El Tribunal Supremo español ha mantenido la suspensión cautelar del derecho al voto para los ciudadanos residentes en el extranjero que adquirieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como "ley de nietos".
Esta medida cautelar, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras estimar recursos presentados por Vox e Iustitia Europa, afecta a unas 163.020 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), impidiéndoles participar en las elecciones generales anticipadas fijadas para el 29 de noviembre de 2026.
Calificar técnicamente esta actuación judicial como un delito de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) es extremadamente complejo en términos estrictamente jurídicos. A continuación se exponen las tesis contrapuestas que existen en el debate jurídico y político:
Razones favorables a la postura del Supremo (legalidad de la medida)
- Preservación de la pureza del censo.- La mayoría del tribunal (cinco de los seis magistrados) argumenta que existe un riesgo fundado de alteración o constitución irregular del censo electoral en el extranjero debido al elevado volumen de inscripciones basadas en la instrucción interpretativa aprobada por el Gobierno.
- Primacía del interés general y transparencia.- Los magistrados sostienen que en una convocatoria electoral las exigencias de veracidad, igualdad y transparencia del sistema deben prevalecer sobre el derecho de voto puramente individual.
- Defectos administrativos no corregidos.- El auto critica que la administración general del Estado no facilitara un listado debidamente verificado y detallado que discriminara con precisión qué ciudadanos acreditaron fehacientemente su condición de descendientes de exiliados políticos frente a otras interpretaciones más amplias.
- Carácter estrictamente cautelar.- Desde el punto de vista penal, no se puede hablar de prevaricación al tratarse de una medida de aseguramiento provisional y preventiva, tomada por vía de urgencia y motivada legalmente por la propia naturaleza del adelanto electoral.
Razones en contra de la decisión (contrarios a la suspensión)
- Vulneración de un derecho fundamental.- El voto discrepante de la magistrada María Alicia Millán y las alegaciones de la Abogacía del Estado recalcan que el sufragio activo es un derecho fundamental (Art. 23 de la Constitución) indisolublemente unido a la nacionalidad. Impedir votar a quien ostenta formalmente un pasaporte español se considera una privación grave e ilegal.
- Daño irreversible.- Al suspenderse el derecho en la fecha concreta de las elecciones, el perjuicio causado a los afectados es completamente irreparable; aunque la justicia les dé la razón en el fondo del asunto más adelante, ya no podrán ejercer su voto para esta legislatura.
- Invasión de actos administrativos firmes.- Juristas y defensores del levantamiento de la medida alegan que la suspensión judicial afecta a resoluciones consulares y de registro civil que ya concedieron formalmente la nacionalidad, las cuales son firmes y no están siendo impugnadas de manera individualizada.
Soluciones y vías de actuación
- Recurso ante el Tribunal Constitucional.- El Gobierno y las partes afectadas han anunciado su intención de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión inmediata de la propia medida del Supremo basándose en la vulneración flagrante de derechos fundamentales. Aunque el Defensor del Pueblo, ya presentó recurso al respecto ante el Constitucional, que fue rechazado.
- Acreditación documental en consulados.- El propio auto del Tribunal Supremo contempla una excepción para que puedan votar aquellos ciudadanos que logren certificar de forma expresa e individualizada ante sus respectivas oficinas consulares que sus antepasados directos cumplían estrictamente las condiciones de exilio político, ideológico o de orientación sexual exigidas en la ley original.
- Revisión del fondo del litigio por el Supremo.- Paralelamente al proceso electoral, la Sala de lo Contencioso-Administrativo debe dirimir definitivamente el recurso principal para dictaminar si la instrucción del Ejecutivo que flexibilizó la obtención de la nacionalidad se ajusta o no a la legalidad ordinaria.
CONCLUSIÓN
Como un simple ciudadano de a pie y sin ser un experto en leyes, desde mi opinión, el Tribunal Supremo ha dado una patada a la Ley de leyes, abusando de su situación de poder, que va a dejar sin votar a los españoles nacionalizados por la "Ley de nietos" que viven fuera de España, si son incapaces de demostrar que los franquistas no torturaron o mataron a sus padres o abuelos, porque se fueron de España para evitarlo. Así que conscientemente, les han privado de sus derechos dos veces, primero cuando ellos y sus familias se tuvieron que exiliar de España para salvar sus vidas y las de los suyos, que ahora repiten cuando no les dejan votar.
Dentro de unos meses, cuando los mismos jueces entren en el fondo del asunto del caso que nos ocupa y preocupa, reconociendo finalmente que se equivocaron porque si tenían derecho a votar estos ciudadanos españoles. Pues caso contrario correrían el riesgo que los afectados fuesen al Constitucional y/o al Tribunal Superior de Justicia Europeo, dejando otra vez al Supremo a los pies de los caballos, como no podría ser de otra forma.
Y lo que más me reconcome de todo este embrollo, es que no podrán interponerse pleito alguno contra ninguno de estos magistrados (*) aún sabiendo que eran plenamente conscientes que el daño causado no podría reponerse, porque en este país, son los jueces los que cortan el bacalao, dirigidos por PP, Vox y sus afines, que ponen denuncias con recortes de periódico, con el fin último de manipular las próximas elecciones generales (ver Anexo I)
(*) Descartada la denuncia por prevaricación como es el caso de esta causa, donde los magistrados por 5 a 1, votaron a favor de la supresión del derecho al sufragio. Si con todo y con ello, una persona entiende o considera, que la suspensión cautelar le ha provocado un perjuicio irreversible (como la pérdida del derecho al sufragio activo en unos comicios generales), la vía legal en España no es demandar al juez, sino reclamar una indemnización por Error Judicial o Funcionamiento Anormal de la Administración de Justicia (Art. 121 de la Constitución Española).
Y si encima ahora pretenden conseguir, que partidos fascistas como PP y Vox, alcancen el Gobierno del Estado, arreglados estamos.
Pero siento estropearles a todos ustedes la fiesta, pero al mismo tiempo, me alegro mucho amargarles la Navidad, porque tengo el pálpito que Feijóo tendrá que jubilarse sin gobernar el país, ya que normalmente acierto estas cosas, no así cuando juego a lotería, que ya podía ser al revés, ¿no les parece a ustedes?
POSDATA
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 a los 189.678 hijos de personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática (conocida como «ley de nietos»).
Claves de la decisión judicial:
• Voto de los hijos.- El alto tribunal ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa para prohibir votar a este grupo de 189.678 descendientes mayores de edad. Los magistrados argumentan que la petición llega en un momento avanzado del proceso electoral (a pocos días de la campaña y del voto en urna en los consulados) y que alteraría gravemente los intereses generales.
• Mantenimiento de la suspensión previa a los nietos.- Por el contrario, el Supremo sí mantiene la suspensión cautelar del voto para los cerca de 162.454/163.000 nietos que obtuvieron la nacionalidad por presunción de exilio y que están inscritos en el CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), al considerar que existen indicios de irregularidades en la conformación de ese censo.
• Votos particulares.- La decisión no ha sido unánime; algunos magistrados como Alicia Millán han criticado mantener la suspensión a los nietos por generar un perjuicio irreparable, mientras que otros como Antonio Jesús Fonseca-Herrero abogaban por extenderla también a los hijos.
Fuente: Medios digitales
ANEXO I
Estrategias políticas del Partido Popular antes y después de llegar al Gobierno (caso ocurriese).
Durante la precampaña y la campaña electoral.
- Discursos de odio hacia la ciudadanía y hacia las Instituciones democráticas.
- Corrupción política.
- Denuncias falsas más juicios con medidas cautelares inverosimiles (como cautelarísimas que privan de votar a nacionalizados por ley de nietos)
- Juicios prospectivos (como la sentencia contra el Fiscal General del Estado, o el juicio contra el expresidente Zapatero)
- Sobornos a encausados para que testifiquen con acusaciones falsas (como la del caso Koldo)
- Jueces que vulneran el principio de imparcialidad (sentencia contra el exfiscal General del Estado o contra David Sánchez, hermano del Presidente del Gobierno)
- Policías que en las manifestaciones, por lo que sea, unas veces reparten cariño entre los incendiarios fascistas, que cuelgan y apalean muñecos del Presidente del Gobierno, y otras, reparten palos entre la gente que se manifiesta pacíficamente, como los profesores en huelga de Madrid.
Como repercutiría en el país si PP junto a Vox, alcanzasen algún día el Gobierno de la nación.
- Advertencia de rebaja de unos 85.000 millones de euros de impuestos por IRPF. Lanzando una amenaza implícita de recortes para compensarlo, hacia los Servicios Públicos, tales como, Sanidad, Educación, Servicios Sociales, etc.
- Avisos de que si gobieran expulsarán de manera inmediata a inmigrantes (incluso ilegalmente a los menores no acompañados).
- Amenazas contra los inquilinos (muy evidentes después de votar en contra de los decretos de la vivienda para los más vulnerables) que pretenden derogar Ley de vivienda en vigor.
- Advertencias a jubilados y jubiladas de privatización de pensiones.
- Amenazas contra la clase trabajadora, por avisos de cambiar el Estatuto de los trabajadores y derogación de la Reforma Laboral de 2021-2022
- Propuestas conjuntas de PP y Vox, para reducir o eliminar políticas de igualdad de género, de memoria histórica y de protección LGTBIQ+
Fuente: Redacción
