CORONAVIRUS. España marca su dato más alto de fallecidos desde mediados de mayo , pero ya estamos en 117 de tasa de inicdencia acumulada, con 4.975 nuevos contagios.

 

Repuntan los fallecidos reconocidos por Sanidad. El Ministerio ha informado este viernes de 97 muertes desde ayer por coronavirus, lo que supone el dato más alto desde el 12 de mayo. Además, el informe reconoce 4.975 contagios y un nuevo descenso, aunque leve, de la incidencia hasta 117.

El porcentaje de vacunados no deja de crecer de forma notoria día tras día. Ya hay más de 10 millones de inmunizados (más de un 21% de la población) y casi 19 millones ya tienen al menos una dosis (un 40%).

El jueves la incidencia dejó de bajar (apenas lo hico dos décimas) y se estabilizó en 118 casos de media, con leves repuntes en varias comunidades.

La buena evolución general en España no ha servido para que Reino Unido la considere destino ‘seguro’ para sus turistas, a los que obligará a una cuarentena domiciliaria si provienen de cualquier punto español, incluidas Canarias y Baleares, aunque ambos territorios podrían recibir una calificación mejor, en palabras del embajador británico.

Fuente: Huffingtonpost.es

CORONAVIRUS. España supera los 10 millones de inmunizados y un 40% de la población tiene una dosis de la vacuna

Las comunidades han administrado un total de 28.752.570 dosis, tras las más de 570.000 administradas en las últimas 24 horas

El proceso de vacunación marcha según los planes del Gobierno y este viernes se ha superado un nuevo hito: inmunizar con la pauta completa a 10 millones de personas en la primera semana de junio. Ese era uno de los objetivos que anunció Pedro Sánchez el 6 de abril, como paso previo para vacunar completamente antes del final del verano al 70% de la población y alcanzar así la inmunidad de grupo.

Tras las 570.225 dosis administradas durante las últimas 24 horas, España ha inmunizado con la pauta completa (dos inyecciones con Pfizer, Moderna o AstraZeneca o una sola de Janssen, el único antídoto monodosis aprobado hasta el momento) a 10.257.209 millones de personas, un 21,6% de la población.

Además, se ha superado el 40% de la población con al menos la primera dosis, más de 19.038.135 millones de personas. En total, desde que comenzara la campaña de vacunación, a finales de diciembre, se han administrado 28.752.570 pinchazos.

"Gracias a quienes hacéis posible cada día el éxito en la mayor campaña de vacunación de la humanidad", ha afirmado Sánchez.

El primer objetivo del Gobierno se cumplió a principios de mayo: alcanzar los 5 millones de inmunizados. Tras el paso de hoy, el Ejecutivo tiene previsto vacunar con la pauta completa a 15 millones de personas antes de que termine la semana del 14 de junio y a 25 millones para la semana del 19 de julio. La meta final es el final del verano, cuando las autoridades sanitarias calculan haber vacunado a 33 millones de personas, el 70% de la población, para alcanzar así la inmunidad de grupo, que los expertos ven como el punto de inflexión para doblegar a la pandemia.

Este empujón al proceso de vacunación en los últimos días se produce gracias a una llegada inédita de dosis desde el lunes. En total, se han recibido cuatro millones de dosis: un lote de 1,7 millones de Pfizer –sumadas a otras 700.000 que llegaron el miércoles–, otro de 1,3 de AstraZeneca, 313.000 de Moderna y 700.000 de Janssen.

Hasta ahora, España ha priorizado la vacunación de los más mayores. En mayo se consiguió inmunizar completamente a todos los mayores de 80 años y casi un 100% de los que tienen entre 70 y 79 años tienen al menos una dosis de la vacuna. Además, de esta edad, un 93,3% tiene la pauta completa. Un 90,3% del siguiente rango de edad prioritario (los que tienen entre 60 y 69) ha recibido una dosis y casi un 20% tiene la pauta completa.

Las comunidades han vacunado a cerca de la mitad de todos los mayores de 50 con la pauta completa. Son cerca de nueve millones de personas. Mientras, un 86,1% de ese grupo tiene al menos la primera inyección, más de 16,4 millones de personas.

Por autonomías, Asturias supera el 33% de su población mayor de 16 años con la pauta completa. Le siguen de cerca Castilla y León, con un 32,8, y Galicia, que ha inmunizado al 31,8%.

Fuente: El Diario.es

ESPAÑA. El Ministerio de Justicia prepara juicios rápidos para desatascar las miles de demandas pendientes de cláusulas suelo y demás cláusulas abusivas

 El Gobierno elabora medidas para agilizar los procesos y elevar los costes a los bancos por retrasar el pago de indemnizaciones

El Ministerio de Justicia prepara una batería de medidas recogidas en dos anteproyectos clave para tratar de solucionar el gran atasco que sufren los juzgados especializados en cláusulas abusivas. Entre ellas están los juicios verbales (sencillos y rápidos), los pleitos testigo (que sirven como modelo para miles de casos similares sin celebrar juicio) y las exigencias de buscar un acuerdo previo, así como sanciones a los bancos que dilaten los procesos innecesariamente. El sistema judicial se enfrenta a 240.000 demandas pendientes desde hace cuatro años por la costumbre de los bancos de pleitear hasta el final en las cláusulas suelo y otras condiciones abusivas, aunque pierdan el 97,5% de los casos

El ministerio espera que se acabe la tramitación de los dos anteproyectos para principios de 2022 y se desatasque una situación creada por los bancos para desanimar a los clientes y evitar que pleiteen, a costa de bloquear los tribunales.

Desde la crisis de 2008 a 2012, la banca tiene pendiente resolver las reclamaciones de los clientes a los que vendió productos con cláusulas que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado abusivas. El sector resolvió la equivocada colocación de preferentes y convertibles, pero no las cláusulas suelo, los créditos referenciados al IRPH o los préstamos multidivisa. Estos problemas están detrás de la mala reputación de la banca, que se ha frenado las indemnizaciones pleiteando hasta el final y alargando los procesos.

Nadie defiende a la banca

Una década después de este estallido, los bancos se han quedado solos en la defensa de su estrategia de dilación de procesos. Reclaman medidas desde algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como Gerardo Martínez Tristán, hasta el Consejo de la Abogacía, pasando por las principales asociaciones de consumidores. Y el Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Carlos Campo, ha movido ficha con dos anteproyectos de ley.

El primero de ellos, que está en trámite, aborda medidas de eficiencia procesal, y aboga porque las demandas por cláusulas abusivas se tramiten como juicios verbales, sea cual sea la cuantía reclamada, informan fuentes del Ministerio de Justicia. El juicio verbal es más sencillo y rápido que el juicio ordinario y el juez podrá dictar sentencia oralmente, agilizando los pleitos.

En segundo lugar, a estos casos se les podrá aplicar la técnica del pleito testigo, es decir, que se tramite uno solo suspendiendo la tramitación de los demás hasta que se dicte sentencia en el que se ha determinado como testigo y la resolución sea firme. A partir de ahí, todos los demás ciudadanos podrán pedir que se les apliquen los efectos de la sentencia del pleito testigo cuando los casos son iguales. “Se deben cumplir determinados requisitos legales, que permitan precisamente este tratamiento para la litigación en masa en materia de cláusulas abusivas”, apuntan las citadas fuentes.

Negociación previa, obligatoria y vinculante

El anteproyecto de ley recoge una tercera medida: “Un sistema de medios adecuados de solución de controversias” para que no se pueda interponer demanda sin una negociación previa entre las partes. En el caso de las cláusulas abusivas, el consumidor reclamará frente al banco antes de interponer la demanda y este tendrá que admitir o denegar la reclamación “y no podrá alegar otros motivos diferentes en el pleito posterior si no se llega a un acuerdo”. Si hay acuerdo, el banco desglosará las cantidades y pagará en un solo mes. Transcurrido ese plazo, pagará los intereses legales del dinero más ocho puntos.

Si finalmente la reclamación acaba en un pleito, se tendrá en cuenta la colaboración que las partes hayan prestado en la solución de estas controversias, “tanto para la imposición de costas como para considerar que se pueda haber producido un abuso del servicio público de Justicia merecedor de la imposición de una sanción”, indican desde Justicia.

Además, se está tramitando otro anteproyecto de ley organizativa en el que se regulan los futuros Tribunales de Instancia. Entre las funciones de su presidente y de los presidentes de sección estará unificar prácticas y criterios cuando hubiera diferentes interpretaciones, algo importante para las cláusulas suelo y otras abusivas que son sustancialmente iguales y generan litigación en masa.

La patronal del sector ve la situación de otra manera. La AEB sostiene que los bancos pleitean hasta el final porque el Supremo reconoció “la validez” de la cláusula suelo empleada. “Y si los bancos consideran que son transparentes, deben defenderse”, añaden fuentes de la patronal.

En el lado de los consumidores, el hartazgo es claro. Hace dos días, la asociación de usuarios financieros Asufin pidió amparo al Ministerio de Justicia ante la saturación que sufren los juzgados de cláusulas abusivas, que se ve acrecentada por la insistencia de algunas entidades bancarias en recurrir a instancias superiores a sabiendas de que la jurisprudencia está en su contra, lo que alarga los procesos y supone un coste elevado para el consumidor.

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, señalo que cuando se dice que se ha creado una industria litigiosa, habría que pensar en “la que existe de forma paralela fomentada desde la banca, ya que las entidades empujan a los afectados a solucionar su problema en sede judicial”. Asufin cree que la única solución para recuperar el dinero es la demanda individual “a pesar de que los procesos son costosos, dolorosos y dilatados en el tiempo”. En su opinión, el coste de litigar afecta a todos los contribuyentes. “Los ciudadanos pagamos, con nuestros impuestos unos juzgados saturados por demandas que serán favorables al consumidor”.

Madrid: hasta cuatro años para que admitan a trámite la demanda

La desesperación de los clientes que están litigando provoca que otros desistan antes de empezar el procedimiento. Y esta demora tiene otro efecto: que no se pleitee por cantidades menores a los 2.500 euros, que son las que se pueden obtener (dependiendo del importe del crédito) con la reclamación de los gastos hipotecarios cobrados indebidamente por los bancos.

Las asociaciones de consumidores se han dirigido al Gobierno para denunciar que hay afectados por cláusulas abusivas “que están reclamando legítimamente que les devuelvan un dinero que les pertenece, con toda la jurisprudencia a su favor, y tienen que esperar más de cuatro años para que se resuelva su caso”, como apuntó Asufin en su reciente misiva al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Y puso ejemplos recientes: en el juzgado especializado 101 Bis de Madrid, la admisión a trámite tarda de media dos años en demandas de multidivisa y asciende a tres y cuatro años si se trata de cláusula suelo. En Barcelona, dos años; en Málaga, hasta tres años; dos años, en Cádiz, también en Zamora y Valencia. “La justicia lenta no es justicia”, concluía el escrito.

Fuente: El País.com

ESPAÑA. El Tribunal de Cuentas remite a la Fiscalía la denuncia por la financiación de Vox

 Alianza Cívica, el partido que denunció a Vox, considera que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas "reconoce la existencia de indicios suficientes tanto de ilícitos penales como de responsabilidad contable".

El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas ha remitido a Alianza Cívica, un partido de nueva creación, una notificación que informa sobre el traslado de la denuncia interpuesta por la presunta financiación ilegal de Vox a la Fiscalía Provincial de Madrid para su investigación penal. En su denuncia, tal como ha informado elDiario.es, Alianza Cívica incluye abundante documentación, audios y capturas de Whatsapp sobre presuntas irregularidades del partido ultra en materia de financiación, e incluso la supuesta existencia de una caja B en Valencia.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas también ha remitido la documentación a la presidenta del organismo para el reparto de la denuncia al departamento de partidos políticos. El grueso de la denuncia sobre la contabilidad de Vox en Valencia proviene de las irregularidades que advirtió una antigua trabajadora de la sede de la formación partido ultra, cuya denuncia archivó la Fiscalía Anticorrupción aunque la remitió al Tribunal de Cuentas hace casi un año.

Alianza Cívica, el partido que ha recogido la documentación y los testimonios de antiguos afiliados de Vox sobre su financiación, considera que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas "reconoce la existencia de indicios suficientes tanto de ilícitos penales como de responsabilidad contable". "Aunque este es solo un primer paso de los muchos que aún han de darse, manifestamos nuestra fe en la acción de la justicia y la independencia de los tribunales", agrega la formación en un comunicado.

Además de supuestas irregularidades en la venta de lotería, merchandising y supuestos sobres con donaciones de empresarios presuntamente blanqueadas con la técnica del 'pitufeo', la denuncia de Alianza Cívica aludía al supuesto camuflaje de gastos electorales tras un mitin de Santiago Abascal en Valencia y a aportaciones en Alicante que presuntamente no eran declaradas.

Fuente: El Diario.es

TRIBUNALES. El Tribunal Supremo de España considera que las leyes sanitarias no permiten a las comunidades imponer un toque de queda general

 Las leyes sanitarias vigentes no permiten a las comunidades decretar un toque de queda general ni limitar las reuniones sociales para toda su población para combatir la covid.

Así lo ha decretado el Tribunal Supremo, que ha dejado sin efecto el confinamiento nocturno y el límite máximo de seis personas en reuniones sociales establecido por el Gobierno de Baleares tras levantarse el estado de alarma. El alto tribunal considera que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, de 1986, permite restringir derechos fundamentales para luchar contra la pandemia, pero no de forma generalizada para toda la población, salvo que se acredite que es “indispensable”, algo que no ocurre con el toque de queda y los límites a las reuniones decretado en Baleares. “Sería poco cuestionable que para combatir un pequeño brote infeccioso localizado en un pueblo podría la Administración sanitaria obligar a los vecinos a confinarse en sus domicilios; y seguramente algo similar cabría decir de la limitación de reuniones. El problema no es, así, la intensidad: el problema es, más bien, la extensión”, señala el auto acordado por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

El Gobierno de Francina Armengol estableció que, una vez que el 9 de mayo se levantara el estado de alarma, el toque de queda debía seguir vigente en toda la comunidad entre las 0.00 y las 6.00. El Tribunal Superior de Justicia avaló la medida, pero la Fiscalía recurrió al Supremo en aplicación del decreto del Gobierno que da al alto tribunal la última palabra sobre las restricciones de derechos fundamentales ordenadas por las comunidades para combatir el virus.

La decisión del Supremo sobre el toque de queda tendrá ya un efecto limitado en el caso de Baleares porque el Gobierno regional ha anunciado que el confinamiento nocturno acaba el próximo domingo. Sin embargo, la resolución sí sienta jurisprudencia sobre una de las medidas que más dudas han generado tras el fin del estado de alarma. Hasta ahora, los tribunales habían respaldado el toque de queda en Baleares, Comunidad Valenciana y en algunos municipios de Galicia que se encuentran en riesgo extremo por la alta incidencia del virus en sus territorios. En Canarias y el País Vasco, sin embargo, los jueces no autorizaron la medida. La otra medida que el Supremo no ha autorizado, el límite a las reuniones sociales para toda la población, está vigente, además de en Baleares, en la Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, Aragón, Canarias y Galicia. La decisión del alto tribunal solo implica dejar sin efecto la decretada por el Gobierno de Armengol, pero los argumentos son extensibles para el resto de las comunidades, por lo que la renovación del aval judicial en caso de querer prorrogar esta medida está ahora en el aire.

La resolución del Supremo zanja el debate. El tribunal estableció hace dos semanas que las leyes sanitarias permiten a las comunidades decretar “limitaciones puntuales de libertad de circulación”, pero siempre que esa restricción sea “imprescindible” para frenar enfermedades transmisibles y sea acotada territorial y temporalmente en función del número de enfermos. La Sala de lo Contencioso emitió ese primer pronunciamiento tras estudiar el caso de Canarias, que recurrió ante el Supremo el rechazo de su tribunal autonómico a limitar la entrada y salida de las islas en niveles de alerta 3 y 4. El tribunal mantuvo esa prohibición porque el Gobierno regional no justificó suficientemente la medida, pero dejó abierta la puerta a limitar la movilidad en casos “imprescindibles” y “temporales”. El toque de queda decretado por Baleares, una medida que también restringe el derecho a la libre circulación, no cumple, sin embargo, estos requisitos, según el tribunal, que tampoco avala, por las mismas razones, el veto a las reuniones de más de seis personas impuesto por el Gobierno de Armengol.

Una legislación para emergencias y catástrofes

El Supremo da la razón a la Fiscalía y anula la medida, aunque su tesis no coincide plenamente con la del ministerio público. La Fiscalía del Supremo alegó en su escrito que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública no permite imponer medidas restrictivas de derechos fundamentales tan intensas como el toque de queda o el límite a las reuniones sociales. El tribunal admite que el artículo 3 de esa norma es “innegablemente escueto y genérico”. “Desde luego, no fue pensado para una calamidad de la magnitud de la pandemia del covid-19, sino para los brotes infecciosos aislados que surgen habitualmente”, apunta el tribunal, que vuelve a lamentar la falta de una legislación clara sobre cómo y cuándo pueden restringir las comunidades derechos fundamentales durante una pandemia como la actual. “Las dificultades jurídicas serían mucho menores, tanto para la Administración sanitaria como para las salas de lo contencioso-administrativo, si existiera una regulación suficientemente articulada de las condiciones y límites en que cabe restringir o limitar derechos fundamentales en emergencias y catástrofes como la actual. “Pero el hecho es que tal regulación articulada no existe y, por tanto, el interrogante es hasta qué punto el art. 3 de la ley orgánica 3/1986 es suficiente”, asume la sala.

Y la conclusión a la que llega el Supremo es que la normativa actual sí cubre estas restricciones, aunque no para imponer restricciones “tan intensas y extensas” como el confinamiento nocturno o el límite a las reuniones sociales para toda una comunidad autónoma, salvo que se demuestre que son indispensables. “Este [precepto] puede utilizarse como fundamento normativo siempre que la justificación sustantiva de las medidas sanitarias —a la vista de las circunstancias específicas del caso— esté a la altura de la intensidad y la extensión de la restricción de derechos fundamentales de que se trate. Y ni que decir tiene que, cuando se está en presencia de restricciones tan severas y generalizadas como la prohibición de salir del propio domicilio durante determinadas horas del día o de reunirse con más de seis personas, la justificación pasa por acreditar que tales medidas son indispensables para salvaguardar la salud pública. No bastan meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución”, advierte el tribunal.

Los magistrados rechazan así uno de los motivos alegados por la Fiscalía (que las medidas sanitarias decretadas por Baleares solo podían tomarse al amparo del estado de alarma), pero sí acogen la otra razón del recurso: que esas medidas no superan el juicio de proporcionalidad. “Ni el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ni la sala de instancia han justificado que las mencionadas medidas sanitarias restrictivas de la libertad de circulación y del derecho a la intimidad familiar resultasen indispensables a la luz de la situación epidemiológica existente entonces en el territorio autonómico, sino que se apoyan solo en consideraciones de prudencia”, dice la sala.

El Supremo sí respalda las otras dos medidas decretadas por el Gobierno de Armengol que precisaban autorización judicial: el control de acceso para entrar en las islas y la limitación de aforo en los lugares de culto. Es la primera vez que el alto tribunal autoriza ambas medidas, ya que en el caso de Canarias, que también pidió el aval para controlar la entrada y salida de la comunidad, los magistrados denegaron la autorización al considerar que la medida no estaba suficientemente motivada por el Ejecutivo regional. El tribunal establece una diferenciación entre los controles de acceso a un determinado territorio y el toque de queda, aunque ambos restrinjan el derecho a la libre circulación. En el confinamiento nocturno, advierte la sala, “probablemente está en juego algo más que la libertad de circulación, pues no es lo mismo prohibir desplazarse entre dos lugares determinados que obligar a todos a permanecer en su domicilio durante ciertas horas: esto último impide desplazarse a cualquier parte”. “Con todo ello quiere ponerse de relieve”, añade el tribunal, “que la intensidad (la fuerza con que se incide en los derechos fundamentales) y la extensión (el número de personas afectadas en sus derechos fundamentales) no son equiparables en una limitación de viajes entre islas y en el ‘toque de queda’, por no hablar del número máximo de personas en reuniones familiares y sociales: estas últimas restricciones son considerablemente más intensas y extensas”

Fuente: El País.com

ESPAÑA. Yolanda Díaz aboga por subir el SMI este 2021 ante el incremento de los precios

 La vicepresidenta tercera asegura que el informe de los expertos que servirá para determinar "la senda" del incremento del indicador estará en los próximos días y defiende que se aplique desde este mismo año ante la subida de la inflación, que en mayo se situó en el 2,7%

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, esta mañana en una rueda de prensa.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, esta mañana en una rueda de prensa. EFE/ Miguel Barreto

"No es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con pérdida de poder adquisitivo". Con estas palabras ha defendido la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, la necesidad de subir el salario mínimo interprofesional este año, sin esperar a 2022. En una rueda de prensa junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la también ministra de Trabajo ha recordado que los precios han subido en lo que va de 2021 mucho más de lo previsto (un 2,7% en mayo, frente al 0,9% previsto por Economía) y que el SMI está "prorrogado" a la espera de que el grupo de expertos convocado por el Ejecutivo finalizara sus trabajos para determinar la "senda" de este indicador para la legislatura. Su informe ya está casi listo y se hará público "en los próximos días".

"El Gobierno desde el minuto uno, con el presidente a la cabeza, ha entendido que la mejor política de rentas y para combatir la pobreza laboral era subir el SMI", ha asegurado Díaz. Pedro Sánchez ya subió el indicador en 2019 tras pactarlo con Pablo Iglesias. En 2020 también se incrementó, ya con Unidas Podemos dentro del Ejecutivo, hasta los actuales 950€ en 14 pagas.

Pero en 2021 la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, impuso su criterio y, tras muchos tiras y aflojas, se determinó la "prórroga" del SMI. Una fórmula que permitía a la parte socialista decir que no había subido y a la de Unidas Podemos asegurar que habría margen a lo largo del año para retomar la negociación.

El acuerdo de gobierno establece que a lo largo de la legislatura el SMI se situará en los márgenes que indica la UE: el 60% del "salario medio" de cada país. El problema viene en determinar cuál es ese "salario medio". Este jueves, la propia vicepresidenta tercera reconocía la complejidad técnica de calcularlo y ha recordado que el Gobierno convocó una "comisión de expertos y expertas de máximo nivel" cuyos trabajos ya estarían terminados o a punto de terminar, tal y como avanzó el miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y ha reiterado hoy la líder de Unidas Podemos.

"Estos días daremos a conocer la senda y el Gobierno determinará el SMI para este año", ha asegurado Díaz ante los periodistas en Canarias. La patronal se había mostrado contraria a establecer esa "senda", es decir, a dejar por escrito desde ya cuál será el SMI este año, el que viene y en 2023.

La ministra de Trabajo ha defendido la subida de SMI como una política necesaria para un Gobierno que se quiere autodenominar como "progresista". Díaz ha recordado que "aproximadamente un millón de personas fuera de convenio" se han beneficiado de los últimos incrementos, que ha llevado el indicador desde los 735,9 euros de 2018 a los actuales 950. Díaz ha apuntado que la mejora de las retribuciones afecta especialmente a las personas con menos poder adquisitivo, especialmente mujeres y jóvenes.

Ese poder adquisitivo es el nuevo argumento que esgrime Yolanda Díaz para justificar que el SMI suba en lo que queda de 2021, sin esperar al año que viene. La vicepresidenta ha recordado que el Gobierno calculó un IPC del 0,9% para este año, pero los precios se han disparado y en mayo subieron un 2,7%. "Los convenios suben de media el 1,5% y el 1,8%", ha dicho Díaz. "No es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con pérdida de poder adquisitivo", ha concluido. Para ello, cuenta con el respaldo de los sindicatos mayoritarios. Pero a quien debe convencer es al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que será la primera persona ajena a Trabajo a la que le llegue el documento que ha salido de la comisión de expertos.

Fuente: El Diario.es

CIENCIA. Creada la primera forma de vida inmune a los virus

 Científicos del Reino Unido demuestran cómo reescribir el genoma de una bacteria para que produzca proteínas que no existen en la naturaleza y que es genéticamente inmune a las infecciones

Un grupo de científicos del Reino Unido ha creado la primera forma de vida resistente a casi cualquier virus. Se trata de una bacteria Escherichia coli cuyo genoma ha sido literalmente reescrito para incluirle hasta 18.000 cambios que hasta ahora no existían en la naturaleza. El trabajo es la demostración de que la humanidad ha conseguido no solo comprender el código de la vida sino corregirlo de forma tan amplia que le permite crear vida sintética capaz de hacer cosas que ningún otro ser vivo puede lograr.

La naturaleza permite a los seres humanos moverse, leer, respirar, pensar. A los virus, desencadenar un círculo vicioso de replicación capaz de producir una terrible pandemia como la actual. Y a los microbios, generar formas de bloquear una infección viral. Una de las mayores barreras hacia la libre creación de formas de vida artificiales era que hasta ahora no se podían introducir cambios sustanciales en las proteínas “naturales”. Estas moléculas son imprescindibles para cualquier función vital.

Pero el equipo de Jason Chin en el Consejo de Investigación Médica de Reino Unido se propuso demostrar que el código genético de un ser vivo se puede transformar de una forma tan profunda que dé lugar a una nueva especie invulnerable a cualquier virus. Para entender la importancia de su logro hay que recordar que todas las formas de vida de este planeta dependen de 20 ladrillos básicos con los que se construyen las proteínas: los aminoácidos. El genoma de una persona tiene 3.055 millones de letras, como se supo el martes, pero entre todas ellas hay 64 fragmentos mucho más cortos, pero esenciales: los codones, que contienen las instrucciones para sintetizar los 20 aminoácidos conocidos.

En un estudio publicado hoy en Science, el equipo de Chin demuestra cómo reescribir las secuencias de esos codones para que tengan dos funciones asombrosas. La primera es que son capaces de fabricar aminoácidos nuevos, artificiales e inexistentes hasta ahora en la naturaleza. La segunda es que los cambios ejecutados en el genoma de los microbios actúan como un “cortafuegos” contra un la mayoría de virus bacterianos —fagos—, pues inhabilita el funcionamiento de varios codones que los virus necesitan para secuestrar la maquinaria celular y ponerse a hacer copias de sí mismos, aniquilando a su huésped. Es el mismo proceso que usa el coronavirus para infectar a las personas: hacerlas enfermar e incluso provocarles la muerte.

El potencial de este hallazgo para crear nuevos fármacos y biomateriales es notable, como destacan los autores del trabajo. La E. coli es una auténtica factoría biológica de la que dependemos los humanos para fabricar fármacos y fermentar alimentos. Variantes modificadas de estos y otros microbios se usan en la producción de más de 600 fármacos, incluidos la insulina que se pinchan los diabéticos y los fármacos anticoagulantes que impiden que haya trombos. Entre muchas otras variantes de diseño, hay una E. coli esencial para fabricar las nuevas vacunas de ARN mensajero contra el nuevo coronavirus. Una invasión de fagos (virus que atacan a bacterias) en una fábrica que usa E. coli puede suponer la pérdida de millones de euros.

Los científicos británicos ya habían demostrado hace un par de años cómo crear un microbio cuyo genoma es totalmente artificial. También que su técnica para reescribir genomas y ampliarlos al gusto funciona en células de animales, y que incluso permite crear organismos con genomas artificiales, incluyendo moscas y gusanos.

Ahora han usado una técnica para introducir cambios a gran escala en la secuencia genética de las bacterias. El sistema usa la técnica de edición genética CRISPR-Cas9 como unas tijeras para cortar grandes fragmentos del genoma original. Luego, los sustituye por otras secuencias artificiales diseñadas previamente en un ordenador. Los resultados son sorprendentes: los científicos rocían a un grupo de bacterias artificiales con un cóctel de virus que aniquilaría a cualquier E. coli natural. Las bacterias artificiales resisten como si nada y además crecen más rápido. El trabajo muestra un hecho inquietante: los científicos no han ampliado el genoma original del microbio, sino que lo han hecho más corto, es decir, han mejorado el código genético original de un ser vivo que era producto de millones de años de evolución natural.

Juli Peretó, experto en biología sintética de la Universidad de Valencia, destaca que los cambios efectuados “convierten la célula en un lugar incomprensible para un visitante externo, como un virus”. “El patógeno se encontrará en una célula con un código genético alterado y, por tanto, será incapaz de expresarse y producir sus propias proteínas”. “Poco a poco vamos superando en biología sintética la fase de plagio de genomas, representada por los genomas artificiales del Instituto Venter, que resintetizan, simplifican o reordenan genomas naturales, y empezamos a tener genomas que contienen instrucciones totalmente nuevas”, añade.

Incluir un número alto de nuevos aminoácidos al catálogo existente permitirá “innumerables aplicaciones”, opinan Delilah Jewel y Abhishek Chatterjee, químicos del Boston College (EE UU) en un comentario al artículo publicado hoy. Esto incluye “biopolímeros” que no existen en la naturaleza que “pueden tener profundas implicaciones en muchas disciplinas, incluidas la medicina y la ciencia de materiales”, señalan.

Fuente: El País.com

MÁS CORRUPCION EN EL PP. La exministra de Defensa del Gobierno de España y exsecretaria general del partido popular, ante al juez por el caso kitchen. Y Casado sin comentarios al respecto.

 El juez de la Audiencia Nacional ha unido "la cadena de apuntes" que salpican a la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, en el papel de protagonistas para captar al topo de la trama.

El juez que investiga el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas ha logrado relacionar casi medio centenar de anotaciones y grabaciones que salpican a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo —principal investigado de la macrocausa que se instruye en la Audiencia Nacional— lo grababa todo, lo apuntaba todo, y ahí ha quedado reflejado el presunto papel central de la exnúmero dos de los populares en una operación ilegal de máximo nivel para entorpecer la investigación que iba a poner en jaque todas las finanzas del partido.

La conocida como Operación Kitchen fue un operativo "parapolicial" organizado en 2013 para robar los documentos que escondía el extesorero Luis Bárcenas sobre la caja b de la formación, que podría perjudicar de manera directa al presidente del Gobierno de entonces Mariano Rajoy y a su número dos.

El último movimiento del instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón deja patente que se trató de una operación del partido, de máximo nivel, en la que podría haber estado detrás directamente Cospedal con la ayuda de su marido, Ignacio López del Hierro, quien también salía en los papeles de Bárcenas.

Operación del partido al máximo nivel. El juez sospecha que Interior fue el instrumento para materializar el plan

Sin embargo, necesitaban medios y una plataforma para llevar a cabo el plan, y ésta fue el Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Jorge FernándezDíaz y del secretario de Estado, Francisco Martínez.

El magistrado ha tardado casi un año en lograr unir todas las piezas para implicar directamente a Cospedal. El empujón final vino cuando a finales de año, la Policía registró la celda de Villarejo, que se encontraba en prisión provisional desde noviembre de 2017, y halló una serie de agendas que escondía y que no habían sido incautadas en su momento.

Eran las agendas de 2013, todas las anotaciones sobre sus conversaciones, en la época en la que se ideó, organizó y perpetró la Operación Kitchen. Pero además de estos apuntes, el juez, lo ha unido con conversaciones mantenidas por Villarejo e incluso de otras personas como la del propio Francisco Martínez.

El origen de Kitchen. "Plan contra LB. Intervenir comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”

Con todo ello, García Castellón ha contabilizado 43 indicios que apuntan a Cospedal y su entorno. “Cospe. Control de LB”: recoge Villarejo el 4 de septiembre de 2013.

Según el juez, el 11 de julio de 2013 es el origen de la operación Kitchen. El día antes, el juez que investigaba la caja b del PP, Pablo Ruz, dictó un auto citando a Bárcenas para el día 15. Fue ahí cuando se activó la maquinaria. Todo hacía indicar que el extesorero podría acabar en prisión y si eso ocurría, pasaría a la ofensiva al entender que su partido, en ese momento en el Gobierno, le había dejado caer sin frenar su encarcelamiento.

Ese 11 de julio, Villarejo anota, al lado del nombre de Chisco —nombre utilizado para Francisco Martínez— “Charla de 45 minutos. Plan contra LB. Intervenir comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”.

En esos días, el excomisario apunta hasta 10 anotaciones sobre la operación que empezaban a preparar contra Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. "Chisco. Quiere plan estratégico para salir del caso LB", escribe el excomisario el día 15. Un día más tarde: "Chisco. Problemática por posibles grabaciones de LB".

Los contactos —y sus correspondientes anotaciones que Villarejo hace en sus agendas— se intensifican esos días de plena crisis en el Partido Popular. Así lo refleja el día 17 en el que tras escribir "gabinete crisis" apunta "pendiente conductor de LB", en referencia al chófer de la familia, imputado por ser el topo de la trama "parapolicial".

El 18 de julio Villarejo manuscribe tras hablar, presuntamente, con Ignacio López del Hierro: "Aviso contacto Sergio. Él se encarga de hablar con Andrés Gordo". Ese mismo día hay otra anotación que cerca a Cospedal: "Cospe vio contactos y posible cita".

Entre los apuntes aparece un nombre “Andy”, que ahora se conoce que es el actual comisario Andrés Gómez Gordo, persona de confianza de Cospedal porque estuvo con ella en el área de seguridad durante su época como presidenta de Castilla-La Mancha. Villarejo anota el 19 de julio de aquel año: “Aunque Cospe le ha dicho que se fíe de mi, como su jefe de seguridad le puede decir que está equivocada”.

En esa fecha, Villarejo ya tenía contactos con Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro. De hecho, un año antes, le habían pedido ayuda para salvar a Bárcenas de la investigación por el caso de corrupción Gürtel. Todo se torció cuando el juez Ruz encontró en enero de 2013 cuentas en Suiza a nombre del ex tesorero del PP, en las que había llegado a acumular 48 millones de euros. El partido ya no podía salvarle y le dejó caer para que no lo arrastrara.

Gómez Gordo fue la persona encargada de captar al chófer de Bárcenas para sustraer la información. Así, en su auto por el que ha citado como investigados a Cospedal y su marido, el juez instructor sostiene que “la participación de Cospedal en la captación del chófer Sergio Ríos en la trama, a través de Andrés Gómez, al parecer pudo ser decisiva para que éste se decidiera a participar”.

Más apuntes en la agenda. “Andi. Muy contento por los datos que le di para la Cospe”

A lo lago de esos meses, Villarejo intervino en la relación con Ríos, y éste se lo hizo saber a la secretaria general del partido. El 1 de octubre reflejó en su agenda: “Andi. Muy contento por los datos que le di para la Cospe”.

Además de las anotaciones en las agendas, el juez ha logrado unir de manera indiciaria contra Cospedal algunas conversaciones telefónicas a manos de los investigadores. En una de ellas (25 de septiembre de 2018), al exsecretario de Estado le pregunta su esposa que "si ha hablado con Cospe" una vez que el escándalo copa las portadas de todos los medios de comunicación. A lo que él responde: "Bueno, no hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay". En otra, una interlocutora le consuela: "Tú no has hecho nada por iniciativa propia".

Hay más. Martínez escribe en un mensaje que él es un hombre "leal y comprometido" y que por eso, "precisamente", se ha metido "en este lío": "Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y Rajoy".

Ahora Cospedal tendrá que explicar el próximo 29 de junio qué le contó Villarejo, que información le dio, si se reunió con él, cuantas veces, cuál fue su papel para captar al chófer y sobre todo, porqué lo hizo.

Mientras tanto, la actual cúpula del PP  guarda silencio, pero ya lo dice la sabiduría popular,  "quien  calla otorga".

 Fuente: La Vanguardia.com

EEUU. La Casa Blanca apunta a Rusia por un ciberataque dirigido a obstaculizar el suministro de carne en el país.

 El ataque, que obligó a parar la producción de varias plantas de la compañía cárnica JBS, tendrá un “impacto significativo” en el mercado

El gigante cárnico brasileño JBS ha sido el último objetivo de la piratería informática global, después de que a comienzos de semana su filial en Estados Unidos fuera extorsionada mediante un ciberataque que los responsables de la empresa creen originado en Rusia y que obligó a parar parte de la producción en Norteamérica y Australia. El parón ha provocado preocupación ante una posible escasez de carne, dado que JBS, la segunda mayor empresa del sector en EE UU, suministra hasta el 20% de los productos cárnicos procesados que se consumen en el país.

La filial estadounidense de JBS recibió una petición de rescate por parte de “una organización delictiva probablemente radicada en Rusia” después de sufrir un ataque informático que afectó a la cadena de procesamiento en Australia y Norteamérica, según ha informado este martes una portavoz de la Casa Blanca. El hecho de que la confirmación del suceso proceda de la Casa Blanca revela la entidad del suceso, que se produce menos de un mes después de que la acción de piratas informáticos del grupo DarkSide obligara a cerrar temporalmente la red de oleoductos Colonial Pipeline, que proporciona el 45% del combustible que consume la costa este de EE UU. El presidente Joe Biden hablará con su homólogo ruso, Vladímir Putin, de la amenaza informática, que ha revelado la vulnerabilidad de redes de suministro básicas en EE UU, en el encuentro que mantendrán en Ginebra el próximo 16 de junio. Preguntado este miércoles por la posibilidad de adoptar represalias hacia Moscú, Biden se limitó a afirmar que sigue “muy de cerca” el asunto.

La portavoz de la Casa Blanca informó de que el Gobierno del presidente Joe Biden ha ofrecido asistencia a JBS, y que el Departamento de Agricultura se mantiene en contacto con los responsables de la empresa, mientras el FBI investiga el incidente y la Agencia para la Ciberseguridad y la Seguridad de Infraestructuras (CISA), en coordinación con el FBI, ofrece apoyo técnico a la compañía. “La Casa Blanca está en contacto directo con el Gobierno ruso sobre este tema, y envía el mensaje de que los Estados responsables no albergan a delincuentes de ransomware [programa informático malicioso]”, afirmó la portavoz. Rusia ha negado repetidamente servir de base a los piratas de DarkSide. Fuentes con acceso a la investigación del ciberataque a JBS han atribuido este miércoles su autoría a un grupo denominado REvil.

El ransomware es un modus operandi de la ciberdelincuencia que consiste en aprovechar las fallas de seguridad de un sistema informático para bloquearlo y exigir luego un rescate para reanudarlo. Colonial Pipeline, una de las mayores redes de distribución de combustible de EE UU, tuvo que desembolsar 4,4 millones de dólares a los piratas informáticos para desbloquear sus sistemas, según reconoció la firma. La vulnerabilidad de la empresa llevó la semana pasada al Gobierno de Biden a imponer por primera vez requisitos de ciberseguridad en los oleoductos.

El ataque al gigante cárnico fue desvelado por la compañía este lunes. “JBS USA resultó ser el objetivo de un ataque de ciberseguridad organizado, que afectó a algunos de los servidores que soportan sus sistemas informáticos de América del Norte y Australia”, dijo la compañía en un comunicado sin dar más detalles. Según el diario The New York Times, el incidente obligó a cerrar nueve plantas de procesamiento de vacuno en EE UU y alteró la producción en otras dedicadas a procesar carne de pollo y de cerdo. El Departamento de Agricultura se vio forzado a posponer este martes el índice de precios de vacuno y porcino por la paralización de la producción, mientras los analistas alertan de que un solo día de interrupción puede tener “un significativo impacto” en los precios.

United Food and Commercial Workers, que representa a los trabajadores en Colorado y Wyoming, indicó que los turnos de matadero y fabricación fueron cancelados el lunes. Una fábrica de Wisconsin informó de que no habría producción ese día. Otra de Utah anunció la suspensión de actividad también el lunes, mientras que en Iowa el cierre fue parcial, con solo cuatro departamentos paralizados. La división de JBS en Canadá canceló algunas operaciones el lunes y durante la madrugada de este martes, pero luego anunció a través de Facebook que reanudaría la producción con normalidad.

JBS, una multinacional con sede en Brasil especializada en productos procesados a base de carne de res, pollo y cerdo, es una de las mayores empresas agroalimentarias del mundo, con presencia en Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, México, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La compañía ha asegurado que sus servidores de respaldo no resultaron afectados por el incidente, y que confía en reanudar la actividad en la mayoría de las plantas este miércoles. En Australia, la fábrica de JBS quedó paralizada, lo que obligó a enviar a casa sin paga a 10.000 trabajadores, según fuentes sindicales citadas por la agencia France Presse, que afirmaron desconocer la fecha de reanudación de la actividad en la planta.

Los dos ciberataques citados acontecen tras la osada intromisión en la compañía de software SolarWinds en 2020, que Washington atribuye a un grupo respaldado por Moscú y que motivó una tanda de duras sanciones contra individuos y empresas en la órbita del Kremlin. De ese mismo grupo se sospecha una nueva andanada de ciberataques ocurridos hace unas semanas, según Microsoft, que habrían tenido como objetivo los servidores de agencias del Gobierno, centros de expertos, consultoras y otras organizaciones.

“El panorama de ciberseguridad está en constante evolución y debemos adaptarnos para abordar las amenazas nuevas y emergentes”, declaró la semana pasada Alejandro Mayorkas, responsable del Departamento de Seguridad Interior estadounidense.

Fuente: El País.com

CORONAVIRUS. Así evoluciona en España la campaña de vacunación.

 Así evoluciona la campaña de vacunación histórica contra la Covid-19 para inmunizar a millones de personas en todo el mundo en tiempo récord. El objetivo: acelerar la curva

La humanidad afronta la mayor campaña de vacunación de la historia. El proceso de inmunización contra la Covid-19, que se inició a principios de diciembre en Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China, está en marcha en todo el mundo y destaca en la mayoría de países más ricos.

España inició el 27 de diciembre la administración de las dosis de Pfizer, a mediados de enero comenzaron a inocularse también las de Moderna y, en febrero, las de AstraZeneca. Las tres vacunas son de doble dosis: requieren de dos pinchazos separados por un periodo de varias semanas. Las de Janssen fueron los últimos sueros en empezar a administrarse en nuestro país, que sólo requiere de una inyección.

Desde que comenzó la campaña, las primeras personas en recibir la vacuna fueron los ancianos residentes en centros de mayores, así como al personal sanitario de primera línea y los grandes dependientes. Conforme ha avanzado el proceso de vacunación se han ido inoculando dosis de los distintos sueros al resto de la población general, priorizando a los grupos de mayor edad.

La siguiente tabla muestra el estado del proceso de vacunación en España en cada comunidad autónoma. Se muestra el porcentaje de población completamente vacunada, el porcentaje de población con al menos una dosis de la vacuna, el porcentaje de dosis administradas sobre las recibidas en cada comunidad autónoma, el número de dosis inyectadas y la fecha registrada de la última dosis administrada.

 

De aplanar a acelerar la curva

Cuando empezó la pandemia había un objetivo principal para todos los países del mundo: aplanar la curva de contagios. Con la llegada de las vacunas, la meta es acelerar la curva de la vacunación para inmunizar a millones de personas en tiempo récord: un desafío logístico y médico nunca antes realizado a escala mundial.

Con el paso de las semanas, se ha demostrado que el cuello de botella de la vacunación en España son las dosis recibidas. Así evoluciona el ritmo de vacunación en España, medido en la media de dosis diarias administradas en la última semana.

 

Fuente: El Diario.es

PANDEMIA. Los contagios por coronavirus repuntan en 45 grandes ciudades españolas

 La fuerte caída de los contagios tras el repunte de abril y el avance de la vacunación llevan a España a los mejores niveles de ocupación hospitalaria y mortalidad desde el verano de 2020. Una situación de incidencias bajas donde hay que estar alerta ante rebrotes del virus que se puedan expandir.

 Precisamente, los últimos datos avisan ya de estos repuntes: los contagios vuelven a subir en 45 grandes ciudades de más de 40.000 habitantes. La peor parte de estos rebrotes se concentra en Andalucía, Castilla y León, Murcia y la Comunitat Valenciana, aunque las tasas de incidencia de esos municipios continúan en muchos casos muy lejos del nivel considerado como alto riesgo de contagio. Destaca la situación en Andalucía: allí se encuentran 13 de estas 45 ciudades, y la mitad de ellas son localidades costeras de la provincia de Cádiz.

Entre las 45 grandes localidades en las que suben los contagios destaca Antequera, en Málaga, donde los casos se han disparado por un brote asociado al ocio nocturno (los contagios suben un +334% en dos semanas), Puerto del Rosario (+267%), Algeciras (+220%), Gandía (+160%) o Sanlúcar de Barrameda (+156%). A pesar de estas subidas de la incidencia, solo seis grandes urbes se sitúan por encima de los 250 casos. Antequera es precisamente la ciudad con la incidencia más elevada de toda España: registra 399 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Le siguen en el ranking Santurtzi (Bizkaia), Arrecife (Las Palmas), Huelva, Granada y Portugalete (Bilbao) como las únicas ciudades con riesgo muy alto de contagio.

En el otro extremo, los mejores niveles se registran en los municipios de Telde (Las Palmas), Alzira (Alicante), Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas) y San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) donde la incidencia está incluso por debajo de los 10 casos por 100.000 habitantes. Se trata de ciudades que se encuentran en la España que ha vuelto a la normalidad junto a casi 4.000 municipios (donde vive el 27% de la población española) que registran incidencias por debajo de los 50 casos. Son algunas de los resultados extraídos del análisis realizado por elDiario.es a partir de los datos de las consejerías de Sanidad de 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Puedes leer más detalles sobre la obtención de estos datos en la metodología.

A nivel global, los casos confirmados de COVID-19 continúan en descenso en 842 municipios donde vive el 51% de la población española (la semana pasada era el 62%). Están subiendo en 532 donde vive el 22% de la población y están en fase de meseta (se mantienen más o menos igual que hace dos semanas) en 113, donde vive el 11%. El resto son municipios muy pequeños donde se registran muy pocos casos –menos de 5 cada dos semanas– o para los que no hay información disponible –que representan al 16% de la población española–.

El siguiente gráfico muestra el ranking de grandes municipios (de más de 40.000 habitantes) según el número de casos confirmados en los últimos 14 días en relación a su población y también cómo ha variado la incidencia en las últimas dos semanas respecto a las dos anteriores.

Fuente: El Diario.es

ESPAÑA. Mayo recupera el nivel de empleo previo a la irrupción de la pandemia con casi 212.000 afiliados más a la Seguridad Social

El número total de trabajadores (19.267.221) supera ya los registrados en febrero de 2020, antes de que estallara la pandemia, aunque es inferior al de mayo de 2019. El paro baja en 129.378 personas, la mayor caída mensual de la serie histórica.

Mayo trae buenas noticias para el mercado laboral. Algunas simbólicas, como el retorno a datos de trabajadores previos a la irrupción de la pandemia, que supuso un batacazo en las primeras semanas de casi un millón de puestos de trabajo menos. Con el crecimiento de 211.923 afiliados más a la Seguridad Social en mayo respecto al mes anterior, el número total de trabajadores se situó en una media de 19.267.221 personas, por encima de los 19.250.229 de febrero de 2020. Hay que recordar no obstante que los datos todavía son inferiores a los del último mayo 'prepandemia', en 2019, cuando había 19,44 millones de afiliados de media.

El empleo creció con fuerza en mayo, pero también se redujo mucho el desempleo, que nos deja una cifra histórica. El número de personas inscritas en las oficinas Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) descendió en 129.378 personas en mayo respecto al mes anterior, "la mayor reducción mensual de la serie histórica", destaca el Ministerio de Trabajo en su nota de prensa. El total de personas desempleadas se sitúa así en las 3.781.250.

El contexto de este mayo, que generalmente es positivo para el mercado laboral por el inicio de las contrataciones para el verano y la llegada del buen tiempo, incluye además el empuje de la economía por el fin del estado de alarma. Con este, han descendido las restricciones por la pandemia y se aprecia un gran aumento del empleo en actividades hasta ahora más limitadas como la hostelería.

Otro dato que muestra la activación económica es la caída de trabajadores en ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), que no obstante ha quedado ligeramente por debajo de las previsiones del Gobierno (-100-000). El número de personas acogidas a ERTE descendió en 95.439 personas hasta quedar en un total de 542.142 personas protegidas en este mecanismo al terminar el mes.

Gran empuje de la hostelería

La Seguridad Social destaca, además de los datos de afiliación media, los desestacionalizados. Estos marginan efectos estacionales del mercado laboral. Según estos, mayo supuso un crecimiento del empleo en 45.434 personas, un dato que rompe con la tendencia de pérdidas de los tres meses anteriores.

Según los datos desestacionalizados, el total de trabajadores se sitúa en 19.065.058 personas, aún lejos de los 19.479.814 de febrero de 2020, antes de que irrumpiera el coronavirus.

Fuente: El Diario.es