OPINIÓN. Multimillonarios ingleses y americanos, piden les suban los impuestos, mientras en España piden lo contrario.

 Quien serán más patriotas, los millonarios españoles que piden les bajen los impuestos y sino se marchan de España llevándose sus empresas (caso Ferrovial y la familia Del Pino) o los firmantes de la carta que puntualmente todos los años hacen público, desde 2019, una petición de subida de impuestos para ellos, por defender la democracia, como también sugiere el último informe de OXFAM

Parece una difícil cuestión, porque de una parte están los Aznar, Ayuso, Feijóo, Abascal y González, de turno, que con el foco mediático a su favor, dicen defender la Constitución y las bajadas de impuestos para todos, que insultando la inteligencia de la ciudanía, mantienen que todos se merecen la misma rebaja en sus tributaciones, pero a propósito olvidan mencionar:

1º) Los que cobran el SMI, o por debajo del mismo, están exentos de contribuir por IRPF y por tanto no les afecta la rebaja de impuestos.

2º) No es lo mismo para las arcas públicas, la bajada de un 10% de los impuestos a trabajadores que ganan el SMI+1€ que a un ejecutivo con sueldo millonario, puesto que los primeros, en 2024, el descuento anual por IRPF sería 1.589 € y suponiendo fuese un ejecutivo de una gran empresa con salario modesto, que digamos ingresase 1.000.000 € el descuento sería de 100.000 €de. Y sí todos los ejecutivos en España ganasen esa módica cantidad de dinero anual la hacienda púbica se vería privada de cientos de millones de euros.

3º) Que en 2023 en Madrid, 20.030 personas con más de 700.000 euros en patrimonio (exceptuando su casa) no pagan ningún impuesto por patrimonio y Madrid deja de ingresar 1.212 millones en Impuestos. Andalucía se ha sumado a esa bonificación del 100%, lo que significaría renunciar a 107 millones que ingresa hoy, y Galicia al 25%, lo que significa renunciar a 20 millones más.

En total estás tres autonomías, que en la reforma del sistema de financiación autonómica piden fondos al Estado, dejan de ingresar 1.340 millones de euros.

Pero en mi modesta opinión, que en parte coincide con lo dicho por el Presidente del Gobierno en su discurso del Foro de Davos, es bastante sencillo, las empresas no solo se deben a sus accionistas, sino también y principalmente a sus compatriotas, porque si bien, su principal objetivo es obtener beneficios, no lo es menos crear riqueza para sus compatriotas (con salarios dignos) para lo cual todos tenemos que empujar en la misma dirección. Y por ello se les entrega las subvenciones a las empresas, para que crezcan, pero no para que después con el aplauso del PP y Vox y en nombre de la libertad de mercado, se marchen de España. Pues en ese caso el Gobierno debe pedir la devolución de dichas subvenciones, y además los consumidores, podemos y debemos dejar de comprar productos o servicios de dichas empresas.

Por otra parte, caso las empresas sigan en España, y los ejecutivos de las grandes empresas del IBEX-35, continúen con sueldos y comisiones millonarias, mientras mantienen a empleados y trabajadores, salarios escasamente mileurista, se llegará, mejor dicho, ya se ha llegado al punto, en que nadie que no sea un ejecutivo, puede comprase una vivienda, y ni siquiera pueden pagarse un alquiler (incumpliendose el artículo 47 de la Constitución). 

Y si los empresarios fuesen inteligentes, se darían cuenta que están tirando piedras contra su propio tejado, ya que la locomotora de la economía española que es la construcción, se ha parado, y no tiene visos de volver a ponerse en marcha, afectando a todos las empresas del sector, (cemento, forjado, cerámica, etc.) porque los contratos además de ser minimalistas, no son indefinidos, con lo cual los bancos no dan créditos comerciales y muchísimo menos hipotecarios.

Por ello la pelota está en el tejado del empresariado, veremos si ofrecen alguna solución, que no sea echar la culpa al Gobierno de Pedro Sánchez o a los trabajadores. A ver si el Presidente de la CEOE, junto a los dirigentes del PP y Vox, que actúan de parte, demuestran que el salario que se les paga de nuestros impuestos, no es tirar el dinero, y de una vez por todas se ponen a trabajar, en lugar de faltar al respeto y ofender a la ciudadanía con insultos y desprecios.

POSDATA

Por cierto señores Feijóo y Abascal, la sede de la soberanía nacional sigue estando en el Congreso de los Diputados, y el Tribunal Constitucional sigue siendo el Tribunal de última instancia que determina la constitucionalidad de leyes y atiende recursos de amparo, respecto de procedimientos judiciales.

Y no lo digo yo, lo dice la Constitución, que es la ley de leyes, que tanto dicen defender ustedes, que con esas manifestaciones solo demuestran lo contario, y les sitúa mucho más cerca de las tesis neofascistas que de las constitucionalistas.

Y a mí también me gusta la fruta y  a buen seguro más que a ustedes.

Fuente: Redacción

250 multimillonarios piden les suban los impuestos casi un 50%

 Más de 250 milmillonarios firman una carta enviada al Foro Económico Mundial en Davos,  para pedir que la élite política reunida acuerde mayores impuestos a los ricos.

Durante estos días se celebra el Foro de Davos, una reunión anual que junta en la ciudad suiza a los empresarios, científicos y políticos más importantes del mundo. A ellos se han dirigido este miércoles más de 250 millonarios y multimillonarios para pedir que les suban los impuestos. 

"Nuestra petición es simple: os pedimos que pongáis impuestos a la gente como nosotros, los más ricos de la sociedad", dicen en una carta. "Esto no alterará de forma relevante nuestro nivel de vida, ni le quitará nada a nuestros hijos, ni hará daño al crecimiento económico de nuestras naciones. Sin embargo, conseguirá convertir la riqueza improductiva y extrema en una inversión para el futuro de nuestras democracias".

Entre los firmantes de esta petición están una heredera de Disney, Aibgail Disney, el actor de Succession Brian Cox, o Valerie Rockefeller, una de las herederas de la dinastía estadounidense. La mayoría de los firmantes son del Reino Unido y de Estados Unidos.

"También somos los que más nos beneficiamos del statu quo", reclaman en su carta. "Pero la desigualdad ha llegado a un punto límite y el coste que eso tiene para la estabilidad económica, social y ecológica es grave, y crece cada día. En definitiva, necesitamos tomar medidas ya", sentencian en el comunicado.

Bill Gates es uno de los exponentes de esta ola y lleva años pidiendo una modificación en las políticas públicas. "Creo que los ricos deberían pagar más impuestos y deberían donar su riqueza con el tiempo. Para mí al menos ha sido un trabajo muy gratificante", dijo durante un Ask Me Anything (pregúntame lo que quieras) que realizó en Reddit a principios de 2023.

El 74% de los ricos apoyan la petición

Patriotic Millionaires, un grupo de millonarios estadounidenses preocupados por la inestabilidad y la desigualdad económica de su país, han realizado una encuesta a nivel global para analizar el pensamiento de los millonarios. Para ello preguntaron a 2.300 personas con un capital superior al millón de dólares y, según los resultados, concluyeron que el 74% apoyaban el aumento de los impuestos a su riqueza.

El 58% apoyó la introducción de un impuesto del 2% a la riqueza de las personas con un capital mayor a los 10 millones de dólares, y el 54% pensaba que la riqueza extrema era una amenaza para la democracia.

En el informe Más allá del PIB: ¿quién crece y a qué precio?, elaborado por el centro de estudios Futuro Policy Lab y el Instituto Español de Analistas, pone de relieve la importancia de la desigualdad y el cambio climático como factores que han exacerbado la inestabilidad en el mundo. 

El PIB, métrica estrella del sistema económico actual, puede ser una trampa para determinar el desarrollo económico de un país, defienden en el estudio. Si entre 1946 y 1980 en Estados Unidos, todas las rentas crecían cerca de la media (2%), en las cuatro décadas siguientes se abrió una brecha insalvable. El aumento de la renta para el 50% más pobre fue inferior al 1%, mientras que el percentil más rico del país aumento su renta un 3%.

Fuente: Reuters

OPINION. Democracia versus populismo y todos juntos contra la ciudadanía

 El crecimiento del populismo, de extrema derecha y extrema izquierda, así como, de movimientos antiglobalistas, sólo se pueden entender como consecuencia del incremento de la desconfianza hacia las instituciones democráticas derivadas de la sumisión de la clase política de ideologías tradicionales a los intereses de las élites.

  En los últimos años, estos han ido in crescendo con la connivencia de importantes sectores de las sociedades en su conjunto, propiciando a otros muchos espectros de la ciudadanía una serie de herramientas destinadas a socavar principios fundamentales que rigen en toda democracia.

En puridad, este es uno de los mayores desafíos a los que se está enfrentando la democracia a principios de este siglo XXI. Cierto que los riesgos que pueden atenazar a las democracias, o en sí misma a la Democracia como elemento cohesionador de un sistema político concreto, no es nada nuevo, ergo nunca desde la IIGM estas habían estado tan cerca del abismo.

Dos son las variables exógenas que pueden ejercer una fuerza tal capaz de destruir la democracia. De un lado, el aumento del autoritarismo, y de otro, las malas actuaciones de la clase política, que en muchas ocasiones resultan determinantes en ese alejamiento de la ciudadanía hacia la misma.

Cuando hablamos de autoritarismo, no hacemos referencia a un sistema político dado, sino a una forma de adormecer una democracia a través de distintas vías, como la económica, junto a una incesante cascada mediática e intelectual, contando con los recursos y medios suficientes como para vapulear de manera constante y precisa el sistema democrático imperante

Si alguien piensa que en los países y las potencias occidentales todavía existe la democracia, se está equivocando. La democracia murió en el año 2008 con la creación de un escenario en el que los intereses de las élites se han priorizado a la defensa del bienestar de la ciudadanía. Para que esta situación haya sido efectiva ha sido necesaria la complicidad de la clase política y de las distintas administraciones públicas, sobre todo de la Justicia.

Coincidiendo con el inicio del Foro Económico Mundial de Davos, fue publicado un informe de Oxfam Intermón en el que se demuestra cómo se está produciendo una acumulación de riqueza alarmante mientras que las clases medias y trabajadoras han disminuido su capacidad adquisitiva.

Sólo en los últimos tres años el 1% más rico del mundo acumula la mitad de los activos de todo el mundo. Mientras tanto, el resto de la humanidad ha perdido 1,5 billones de dólares que equivalen a 25 días de salario mensual.

En España, el 10% más rico acumula la mitad de la riqueza nacional, mientras que el 1% de la población acapara el 22%.

En un Estado democrático y de derecho, que es lo que suponen que son las democracias, esto es inadmisible. La sumisión de la clase política que tradicionalmente ha gobernado en los países democráticos, es decir, socialdemócratas, liberales y centro derecha, ha sido la causante de esa acumulación irresponsable de riqueza, del incremento de la desconfianza en las instituciones por parte de la ciudadanía y del crecimiento de las opciones populistas de extrema derecha, extrema izquierda y los movimientos antiglobalistas.

Los ciudadanos de las democracias occidentales ya no confían en las administraciones públicas tanto como antes. No hay democracia porque quienes gobiernan en realidad y se benefician del sistema es una minoría. Es el gobierno de la minoría. 

Distintos estudios sociológicos señalan que, tras la II Guerra Mundial, un 75% de los ciudadanos de las democracias occidentales confiaban en que los gobiernos elegidos por el sufragio libre del pueblo harían lo correcto casi siempre o la mayor parte del tiempo. Sin embargo, la tendencia comenzó a tornarse levemente bajista en las décadas de 1960 y 1970. Los cambios sociales y el incremento de las clases medias hicieron que las necesidades crecieran.

En los últimos 20 años del siglo XX, el ataque neoliberal al Estado del Bienestar iniciado por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, provocó que la desconfianza en las instituciones públicas aumentara, a pesar de coincidir con una época de expansión económica.

Sin embargo, en las últimas dos décadas esos modestos niveles de confianza se han evaporado por completo por culpa de la ineficacia de los gobiernos para resolver las necesidades reales de la ciudadanía. Según diferentes estudios, sólo un 15% de los ciudadanos de las democracias occidentales confía en sus administraciones públicas.

A esto se une la desconfianza hacia las grandes empresas porque, precisamente, son las que se están beneficiando de la creciente desigualdad que reflejan los datos del informe de Oxfam. Las diferencias salariales en momentos de crisis muestran el sistema que se ha creado. Las elevadísimas remuneraciones de los directores ejecutivos simbolizan a la perfección cómo los políticos están permitiendo que las clases dominantes se enriquezcan a costa de los trabajadores. Los niveles salariales de los directores ejecutivos, según ha detallado el Instituto de Política Económica, se han disparado en alrededor de un 1.460% por ciento desde 1978.

Hay otras situaciones que los políticos no pueden (o no quieren) resolver mientras los que más tienen siguen incrementando sus riquezas. Mientras en muchos países democráticos han vuelto las largas colas para poder obtener alimentos, los beneficios empresariales se disparan. Las pequeñas y medianas empresas no cuentan con la atención de la clase política y no resulta inhabitual se produzcan graves retrasos en el pago de las nóminas de sus trabajadores.

Por otro lado, mientras los directores ejecutivos de las grandes empresas incrementan sus salarios de manera desproporcionada, los gobiernos permiten los abusos y los fraudes laborales que derivan en el pago de sueldos por debajo del salario mínimo o las horas extra sin remunerar.

Las familias de las clases medias y trabajadoras ven cómo sus gobiernos no dedican recursos suficientes para el control de estos empresarios. Esta situación lo que provoca es que las empresas tengan impunidad absoluta. Es normal que haya desconfianza en las administraciones públicas.

Por el contrario, los ricos Los disfrutan de todo tipo de tratamientos especiales por parte de los gobiernos, sobre todo a través de políticas fiscales que incentivan el fraude, la elusión y la evasión. Además de leyes ineficaces o que materializan la injusticia, como sucede en la Comunidad de Madrid, las normativas fiscales de las democracias dejan puertas abiertas para, por ejemplo, que los activos de capital tengan una tributación mínima o nula, lo que supone un refugio para que los millonarios oculten patrimonio en acciones o productos bursátiles para reducir su aportación al Estado del Bienestar.

Esta situación que propugna la falsa creencia de que si los ricos o las grandes empresas no pagan impuestos habrá más puestos de trabajo o mejores salarios es la que, desde un punto de vista social, está generando el fracaso de los estados democráticos. Los ciudadanos ven cómo sus gobiernos no incrementan su inversión en sanidad, educación, políticas activas de empleo, recursos para la vivienda pública, subidas de salarios o de pensiones porque la clase política ha caído en la trampa de los poderosos: no hay protección social porque no existe la recaudación que deberían sostener los que más tienen o los que más ganan.

Además, los ciudadanos ven que no pueden encontrar la justicia en los tribunales cuando esas clases dominantes cometen abusos o perpetran delitos. En la gran mayoría de los países democráticos existe la percepción de que la corrupción judicial es un hecho. En algunos, la percepción pasa a ser evidencia.

Por tanto, tras el 2008 los ciudadanos han perdido la confianza en las democracias y en las administraciones públicas porque el sistema ha virado hacia la protección de los poderosos, no de los ciudadanos. Esa es una de las razones del crecimiento de los populismos de extrema derecha, extrema izquierda o de los movimientos antiglobalistas. Por esa razón, en Estados Unidos volverá a gobernar un personaje tan nocivo como Donald Trump, en Italia gobierna Giorgia Meloni y en Argentina David Milei, por citar sólo algunos. Los ciudadanos ya han probado votar a socialdemócratas, a liberales o a cualquiera de las tendencias del centro derecha. Todos ellos han fallado y, por tanto, sólo queda confiar en quienes prometen romper el sistema, algo que es una falsa esperanza porque ese sistema tiene todos los recursos posibles (y puede comprar lo imposible) para frenar a quien tenga que frenar.

Fuente: Diario16.com y Infolibre.com

OXFAM. Resumen del informe Desigualdad SA de 2024

 El presente informe expone la elección crucial a la que nos enfrentamos: debemos elegir entre una nueva era de supremacía de una élite milmillonaria, controlada por monopolistas y financieros, o un poder público transformador basado en la igualdad y la dignidad.

La desigualdad en cifras

   

Desde el año 2020, y durante los primeros años de esta década, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado con creces. Durante el mismo período, la riqueza acumulada de cerca de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido.

1. Si cada uno de los cinco hombres más ricos gastase un millón de dólares diarios, les llevaría 476 años agotar su riqueza conjunta.
2. Siete de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director general milmillonario, o a un milmillonario como su principal accionista.
3. A nivel mundial, los hombres poseen 105 billones de dólares más de riqueza que las mujeres: esta diferencia de riqueza equivale a más de cuatro veces el tamaño de la economía estadounidense.
4. El 1 % más rico de la población mundial posee el 43 % de los activos financieros globales.
5. El 1 % más rico de la población mundial genera tantas emisiones de carbono como los dos tercios más pobres de la humanidad.
6. En Estados Unidos, la riqueza de una familia negra promedio representa solo el 15,8 % de la de una familia media blanca.15 En Brasil, en promedio, los ingresos de las personas blancas superan en más de un 70 % a los de las personas afrodescendientes.
7. Únicamente el 0,4 % de las 1600 empresas más grandes e influyentes del mundo se comprometen públicamente a pagar a sus trabajadores y trabajadoras un salario digno y a abogar por el pago de salarios dignos en sus cadenas de valor.
8. Una trabajadora del sector sociosanitario necesitaría 1200 años para ganar lo que un director general de una de las empresas de la lista Fortun

Vínculo entre riqueza extrema y poder empresarial

Existe una profunda relación entre el fuerte aumento de la riqueza de los milmillonarios y el aumento del poder empresarial y monopolístico. Los beneficios de las grandes empresas enriquecen directamente a sus accionistas, a costa de las y los trabajadores y de la inmensa mayoría de la población.

Los nuevos cálculos de Oxfam arrojan luz sobre el volumen de activos financieros globales que pertenece al 1 % más rico. A partir de datos de Wealth X, hemos constatado que el 1 % más rico posee el 43% del conjunto de los activos financieros globales.30 Por regiones, el 1 % más rico posee el 48 % de la riqueza financiera en Oriente Medio, el 50 % de la riqueza en Asia y el 47 % de la riqueza en Europa.

Si nos fijamos en las 50 empresas públicas más grandes del mundo, el 34 % tienen a un milmillonario como director ejecutivo o entre sus principales accionistas, con una capitalización bursátil total de 13,3 billones de dólares.

Siete de las 10 empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa tienen a un milmillonario como director general o principal accionista.

Las acciones con derecho a voto de un accionista le permiten votar sobre quién debe ser el director general (CEO, en inglés) y quién debe formar parte de la junta directiva de la empresa.

Los propietarios milmillonarios utilizan este control para garantizar que el poder empresarial no deje de crecer gracias a una mayor concentración y monopolio del mercado, con el beneplácito de los Gobiernos

Formas de concentrar el poder empresarial fomentando la desigualdad

 El aumento de la monopolización ha reforzado el poder empresarial, cuyo objetivo principal, por encima de cualquier otro, es aumentar los rendimientos para los accionistas. Con el fin de maximizarlos, las empresas hacen uso de su poder y actúan de maneras que impulsan y profundizan aún más la desigualdad. En este informe se examinan cuatro de ellas:

1º) Premiando a los ricos, no a las y los trabajadores

Las empresas impulsan la desigualdad al usar su poder para forzar a la baja los salarios y dirigir las ganancias hacia los súper ricos. En 2022, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó de que la caída histórica de los salarios reales podría aumentar la desigualdad y agravar el malestar social.Los análisis que hemos realizado en el marco de este informe revelan que los salarios de 791 millones de trabajadores y trabajadoras no se han revalorizado con la inflación, lo que ha resultado en una pérdida de 1,5 billones de dólares durante los últimos dos años, el equivalente a casi un mes (25 días) de sueldo perdido para cada persona empleada.49 Las mujeres son, mayoritariamente, quienes ocupan los empleos peor remunerados y más precarios y, en el año 2019, ganaron solo 51 centavos por cada dólar que los hombres obtuvieron en ingresos. Las personas racializadas se enfrentan a la explotación en las cadenas de suministro, mientras que las personas blancas se benefician de manera desproporcionada de los beneficios empresariales. Además, las empresas han utilizado su influencia para oponerse a las leyes y políticas laborales que podrían beneficiar a las y los trabajadores, ya sea luchando contra los aumentos del salario mínimo, apoyando reformas que minan los derechos laborales, estableciendo restricciones políticas a la sindicalización, o incluso apoyando retrocesos en la regulación sobre el trabajo infantil.

2º) Evadiendo y eludiendo impuestos

Las grandes empresas y sus ricos propietarios también impulsan la desigualdad al emprender una guerra fiscal sostenida y ampliamente eficaz. Los tipos nominales del impuesto sobre la renta empresarial en los países de la OCDE se han reducido a más de la mitad desde 1980.58 La planificación fiscal agresiva, el abuso de los paraísos fiscales y los incentivos resultan en tipos impositivos sobre la renta empresarial mucho más bajos, con frecuencia próximos a cero.Esto impulsa la desigualdad de varias maneras. Como el impuesto sobre la renta empresarial recae primordialmente sobre las personas más ricas, su colapso en las últimas décadas ha supuesto, de facto, otro recorte fiscal para los ricos. También ha privado a los Gobiernos de todo el mundo, pero especialmente a los del Sur global, de miles de millones de dólares en ingresos fiscales que podrían utilizarse para reducir la desigualdad y acabar con la pobreza.61 Cada dólar de impuestos evadido o eludido es una enfermera que nunca será contratada, o una escuela que no podrá construirse.

3º) Privatizando los servicios públicos

En todo el mundo, el poder empresarial presiona incesantemente al sector público, mercantilizando y segregando el acceso a servicios vitales como la educación, el agua y la atención médica, a menudo mientras las empresas disfrutan de importantes ganancias respaldadas por los contribuyentes.62 Esto puede socavar la capacidad de los Gobiernos para prestar este tipo de servicios públicos, universales y de alta calidad que tienen el potencial de reducir la desigualdad. Es mucho lo que está en juego. Los servicios básicos suponen industrias de billones de dólares e inmensas oportunidades para generar ganancias y riqueza para los ricos accionistas. El Banco Mundial y otros actores de la financiación del desarrollo han priorizado la prestación de los servicios por parte de actores privados, tratando los servicios básicos como activos y utilizando dinero público para garantizar los rendimientos de las empresas en lugar de los derechos humanos.Las firmas de capital privado se están apoderando de todo, desde los sistemas de abastecimiento de agua hasta los centros de atención médica y las residencias de mayores, en medio de una letanía de preocupaciones sobre sus deficientes e incluso trágicos resultados. La privatización puede impulsar y reforzar las desigualdades en los servicios públicos esenciales, afianzando las brechas entre ricos y pobres, excluyendo y empobreciendo a quienes no pueden asumir ese gasto, mientras que aquellos que se lo pueden permitir acceden a una atención médica y una educación de calidad. La privatización también puede impulsar las desigualdades por motivo de género, raza, y casta. Por ejemplo, Oxfam pudo constatar que, en India, las personas de casta dalit tienen que hacer frente a unos costos de atención médica privada que no pueden pagar; así como a la exclusión de la educación por motivos económicos, y a una discriminación manifiesta en ambos sectores.

4º) Impulsando el colapso climático

El poder empresarial está impulsando el colapso climático, causando a su vez un gran sufrimiento y exacerbando las desigualdades, también en cuanto a raza, clase y género. Muchos de los milmillonarios del mundo poseen, controlan, diseñan y se benefician económicamente de procesos que emiten gases de efecto invernadero, y por tanto, salen ganando cuando las empresas bloquean el progreso hacia una transición rápida y justa, cuando niegan y tergiversan la verdad sobre el cambio climático y cuando silencian y humillan a quienes se oponen a la extracción de combustibles fósiles.

Defendamos una economía al servicio de todas las personas

El poder empresarial desbocado y la extrema riqueza han sido contenidos y frenados en el pasado, y pueden volver a serlo. Este informe sugiere maneras concretas, probadas y prácticas de hacer que la economía funcione para el conjunto de la población.

Estableciendo objetivos para reducir rápida y radicalmente la desigualdad

Existe un amplio consenso sobre el hecho de que la desigualdad es demasiado alta prácticamente en todos los países y también a nivel global.

 En 2023, economistas de renombre mundial, entre los que se encontraban Jayati Ghosh y Thomas Piketty, se unieron a ex funcionarios de Naciones Unidas, del FMI y del Banco Mundial para exigir el establecimiento de objetivos claros para la reducción de la desigualdad. Oxfam apoya la idea propuesta por Joseph Stiglitz, de que cada país debería aspirar a reducir la desigualdad hasta lograr que el 40 % más pobre de la población posea los mismos ingresos que el 10 % más rico, lo que se conoce como un valor 1 del índice de Palma. Los Gobiernos más ricos tienen especial responsabilidad, dada su desmesurada influencia en el establecimiento de las reglas y normas globales. El papel del G20, liderado por Brasil, y los esfuerzos de los países del Sur en el marco de las Naciones Unidas, ofrecen oportunidades únicas para la acción multilateral para abordar la desigualdad tanto a nivel nacional como mundial.

CONTROLAR EL PODER EMPRESARIAL. Tres pasos prácticos

1. Revitalizar el Estado

Un Estado fuerte y eficaz es el mejor baluarte contra el poder empresarial. Es un proveedor de bienes públicos; un creador y diseñador de mercados; un corrector de las deficiencias del

mercado; y un propietario y operador de empresas comerciales nacionales, que en el año 2018 representaron hasta el 40 % de la producción nacional en todo el mundo.80 Los Gobiernos deben asumir una función proactiva en la configuración de sus economías para el bien común. Por ello, deben:

•Garantizar los servicios públicos que combaten la desigualdad, como la sanidad, la educación, los servicios de provisión de cuidados y la seguridad alimentaria.

•Invertir en lo público, transporte, energía, vivienda y otras infraestructuras públicas.

•Explorar alternativas públicas (un monopolio público u otras) en sectores que son propensos al poder monopolístico y fundamentales para abordar la desigualdad extrema e impulsar

una rápida transición para alejarse de los combustibles fósiles. Estos podrían incluir la energía pública, el transporte público (donde los costos de inversión en la infraestructura implican que

solo pueda haber un proveedor eficiente), y otros sectores en los que existe un beneficio nacional significativo.

•Mejorar la transparencia, rendición de cuentas y supervisión de instituciones públicas (incluidas las empresas estatales).

•Fortalecer, financiar y dotar de personal la capacidad regulatoria y jurídica para hacer cumplir las normas a fin de garantizar que el sector privado sirva al bien común.

2. Regular el sector privado

Los Gobiernos deben hacer uso de su autoridad para frenar el exceso de poder del sector privado y evitar injusticias en sus cadenas de suministro, tanto a nivel nacional como internacional, debiendo en ese caso:

•Acabar con los monopolios privados y poner freno al poder empresarial. Los Gobiernos pueden aprender de los recientes casos antimonopolio en Estados Unidos y Europa, y de las lecciones de la historia sobre cómo se abordó con éxito la concentración de riqueza. También deben poner fin al monopolio sobre el conocimiento, democratizando el comercio y poniendo fin al abuso de las normas de propiedad intelectual (por ejemplo, por parte de las grandes farmacéuticas sobre los medicamentos) que impulsan la desigualdad.

•Dar poder a los trabajadores y trabajadoras, y a las comunidades.

Las empresas deben pagar salarios dignos y comprometerse a garantizar la justicia climática y de género: el pago de dividendos y la recompra de acciones deben prohibirse hasta que esto se haya garantizado. Apoyar, proteger y alentar a los sindicatos. Los Gobiernos deben adoptar medidas jurídicamente vinculantes para garantizar los derechos de las mujeres y de las personas racializadas, y para asegurar la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente.

•Aumentar drásticamente los impuestos a las empresas y a los ricos.

Esto incluye un impuesto permanente sobre la riqueza y un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios. El G20, bajo el liderazgo de Brasil, debería impulsar un nuevo acuerdo internacional para aumentar los impuestos sobre los ingresos y la riqueza de las personas más ricas del mundo.

3. Reinventar el sector empresarial

Los Gobiernos pueden utilizar su poder para reinventar el sector privado y dotarlo de un nuevo propósito y para ello deberían:

•Utilizar todo su poder para crear y promover una nueva generación de empresas que no antepongan los intereses de sus accionistas (tales como cooperativas de trabajadores y cooperativas locales, empresas sociales, y empresas de comercio justo), que sean propiedad de los trabajadores y trabajadoras y que estén gobernadas en el interés de estas personas, de las comunidades locales y del medioambiente.

Las empresas competitivas y rentables no tienen por qué estar encadenadas por la codicia de los accionistas.

•Proporcionar apoyo financiero a empresas justas. Los Gobiernos también pueden utilizar los impuestos y otros instrumentos económicos para priorizar modelos de negocio justos. No se

deben otorgar ayudas económicas ni contratos públicos a empresas que no cumplan con sus objetivos de cero emisiones netas, que paguen salarios inferiores al salario digno o que evadan o eludan impuestos.

Fuente: OXFAM (https://www.oxfam.org/es/informes/desigualdad-sa )

INTERNACIONAL. ¿Cómo marchará el mundo en el 2024?

El futuro es una incógnita, porque ahora  el mundo ha entrado en una dinámica guerrera, que hace vislumbrar un futuro incierto, cuando menos difícil y en cualquier caso nada prometedor.

A nivel nacional, y al decir de algunos políticos, mayormente de derechas, España va fatal, aunque según Instituciones economicas internacionales, como el FMI, es el país que siendo una de las grandes economias de la UE, se está recuperando mejor, tras los efectos devastadores, ocurridos consecuencia de, erupciones volcánicas, pandemias y guerras en Europa o, a sus puertas (Ucrania y Palestina).

¿Pero que hay detrás de todo esto?

La ideología neofascista de la extrema derecha, gana adeptos entre las clases dirigentes de partidos constitucionalistas e independentistas.

La vieja guardia dominante de partidos políticos tanto de izquierdas como de derechas, se niegan a ceder el poder a las nuevas generaciones, que bien gobiernan o bien aspiran a gobernar, torpedeando sus decisiones a golpe de manifestaciones con aura de verdad, que revisten un fondo lleno de falsedad y maldad, esgrimiendo su derecho a la libertad de expresión, con el fin último de impedir que nuevas ideas de convivencia, arraiguen en la sociedad, alegando en este caso que cualquier tiempo pasado fue mejor (sobre todo si traen vientos con aromas gallegos) y por tanto entienden que ideas y gobernanza del siglo pasado, “per se” deben mantenerse por siempre jamás de manera inalterable.

La pérdida de valores y el instinto negacionista sale a relucir en estos casos y en otros similares, como en la defensa de los derechos humanos y de la Justicia Social, del Cambio climático o del derecho a existir de países como Ucrania y Palestina. Eso sí, validando según convenga, el genocidio que están cometiendo países agresores, como Rusia e Israel, que masacran a la población civil de Ucrania y Palestina, respectivamente.

Pues a fin de cuentas, todo es cuestión de geopolítica, poder y dinero, es decir, el capitalismo en estado puro y en su máxima expresión, venga de EEUU, Rusia o China.

Es el capitalismo, estúpido, que dicen allende los mares.

Fuente: Redacción

HUMAN RIGHTS WATCH (INFORME 2024).Las crisis globales de derechos se intensifican ante la tibieza de los líderes mundiales

Una diplomacia basada en principios es fundamental para sostener el marco de derechos humanos

Los líderes mundiales no han adoptado posturas firmes para proteger los derechos humanos durante 2023, un año en el que se han vivido algunas de las peores crisis y desafíos de los últimos tiempos, con consecuencias mortales, afirmó hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2024. Los gobiernos deberían dejar de involucrarse en la diplomacia transaccional y hacer todo lo posible para defender los principios universales de derechos humanos.

El renovado conflicto armado entre el gobierno israelí y Hamás causó un sufrimiento terrible, al igual que los conflictos en Ucrania, Myanmar, Etiopía y el Sahel. El año 2023 fue el más caluroso desde que comenzaron los registros mundiales en 1880 y la avalancha de incendios forestales, sequías y tormentas provocaron estragos en comunidades desde Bangladesh hasta Libia y Canadá. La desigualdad económica aumentó en todo el mundo, al igual que la ira por las decisiones políticas que han arrastrado a tantas personas a la necesidad de luchar por sobrevivir.

“El sistema internacional del que dependemos para proteger los derechos humanos está amenazado en la medida en que los líderes mundiales cierran los ojos cuando se violan los principios universales de los derechos humanos”, afirmó Tirana Hassan, directora ejecutiva de Human Rights Watch. “Cada vez que un país pasa por alto estos principios universales y globalmente aceptados, alguien paga un precio, y ese precio, a veces, es la vida de las personas”.

La 34.a edición del Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, de 740 páginas, analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva Tirana Hassan señala que 2023 fue un año con fuertes implicancias no solo en términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en contextos de guerra, sino además por el ejercicio de la diplomacia transaccional y la indignación selectiva que manifestaron algunos gobiernos, lo cual conllevó costos profundos para los derechos de quienes se encontraban fuera de estos acuerdos. Pero señala que también hubo destellos de esperanza, que muestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a respetar de manera congruente sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Los dobles estándares de los gobiernos al aplicar el marco de derechos humanos no solo ponen en riesgo innumerables vidas, sino que también socavan la confianza en las instituciones responsables de hacer cumplir y proteger los derechos, afirmó Human Rights Watch. Cuando los gobiernos condenan abiertamente los crímenes de guerra del gobierno israelí contra civiles en Gaza pero guardan silencio ante los crímenes contra la humanidad del gobierno chino en Xinjiang, o exigen un procesamiento internacional por los crímenes de guerra rusos en Ucrania mientras socavan la rendición de cuentas por los abusos estadounidenses en Afganistán, debilitan la creencia en la universalidad de los derechos humanos y la legitimidad de las leyes diseñadas para protegerlos.

A los gobiernos les ha resultado más fácil ignorar los problemas de derechos humanos en el ámbito internacional, en parte porque las violaciones de derechos humanos en sus propios países no han sido cuestionadas por la comunidad internacional, afirmó Human Rights Watch.

Las crisis humanitaria y de derechos humanos han llevado a muchos a cuestionar la eficacia del marco de derechos humanos, cuando los gobiernos abusivos pueden beneficiarse del tibio respaldo a un enfoque de derechos por parte de gobiernos más democráticos y respetuosos de los derechos, afirmó Human Rights Watch. Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos de base y las personas defensoras de los derechos humanos pueden ayudar a restablecer el marco de derechos humanos como hoja de ruta para construir sociedades prósperas e inclusivas.

Muchos gobiernos que condenaron los crímenes de guerra de Hamás se han mostrado reservados a la hora de responder a los cometidos por el gobierno israelí. La renuencia a denunciar los abusos del gobierno israelí se debe a la negativa de Estados Unidos y la mayoría de los países miembros de la Unión Europea a instar al fin del cierre de Gaza, impuesto por el gobierno israelí durante 16 años.

Los compromisos en materia de derechos humanos en nombre de la política son evidentes cuando muchos gobiernos no se pronuncian sobre la intensificación de la represión por parte del gobierno chino. La persecución cultural y la detención arbitraria de un millón de uigures y otros musulmanes turcos por parte de las autoridades chinas equivalen a crímenes contra la humanidad, pero muchos gobiernos, incluso en países predominantemente musulmanes, guardan silencio.

En Sudán, que se sumió en un conflicto armado en abril de 2023 cuando los dos generales sudaneses más poderosos se enfrentaron por el poder, las Naciones Unidas no han logrado detener los abusos masivos contra civiles, sobre todo en la región de Darfur. El Consejo de Seguridad de la ONU cerró su misión política en Sudán ante la insistencia del gobierno sudanés, poniendo fin a lo poco que quedaba de la capacidad de la ONU en el país para proteger a los civiles e informar públicamente sobre la situación de los derechos. Tampoco ha hecho casi nada para abordar la intransigencia del gobierno sudanés en la cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI).

En Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha mostrado poco interés en responsabilizar a los violadores de los derechos humanos que son clave para su agenda nacional o aquellos en la esfera de influencia de China. Los aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita, India y Egipto continúan violando masivamente los derechos de sus ciudadanos.

La UE ha eludido sus obligaciones en materia de derechos humanos, devolviendo a solicitantes de asilo y migrantes a otros países o haciendo acuerdos con gobiernos abusivos como Libia y Turquía para mantener fuera a los migrantes. Los gobiernos democráticos de la región de Asia-Pacífico, incluidos Japón, Corea del Sur y Australia, consistentemente relegan los derechos humanos en nombre de garantizar alianzas militares y comerciales.

Bajo el primer ministro Narendra Modi, la democracia de India se ha deslizado hacia la autocracia, con las autoridades apuntando a las minorías, endureciendo la represión y desmantelando las instituciones independientes.

En Túnez, el presidente Kais Saied ha eliminado los controles y contrapesos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha manipulado los altos niveles de delincuencia para aplicar medidas de seguridad con el fin de hacerse con el poder y consolidarlo. En Bangladesh, el gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina ordenó el arresto de más de 10.000 líderes y partidarios de la oposición antes de las elecciones de enero de 2024.

Pero así como estas amenazas están interconectadas, también lo está el poder del marco de derechos humanos para proteger la libertad y la dignidad de las personas.

En una decisión histórica en noviembre, la Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno sirio prevenir la tortura y otros abusos. El parlamento japonés aprobó su primera ley para proteger a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de una “discriminación injusta”. En México, una coalición de la sociedad civil convenció al Congreso para que aprobara una ley que estableciera la plena capacidad jurídica, beneficiando a millones de personas con discapacidad y personas mayores.

En marzo, la CPI emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y su comisionado para los derechos del niño por crímenes de guerra relacionados con el traslado forzoso de niños y niñas desde territorios ocupados de Ucrania a Rusia. La Corte Suprema de Brasil ratificó todos los derechos de todos los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales, una de las barreras más efectivas contra la deforestación en la Amazonía.

Y en noviembre, el tribunal más alto del Reino Unido determinó por unanimidad que Ruanda no es un tercer país seguro para enviar a solicitantes de asilo, anulando un acuerdo que efectivamente trasladaba las responsabilidades de asilo del Reino Unido a Ruanda.

“Las crisis de derechos humanos en todo el mundo ponen en evidencia la urgencia de que los gobiernos respeten, en todas partes, los principios de larga data y mutuamente acordados del derecho internacional de los derechos humanos”, afirmó Hassan. “La diplomacia basada en principios, en la cual los gobiernos asignan un lugar central a sus obligaciones de derechos humanos en las relaciones que mantienen con otros países, puede influir para contrarrestar conductas opresivas y tener un impacto significativo para las personas cuyos derechos estén siendo violados”.

Fuente: Human Rights watch

RESUMEN 2023. De las miserias humanas y crisis humanitarias que no cesan.

 Las cifras de víctimas consecuencia de ambiciones políticas y desastres naturales, no paran de crecer a nivel mundial. Según Naciones Unidas, el triste récord del número de personas que necesitan ayuda humanitaria en el mundo alcanza 360 millones, un 30% más que en 2022. Más de 110 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. La inseguridad alimentaria se acentúa, y más de 260 millones de personas corren el riesgo de sufrir hambruna.

Algunas crisis acaban de empezar, otras llevan enquistadas décadas y otras se agudizan con los efectos de desastres naturales y guerras. Valga como ejemplo los siguientes casos.

UCRANIA

En 2022 asistimos a la mayor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala en Ucrania, y ahora que dicha  guerra se acerca a su segundo aniversario, que por el momento ha causado miles de víctimas de ambos ejércitos, que incluyendo muertos, heridos y desaparecidos, y sumados todos ellos, rondarían el millón. Además arrojan cifras, de más de 17 millones de personas en Ucrania que necesitan ayuda humanitaria urgentemente; entre ellas, más de 5 millones de personas desplazadas internas debido a la guerra. En junio de 2023, se tenía registro de más de 8,2 millones de personas refugiadas procedentes de Ucrania en todo el mundo.

Se debe seguir trabajando para para esta guerra sin sentido, que ya ha derivado en que la Corte Penal Internacional emita una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra en Ucrania, termine de una vez por todas, con un acuerdo de paz que permita que las fronteras de Ucrania coincidan con las que había antes del inicio de la invasión rusa.

PALESTINA

Desde principios de 2023, la situación ha empeorado con un aumento de los casos de violencia, incluidos ataques a la población palestina por parte de colonos, demoliciones e incursiones militares en otros campos de refugiados, agravados ahora con el genocidio palestino a manos del ejército israelí, que protegido por Estados Unidos, haciendo uso de su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde por segunda vez, ha votado en contra de exigir un alto el fuego en la que debería llamarse guerra palestino-israelí, que impidiese la continuación del exterminio palestino, que después de 75 días desde el inicio del conflicto, ya alcanzan los 22.000 muertos entre Gaza y Cisjordania (sin contar los 8.000 desaparecidos) siendo el 75% niños y mujeres.

Poner fin a esta situación, necesita, más que nunca, un llamamiento de todos los países y organizaciones internacionales que exijan la aplicación de las leyes internacionales y del derecho humanitario, a las que la potencia ocupante e invasora de Israel, debe adherirse y respetar.

JORDANIA / SIRIA

Jordania ya acogía millones de personas refugiadas palestinas, cuando hace 12 años estalló la guerra en Siria. Más del 80% de las personas refugiadas viven por debajo del umbral de la pobreza y en condiciones deplorables, sin acceso a los servicios básicos mínimos. En este escenario, las mujeres refugiadas se encuentran en una situación muy vulnerable: sin acceso a atención médica, víctimas de la discriminación social y laboral y sin protección frente a la violencia de género.

HAITÍ

La población en Haití no puede más, se encuentra en una situación crítica. Las sequías, cada vez más prologadas, y la falta de lluvias junto con las dificultades para acceder a crédito rural y a productos como semillas o fertilizantes, impiden a muchas familias sacar adelante sus cultivos y afecta al ganado, que ya no encuentra suficiente para comer y beber. Todo ello agrava la situación de hambruna que sufre casi la mitad del país, unos 4,9 millones de personas, según Naciones Unidas.

En los últimos meses, el país ha tenido que hacer frente a la subida del precio del combustible, que ha incrementado el precio de todos los alimentos y, por tanto, ha reducido el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables. Asimismo, el fenómeno del «pays lock», con puertos y carreteras cerradas y la violencia de las bandas organizadas, ha dificultado la compra de productos de primera necesidad durante varios meses, aumentando las personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

MALI

En Mali se logró asegurar nueva financiación para continuar el trabajo humanitario con nuestra socia GREFFA. Actualmente la región de Gao es una de las zonas más vulnerables en Mali. Alejada de la protección del Estado, la población tiene que sobrevivir con unos recursos mínimos en medio de un escenario bélico. Para las mujeres y niñas que sufren violencia de género la situación es extremadamente dura. Por eso, desde Alianza por la Solidaridad-ActionAid estamos apoyando a las mujeres supervivientes de violencia de género. Así ellas puedan tener la oportunidad de poder acceder a servicios multisectoriales de atención.

Junto a organizaciones locales, intentamos ofrecer apoyo a la población que, desde una posición de extrema vulnerabilidad, tiene que contar con los derechos y las estructuras que les permitan continuar con sus vidas sin violencia. Además, también trabajamos en la restitución de medios de vida, construcción de paz y en garantizar estándares seguros de agua y saneamiento.

COLOMBIA

Más de 50 años de conflicto armado en Colombia arroja cifras aterradoras: más de 260.000 personas asesinadas –de las cuales 81% son civiles–, 36.000 secuestros y 7.000.000 de desplazamientos forzosos.

El camino hacia la paz sigue siendo arduo pero la población colombiana, que durante medio siglo ha hecho frente a profundas desigualdades sociales y altos niveles de pobreza y exclusión, lo afronta con gran esperanza. De entre todas las personas afectadas, los grupos que más han sufrido las consecuencias de este conflicto han sido niños y niñas, mujeres y las comunidades indígenas y afrodescendientes, debido al reclutamiento forzoso de menores, al control de las comunidades por grupos armados y al altísimo índice de violencia sexual y de género.

POSDATA

Con estos datos, la felicitación navideña, como siempre llega descafeinada, porque solo la disfrutan países del primer mundo, siempre y cuando no estén en guerra, al resto solo les toca doble ración de pan y agua, que no es el caso de Palestina.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Fuente: Alianza por la solidaridad.org