ANÁLISIS. De la regularización extraordinaria de extranjeros en España: derechos, límites y desinformación.

 En los últimos años, la cuestión migratoria se ha consolidado como uno de los grandes retos sociales y políticos en España.    

En este contexto, el Gobierno ha iniciado un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya residen en el país, una medida que no se adoptaba desde hace más de dos décadas. 

Esta iniciativa, aprobada mediante la tramitación urgente de un Real Decreto tras un acuerdo con Podemos, busca dar respuesta a la situación administrativa irregular de cientos de miles de migrantes, al tiempo que ha generado un intenso debate público, marcado en gran parte, por la desinformación.

El proceso de regularización extraordinaria está dirigido a extranjeros que ya viven en España y que puedan acreditar al menos cinco meses de residencia continuada antes del 31 de diciembre de 2025, y además, carecer de antecedentes penales. 

Se estima que alrededor de 500.000 personas podrían beneficiarse de esta medida, obteniendo a medio plazo un permiso de residencia y trabajo. El objetivo principal es integrar legalmente a estas personas en el mercado laboral y en el sistema social, reduciendo así la economía sumergida y mejorando sus condiciones de vida.

Sin embargo, en paralelo a la aprobación de esta iniciativa,  se ha difundido en redes sociales la idea, que los migrantes regularizados podrán votar en las próximas elecciones generales. Esta afirmación es falsa. Al igual que  lo son, los bulos anteriores, vertidos durante la campaña electoral de Aragón por los dirigentes de Vox y del  Partido Popular, que supuestamente fueron el detonante, de los lanzados posteriormente en redes sociales y sobre el mismo asunto. 

Regularizar no equivale a nacionalizar, y la regularización extraordinaria no concede la nacionalidad española, que es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto en elecciones generales y autonómicas. Por tanto, afirmar que esta medida altera el censo electoral o influye directamente en los resultados electorales constituye un bulo.

El marco legal español es claro en esta materia. El artículo 13 de la Constitución y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establecen que el derecho de sufragio en elecciones generales corresponde exclusivamente a los ciudadanos españoles mayores de edad. Los extranjeros residentes en España, aunque tengan permiso legal de residencia y trabajo, no pueden votar en estos comicios si no han adquirido la nacionalidad.

Existen, no obstante, algunas excepciones limitadas en el ámbito de las elecciones municipales. En estos casos, solo pueden votar los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España  y aquellos extranjeros procedentes de países con los que España mantiene acuerdos de reciprocidad. En las elecciones municipales de 2023, este derecho se extendió a nacionales de trece países no pertenecientes a la UE, siempre que cumplieran requisitos estrictos como la inscripción en el censo electoral y una residencia legal continuada de al menos cinco años, reducida a tres en algunos casos concretos.

En cuanto a las elecciones europeas, solo los ciudadanos de la Unión Europea pueden votar y ser elegidos en el país en el que residan. 

Por ello, un migrante extracomunitario solo podría participar en comicios autonómicos, si previamente hubiese adquirido la nacionalidad de un Estado miembro de la UE, incluida la española.

El acceso a la nacionalidad española es un proceso largo y está regulado por el Código Civil, vigente en este aspecto desde 2002. En términos generales, se exige una residencia legal y continuada de diez años, aunque existen excepciones extraordinarias que reducen el plazo a cinco, dos o incluso un año en situaciones específicas. Los datos del Ministerio de Justicia muestran que en 2025 se concedieron más de 221.000 solicitudes de nacionalidad, superando el millón desde 2020, lo que evidencia que la nacionalización es un proceso independiente, gradual y ajeno a las regularizaciones extraordinarias.

Finalmente, esta medida debe entenderse dentro de un marco más amplio de reforma de la política migratoria. En 2025 entró en vigor un nuevo Reglamento de Extranjería que flexibiliza y reorganiza las figuras de arraigo y agiliza la reagrupación familiar. Según las estimaciones del Gobierno, esta reforma permitirá regularizar a unas 300.000 personas al año entre 2025 y 2027, reforzando una estrategia de integración progresiva y ordenada.

En conclusión, la regularización extraordinaria de extranjeros en España representa una respuesta institucional a una realidad social ya existente, pero no supone en ningún caso una concesión automática de derechos políticos. 

Diferenciar entre regularización, residencia y nacionalidad es fundamental para comprender el alcance real de la medida y evitar la propagación de bulos que distorsionan el debate público y alimentan la polarización social. 

Si algo pone de manifiesto este proceso es la necesidad de una información rigurosa y responsable en un tema tan sensible como la inmigración.

Fuente: Redacción

DERECHOS HUMANOS. La dignidad humana frente a la injusticia social y la incoherencia política

La cuestión de la migración y su regularización en España se ha convertido, una vez más, en un campo de batalla ideológico donde la injusticia social, la incoherencia política y la manipulación moral quedan dolorosamente expuestas.  

La reciente propuesta de regularización de aproximadamente 500.000 personas migrantes no solo pone a prueba la voluntad política del Estado, sino también la coherencia ética de quienes se presentan como defensores de valores cristianos y del orden social.

Resulta especialmente llamativo el papel desempeñado por el Partido Popular, que en 2024 votó a favor de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dicha regularización. Esta iniciativa contó incluso con el respaldo explícito de la Iglesia Católica, que lo celebró como un reconocimiento a la dignidad humana. Sin embargo, pese a ese apoyo social y moral, el PP anuncia ahora recursos judiciales y presiones ante instancias europeas, alegando que la medida es ilegal y genera un supuesto “efecto llamada”. Esta argumentación no solo carece de solidez histórica, sino que revela una profunda contradicción política: anteriores gobiernos del propio PP y del PSOE llevaron a cabo regularizaciones similares sin que entonces se cuestionara su legalidad. La ley parece cambiar no por principios jurídicos, sino por conveniencia ideológica.

A este escenario se suma el discurso de Vox, que eleva el despropósito a niveles alarmantes al calificar la migración como una “invasión”. Un mensaje que no necesita mayor comentario, pues se define por sí mismo como deshumanizador y contrario a cualquier noción básica de derechos humanos. La intención de recurrir la regularización ante el Tribunal Supremo y ante Europa no responde a una defensa del Estado de derecho, sino a una estrategia de confrontación basada en el miedo, la exclusión y el rechazo del otro.

Pero el debate no es solo político; es profundamente moral. Quienes se oponen a la regularización apelan con frecuencia a valores tradicionales y a una identidad cristiana que dicen defender. Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia Católica es clara al respecto: la justicia social es la concreción de la caridad y del respeto a la dignidad humana. Esta dignidad es intrínseca, inalienable y sagrada, ya que toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios. No depende del origen, la situación administrativa o la condición económica, sino que constituye un valor absoluto que debe ser reconocido y protegido.

Desde esta perspectiva, resulta incoherente que líderes y partidos que se declaran católicos —como PP, Vox, Junts o UPN— adopten posiciones que niegan esa dignidad a migrantes, pobres, parados o marginados. La regularización no es un acto de caridad ingenua, sino una exigencia de justicia que busca garantizar condiciones de vida dignas, acceso a derechos y participación social a quienes ya forman parte de la comunidad. Negar esto supone traicionar no solo los principios de justicia social, sino también la esencia misma del mensaje cristiano.

Más aún, esta actitud incurre en faltas morales que la propia Iglesia condena. La soberbia de creerse por encima del sufrimiento ajeno y la avaricia de anteponer el beneficio económico al valor de la persona humana son pecados capitales que parecen normalizados en ciertos discursos políticos. La obsesión por “la pasta, el dinero, el parné” termina despojando al ser humano de su condición de fin en sí mismo para convertirlo en un problema o una amenaza.

En definitiva, la regularización de personas migrantes no debería ser un escándalo político, sino un acto de coherencia ética y de justicia social. Si la defensa de la dignidad humana no se ejerce aquí y ahora, en la tierra, difícilmente podrá proclamarse con credibilidad en nombre de valores religiosos o morales. El verdadero juicio no será solo el de los tribunales, sino el de la historia y, para quienes creen, el de la propia conciencia.

Inmigración, poder y contradicciones en la derecha española

 Desde una perspectiva económica y empresarial, resulta evidente que la inmigración no solo es necesaria, sino imprescindible para el sostenimiento del modelo productivo español. 

  Sectores clave como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados dependen en gran medida de la mano de obra migrante. Esta realidad es bien conocida tanto por el empresariado como por amplios sectores de la sociedad civil. Sin embargo, cuando se analiza la posición del Partido Popular (PP) respecto a la inmigración, emerge una profunda contradicción entre lo que España necesita y lo que el partido está dispuesto a defender públicamente.

El Partido Popular se presenta hoy como una versión desdibujada de sí mismo, una formación incapaz de articular un discurso propio y atrapada en la sombra de Vox. Lejos de liderar el debate político, el PP parece esperar a que Santiago Abascal marque la línea para, posteriormente, asumirla sin matices. Esta subordinación ideológica convierte al PP en una mala copia de la extrema derecha, renunciando a cualquier intento de moderación o autonomía política, incluso en un asunto tan complejo y humanamente sensible como la inmigración.

La razón de esta actitud es clara: el poder. Para el PP, gobernar se ha convertido en un fin en sí mismo, y la dependencia de Vox es el precio que está dispuesto a pagar. De ahí las constantes concesiones y gestos de sumisión, que se traducen en un discurso cada vez más duro y deshumanizado. En este contexto, las necesidades reales de la sociedad española —incluidas las advertencias de la Iglesia o de organizaciones empresariales como la CEOE— quedan relegadas a un segundo plano. Importa más mantener la alianza que atender a la realidad social y económica del país.

Ambos partidos, PP y Vox, afirman ahora defender una “inmigración ordenada”. Sin embargo, este concepto, aparentemente razonable, se vacía de contenido cuando se observa su aplicación práctica. Bajo esta lógica, personas que huyen de guerras, persecuciones o crímenes de guerra —como ocurre en Palestina u otros conflictos— quedarían a merced de decisiones políticas arbitrarias. La idea de que un ministro del Interior, con una visión ideologizada y restrictiva, autorice o deniegue su entrada convierte el derecho de asilo en una quimera. Para muchos, la espera no solo sería eterna, sino mortal.

A esta exigencia se suma la pretensión de que los migrantes “conozcan la cultura española”. Pero ¿a qué cultura se refieren exactamente? ¿Al dominio de todas las lenguas oficiales del Estado? ¿O a la asimilación de una visión política marcada por el rechazo al diferente? Si se trata de aprender el odio visceral hacia el migrante que se observa en ciertos discursos de la derecha y la ultraderecha, o de interiorizar prácticas políticas alejadas de los valores democráticos, entonces el requisito cultural se convierte en una herramienta de exclusión más que de integración.

Este enfoque revela una profunda incoherencia moral y política. Mientras se proclaman valores cristianos y tradicionales, se promueve un modelo social basado en el egoísmo, la avaricia y la negación de la dignidad humana. No resulta extraño, entonces, que muchos de estos discursos encuentren refugio en una religiosidad más ritual que ética, donde los confesonarios sustituyen a la responsabilidad política.

En definitiva, la postura del PP sobre la inmigración no responde ni a las necesidades reales de España ni a un compromiso genuino con los derechos humanos. Es, más bien, el resultado de una estrategia de poder que sacrifica principios, coherencia y humanidad en el altar de la gobernabilidad. Una estrategia que, lejos de fortalecer la democracia, la empobrece.

Fuente: Redacción

POLITICA Y SOCIEDAD. Del decreto ómnibus y la disputa por la justicia social en el Congreso de Diputados de España

 Los diputados de PP, Vox, Junts y UPN, votaron contra la ciudadanía al oponerse al "decreto ómnibus" que entre otras medidas incluían, la prórroga de las ayudas sociales y la subida de las pensiones, demostrando con ello el modo tan particular de entender la justicia social que tienen.

El rechazo del decreto ley ómnibus por parte de PP, Vox, Junts y UPN, en el Congreso de los Diputados ha reabierto un intenso debate político y social en torno a la justicia social, la protección de los colectivos vulnerables y las estrategias parlamentarias de los distintos partidos. 

Este decreto, que incluía medidas tan relevantes como la revalorización de las pensiones, la prórroga de ayudas sociales y la prohibición de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad, se convirtió en un campo de batalla ideológico, donde las prioridades políticas de cada partido quedaron claramente expuestas.

El Gobierno defendió el carácter urgente y social del paquete de medidas, subrayando que afectaba positivamente a más de 13 millones de personas, entre pensionistas, familias vulnerables y damnificados por catástrofes naturales como la dana o los incendios. La revalorización de las pensiones, la ampliación del bono energético y la protección frente a desahucios no solo pretendían garantizar derechos básicos, sino también evitar un deterioro del nivel de vida de los sectores más frágiles de la población. Desde esta perspectiva, votar a favor del decreto significaba asumir una responsabilidad social acorde con la función representativa del Parlamento.

Sin embargo, derechas y ultraderechas, justificaron su voto en contra alegando que el Gobierno utilizó un “decreto ómnibus” para mezclar cuestiones heterogéneas y forzar apoyos, lo que calificaron como una falta de respeto al Parlamento. 

Especialmente controvertida fue la prórroga de la suspensión de desahucios, presentada por la derecha como una medida que perjudica a los propietarios. No obstante, tal argumento fue duramente rebatido por los grupos de izquierda, que recordaron que la medida solo afecta a grandes tenedores de vivienda y que incluye mecanismos de compensación económica financiados por el Estado.

La incoherencia política se convirtió en uno de los ejes centrales del debate. Varios portavoces del Gobierno y de la izquierda señalaron que estos mismos partidos ya habían votado a favor de decretos similares en el pasado, incluso con contenidos prácticamente idénticos. Este hecho plantea dudas sobre si el rechazo responde realmente a razones técnicas o parlamentarias, o por el contrario, se trata de una estrategia política orientada a desgastar al Ejecutivo, aun a costa de bloquear medidas sociales muy necesarias y ampliamente respaldadas por la ciudadanía.

El debate también evidenció tensiones dentro del propio bloque de investidura, con críticas al Gobierno por no negociar las medidas por separado. Aun así, la mayoría de estos grupos optaron por apoyar el decreto para no dejar desprotegidas a miles de familias. Frente a esto, la decisión de PP, Vox,  Junts y UPN, tuvo consecuencias inmediatas: la paralización de ayudas energéticas, la incertidumbre para pensionistas y el debilitamiento del llamado “escudo social”.

En resumen, el rechazo del decreto ómnibus no solo refleja una confrontación política sobre la convalidación del decreto, sino que además, pone de manifiesto dos concepciones opuestas de la justicia social y de la responsabilidad institucional.

Mientras unos (conservadores y ultraconservadores) priorizaban la negociación fragmentada y el enfrentamiento político, otros (el centro y la izquierda) defendían la urgencia de garantizar derechos básicos a los sectores más vulnerables.

CONCLUSIÓN

El episodio demuestra que, más allá de los discursos, las decisiones parlamentarias tienen un impacto directo en la vida de millones de personas y que la coherencia política es un elemento clave para sostener la credibilidad democrática.

También parece indicar, que derechas u ultraderechas, han perdido la poca credibilidad democrática que les quedaba, y que además, tienen una manera muy peculiar de entender la justicia social, pues los intereses de estos partidos, es seguro que no están alineados con las necesidades de la ciudadanía.

Lo cual, entiendo, debiera ser tenido en cuenta por los votantes cuando lleguen las elecciones, porque está claro que prefieren defender los intereses de la clase alta, dejando tirados a pensionistas, trabajadoras/es y a las personas más desfavorecidas. (ver abajo Anexo I)

Y a las derechas y las ultraderechas también les recuerdo, que las personas que han abandonado a su suerte, también votan, y no solo eso, sino que además forman el grueso del padrón de electores.

Y si Dios existe, habrá  justicia (aunque sea divina) y no permitirá nunca, que ninguno de estos negacionistas de los derechos humanos, vuelva a gobernar el país.

Fuente: Redacción

ANEXO I

Efectos de ser rechazado el "decreto ley omnibus", como consecuencia de haber votado en contra PP, Vox, Junts y UPN.

• Dejan sin protección a 60.000 personas vulnerables frente a los desahucios.
• Permiten volver a cortar la electricidad y por tanto luz y calefacción, a miles de hogares en situación de vulnerabilidad.
• Congelan las pensiones a diez millones de pensionistas.

Otras medidas, incluidas en mismo decreto ley, que igualmente resultaron rechazadas por no haber sido aprobado  el mencionado decreto.

1. Exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales a los afectados por los incendios forestales del pasado verano.
2. Congelación de las cotizaciones sociales de los autónomos.
3. Cotización adicional para que los bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación.
4. Ampliar la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación y trabajo para los médicos de atención primaria, de familia y pediatras.
5. La prórroga de entregas a cuenta a comunidades autónomas.

Fuente: Redacción

OPINIÓN. Memoria frente al cinismo. La radiografía de un abandono ferroviario

La política, en su expresión más noble, debería ser el ejercicio de la gestión basado en la realidad y la responsabilidad. 

Sin embargo, con frecuencia asistimos a un espectáculo de amnesia selectiva donde el relato pretende asfixiar al dato.

Este escrito solo pretende ser, un breve resumen del artículo publicado en el periódico digital El Plural.com donde se detalla la información adelantada en este blog en anteriores post, sobre las consecuencias de los recortes de inversión, del gobierno del PP de Rajoy, en la red de ferrocarriles españoles entre 2012 y Mayo de 2018.

 El citado artículo, no es solo una denuncia contra los actuales dirigentes del Partido Popular —Feijóo, Ayuso o el legado de Rajoy—, que también, pero además es  un testimonio de fiscalización parlamentaria que utiliza la memoria institucional como antídoto contra el oportunismo tras la tragedia ferroviaria de Adamuz.

La tesis central es clara.-  La ofensiva política de la derecha tras el accidente no nace de una preocupación legítima por la seguridad, sino de un cinismo que ignora deliberadamente el deterioro sistémico provocado durante sus años de mandato.

El autor no habla desde la conjetura, sino desde el registro oficial del Congreso de los Diputados. La fuerza del argumento reside en que las pruebas del "abandono" no proceden de la oposición de entonces, sino de las propias respuestas firmadas por el Gobierno del PP entre 2012 y 2017.

El documento en sí, desgrana una década de gestión ferroviaria para demostrar que el sistema no solo se estancó, sino que retrocedió.

Y los datos son demoledores.-  El AVE, antaño orgullo de puntualidad, vio cómo los retrasos graves se triplicaban en apenas cinco años.

Bajo una supuesta bandera de austeridad, se escondía una realidad de "vías vacías".- Se invertía en cemento para inaugurar kilómetros de red mientras se dejaba morir el corazón del sistema, las infraestructuras.

La ausencia total de compra de nuevos trenes para Cercanías y Media Distancia durante casi un lustro condenó a la flota a la obsolescencia, a la falta de repuestos y a una estancia perpetua en los talleres.

Ese "minimalismo inversor" llegó a extremos casi grotescos, reflejados en la degradación de servicios básicos como la limpieza de los aseos, demostrando que cuando se recorta en lo pequeño, se termina comprometiendo lo grande.

En este escenario, además de Cataluña, Andalucía aparece como la gran damnificada, sufriendo una desinversión crónica y la pérdida de proyectos estratégicos por pura incapacidad de gestión.

El autor establece un contraste necesario con el presente.

Frente a la parálisis de la era Rajoy, se esgrime el giro de 180 grados iniciado en 2018.

El aumento del gasto en mantenimiento —un 52% más— y la licitación histórica de 345 nuevos trenes, no se presentan como logros triunfalistas, sino como una labor de reconstrucción de emergencia para revertir años de dejadez.

La seguridad, se argumenta, no es un concepto abstracto, sino el resultado directo de la inversión y la conservación.

CONCLUSIÓN

En resumen, el texto es un alegato contra la demagogia.

Al recordar la tragedia de Angrois bajo el mandato del PP, el autor no busca el ataque gratuito, sino exigir un respeto mínimo a las víctimas que pase por el rigor y la prudencia.

La política ferroviaria no puede ser un arma arrojadiza cuando quien la empuña tiene las manos manchadas de recortes, y por tanto de sangre.

Al final, los diarios de sesiones y las respuestas parlamentarias permanecen.

Como bien concluye el artículo, frente al bulo y el ruido mediático, la verdad documentada es la única vía para respetar la inteligencia de los ciudadanos y la seguridad de nuestro sistema de transporte.

Más información 

  Artículo que se cita de El Plural.com

Fuente: Redacción y El Plural.com

ANALISIS Y OPINIÓN. Del orden económico internacional ante el giro proteccionista. Retos y oportunidades según el FMI

 El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas señala que Estados Unidos “está pagando los aranceles” y ve una “gran oportunidad” para Venezuela. Y además confirma que España crece por mano de obra, y también ha mejorado en productividad.

 El Fondo Monetario Internacional (FMI)  históricamente ha sido uno de los pilares del orden económico internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en el multilateralismo, la cooperación y la liberalización del comercio.

Bajo el liderazgo de Estados Unidos, principal potencia económica y mayor accionista del organismo, este sistema buscó evitar los errores del periodo de entreguerras y promover la estabilidad macroeconómica global. 

Sin embargo, en la actualidad, ese mismo orden se ve tensionado por un giro proteccionista impulsado desde Washington, particularmente durante la Administración de Donald Trump. 

Las reflexiones del economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, permiten analizar las consecuencias de este cambio de rumbo y sus implicaciones para Estados Unidos, Europa, España y economías en crisis como Venezuela.

Uno de los ejes centrales del análisis de Gourinchas es el impacto de la guerra comercial y el uso de los aranceles como herramienta de presión política y económica. El economista advierte que los aranceles no deben utilizarse como un arma, ya que generan distorsiones y riesgos sistémicos para la economía global. 

La historia ofrece un precedente claro: tras la Gran Depresión, el auge del proteccionismo y las represalias comerciales hundieron el comercio internacional y agravaron la crisis económica mundial. 

Y aunque en el corto plazo el comercio global ha mostrado resiliencia —gracias a la adaptabilidad del sector privado y a la reconfiguración de las cadenas de suministro—, Gourinchas subraya que los efectos negativos se acumulan a largo plazo en forma de pérdida de eficiencia y aumento de costes.

En este contexto, resulta especialmente relevante su afirmación de que, en última instancia, es Estados Unidos quien “está pagando los aranceles”. 

Los datos indican que estos funcionan como un impuesto interno, elevando los precios de los productos y contribuyendo a una inflación persistente que preocupa a los consumidores estadounidenses. Si bien otros factores, como el auge tecnológico, la política fiscal expansiva y la bajada de tipos por parte de la Reserva Federal, han compensado parcialmente estos efectos, el FMI alerta, que las políticas que estimulan excesivamente la demanda pueden comprometer la estabilidad macroeconómica a medio plazo.

Ligado a esta cuestión aparece un segundo elemento clave: la independencia de los bancos centrales. Gourinchas defiende con firmeza que la credibilidad de estas instituciones es esencial para mantener ancladas las expectativas de inflación. La experiencia reciente, en contraste con la inflación de los años setenta, demuestra que una política monetaria creíble permite reducir la inflación sin provocar recesiones profundas. Cualquier intento de injerencia política, como los dirigidos a la Reserva Federal, podría erosionar esa confianza y generar mayor volatilidad, inestabilidad macroeconómica y menor crecimiento.

El análisis del economista jefe del FMI también aborda la aparente resiliencia del capitalismo ante choques recientes como la pandemia, la crisis energética, la guerra en Ucrania o las tensiones comerciales. Aunque reconoce que ha existido una resistencia notable, especialmente en los mercados emergentes, advierte contra una lectura complaciente. Esta resiliencia ha sido posible gracias a políticas económicas más sólidas y a un despliegue excepcional de estímulos fiscales, equivalentes a economías de guerra. Sin embargo, este margen de actuación no es ilimitado: muchos países carecen hoy del espacio fiscal necesario para responder con la misma intensidad a una nueva crisis.

En el caso de la eurozona, Gourinchas reconoce un crecimiento moderado pero señala un problema estructural de fondo: el bajo crecimiento potencial y la brecha creciente de productividad respecto a Estados Unidos. Esa situación no se debe a factores externos, sino a limitaciones internas, como la fragmentación del mercado único y la falta de integración de los mercados de capitales. Europa, pese a su elevado nivel de ahorro, no logra canalizarlo de forma suficiente hacia la innovación y el desarrollo de empresas tecnológicas de alto crecimiento, lo que lastra su competitividad a largo plazo.

Dentro de la eurozona, destaca a España como un caso moderadamente positivo. Donde el crecimiento reciente se ha apoyado, tanto en el aumento de la mano de obra —impulsado en parte por la inmigración— como en una mejora de la tasa de empleo y, de forma creciente, en la productividad. 

El FMI también observa en España signos de convergencia con otras economías europeas y un crecimiento potencial superior a la media de la zona euro. No obstante, también anticipa una moderación del crecimiento en los próximos años y subraya la necesidad de seguir invirtiendo en productividad para sostener el progreso económico.

Finalmente, no se puede dejar al margen, la situación actual de Venezuela, descrita por Gourinchas como "un colapso económico profundo". La combinación de emigración masiva, inflación extrema, bajos ingresos públicos y problemas de deuda ha devastado la economía del país. Aun así, el economista introduce una nota de cauteloso optimismo: cuando existe voluntad política para emprender reformas, la estabilización puede lograrse con relativa rapidez. En ese sentido, el FMI se muestra dispuesto a apoyar un eventual proceso de recuperación si se dan las condiciones políticas necesarias.

En resumen, las reflexiones del economista jefe del FMI, dibujan un panorama global marcado por tensiones comerciales, desafíos estructurales y una resiliencia que no debe darse por sentada. 

El retorno al proteccionismo amenaza los fundamentos del orden económico internacional, mientras que la estabilidad futura depende de instituciones creíbles, políticas responsables y reformas orientadas hacia la productividad y la innovación. 

En este escenario incierto, tanto las economías avanzadas como las emergentes se enfrentan a la necesidad de reforzar sus bases internas para sostener el crecimiento y evitar errores del pasado.

Fuente: Redacción y  El País.com

CONCLUSIÓN

 Como ha quedado dicho, las anteriores reflexiones proceden del economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas. 

  Pero  las declaraciones, relacionadas con la economía española, realizadas por los gurús  económicos de PP y Vox  entre los cuales podemos citar a, Aznar, Ayuso, Feijóo, Abascal, Tellado, Juan Bravo, Miguel Ángel Rodriguez, y el resto de la cuadrilla, como es lógico y no podía ser de otra manera, no se sostienen si se comparan con las reflexiones, arriba expresadas, por el economista jefe del FMI. 

 Otro palito de los Organismos Internacionales para los mentirosos compulsivos del "España está quebrada". 

Perdón, que estos son muy finos y hablan en inglés; entonces fuera de España, dirían algo así como, "Spain is in default". Con lo cual la mentira suena mejor, como más internacional, ¿no les parece a ustedes? 

Por supuesto que sí. Naturalmente.

POSDATA

Por cierto, ahora que desde PP y Vox, las mentiras  alcanzan otra dimensión, basándose en falsedades procedentes de medios de comunicación —subvencionados con el dinero de publicitarse el partido en estos— y de esta manera, estar disponible para seguir la farsa, que  imponen desde dichos partidos para atacar en este caso, al Ministro de Transportes, Oscar Puente, a propósito del accidente ferroviario que se produjo en Córdoba hace ochos días, donde desgraciadamente murieron 45 personas, inventándose noticias, en el sentido que el rail que se rompió en dicho accidente era uno viejo y no renovado.

Tras publicar dichas informaciones (mal intencionadas), en las que se da a entender que la vía podría haber sido renovada parcialmente y no en su totalidad, el ministro ha asegurado que es un carril nuevo, que fue fabricado en 2023, e instalado durante mayo y junio de 2025. 

Y añade, que cuenta con el certificado de inspección de haber pasado las comprobaciones técnicas correspondientes.

Está claro, los populistas de PP y Vox, están siguiendo mismo modus operandi que utilizaron para cargarse al Fiscal General del Estado, y en ese caso tuvieron "suerte"  y les salió bien, — con una polémica sentencia del Tribunal Supremo que promete llegar hasta los Tribunales Europeos de Justicia—.  Pero en este caso, que, el origen del desastre está en los más de 10.000 millones de euros que el Gobierno del Estado de Rajoy recortó (quien sabe para qué) de los Presupuestos Generales del Estado entre 2012 y 2018, que no intenten desviar el foco mediático, porque esta vez no van a tener tanta "suerte" y por eso creo,  que van a pringar en las elecciones generales, cuando toquen, evidentemente. 

Por otra parte, bien harían las autoridades y ex altos cargos del PP o Vox, en presentarse a los juicios cuando los jueces les requieran como testigos, porque de esa manera, demostrarían que todavía respetan la ley y la justicia.

Fuente: Redacción

OPINIÓN. Del gato de Schrödinger, la democracia, y la teoría del caos.

 La combinación de los tres elementos citados, es la fórmula ideal e infalible que utilizan los populismos, para lograr que una democracia se transforme en autocracias o dictaduras.

Los populismos y las autocracias están estrechamente vinculados, ya que la retórica populista de un "pueblo puro" contra "élites corruptas" puede ser instrumentalizada por líderes personalistas para concentrar el poder, socavar las instituciones democráticas (justicia, prensa, parlamento) y erosionar el Estado de derecho, transformando progresivamente un sistema democrático en uno autocrático a través de mecanismos legales o por la anulación de contrapesos, —como hacen PP y Vox en España, y quizás  en este momento, también pudiera estar ocurriendo en EE.UU.—

 Esta deriva se nutre de la desconfianza en las democracias liberales pero débiles, buscando una unidad nacional homogénea que niega el pluralismo y la diversidad social.

La conexión entre el gato de Schrödinger (teoría de la mecánica cuántica) y la democracia, se fundamenta en la metáfora de la incertidumbre y la necesidad de "abrir la caja" para definir una realidad política, donde el elector o ciudadano debe actuar para colapsar la superposición de posibilidades (como un voto indeciso o problema social) en una única conclusión definida, como la elección o la solución de un problema, enfrentando el riesgo inherente de la observación para evitar la parálisis o la indefinición prolongada, permitiendo el surgimiento del liderazgo o elecciones anticipadas (caso de España). Y la contienda electoral, también puede servir para distinguir el político demócrata de quien no lo es; que a mí entender, detalles como no asistir a debates electorales, dicen mucho a ese respecto.  Ver  abajo Anexo I.

Otra cosa bien distinta, es motivar con mentiras y falsedades, las exigencias de adelanto electoral, que basándose en la teoría del caos, al objeto de polarizar a la ciudadanía (para derrocar al Gobierno) manipulan y confunden a la población, haciéndoles creer que la culpa de todo lo que pasa en el país (como ocurre en España) la tiene el Gobierno Central, repitiendo a todas horas, populistas y fascistas, que la situación está  fuera de control y que el Estado,  navega sin rumbo ni capitán. Y que estamos gobernados por la corrupción, lo cual todo ello, en sí mismo, es una contradicción.

A ver, que siempre ha habido y siempre habrá, corruptos, pero de ahí a decir que estamos gobernados por corruptos, hay un abismo. Ni que estuviésemos hablando de los gobiernos del PP de Aznar o Rajoy, donde el primero tenía a todos los ministros en la cárcel o imputados por corrupción, y el segundo, permitía que sus ministros hiciesen caja con leyes a la carta para empresas y empresarios, además de consentir el pago con dinero negro, de la sede central del PP de Madrid en Génova 13. Por no hablar de las 30 causas por corrupción que tienen pendientes con la justicia. Así que lecciones de democracia, ni pueden, ni deben dar a nadie.

Por cierto, en dicho partido popular, creo recordar, estaba integrado el ahora santo varón Abascal, que bien vivía, de los chiringuitos o de las mamandurrias, hasta que se hizo mayor y se independizó, abriendo nuevo negocio con marca comercial VOX. Que supongo ahora pensará, que con lo bien que le iba, con las mamandurrias, quien le engañó para meterse en asuntos de negocios políticos, de los que ahora anda rindiendo cuentas  en los tribunales.

Pero mire usted, si París bien vale una misa, la Casa Banca bien merece visitar algún juzgado de vez en cuando. Y Dios me libre de pensar que usted es un corrupto, aunque con lo de "Revuelta" apunta maneras.

Fuente: Redacción

De los recortes multimillonarios en inversiones ferroviarias de los gobiernos del Estado de Rajoy

Por otra parte, quiero recordarles a todos, que  durante los gobiernos nacionales del PP de Rajoy, el Estado paralizó inversiones ferroviarias por valor de 10.092 millones de euros. Pero sabiendo esto,  PP y Vox siguen mintiendo como bellacos.

A consecuencia de ello, desde 2012 hasta 2018, los sucesivos gobiernos nacionales del PP de Rajoy, ha dejado de invertir esos 10.092 millones de euros  en infraestructuras ferroviarias, pese que esas partidas estaban consignadas en sus cuentas anuales o Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es decir, que en esos siete años, el ferrocarril ha padecido por parte del Estado, dos recortes en uno: 1º) Bajo presupuesto 2º) Incumplimiento en la ejecución del mismo.

Por ello, en cierto modo, al gobierno progresista actual, nadie puede acusarle de falta de inversiones en la red ferroviaria, dado que el Congreso de Diputados, en su legítimo derecho, valoró suficientemente presupuestado la inversión en la red de ferrocarriles, en el último año que aprobaron los PGE de la anterior Legislatura, y por ello no han considerado oportuno ni necesario, aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado en esta Legislatura, siendo todo el hemiciclo responsable, al  ser plenamente consciente (o deberían serlo) que estaban infra-financiadas dichas inversiones ferroviarias. Así que ahora, nadie se rasgue las vestiduras o se llame a engaño, diciendo que no hay  suficiente inversión en ferrocarriles en este momento, pues fue el propio Congreso de Diputados el que así lo decidió y los gobiernos del Estado de Rajoy, quien restó esos 10.092 millones de inversión en infraestructuras, que ahora tristemente, contemplamos las consecuencias, en los recientes accidentes de trenes, en distintas partes de España (Córdoba, Murcia, Cataluña y Asturias).

Entonces, además de PP y Vox, que el señor Puigdemont también se lo haga mirar, porque Junts, del cual creo recordar es dirigente, es parte del problema  y no de la solución. Puesto que, sabiendo como estaban las inversiones en la red de trenes españoles en general y los de Cataluña en particular, todos ellos, se posicionaron enfrente, o votaron en contra, de aprobar los PGE en los últimos tres años. 

Espero que Junts y Puigdemont, den la cara en las próximas elecciones en Cataluña, explicándoselo a la ciudadanía catalana.

Fuente: El Pais.com

El populismo y la arquitectura del desorden (de la teoría del caos) contra la democracia

La política del siglo XXI ha dejado de ser un ejercicio de previsibilidad para convertirse en un escenario dominado por la volatilidad y la incertidumbre. En este entorno, los populismos modernos han encontrado en la teoría del caos no solo un marco descriptivo, sino una herramienta operativa para erosionar los fundamentos de los gobiernos democráticos. Al aprovechar la hipersensibilidad de los sistemas sociales a pequeños cambios —el llamado "efecto mariposa"—, estos movimientos buscan generar una desestabilización sistémica que haga colapsar la confianza en las Instituciones democráticas.

1. La amplificación de la incertidumbre como estrategia

La teoría del caos postula que en sistemas complejos e inestables, variaciones mínimas en las condiciones iniciales pueden derivar en resultados masivos e imprevisibles. Los líderes populistas aplican este principio mediante la disrupción constante del discurso público. En lugar de proponer programas de gobierno estructurados, utilizan la inteligencia artificial y las redes sociales para inyectar miles de narrativas contradictorias por hora, una tendencia que se ha agudizado en 2026, conocido vulgarmente como, “inundar de mierda la zona”. Este bombardeo informativo satura los mecanismos de verificación democráticos, que no pueden reaccionar a "velocidad digital", provocando que la verdad se fragmente y el ciudadano caiga en la apatía o el cinismo.

2. La creación de "Atractores Extraños" en la polarización

En la dinámica de sistemas, un "atractor" es un estado hacia el cual el sistema tiende a evolucionar. El populismo construye su propio "atractor" mediante la división binaria entre "el pueblo" y "la élite". Al forzar incidentes menores y convertirlos en crisis existenciales (guerras culturales o pánicos morales), los movimientos populistas empujan al sistema democrático fuera de su punto de equilibrio. El caos resultante no es un fin en sí mismo, sino un medio para que el líder aparezca como la única fuerza capaz de imponer orden en el desorden que él mismo ha fomentado o catalizado.

3. Casos recientes y erosión institucional (2025-2026)

A inicios de 2026, observamos cómo esta táctica de "caos controlado" ha facilitado el retroceso democrático global. Por primera vez en décadas, el número de autocracias supera al de democracias. Casos recientes en Europa y América muestran patrones similares:

• Deslegitimación de procesos electorales.- El uso de sospechas infundadas para crear un clima de duda permanente sobre la soberanía popular.
• Explotación de crisis externas.- La instrumentalización de la inflación y las crisis migratorias no para buscar soluciones, sino para agravar la sensación de desgobierno.
• Asalto a los contrapesos.- Una vez que el sistema está sumido en la confusión, se ejecutan cambios de régimen que buscan "blindar" el poder contra futuras alternancias, presentándolos como la "voluntad del pueblo" frente a un sistema corrupto.

CONCLUSIÓN

El uso de la teoría del caos por parte de los populismos representa una evolución sofisticada de la demagogia tradicional. Ya no se trata solo de convencer, sino de romper la capacidad de comprensión de la ciudadanía.

En 2026, el desafío para las democracias liberales no es solo defender sus instituciones, que también, sino aprender a gestionar la complejidad y la velocidad del entorno digital para evitar que el desorden sea la puerta de entrada a regímenes autoritarios. 

Por ello, la democracia solo sobrevivirá si el orden institucional es capaz de procesar y resolver adecuadamente, el conflicto artificialmente creado, sin desintegrarse en el caos, provocado a propósito por dicho conflicto.

Fuente: Redacción

POSDATA

Por cierto, no corran tanto los de Vox y  PP, para ensuciar la memoria de las víctimas mortales por los accidentes ferroviarios (cuando sus cuerpos todavía no se han enfriado) y faltar al respeto e insultar a sus familiares. Que tiempo habrá para demostrar a la gente lo farsantes y mentirosos que son los dirigentes de ambos partidos políticos.

Fuente: Redacción

ANEXO I

Metáfora del Gato de Schrödinger en política

• Superposición de estados.- Un adelanto electoral, problema político, propuesta de reforma o candidato, pueden estar en un estado de "vivo y muerto" (viable / inviable, o, aceptado/rechazado) hasta que se observa su resultado o se toma una decisión.
• El acto de observación (la "apertura de la caja")
• El voto.- Las elecciones actúan como el acto de observación que obliga a una opción a definirse, colapsando la incertidumbre en una victoria o derrota.
• La acción ciudadana.- La protesta, la participación o la asunción de riesgos por parte de los ciudadanos para exigir cambios, como abrir la caja para ver si una reforma está viva o muerta, es esencial.
• El dilema de la indefinición.- La parálisis política, la falta de liderazgo o el exceso de prudencia pueden dejar a la democracia en una "caja", donde las posibilidades siguen superpuestas sin una resolución clara, permitiendo que el populismo o la inacción crezcan.

Implicaciones para la democracia

• Necesidad de decisión.- La paradoja subraya que, para que la democracia avance, se necesita valentía para tomar decisiones y "abrir la caja", aceptando que un resultado se definirá, incluso si conlleva riesgos.
• Liderazgo y acción.- La figura del líder o el ciudadano activo es clave para ser el observador que define la realidad política, evitando que la incertidumbre se perpetúe y se convierta en una enfermedad democrática.
• Riesgo y reforma.- La verdadera reforma (o vida democrática) surge al atreverse a actuar y visibilizar los cambios, no al permanecer en la duda de si funcionan o no.

En resumen, el gato de Schrödinger se usa como una analogía para ilustrar que la democracia no puede vivir eternamente en la incertidumbre; requiere, cuando legalmente corresponda, observación (voto y  participación) y acción para "colapsar" las funciones de onda políticas en realidades concretas, asumiendo el riesgo inherente a toda decisión

Fuente: Redacción