La cuestión de la migración y su regularización en España se ha convertido, una vez más, en un campo de batalla ideológico donde la injusticia social, la incoherencia política y la manipulación moral quedan dolorosamente expuestas.
Resulta especialmente llamativo el papel desempeñado por el Partido Popular, que en 2024 votó a favor de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para dicha regularización. Esta iniciativa contó incluso con el respaldo explícito de la Iglesia Católica, que lo celebró como un reconocimiento a la dignidad humana. Sin embargo, pese a ese apoyo social y moral, el PP anuncia ahora recursos judiciales y presiones ante instancias europeas, alegando que la medida es ilegal y genera un supuesto “efecto llamada”. Esta argumentación no solo carece de solidez histórica, sino que revela una profunda contradicción política: anteriores gobiernos del propio PP y del PSOE llevaron a cabo regularizaciones similares sin que entonces se cuestionara su legalidad. La ley parece cambiar no por principios jurídicos, sino por conveniencia ideológica.
A este escenario se suma el discurso de Vox, que eleva el despropósito a niveles alarmantes al calificar la migración como una “invasión”. Un mensaje que no necesita mayor comentario, pues se define por sí mismo como deshumanizador y contrario a cualquier noción básica de derechos humanos. La intención de recurrir la regularización ante el Tribunal Supremo y ante Europa no responde a una defensa del Estado de derecho, sino a una estrategia de confrontación basada en el miedo, la exclusión y el rechazo del otro.
Pero el debate no es solo político; es profundamente moral. Quienes se oponen a la regularización apelan con frecuencia a valores tradicionales y a una identidad cristiana que dicen defender. Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia Católica es clara al respecto: la justicia social es la concreción de la caridad y del respeto a la dignidad humana. Esta dignidad es intrínseca, inalienable y sagrada, ya que toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios. No depende del origen, la situación administrativa o la condición económica, sino que constituye un valor absoluto que debe ser reconocido y protegido.
Desde esta perspectiva, resulta incoherente que líderes y partidos que se declaran católicos —como PP, Vox, Junts o UPN— adopten posiciones que niegan esa dignidad a migrantes, pobres, parados o marginados. La regularización no es un acto de caridad ingenua, sino una exigencia de justicia que busca garantizar condiciones de vida dignas, acceso a derechos y participación social a quienes ya forman parte de la comunidad. Negar esto supone traicionar no solo los principios de justicia social, sino también la esencia misma del mensaje cristiano.
Más aún, esta actitud incurre en faltas morales que la propia Iglesia condena. La soberbia de creerse por encima del sufrimiento ajeno y la avaricia de anteponer el beneficio económico al valor de la persona humana son pecados capitales que parecen normalizados en ciertos discursos políticos. La obsesión por “la pasta, el dinero, el parné” termina despojando al ser humano de su condición de fin en sí mismo para convertirlo en un problema o una amenaza.
En definitiva, la regularización de personas migrantes no debería ser un escándalo político, sino un acto de coherencia ética y de justicia social. Si la defensa de la dignidad humana no se ejerce aquí y ahora, en la tierra, difícilmente podrá proclamarse con credibilidad en nombre de valores religiosos o morales. El verdadero juicio no será solo el de los tribunales, sino el de la historia y, para quienes creen, el de la propia conciencia.
Inmigración, poder y contradicciones en la derecha española
Desde una perspectiva económica y empresarial, resulta evidente que la inmigración no solo es necesaria, sino imprescindible para el sostenimiento del modelo productivo español.
Sectores clave como la agricultura, la hostelería, la construcción o los cuidados dependen en gran medida de la mano de obra migrante. Esta realidad es bien conocida tanto por el empresariado como por amplios sectores de la sociedad civil. Sin embargo, cuando se analiza la posición del Partido Popular (PP) respecto a la inmigración, emerge una profunda contradicción entre lo que España necesita y lo que el partido está dispuesto a defender públicamente.
El Partido Popular se presenta hoy como una versión desdibujada de sí mismo, una formación incapaz de articular un discurso propio y atrapada en la sombra de Vox. Lejos de liderar el debate político, el PP parece esperar a que Santiago Abascal marque la línea para, posteriormente, asumirla sin matices. Esta subordinación ideológica convierte al PP en una mala copia de la extrema derecha, renunciando a cualquier intento de moderación o autonomía política, incluso en un asunto tan complejo y humanamente sensible como la inmigración.
La razón de esta actitud es clara: el poder. Para el PP, gobernar se ha convertido en un fin en sí mismo, y la dependencia de Vox es el precio que está dispuesto a pagar. De ahí las constantes concesiones y gestos de sumisión, que se traducen en un discurso cada vez más duro y deshumanizado. En este contexto, las necesidades reales de la sociedad española —incluidas las advertencias de la Iglesia o de organizaciones empresariales como la CEOE— quedan relegadas a un segundo plano. Importa más mantener la alianza que atender a la realidad social y económica del país.
Ambos partidos, PP y Vox, afirman ahora defender una “inmigración ordenada”. Sin embargo, este concepto, aparentemente razonable, se vacía de contenido cuando se observa su aplicación práctica. Bajo esta lógica, personas que huyen de guerras, persecuciones o crímenes de guerra —como ocurre en Palestina u otros conflictos— quedarían a merced de decisiones políticas arbitrarias. La idea de que un ministro del Interior, con una visión ideologizada y restrictiva, autorice o deniegue su entrada convierte el derecho de asilo en una quimera. Para muchos, la espera no solo sería eterna, sino mortal.
A esta exigencia se suma la pretensión de que los migrantes “conozcan la cultura española”. Pero ¿a qué cultura se refieren exactamente? ¿Al dominio de todas las lenguas oficiales del Estado? ¿O a la asimilación de una visión política marcada por el rechazo al diferente? Si se trata de aprender el odio visceral hacia el migrante que se observa en ciertos discursos de la derecha y la ultraderecha, o de interiorizar prácticas políticas alejadas de los valores democráticos, entonces el requisito cultural se convierte en una herramienta de exclusión más que de integración.
Este enfoque revela una profunda incoherencia moral y política. Mientras se proclaman valores cristianos y tradicionales, se promueve un modelo social basado en el egoísmo, la avaricia y la negación de la dignidad humana. No resulta extraño, entonces, que muchos de estos discursos encuentren refugio en una religiosidad más ritual que ética, donde la confesión sustituye a la responsabilidad política.
En definitiva, la postura del PP sobre la inmigración no responde ni a las necesidades reales de España ni a un compromiso genuino con los derechos humanos. Es, más bien, el resultado de una estrategia de poder que sacrifica principios, coherencia y humanidad en el altar de la gobernabilidad. Una estrategia que, lejos de fortalecer la democracia, la empobrece.
Fuente: Redacción
