”, resumió este martes García-Castellón tras escuchar
el testimonio de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Este agente, que lidera desde hace más
de una década las pesquisas sobre Gürtel y que ha firmado los principales
informes que han llevado al banquillo al PP, relató durante cerca de tres horas
al juez las “anomalías y presiones paralelas” que sufrió para tratar de frenar
y desbaratar las pesquisas.
Según
fuentes jurídicas presentes en la declaración, el inspector jefe fue muy
profuso en detalles. Tanto, que no dio tiempo a acabar el interrogatorio y
continuará el próximo viernes, según ha previsto el magistrado. Morocho, que
acudía citado como testigo, contó cómo sus superiores maniobraban para tratar
de modificar los informes donde señalaba a los dirigentes del PP; cómo le
impidieron poner sus nombres —entre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces
presidente del Gobierno— en los documentos que enviaba al juez sobre los
presuntos perceptores de sobresueldos reflejados en los papeles de Bárcenas y
tuvo que incluir las menciones a ellos en los anexos; y cómo le instigaron para
que “minusvalorara los papeles” publicados por EL PAÍS en enero de 2013, que
documentaron la existencia de una caja b en el partido, según ha dado ya por
acreditado el Tribunal Supremo.
Morocho
explicó este martes al juez que las “presiones” nacieron el mismo 2009 al
abrirse el caso en la Audiencia Nacional —el PP ya lanzó entonces sus primeros
ataques públicos contra los investigadores—, pero adquirieron otra dimensión
con la llegada de los populares a La Moncloa tras las elecciones de noviembre
de 2011. Rajoy eligió a Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y al
comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía
Nacional, máximo mando no político del Cuerpo —ambos están imputados por
Kitchen—. Y las maniobras desde las instituciones del Estado, según la versión
del inspector jefe, comenzaron ya a notarse en 2012, cuando Pino le endosa, por
ejemplo, otra investigación para tratar de frenar Gürtel. Pero, ante el avance
implacable de las pesquisas en los meses siguientes, la cúpula de la Policía
cambió de estrategia y optó por tratar de comprar al agente ofreciéndole el
traslado a destinos mejor remunerados económicamente, según dijo.
Morocho
narró una reunión con el comisario José Luis Olivera en junio de 2013 en una
cafetería de Madrid. El Gobierno había puesto a Olivera, muy cercano a
Villarejo, al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y,
según dijo este martes el inspector jefe, este le ofreció ese día un puesto de
agregado de Interior en la embajada de Lisboa. “Son 6.000 euros al mes y relajado”,
afirmó este martes Morocho que le dijo el comisario —aunque fuentes policiales
explican que la dotación mensual supera los 10.000 euros—. Entonces, ante las
sucesivas negativas del investigador de Gürtel a aceptar un traslado, también
le ofreció irse a Viena o a la ONU. E incluso, durante la conversación, Olivera
recibió una supuesta llamada de Fernández Díaz para interesarse por el tema:
“Hola, ministro. Sí, estoy con él”, dijo a su interlocutor el comisario, según
subrayó Morocho, que apostilló que Olivera le dijo nada más colgar: “Ves, me
llama hasta el ministro”. El abogado de Fernández Díaz negó este martes que se
hiciese esa llamada.
Las piezas
del sumario
El relato
de Morocho, que ya avanzó al juez en febrero de 2019 que Pino también lo trasladó
a la DAO en 2015 para sobrecargarlo de trabajo con la idea de boicotear la
parte de la investigación de Gürtel que seguía viva, encaja con el resto de
indicios que se acumulan en el sumario del caso Villarejo. García-Castellón
abrió en 2018 una línea de investigación sobre Kitchen, la trama policial de
espionaje a Bárcenas sin control judicial pagada con fondos reservados con el
presunto objetivo de arrebatarle material sensible sobre altos cargos del PP.
El magistrado ha centrado desde entonces la mirada en los meses posteriores a
julio de 2013, cuando fija el inicio de ese despliegue, pero cada vez resulta
más complicado no echar la vista hacia atrás.
De hecho,
la Fiscalía hace meses que enmarca Kitchen dentro de una trama más prolongada
en el tiempo para boicotear las pesquisas. El ministerio público recalca que en
2009 se produjo un encuentro de Villarejo con María Dolores de Cospedal,
entonces secretaria general del PP, en la sede de la calle Génova, donde se le
ofreció al comisario acometer “encargos puntuales” que “serían sufragados” con
fondos del partido. Al poco tiempo, según la instrucción, Villarejo telefoneó
al marido de la política para informarle de dos investigaciones de corrupción
sobre el PP (una de ellas, una rama de Gürtel) que se encontraban bajo secreto
de sumario.
Los
investigadores también intervinieron a Villarejo documentos sobre un supuesto
proyecto, bautizado como SMP, que tenía por objetivo “evaluar la posibilidad de
anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. La Fiscalía considera
que este fue otro encargo más concreto que se llegó a plantear a la trama de
Villarejo por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”,
pero no constan más pruebas de momento de que se ejecutara finalmente y se pagaran
los 15 millones de euros que preveía como “coste medio”.
Sin
embargo, se han encontrado 13 nuevas agendas del comisario con apuntes sobre
los contactos que mantuvo esos años con dirigentes del PP y su entorno: entre
ellos, Cospedal y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con
Fernández Díaz. A lo largo de las cientos de páginas de estos cuadernos
manuscritos, a los que el juez y Anticorrupción otorgan enorme credibilidad y
que también respaldan al resto de indicios, se recogen menciones a las
supuestas maniobras contra Morocho —el principal sospechoso de la trama
escribe, por ejemplo, la palabra “Lisboa” junto al nombre del inspector jefe de
la UDEF— y presuntos “pagos pendientes” atribuidos a Cospedal.
MANIOBRAS
CONTRA MOROCHO
“Se me conminó
a minusvalorar los papeles de EL PAÍS”. El inspector Manuel Morocho
contó al juez que, desde la cúpula de la Policía, se le “conminó a minusvalorar
los papeles [de Bárcenas]” publicados por EL PAÍS. Estos documentos recogían la
entrega de supuestos sobresueldos a dirigentes del PP: entre ellos, al entonces
presidente Mariano Rajoy.
Los
informes paralizados. Según fuentes jurídicas, Morocho relató que
acabaron en 2011 un informe que implicaba al matrimonio formado entre Jesús
Supúlveda, alcalde del PP, y Ana Mato, que fue ministra; pero el comisario
Olivera lo paralizó durante un año.
En línea
con la defensa del PP. Morocho añadió este martes que le presionaron
para que mantuviese que, de haber algo ilegal, era responsabilidad de Bárcenas
y no tenía nada que ver con el PP. Esa es la estrategia de defensa que
mantienen los populares desde que estalló el caso.
Quitar al
marido de Cospedal. Según Morocho, le presionaron para quitar el
nombre del empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de
Cospedal, de los informes. Según dijo ayer, uno de sus jefes se lo justificó
alegando que “es amigo de Villarejo”.
La llamada
del ministro. El inspector de la UDEF explicó que, mientras un
alto mando trataba de comprarle en una reunión, recibió una supuesta llamada de
Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, para interesarse por el
tema. El exministro lo niega. Años más tarde, Enrique García Castaño, otro
comisario implicado en la trama, se sorprendió al verlo en un puesto en la DAO
(adonde le trasladaron para, según su versión, tratar de apartarlo de Gürtel) y
exclamó: “Y tú qué haces aquí si tú tenías que estar muerto”.
EDITORIAL
Tras intentar
desviar el foco mediático de la descomposición por corrupción del PP,
valiéndose de ataques a lo más sagrado de la democracia, como la pandemia y el
aumento subsiguiente de la desigualdad social, que hería de muerte a la
ciudadanía, seguida de los ataques a las Instituciones Públicas Autonómicas y
Estatales, del Poder Ejecutivo (deslegitimación de Gobiernos salidos de las
urnas), del Poder Legislativo (acusaciones de terroristas a diputados
electos vascos y catalanes de los Parlamentos Autonómimos y Estatal) y ahora del Poder
Judicial (intento de boicot a investigaciones ordenadas por el juez), y acabando
implicando al Rey, por culpa del analfabetismo funcional, de tipo constitucional, que afecta
a toda la cúpula nacional del PP, por mucho que lo nieguen.
Pero de
nada ha servido todo ello, pues por mucho que se corra, el pasado siempre termina
alcanzado a los corruptos, y la Justicia también, puesto que, aunque lenta y ciega,
siempre está ahí para cumplir con su deber.
Fuente: El
País.com
POSDATA
A nuestro
amigos del PP, solo decirles que no hay que venirse muy arriba por los 30
segundos que el Presidente Pedro Sánchez estuvo hablando con el Presidente de EEUU actual y que acabó siguiéndole
por un pasillo, porque siempre hay casos peores, como la reunión de Aznar con otro Presidente de EEUU, que siguiéndole, nos metió a todos los españoles en la guerra de Irak, que causó la muerte a 12 españoles, 11 militares, y el periodista José Couto.
