5 de junio de 2021

ESPAÑA. Ni la corrupción del PP, ni la pretensión de institucionalizarla, surgen de forma espontánea.

 La corrupción en el partido popular, es cierto que no viene de ahora. A los casos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ( con “la donación” de  bienes de su suegro a su marido y la sospechosa venta de un cuadro de Goya inédito ) y de la actual Presidenta de la Autonomía de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (con Avalmadrid) se ha unido el último caso del que hemos tenido noticia esta semana, donde la exsecretaria general del PP ha sido citada como investigada (imputada) por la Audiencia Nacional, por un supuesto ilícito penal. 

Existen otros muchos ejemplos de la corrupción el PP, sirvan para ello los que figuran al final del post o en este enlace

Pero la ambigüedad del PP, presagia un negro futuro para la formación política, pues el ‘caso Kitchen’ no es solo otro episodio más de corrupción, sino el más grave y profundo de todos, que atenta contra la esencia misma del partido y de la democracia.

La imputación en el marco del caso Kitchen de María Dolores de Cospedal —secretaria general del PP cuando se produjeron los hechos investigados— agrava de forma muy inquietante las sombras que envuelven el pasado reciente de la formación conservadora. El juez considera que hay indicios suficientes de la participación de la exdirigente —y de su marido— en la trama de operaciones parapoliciales urdida en 2013 para espiar al extesorero del principal partido de la oposición, Luis Bárcenas, con el objeto de arrebatarle documentación que pudiera ser comprometedora para altos cargos del partido después de que estallara el escándalo relacionado con sus papeles. 

Tras concentrarse en el Ministerio del Interior y en la Policía, el foco judicial alcanza de lleno ahora al PP, en un caso que no es un episodio más de corrupción. 

De emitirse una sentencia condenatoria, se trataría de una verdadera aberración democrática a través del uso abusivo y sistemático de instituciones del Estado para encubrir hechos delictivos de miembros relevantes del partido que, en medida relevante, ya han sido constatados en otros juicios. Estamos, pues, ante indicios creíbles, según el juez, de una grave perversión de la legalidad. Un delito de Estado.

Ante este escenario cada vez más oscuro, el líder de los populares, Pablo Casado, se mantiene en su negativa a pronunciarse sobre los hechos que involucran a su partido y evita, en contra de lo que establecen los estatutos del PP, abrir un expediente a Cospedal. 

El incidente de la rueda de prensa en Ceuta en el que simpatizantes del partido abuchearon a periodistas que trataban de obtener del dirigente alguna declaración sobre las acusaciones añade bochorno a este decepcionante silencio político.

Sostiene Casado que su dirección nada tiene que ver con ese pasado, y que no tiene por qué dar explicaciones. Esta actitud es un error que daña su partido y, lo que es más importante, la calidad de la democracia española. Lejos de minimizar el daño, el mensaje que emite el líder popular es una titubeante posición moral ante ciertos hechos. Se le ve muy rápido en utilizar conceptos como el de “traición” ante proyectos legales de sus adversarios; reacio a condenar en toda su plenitud la erosión democrática perpetrada por sus correligionarios. Cambiar de dirección y una nueva sede no basta. 

La gravedad de las sentencias emitidas ya en materia de financiación ilegal y los crecientes indicios de una trama parapolicial de enorme gravedad requieren una claridad moral sin ambages.

Mayor claridad es necesaria también en planteamientos políticos de futuro 

Un partido institucional que es la alternativa natural de gobierno, que es portador de sólidos valores de una gran familia política europea, debe ser cristalino en su proyecto de país. Pero el Partido Popular tiene pendiente aclarar con detalle su propuesta de proyecto territorial para España y cómo resolver, dentro de su planteamiento, el problema de Cataluña. El PP es ahora mismo prácticamente irrelevante tanto en esa comunidad como en el País Vasco.

Rechazar los indultos es una posición no solo legítima, sino comprensible. Pero eso no es un proyecto político.

 ¿Qué alternativa proponen? 

Si el objetivo de los populares es el mantenimiento del statu quo con un rechazo absoluto a cualquier cambio, deberían decirlo de forma explícita. Si contemplan alguna perspectiva de cambio, lo mismo. El Gobierno de la nación tiene la iniciativa y la mayor responsabilidad. Su propuesta no brilla por ser transparente, pero hay una hoja de ruta inteligible y sometible a juicio —indultos, mesa de diálogo, reforma del sistema de financiación—. El principal partido de la oposición debería ofrecer su alternativa y salir del perímetro del no visceral. El rechazo a los indultos es comprensible. Pero hubiese sido mucho mejor para la democracia vehicularlo a través del Parlamento, sede natural de la discusión política. Manifestaciones y firmas son legítimas, pero pueden tener efectos colaterales que un partido responsable conoce (y que el propio PP acabó sufriendo en circunstancias equivalentes). Tal y como dijo uno de sus dirigentes recientemente:

"El PP necesita hacer una política más occidental, europea y previsible. Y España también lo merece".

Fuente: El Pais.com



CORONAVIRUS. La vacuna española con el 100% de inmunidad tiene fecha de lanzamiento

 Luis Enjuanes, que dirige la vacuna en la que trabaja el Centro Nacional de Biotecnología, desgrana los plazos que le quedan por dar al proyecto.

La campaña de vacunación avanza a gran ritmo en nuestro país. Este viernes se superaron los 10 millones de inmunizados con pauta completa y el 40,1% de la población (más de 19 millones) ya tiene al menos una dosis inoculada. La vacunación se está realizando con Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, los cuatro sueros aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés).

Sin embargo, el hecho de que haya disponibles vacunas en el mercado no ha hecho que se frenen los trabajos de investigación en nuestro país para desarrollar una vacuna española. Una de ellas es la vacuna esterilizante en la que trabaja el Centro Nacional de Biotecnología, con Luis Enjuanes, virólogo y profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) al mando de las operaciones.

En un coloquio sobre la vacuna español promovido por la Fundación Alternativas, Enjuanes ha explicado cómo va el proceso de investigación de la vacuna en la que trabajan él y su equipo. “Nuestra vacuna está basada en un ARN que es autorreplicativo y que está derivado del propio genoma del virus”, explica.

Vacuna esterilizante, dosis letal: 100% de inmunidad

Según el científico, la investigación ha logrado llegar a este candidato de vacuna otorgando una inmunidad que se llama esterilizante, porque proporciona un 100% de inmunidad: “Se denomina esterilizante cuando administras una dosis letal a un ratón y el virus no puede crecer desde el principio. Esto es muy importante y contrasta con algunas vacunas que están en circulación”, asegura.

Calendario de ensayos y plazos

Enjuanes ha desgranado los pasos que faltan por dar en la investigación y los plazos que tienen para que la vacuna esté en el mercado. “Vamos a necesitar lo que queda de año para hacer ensayos preclínicos que primero se hacen en ratones humanizados, en hámsteres y en monos macacos. Ya el año próximo se iniciarán los ensayos clínicos y hasta finales del año próximo 2022 no estaremos listos para salir al mercado”. Por tanto, será a finales del año que viene cuando la vacuna esterilizante con el 100% de inmunidad cuando esté disponible.

Existen dos tipos de vacuna

El virólogo del CSIC ha aprovechado su intervención en el coloquio para explicar que existen dos tipos de vacuna. Una es la vacuna químicamente definida, algo que según ha indicado “le gusta mucho a las empresas porque no les gusta trabajar con vacunas vivas que puedan evolucionar y retroceder a una forma virulenta”. “Si se utilizan componentes químicos, esto no puede pasar”, ha agregado.

Después, hay una segunda posibilidad “que tiene el mismo corazón, pero en este caso el virus entra por sí mismo y se envuelve en una cápsula derivada del propio virus, lo que se conoce como partículas análogas al virus”. Según Enjuanes, esta formulación tiene la ventaja de que “el replicón se internaliza en estas partículas que no pueden pasar de célula a célula”. “Se necesita un método para lanzarlas a escala mayor y poder producir cantidades notables”, indica, aunque añade que “los niveles de producción actuales no son todavía competitivos”.

Fuente: Fundacion Alternativas.org

4 de junio de 2021

CORONAVIRUS. España marca su dato más alto de fallecidos desde mediados de mayo , pero ya estamos en 117 de tasa de inicdencia acumulada, con 4.975 nuevos contagios.

 

Repuntan los fallecidos reconocidos por Sanidad. El Ministerio ha informado este viernes de 97 muertes desde ayer por coronavirus, lo que supone el dato más alto desde el 12 de mayo. Además, el informe reconoce 4.975 contagios y un nuevo descenso, aunque leve, de la incidencia hasta 117.

El porcentaje de vacunados no deja de crecer de forma notoria día tras día. Ya hay más de 10 millones de inmunizados (más de un 21% de la población) y casi 19 millones ya tienen al menos una dosis (un 40%).


El jueves la incidencia dejó de bajar (apenas lo hico dos décimas) y se estabilizó en 118 casos de media, con leves repuntes en varias comunidades.



La buena evolución general en España no ha servido para que Reino Unido la considere destino ‘seguro’ para sus turistas, a los que obligará a una cuarentena domiciliaria si provienen de cualquier punto español, incluidas Canarias y Baleares, aunque ambos territorios podrían recibir una calificación mejor, en palabras del embajador británico.












Fuente: Huffingtonpost.es

CORONAVIRUS. España supera los 10 millones de inmunizados y un 40% de la población tiene una dosis de la vacuna

Las comunidades han administrado un total de 28.752.570 dosis, tras las más de 570.000 administradas en las últimas 24 horas

El proceso de vacunación marcha según los planes del Gobierno y este viernes se ha superado un nuevo hito: inmunizar con la pauta completa a 10 millones de personas en la primera semana de junio. Ese era uno de los objetivos que anunció Pedro Sánchez el 6 de abril, como paso previo para vacunar completamente antes del final del verano al 70% de la población y alcanzar así la inmunidad de grupo.

Tras las 570.225 dosis administradas durante las últimas 24 horas, España ha inmunizado con la pauta completa (dos inyecciones con Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una sola de Janssen, el único antídoto monodosis aprobado hasta el momento) a 10.257.209 millones de personas, un 21,6% de la población.

Además, se ha superado el 40% de la población con al menos la primera dosis, más de 19.038.135 millones de personas. En total, desde que comenzara la campaña de vacunación, a finales de diciembre, se han administrado 28.752.570 pinchazos.

"Gracias a quienes hacéis posible cada día el éxito en la mayor campaña de vacunación de la humanidad", ha afirmado Sánchez.

El primer objetivo del Gobierno se cumplió a principios de mayo: alcanzar los 5 millones de inmunizados. Tras el paso de hoy, el Ejecutivo tiene previsto vacunar con la pauta completa a 15 millones de personas antes de que termine la semana del 14 de junio y a 25 millones para la semana del 19 de julio. La meta final es el final del verano, cuando las autoridades sanitarias calculan haber vacunado a 33 millones de personas, el 70% de la población, para alcanzar así la inmunidad de grupo, que los expertos ven como el punto de inflexión para doblegar a la pandemia.

Este empujón al proceso de vacunación en los últimos días se produce gracias a una llegada inédita de dosis desde el lunes. En total, se han recibido cuatro millones de dosis: un lote de 1,7 millones de Pfizer –sumadas a otras 700.000 que llegaron el miércoles–, otro de 1,3 de AstraZeneca, 313.000 de Moderna y 700.000 de Janssen.

Hasta ahora, España ha priorizado la vacunación de los más mayores. En mayo se consiguió inmunizar completamente a todos los mayores de 80 años y casi un 100% de los que tienen entre 70 y 79 años tienen al menos una dosis de la vacuna. Además, de esta edad, un 93,3% tiene la pauta completa. Un 90,3% del siguiente rango de edad prioritario (los que tienen entre 60 y 69) ha recibido una dosis y casi un 20% tiene la pauta completa.

Las comunidades han vacunado a cerca de la mitad de todos los mayores de 50 con la pauta completa. Son cerca de nueve millones de personas. Mientras, un 86,1% de ese grupo tiene al menos la primera inyección, más de 16,4 millones de personas.

Por autonomías, Asturias supera el 33% de su población mayor de 16 años con la pauta completa. Le siguen de cerca Castilla y León, con un 32,8, y Galicia, que ha inmunizado al 31,8%.

Fuente: El Diario.es

ESPAÑA. El Ministerio de Justicia prepara juicios rápidos para desatascar las miles de demandas pendientes de cláusulas suelo y demás cláusulas abusivas

 El Gobierno elabora medidas para agilizar los procesos y elevar los costes a los bancos por retrasar el pago de indemnizaciones

El Ministerio de Justicia prepara una batería de medidas recogidas en dos anteproyectos clave para tratar de solucionar el gran atasco que sufren los juzgados especializados en cláusulas abusivas. Entre ellas están los juicios verbales (sencillos y rápidos), los pleitos testigo (que sirven como modelo para miles de casos similares sin celebrar juicio) y las exigencias de buscar un acuerdo previo, así como sanciones a los bancos que dilaten los procesos innecesariamente. El sistema judicial se enfrenta a 240.000 demandas pendientes desde hace cuatro años por la costumbre de los bancos de pleitear hasta el final en las cláusulas suelo y otras condiciones abusivas, aunque pierdan el 97,5% de los casos

El ministerio espera que se acabe la tramitación de los dos anteproyectos para principios de 2022 y se desatasque una situación creada por los bancos para desanimar a los clientes y evitar que pleiteen, a costa de bloquear los tribunales.

Desde la crisis de 2008 a 2012, la banca tiene pendiente resolver las reclamaciones de los clientes a los que vendió productos con cláusulas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado abusivas. El sector resolvió la equivocada colocación de preferentes y convertibles, pero no las cláusulas suelo, los créditos referenciados al IRPH o los préstamos multidivisa. Estos problemas están detrás de la mala reputación de la banca, que se ha frenado las indemnizaciones pleiteando hasta el final y alargando los procesos.

Nadie defiende a la banca

Una década después de este estallido, los bancos se han quedado solos en la defensa de su estrategia de dilación de procesos. Reclaman medidas desde algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como Gerardo Martínez Tristán, hasta el Consejo de la Abogacía, pasando por las principales asociaciones de consumidores. Y el Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, ha movido ficha con dos anteproyectos de ley.

El primero de ellos, que está en trámite, aborda medidas de eficiencia procesal, y aboga porque las demandas por cláusulas abusivas se tramiten como juicios verbales, sea cual sea la cuantía reclamada, informan fuentes del Ministerio de Justicia. El juicio verbal es más sencillo y rápido que el juicio ordinario y el juez podrá dictar sentencia oralmente, agilizando los pleitos.

En segundo lugar, a estos casos se les podrá aplicar la técnica del pleito testigo, es decir, que se tramite uno solo suspendiendo la tramitación de los demás hasta que se dicte sentencia en el que se ha determinado como testigo y la resolución sea firme. A partir de ahí, todos los demás ciudadanos podrán pedir que se les apliquen los efectos de la sentencia del pleito testigo cuando los casos son iguales. “Se deben cumplir determinados requisitos legales, que permitan precisamente este tratamiento para la litigación en masa en materia de cláusulas abusivas”, apuntan las citadas fuentes.

Negociación previa, obligatoria y vinculante

El anteproyecto de ley recoge una tercera medida: “Un sistema de medios adecuados de solución de controversias” para que no se pueda interponer demanda sin una negociación previa entre las partes. En el caso de las cláusulas abusivas, el consumidor reclamará frente al banco antes de interponer la demanda y este tendrá que admitir o denegar la reclamación “y no podrá alegar otros motivos diferentes en el pleito posterior si no se llega a un acuerdo”. Si hay acuerdo, el banco desglosará las cantidades y pagará en un solo mes. Transcurrido ese plazo, pagará los intereses legales del dinero más ocho puntos.

Si finalmente la reclamación acaba en un pleito, se tendrá en cuenta la colaboración que las partes hayan prestado en la solución de estas controversias, “tanto para la imposición de costas como para considerar que se pueda haber producido un abuso del servicio público de Justicia merecedor de la imposición de una sanción”, indican desde Justicia.

Además, se está tramitando otro anteproyecto de ley organizativa en el que se regulan los futuros Tribunales de Instancia. Entre las funciones de su presidente y de los presidentes de sección estará unificar prácticas y criterios cuando hubiera diferentes interpretaciones, algo importante para las cláusulas suelo y otras abusivas que son sustancialmente iguales y generan litigación en masa.

La patronal del sector ve la situación de otra manera. La AEB sostiene que los bancos pleitean hasta el final porque el Supremo reconoció “la validez” de la cláusula suelo empleada. “Y si los bancos consideran que son transparentes, deben defenderse”, añaden fuentes de la patronal.

En el lado de los consumidores, el hartazgo es claro. Hace dos días, la asociación de usuarios financieros Asufin pidió amparo al Ministerio de Justicia ante la saturación que sufren los juzgados de cláusulas abusivas, que se ve acrecentada por la insistencia de algunas entidades bancarias en recurrir a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia está en su contra, lo que alarga los procesos y supone un coste elevado para el consumidor.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, señalo que cuando se dice que se ha creado una industria litigiosa, habría que pensar en “la que existe de forma paralela fomentada desde la banca, ya que las entidades empujan a los afectados a solucionar su problema en sede judicial”. Asufin cree que la única solución para recuperar el dinero es la demanda individual “a pesar de que los procesos son costosos, dolorosos y dilatados en el tiempo”. En su opinión, el coste de litigar afecta a todos los contribuyentes. “Los ciudadanos pagamos, con nuestros impuestos unos juzgados saturados por demandas que serán favorables al consumidor”.

Madrid: hasta cuatro años para que admitan a trámite la demanda

La desesperación de los clientes que están litigando provoca que otros desistan antes de empezar el procedimiento. Y esta demora tiene otro efecto: que no se pleitee por cantidades menores a los 2.500 euros, que son las que se pueden obtener (dependiendo del importe del crédito) con la reclamación de los gastos hipotecarios cobrados indebidamente por los bancos.

Las asociaciones de consumidores se han dirigido al Gobierno para denunciar que hay afectados por cláusulas abusivas “que están reclamando legítimamente que les devuelvan un dinero que les pertenece, con toda la jurisprudencia a su favor, y tienen que esperar más de cuatro años para que se resuelva su caso”, como apuntó Asufin en su reciente misiva al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Y puso ejemplos recientes: en el juzgado especializado 101 Bis de Madrid, la admisión a trámite tarda de media dos años en demandas de multidivisa y asciende a tres y cuatro años si se trata de cláusula suelo. En Barcelona, dos años; en Málaga, hasta tres años; dos años, en Cádiz, también en Zamora y Valencia. “La justicia lenta no es justicia”, concluía el escrito.

Fuente: El País.com

ESPAÑA. El Tribunal de Cuentas remite a la Fiscalía la denuncia por la financiación de Vox

 Alianza Cívica, el partido que denunció a Vox, considera que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas "reconoce la existencia de indicios suficientes tanto de ilícitos penales como de responsabilidad contable".

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas ha remitido a Alianza Cívica, un partido de nueva creación, una notificación que informa sobre el traslado de la denuncia interpuesta por la presunta financiación ilegal de Vox a la Fiscalía Provincial de Madrid para su investigación penal. En su denuncia, tal como ha informado elDiario.es, Alianza Cívica incluye abundante documentación, audios y capturas de Whatsapp sobre presuntas irregularidades del partido ultra en materia de financiación, e incluso la supuesta existencia de una caja B en Valencia.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas también ha remitido la documentación a la presidenta del organismo para el reparto de la denuncia al departamento de partidos políticos. El grueso de la denuncia sobre la contabilidad de Vox en Valencia proviene de las irregularidades que advirtió una antigua trabajadora de la sede de la formación partido ultra, cuya denuncia archivó la Fiscalía Anticorrupción aunque la remitió al Tribunal de Cuentas hace casi un año.

Alianza Cívica, el partido que ha recogido la documentación y los testimonios de antiguos afiliados de Vox sobre su financiación, considera que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas "reconoce la existencia de indicios suficientes tanto de ilícitos penales como de responsabilidad contable". "Aunque este es solo un primer paso de los muchos que aún han de darse, manifestamos nuestra fe en la acción de la justicia y la independencia de los tribunales", agrega la formación en un comunicado.

Además de supuestas irregularidades en la venta de lotería, merchandising y supuestos sobres con donaciones de empresarios presuntamente blanqueadas con la técnica del 'pitufeo', la denuncia de Alianza Cívica aludía al supuesto camuflaje de gastos electorales tras un mitin de Santiago Abascal en Valencia y a aportaciones en Alicante que presuntamente no eran declaradas.

Fuente: El Diario.es

TRIBUNALES. El Tribunal Supremo de España considera que las leyes sanitarias no permiten a las comunidades imponer un toque de queda general

 Las leyes sanitarias vigentes no permiten a las comunidades decretar un toque de queda general ni limitar las reuniones sociales para toda su población para combatir la covid.

Así lo ha decretado el Tribunal Supremo, que ha dejado sin efecto el confinamiento nocturno y el límite máximo de seis personas en reuniones sociales establecido por el Gobierno de Baleares tras levantarse el estado de alarma. El alto tribunal considera que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, permite restringir derechos fundamentales para luchar contra la pandemia, pero no de forma generalizada para toda la población, salvo que se acredite que es “indispensable”, algo que no ocurre con el toque de queda y los límites a las reuniones decretado en Baleares. “Sería poco cuestionable que para combatir un pequeño brote infeccioso localizado en un pueblo podría la Administración sanitaria obligar a los vecinos a confinarse en sus domicilios; y seguramente algo similar cabría decir de la limitación de reuniones. El problema no es, así, la intensidad: el problema es, más bien, la extensión”, señala el auto acordado por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

El Gobierno de Francina Armengol estableció que, una vez que el 9 de mayo se levantara el estado de alarma, el toque de queda debía seguir vigente en toda la comunidad entre las 0.00 y las 6.00. El Tribunal Superior de Justicia avaló la medida, pero la Fiscalía recurrió al Supremo en aplicación del decreto del Gobierno que da al alto tribunal la última palabra sobre las restricciones de derechos fundamentales ordenadas por las comunidades para combatir el virus.

La decisión del Supremo sobre el toque de queda tendrá ya un efecto limitado en el caso de Baleares porque el Gobierno regional ha anunciado que el confinamiento nocturno acaba el próximo domingo. Sin embargo, la resolución sí sienta jurisprudencia sobre una de las medidas que más dudas han generado tras el fin del estado de alarma. Hasta ahora, los tribunales habían respaldado el toque de queda en Baleares, Comunidad Valenciana y en algunos municipios de Galicia que se encuentran en riesgo extremo por la alta incidencia del virus en sus territorios. En Canarias y el País Vasco, sin embargo, los jueces no autorizaron la medida. La otra medida que el Supremo no ha autorizado, el límite a las reuniones sociales para toda la población, está vigente, además de en Baleares, en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Aragón, Canarias y Galicia. La decisión del alto tribunal solo implica dejar sin efecto la decretada por el Gobierno de Armengol, pero los argumentos son extensibles para el resto de las comunidades, por lo que la renovación del aval judicial en caso de querer prorrogar esta medida está ahora en el aire.

La resolución del Supremo zanja el debate. El tribunal estableció hace dos semanas que las leyes sanitarias permiten a las comunidades decretar “limitaciones puntuales de libertad de circulación”, pero siempre que esa restricción sea “imprescindible” para frenar enfermedades transmisibles y sea acotada territorial y temporalmente en función del número de enfermos. La Sala de lo Contencioso emitió ese primer pronunciamiento tras estudiar el caso de Canarias, que recurrió ante el Supremo el rechazo de su tribunal autonómico a limitar la entrada y salida de las islas en niveles de alerta 3 y 4. El tribunal mantuvo esa prohibición porque el Gobierno regional no justificó suficientemente la medida, pero dejó abierta la puerta a limitar la movilidad en casos “imprescindibles” y “temporales”. El toque de queda decretado por Baleares, una medida que también restringe el derecho a la libre circulación, no cumple, sin embargo, estos requisitos, según el tribunal, que tampoco avala, por las mismas razones, el veto a las reuniones de más de seis personas impuesto por el Gobierno de Armengol.

Una legislación para emergencias y catástrofes

El Supremo da la razón a la Fiscalía y anula la medida, aunque su tesis no coincide plenamente con la del ministerio público. La Fiscalía del Supremo alegó en su escrito que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública no permite imponer medidas restrictivas de derechos fundamentales tan intensas como el toque de queda o el límite a las reuniones sociales. El tribunal admite que el artículo 3 de esa norma es “innegablemente escueto y genérico”. “Desde luego, no fue pensado para una calamidad de la magnitud de la pandemia del covid-19, sino para los brotes infecciosos aislados que surgen habitualmente”, apunta el tribunal, que vuelve a lamentar la falta de una legislación clara sobre cómo y cuándo pueden restringir las comunidades derechos fundamentales durante una pandemia como la actual. “Las dificultades jurídicas serían mucho menores, tanto para la Administración sanitaria como para las salas de lo contencioso-administrativo, si existiera una regulación suficientemente articulada de las condiciones y límites en que cabe restringir o limitar derechos fundamentales en emergencias y catástrofes como la actual. “Pero el hecho es que tal regulación articulada no existe y, por tanto, el interrogante es hasta qué punto el art. 3 de la ley orgánica 3/1986 es suficiente”, asume la sala.

Y la conclusión a la que llega el Supremo es que la normativa actual sí cubre estas restricciones, aunque no para imponer restricciones “tan intensas y extensas” como el confinamiento nocturno o el límite a las reuniones sociales para toda una comunidad autónoma, salvo que se demuestre que son indispensables. “Este [precepto] puede utilizarse como fundamento normativo siempre que la justificación sustantiva de las medidas sanitarias —a la vista de las circunstancias específicas del caso— esté a la altura de la intensidad y la extensión de la restricción de derechos fundamentales de que se trate. Y ni que decir tiene que, cuando se está en presencia de restricciones tan severas y generalizadas como la prohibición de salir del propio domicilio durante determinadas horas del día o de reunirse con más de seis personas, la justificación pasa por acreditar que tales medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública. No bastan meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución”, advierte el tribunal.

Los magistrados rechazan así uno de los motivos alegados por la Fiscalía (que las medidas sanitarias decretadas por Baleares solo podían tomarse al amparo del estado de alarma), pero sí acogen la otra razón del recurso: que esas medidas no superan el juicio de proporcionalidad. “Ni el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ni la sala de instancia han justificado que las mencionadas medidas sanitarias restrictivas de la libertad de circulación y del derecho a la intimidad familiar resultasen indispensables a la luz de la situación epidemiológica existente entonces en el territorio autonómico, sino que se apoyan solo en consideraciones de prudencia”, dice la sala.

El Supremo sí respalda las otras dos medidas decretadas por el Gobierno de Armengol que precisaban autorización judicial: el control de acceso para entrar en las islas y la limitación de aforo en los lugares de culto. Es la primera vez que el alto tribunal autoriza ambas medidas, ya que en el caso de Canarias, que también pidió el aval para controlar la entrada y salida de la comunidad, los magistrados denegaron la autorización al considerar que la medida no estaba suficientemente motivada por el Ejecutivo regional. El tribunal establece una diferenciación entre los controles de acceso a un determinado territorio y el toque de queda, aunque ambos restrinjan el derecho a la libre circulación. En el confinamiento nocturno, advierte la sala, “probablemente está en juego algo más que la libertad de circulación, pues no es lo mismo prohibir desplazarse entre dos lugares determinados que obligar a todos a permanecer en su domicilio durante ciertas horas: esto último impide desplazarse a cualquier parte”. “Con todo ello quiere ponerse de relieve”, añade el tribunal, “que la intensidad (la fuerza con que se incide en los derechos fundamentales) y la extensión (el número de personas afectadas en sus derechos fundamentales) no son equiparables en una limitación de viajes entre islas y en el ‘toque de queda’, por no hablar del número máximo de personas en reuniones familiares y sociales: estas últimas restricciones son considerablemente más intensas y extensas”

Fuente: El País.com

ESPAÑA. Yolanda Díaz aboga por subir el SMI este 2021 ante el incremento de los precios

 La vicepresidenta tercera asegura que el informe de los expertos que servirá para determinar "la senda" del incremento del indicador estará en los próximos días y defiende que se aplique desde este mismo año ante la subida de la inflación, que en mayo se situó en el 2,7%

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, esta mañana en una rueda de prensa.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, esta mañana en una rueda de prensa. EFE/ Miguel Barreto

"No es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con pérdida de poder adquisitivo". Con estas palabras ha defendido la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional este año, sin esperar a 2022. En una rueda de prensa junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la también ministra de Trabajo ha recordado que los precios han subido en lo que va de 2021 mucho más de lo previsto (un 2,7% en mayo, frente al 0,9% previsto por Economía) y que el SMI está "prorrogado" a la espera de que el grupo de expertos convocado por el Ejecutivo finalizara sus trabajos para determinar la "senda" de este indicador para la legislatura. Su informe ya está casi listo y se hará público "en los próximos días".

"El Gobierno desde el minuto uno, con el presidente a la cabeza, ha entendido que la mejor política de rentas y para combatir la pobreza laboral era subir el SMI", ha asegurado Díaz. Pedro Sánchez ya subió el indicador en 2019 tras pactarlo con Pablo Iglesias. En 2020 también se incrementó, ya con Unidas Podemos dentro del Ejecutivo, hasta los actuales 950€ en 14 pagas.

Pero en 2021 la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, impuso su criterio y, tras muchos tiras y aflojas, se determinó la "prórroga" del SMI. Una fórmula que permitía a la parte socialista decir que no había subido y a la de Unidas Podemos asegurar que habría margen a lo largo del año para retomar la negociación.

El acuerdo de gobierno establece que a lo largo de la legislatura el SMI se situará en los márgenes que indica la UE: el 60% del "salario medio" de cada país. El problema viene en determinar cuál es ese "salario medio". Este jueves, la propia vicepresidenta tercera reconocía la complejidad técnica de calcularlo y ha recordado que el Gobierno convocó una "comisión de expertos y expertas de máximo nivel" cuyos trabajos ya estarían terminados o a punto de terminar, tal y como avanzó el miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y ha reiterado hoy la líder de Unidas Podemos.

"Estos días daremos a conocer la senda y el Gobierno determinará el SMI para este año", ha asegurado Díaz ante los periodistas en Canarias. La patronal se había mostrado contraria a establecer esa "senda", es decir, a dejar por escrito desde ya cuál será el SMI este año, el que viene y en 2023.

La ministra de Trabajo ha defendido la subida de SMI como una política necesaria para un Gobierno que se quiere autodenominar como "progresista". Díaz ha recordado que "aproximadamente un millón de personas fuera de convenio" se han beneficiado de los últimos incrementos, que ha llevado el indicador desde los 735,9 euros de 2018 a los actuales 950. Díaz ha apuntado que la mejora de las retribuciones afecta especialmente a las personas con menos poder adquisitivo, especialmente mujeres y jóvenes.

Ese poder adquisitivo es el nuevo argumento que esgrime Yolanda Díaz para justificar que el SMI suba en lo que queda de 2021, sin esperar al año que viene. La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno calculó un IPC del 0,9% para este año, pero los precios se han disparado y en mayo subieron un 2,7%. "Los convenios suben de media el 1,5% y el 1,8%", ha dicho Díaz. "No es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con pérdida de poder adquisitivo", ha concluido. Para ello, cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios. Pero a quien debe convencer es al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que será la primera persona ajena a Trabajo a la que le llegue el documento que ha salido de la comisión de expertos.

Fuente: El Diario.es

CIENCIA. Creada la primera forma de vida inmune a los virus

 Científicos del Reino Unido demuestran cómo reescribir el genoma de una bacteria para que produzca proteínas que no existen en la naturaleza y que es genéticamente inmune a las infecciones

Un grupo de científicos del Reino Unido ha creado la primera forma de vida resistente a casi cualquier virus. Se trata de una bacteria Escherichia coli cuyo genoma ha sido literalmente reescrito para incluirle hasta 18.000 cambios que hasta ahora no existían en la naturaleza. El trabajo es la demostración de que la humanidad ha conseguido no solo comprender el código de la vida sino corregirlo de forma tan amplia que le permite crear vida sintética capaz de hacer cosas que ningún otro ser vivo puede lograr.

La naturaleza permite a los seres humanos moverse, leer, respirar, pensar. A los virus, desencadenar un círculo vicioso de replicación capaz de producir una terrible pandemia como la actual. Y a los microbios, generar formas de bloquear una infección viral. Una de las mayores barreras hacia la libre creación de formas de vida artificiales era que hasta ahora no se podían introducir cambios sustanciales en las proteínas “naturales”. Estas moléculas son imprescindibles para cualquier función vital.

Pero el equipo de Jason Chin en el Consejo de Investigación Médica de Reino Unido se propuso demostrar que el código genético de un ser vivo se puede transformar de una forma tan profunda que dé lugar a una nueva especie invulnerable a cualquier virus. Para entender la importancia de su logro hay que recordar que todas las formas de vida de este planeta dependen de 20 ladrillos básicos con los que se construyen las proteínas: los aminoácidos. El genoma de una persona tiene 3.055 millones de letras, como se supo el martes, pero entre todas ellas hay 64 fragmentos mucho más cortos, pero esenciales: los codones, que contienen las instrucciones para sintetizar los 20 aminoácidos conocidos.

En un estudio publicado hoy en Science, el equipo de Chin demuestra cómo reescribir las secuencias de esos codones para que tengan dos funciones asombrosas. La primera es que son capaces de fabricar aminoácidos nuevos, artificiales e inexistentes hasta ahora en la naturaleza. La segunda es que los cambios ejecutados en el genoma de los microbios actúan como un “cortafuegos” contra un la mayoría de virus bacterianos —fagos—, pues inhabilita el funcionamiento de varios codones que los virus necesitan para secuestrar la maquinaria celular y ponerse a hacer copias de sí mismos, aniquilando a su huésped. Es el mismo proceso que usa el coronavirus para infectar a las personas: hacerlas enfermar e incluso provocarles la muerte.

El potencial de este hallazgo para crear nuevos fármacos y biomateriales es notable, como destacan los autores del trabajo. La E. coli es una auténtica factoría biológica de la que dependemos los humanos para fabricar fármacos y fermentar alimentos. Variantes modificadas de estos y otros microbios se usan en la producción de más de 600 fármacos, incluidos la insulina que se pinchan los diabéticos y los fármacos anticoagulantes que impiden que haya trombos. Entre muchas otras variantes de diseño, hay una E. coli esencial para fabricar las nuevas vacunas de ARN mensajero contra el nuevo coronavirus. Una invasión de fagos (virus que atacan a bacterias) en una fábrica que usa E. coli puede suponer la pérdida de millones de euros.

Los científicos británicos ya habían demostrado hace un par de años cómo crear un microbio cuyo genoma es totalmente artificial. También que su técnica para reescribir genomas y ampliarlos al gusto funciona en células de animales, y que incluso permite crear organismos con genomas artificiales, incluyendo moscas y gusanos.

Ahora han usado una técnica para introducir cambios a gran escala en la secuencia genética de las bacterias. El sistema usa la técnica de edición genética CRISPR-Cas9 como unas tijeras para cortar grandes fragmentos del genoma original. Luego, los sustituye por otras secuencias artificiales diseñadas previamente en un ordenador. Los resultados son sorprendentes: los científicos rocían a un grupo de bacterias artificiales con un cóctel de virus que aniquilaría a cualquier E. coli natural. Las bacterias artificiales resisten como si nada y además crecen más rápido. El trabajo muestra un hecho inquietante: los científicos no han ampliado el genoma original del microbio, sino que lo han hecho más corto, es decir, han mejorado el código genético original de un ser vivo que era producto de millones de años de evolución natural.

Juli Peretó, experto en biología sintética de la Universidad de Valencia, destaca que los cambios efectuados “convierten la célula en un lugar incomprensible para un visitante externo, como un virus”. “El patógeno se encontrará en una célula con un código genético alterado y, por tanto, será incapaz de expresarse y producir sus propias proteínas”. “Poco a poco vamos superando en biología sintética la fase de plagio de genomas, representada por los genomas artificiales del Instituto Venter, que resintetizan, simplifican o reordenan genomas naturales, y empezamos a tener genomas que contienen instrucciones totalmente nuevas”, añade.

Incluir un número alto de nuevos aminoácidos al catálogo existente permitirá “innumerables aplicaciones”, opinan Delilah Jewel y Abhishek Chatterjee, químicos del Boston College (EE UU) en un comentario al artículo publicado hoy. Esto incluye “biopolímeros” que no existen en la naturaleza que “pueden tener profundas implicaciones en muchas disciplinas, incluidas la medicina y la ciencia de materiales”, señalan.

Fuente: El País.com

3 de junio de 2021

MÁS CORRUPCION EN EL PP. La exministra de Defensa del Gobierno de España y exsecretaria general del partido popular, ante al juez por el caso kitchen. Y Casado sin comentarios al respecto.

 El juez de la Audiencia Nacional ha unido "la cadena de apuntes" que salpican a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, en el papel de protagonistas para captar al topo de la trama.

El juez que investiga el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas ha logrado relacionar casi medio centenar de anotaciones y grabaciones que salpican a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo —principal investigado de la macrocausa que se instruye en la Audiencia Nacional— lo grababa todo, lo apuntaba todo, y ahí ha quedado reflejado el presunto papel central de la exnúmero dos de los populares en una operación ilegal de máximo nivel para entorpecer la investigación que iba a poner en jaque todas las finanzas del partido.

La conocida como Operación Kitchen fue un operativo "parapolicial" organizado en 2013 para robar los documentos que escondía el extesorero Luis Bárcenas sobre la caja b de la formación, que podría perjudicar de manera directa al presidente del Gobierno de entonces Mariano Rajoy y a su número dos.

El último movimiento del instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón deja patente que se trató de una operación del partido, de máximo nivel, en la que podría haber estado detrás directamente Cospedal con la ayuda de su marido, Ignacio López del Hierro, quien también salía en los papeles de Bárcenas.

Operación del partido al máximo nivel. El juez sospecha que Interior fue el instrumento para materializar el plan

Sin embargo, necesitaban medios y una plataforma para llevar a cabo el plan, y ésta fue el Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Jorge FernándezDíaz y del secretario de Estado, Francisco Martínez.

El magistrado ha tardado casi un año en lograr unir todas las piezas para implicar directamente a Cospedal. El empujón final vino cuando a finales de año, la Policía registró la celda de Villarejo, que se encontraba en prisión provisional desde noviembre de 2017, y halló una serie de agendas que escondía y que no habían sido incautadas en su momento.

Eran las agendas de 2013, todas las anotaciones sobre sus conversaciones, en la época en la que se ideó, organizó y perpetró la Operación Kitchen. Pero además de estos apuntes, el juez, lo ha unido con conversaciones mantenidas por Villarejo e incluso de otras personas como la del propio Francisco Martínez.

El origen de Kitchen. "Plan contra LB. Intervenir comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”

Con todo ello, García Castellón ha contabilizado 43 indicios que apuntan a Cospedal y su entorno. “Cospe. Control de LB”: recoge Villarejo el 4 de septiembre de 2013.

Según el juez, el 11 de julio de 2013 es el origen de la operación Kitchen. El día antes, el juez que investigaba la caja b del PP, Pablo Ruz, dictó un auto citando a Bárcenas para el día 15. Fue ahí cuando se activó la maquinaria. Todo hacía indicar que el extesorero podría acabar en prisión y si eso ocurría, pasaría a la ofensiva al entender que su partido, en ese momento en el Gobierno, le había dejado caer sin frenar su encarcelamiento.

Ese 11 de julio, Villarejo anota, al lado del nombre de Chisco —nombre utilizado para Francisco Martínez— “Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Intervenir comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”.

En esos días, el excomisario apunta hasta 10 anotaciones sobre la operación que empezaban a preparar contra Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. "Chisco. Quiere plan estratégico para salir del caso LB", escribe el excomisario el día 15. Un día más tarde: "Chisco. Problemática por posibles grabaciones de LB".

Los contactos —y sus correspondientes anotaciones que Villarejo hace en sus agendas— se intensifican esos días de plena crisis en el Partido Popular. Así lo refleja el día 17 en el que tras escribir "gabinete crisis" apunta "pendiente conductor de LB", en referencia al chófer de la familia, imputado por ser el topo de la trama "parapolicial".

El 18 de julio Villarejo manuscribe tras hablar, presuntamente, con Ignacio López del Hierro: "Aviso contacto Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo". Ese mismo día hay otra anotación que cerca a Cospedal: "Cospe vio contactos y posible cita".

Entre los apuntes aparece un nombre “Andy”, que ahora se conoce que es el actual comisario Andrés Gómez Gordo, persona de confianza de Cospedal porque estuvo con ella en el área de seguridad durante su época como presidenta de Castilla-La Mancha. Villarejo anota el 19 de julio de aquel año: “Aunque Cospe le ha dicho que se fíe de mi, como su jefe de seguridad le puede decir que está equivocada”.

En esa fecha, Villarejo ya tenía contactos con Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. De hecho, un año antes, le habían pedido ayuda para salvar a Bárcenas de la investigación por el caso de corrupción Gürtel. Todo se torció cuando el juez Ruz encontró en enero de 2013 cuentas en Suiza a nombre del ex tesorero del PP, en las que había llegado a acumular 48 millones de euros. El partido ya no podía salvarle y le dejó caer para que no lo arrastrara.

Gómez Gordo fue la persona encargada de captar al chófer de Bárcenas para sustraer la información. Así, en su auto por el que ha citado como investigados a Cospedal y su marido, el juez instructor sostiene que “la participación de Cospedal en la captación del chófer Sergio Ríos en la trama, a través de Andrés Gómez, al parecer pudo ser decisiva para que éste se decidiera a participar”.

Más apuntes en la agenda. “Andi. Muy contento por los datos que le di para la Cospe”

A lo lago de esos meses, Villarejo intervino en la relación con Ríos, y éste se lo hizo saber a la secretaria general del partido. El 1 de octubre reflejó en su agenda: “Andi. Muy contento por los datos que le di para la Cospe”.

Además de las anotaciones en las agendas, el juez ha logrado unir de manera indiciaria contra Cospedal algunas conversaciones telefónicas a manos de los investigadores. En una de ellas (25 de septiembre de 2018), al exsecretario de Estado le pregunta su esposa que "si ha hablado con Cospe" una vez que el escándalo copa las portadas de todos los medios de comunicación. A lo que él responde: "Bueno, no hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay". En otra, una interlocutora le consuela: "Tú no has hecho nada por iniciativa propia".

Hay más. Martínez escribe en un mensaje que él es un hombre "leal y comprometido" y que por eso, "precisamente", se ha metido "en este lío": "Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y Rajoy".

Ahora Cospedal tendrá que explicar el próximo 29 de junio qué le contó Villarejo, que información le dio, si se reunió con él, cuantas veces, cuál fue su papel para captar al chófer y sobre todo, porqué lo hizo.

Mientras tanto, la actual cúpula del PP  guarda silencio, pero ya lo dice la sabiduría popular,  "quien  calla otorga".

 Fuente: La Vanguardia.com

EEUU. La Casa Blanca apunta a Rusia por un ciberataque dirigido a obstaculizar el suministro de carne en el país.

 El ataque, que obligó a parar la producción de varias plantas de la compañía cárnica JBS, tendrá un “impacto significativo” en el mercado

El gigante cárnico brasileño JBS ha sido el último objetivo de la piratería informática global, después de que a comienzos de semana su filial en Estados Unidos fuera extorsionada mediante un ciberataque que los responsables de la empresa creen originado en Rusia y que obligó a parar parte de la producción en Norteamérica y Australia. El parón ha provocado preocupación ante una posible escasez de carne, dado que JBS, la segunda mayor empresa del sector en EE UU, suministra hasta el 20% de los productos cárnicos procesados que se consumen en el país.

La filial estadounidense de JBS recibió una petición de rescate por parte de “una organización delictiva probablemente radicada en Rusia” después de sufrir un ataque informático que afectó a la cadena de procesamiento en Australia y Norteamérica, según ha informado este martes una portavoz de la Casa Blanca. El hecho de que la confirmación del suceso proceda de la Casa Blanca revela la entidad del suceso, que se produce menos de un mes después de que la acción de piratas informáticos del grupo DarkSide obligara a cerrar temporalmente la red de oleoductos Colonial Pipeline, que proporciona el 45% del combustible que consume la costa este de EE UU. El presidente Joe Biden hablará con su homólogo ruso, Vladímir Putin, de la amenaza informática, que ha revelado la vulnerabilidad de redes de suministro básicas en EE UU, en el encuentro que mantendrán en Ginebra el próximo 16 de junio. Preguntado este miércoles por la posibilidad de adoptar represalias hacia Moscú, Biden se limitó a afirmar que sigue “muy de cerca” el asunto.

La portavoz de la Casa Blanca informó de que el Gobierno del presidente Joe Biden ha ofrecido asistencia a JBS, y que el Departamento de Agricultura se mantiene en contacto con los responsables de la empresa, mientras el FBI investiga el incidente y la Agencia para la Ciberseguridad y la Seguridad de Infraestructuras (CISA), en coordinación con el FBI, ofrece apoyo técnico a la compañía. “La Casa Blanca está en contacto directo con el Gobierno ruso sobre este tema, y envía el mensaje de que los Estados responsables no albergan a delincuentes de ransomware [programa informático malicioso]”, afirmó la portavoz. Rusia ha negado repetidamente servir de base a los piratas de DarkSide. Fuentes con acceso a la investigación del ciberataque a JBS han atribuido este miércoles su autoría a un grupo denominado REvil.

El ransomware es un modus operandi de la ciberdelincuencia que consiste en aprovechar las fallas de seguridad de un sistema informático para bloquearlo y exigir luego un rescate para reanudarlo. Colonial Pipeline, una de las mayores redes de distribución de combustible de EE UU, tuvo que desembolsar 4,4 millones de dólares a los piratas informáticos para desbloquear sus sistemas, según reconoció la firma. La vulnerabilidad de la empresa llevó la semana pasada al Gobierno de Biden a imponer por primera vez requisitos de ciberseguridad en los oleoductos.

El ataque al gigante cárnico fue desvelado por la compañía este lunes. “JBS USA resultó ser el objetivo de un ataque de ciberseguridad organizado, que afectó a algunos de los servidores que soportan sus sistemas informáticos de América del Norte y Australia”, dijo la compañía en un comunicado sin dar más detalles. Según el diario The New York Times, el incidente obligó a cerrar nueve plantas de procesamiento de vacuno en EE UU y alteró la producción en otras dedicadas a procesar carne de pollo y de cerdo. El Departamento de Agricultura se vio forzado a posponer este martes el índice de precios de vacuno y porcino por la paralización de la producción, mientras los analistas alertan de que un solo día de interrupción puede tener “un significativo impacto” en los precios.

United Food and Commercial Workers, que representa a los trabajadores en Colorado y Wyoming, indicó que los turnos de matadero y fabricación fueron cancelados el lunes. Una fábrica de Wisconsin informó de que no habría producción ese día. Otra de Utah anunció la suspensión de actividad también el lunes, mientras que en Iowa el cierre fue parcial, con solo cuatro departamentos paralizados. La división de JBS en Canadá canceló algunas operaciones el lunes y durante la madrugada de este martes, pero luego anunció a través de Facebook que reanudaría la producción con normalidad.

JBS, una multinacional con sede en Brasil especializada en productos procesados a base de carne de res, pollo y cerdo, es una de las mayores empresas agroalimentarias del mundo, con presencia en Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, México, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La compañía ha asegurado que sus servidores de respaldo no resultaron afectados por el incidente, y que confía en reanudar la actividad en la mayoría de las plantas este miércoles. En Australia, la fábrica de JBS quedó paralizada, lo que obligó a enviar a casa sin paga a 10.000 trabajadores, según fuentes sindicales citadas por la agencia France Presse, que afirmaron desconocer la fecha de reanudación de la actividad en la planta.

Los dos ciberataques citados acontecen tras la osada intromisión en la compañía de software SolarWinds en 2020, que Washington atribuye a un grupo respaldado por Moscú y que motivó una tanda de duras sanciones contra individuos y empresas en la órbita del Kremlin. De ese mismo grupo se sospecha una nueva andanada de ciberataques ocurridos hace unas semanas, según Microsoft, que habrían tenido como objetivo los servidores de agencias del Gobierno, centros de expertos, consultoras y otras organizaciones.

“El panorama de ciberseguridad está en constante evolución y debemos adaptarnos para abordar las amenazas nuevas y emergentes”, declaró la semana pasada Alejandro Mayorkas, responsable del Departamento de Seguridad Interior estadounidense.

Fuente: El País.com