Una diplomacia basada en principios es fundamental para sostener el marco de derechos humanos
El renovado conflicto armado entre el
gobierno israelí y Hamás causó un sufrimiento terrible, al igual que los
conflictos en Ucrania, Myanmar, Etiopía y el Sahel. El año 2023 fue el más
caluroso desde que comenzaron los registros mundiales en 1880 y la avalancha de
incendios forestales, sequías y tormentas provocaron estragos en comunidades
desde Bangladesh hasta Libia y Canadá. La desigualdad económica aumentó en todo
el mundo, al igual que la ira por las decisiones políticas que han arrastrado a
tantas personas a la necesidad de luchar por sobrevivir.
“El sistema internacional del que
dependemos para proteger los derechos humanos está amenazado en la medida en
que los líderes mundiales cierran los ojos cuando se violan los principios
universales de los derechos humanos”, afirmó Tirana Hassan, directora ejecutiva
de Human Rights Watch. “Cada vez que un país pasa por alto estos principios
universales y globalmente aceptados, alguien paga un precio, y ese precio, a
veces, es la vida de las personas”.
La 34.a edición del Informe Mundial 2024
de Human Rights Watch, de 740 páginas, analiza las prácticas de derechos
humanos en casi 100 países. En el ensayo introductorio, la directora ejecutiva
Tirana Hassan señala que 2023 fue un año con fuertes implicancias no solo en
términos de represión de los derechos humanos y atrocidades perpetradas en
contextos de guerra, sino además por el ejercicio de la diplomacia
transaccional y la indignación selectiva que manifestaron algunos gobiernos, lo
cual conllevó costos profundos para los derechos de quienes se encontraban
fuera de estos acuerdos. Pero señala que también hubo destellos de esperanza,
que muestran que es posible un camino diferente, e insta a los gobiernos a
respetar de manera congruente sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Los dobles estándares de los gobiernos al
aplicar el marco de derechos humanos no solo ponen en riesgo innumerables
vidas, sino que también socavan la confianza en las instituciones responsables
de hacer cumplir y proteger los derechos, afirmó Human Rights Watch. Cuando los
gobiernos condenan abiertamente los crímenes de guerra del gobierno israelí
contra civiles en Gaza pero guardan silencio ante los crímenes contra la
humanidad del gobierno chino en Xinjiang, o exigen un procesamiento
internacional por los crímenes de guerra rusos en Ucrania mientras socavan la
rendición de cuentas por los abusos estadounidenses en Afganistán, debilitan la
creencia en la universalidad de los derechos humanos y la legitimidad de las
leyes diseñadas para protegerlos.
A los gobiernos les ha resultado más
fácil ignorar los problemas de derechos humanos en el ámbito internacional, en
parte porque las violaciones de derechos humanos en sus propios países no han
sido cuestionadas por la comunidad internacional, afirmó Human Rights Watch.
Las crisis humanitaria y de derechos
humanos han llevado a muchos a cuestionar la eficacia del marco de derechos
humanos, cuando los gobiernos abusivos pueden beneficiarse del tibio respaldo a
un enfoque de derechos por parte de gobiernos más democráticos y respetuosos de
los derechos, afirmó Human Rights Watch. Las organizaciones de la sociedad
civil, los movimientos de base y las personas defensoras de los derechos
humanos pueden ayudar a restablecer el marco de derechos humanos como hoja de
ruta para construir sociedades prósperas e inclusivas.
Muchos gobiernos que condenaron los
crímenes de guerra de Hamás se han mostrado reservados a la hora de responder a
los cometidos por el gobierno israelí. La renuencia a denunciar los abusos del
gobierno israelí se debe a la negativa de Estados Unidos y la mayoría de los
países miembros de la Unión Europea a instar al fin del cierre de Gaza,
impuesto por el gobierno israelí durante 16 años.
Los compromisos en materia de derechos
humanos en nombre de la política son evidentes cuando muchos gobiernos no se
pronuncian sobre la intensificación de la represión por parte del gobierno
chino. La persecución cultural y la detención arbitraria de un millón de
uigures y otros musulmanes turcos por parte de las autoridades chinas equivalen
a crímenes contra la humanidad, pero muchos gobiernos, incluso en países
predominantemente musulmanes, guardan silencio.
En Sudán, que se sumió en un conflicto
armado en abril de 2023 cuando los dos generales sudaneses más poderosos se
enfrentaron por el poder, las Naciones Unidas no han logrado detener los abusos
masivos contra civiles, sobre todo en la región de Darfur. El Consejo de
Seguridad de la ONU cerró su misión política en Sudán ante la insistencia del
gobierno sudanés, poniendo fin a lo poco que quedaba de la capacidad de la ONU
en el país para proteger a los civiles e informar públicamente sobre la
situación de los derechos. Tampoco ha hecho casi nada para abordar la
intransigencia del gobierno sudanés en la cooperación con la Corte Penal
Internacional (CPI).
En Estados Unidos, el presidente Joe
Biden ha mostrado poco interés en responsabilizar a los violadores de los
derechos humanos que son clave para su agenda nacional o aquellos en la esfera
de influencia de China. Los aliados de Estados Unidos como Arabia Saudita,
India y Egipto continúan violando masivamente los derechos de sus ciudadanos.
La UE ha eludido sus obligaciones en
materia de derechos humanos, devolviendo a solicitantes de asilo y migrantes a
otros países o haciendo acuerdos con gobiernos abusivos como Libia y Turquía
para mantener fuera a los migrantes. Los gobiernos democráticos de la región de
Asia-Pacífico, incluidos Japón, Corea del Sur y Australia, consistentemente
relegan los derechos humanos en nombre de garantizar alianzas militares y
comerciales.
Bajo el primer ministro Narendra Modi, la
democracia de India se ha deslizado hacia la autocracia, con las autoridades
apuntando a las minorías, endureciendo la represión y desmantelando las
instituciones independientes.
En Túnez, el presidente Kais Saied ha
eliminado los controles y contrapesos. El presidente de El Salvador, Nayib
Bukele, ha manipulado los altos niveles de delincuencia para aplicar medidas de
seguridad con el fin de hacerse con el poder y consolidarlo. En Bangladesh, el
gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina ordenó el arresto de más de
10.000 líderes y partidarios de la oposición antes de las elecciones de enero
de 2024.
Pero así como estas amenazas están
interconectadas, también lo está el poder del marco de derechos humanos para
proteger la libertad y la dignidad de las personas.
En una decisión histórica en noviembre,
la Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno sirio prevenir la tortura
y otros abusos. El parlamento japonés aprobó su primera ley para proteger a las
personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de una “discriminación
injusta”. En México, una coalición de la sociedad civil convenció al Congreso
para que aprobara una ley que estableciera la plena capacidad jurídica,
beneficiando a millones de personas con discapacidad y personas mayores.
En marzo, la CPI emitió órdenes de
arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y su comisionado para los
derechos del niño por crímenes de guerra relacionados con el traslado forzoso
de niños y niñas desde territorios ocupados de Ucrania a Rusia. La Corte
Suprema de Brasil ratificó todos los derechos de todos los pueblos indígenas
sobre sus tierras ancestrales, una de las barreras más efectivas contra la
deforestación en la Amazonía.
Y en noviembre, el tribunal más alto del
Reino Unido determinó por unanimidad que Ruanda no es un tercer país seguro
para enviar a solicitantes de asilo, anulando un acuerdo que efectivamente
trasladaba las responsabilidades de asilo del Reino Unido a Ruanda.
“Las crisis de derechos humanos en todo
el mundo ponen en evidencia la urgencia de que los gobiernos respeten, en todas
partes, los principios de larga data y mutuamente acordados del derecho
internacional de los derechos humanos”, afirmó Hassan. “La diplomacia basada en
principios, en la cual los gobiernos asignan un lugar central a sus
obligaciones de derechos humanos en las relaciones que mantienen con otros
países, puede influir para contrarrestar conductas opresivas y tener un impacto
significativo para las personas cuyos derechos estén siendo violados”.
Fuente: Human Rights watch
