OPINIÓN. Del acoso político, la polarización y los límites democráticos en la España actual.

Vito Quiles versus Begoña Gómez, que presenta denuncia ante la policía contra su agresor, que presume de ser periodista/acosador (desconocía dicha categoría  periodística)     

El reciente incidente protagonizado por  el agitador político Vito Quiles contra Begoña Gómez, pone de relieve una problemática cada vez más visible en la esfera pública española: la creciente normalización del acoso político y la intensificación de la polarización ideológica. Más allá de los hechos concretos —aún sujetos a investigación— el episodio permite reflexionar sobre los límites entre la libertad de expresión, la acción política y el respeto a la integridad personal.

Según fuentes oficiales, Gómez habría sido abordada en el interior de un restaurante en Las Rozas por Quiles, quien presuntamente le impidió salir del local y la acosó junto a sus acompañantes. Este tipo de acciones, independientemente de la intencionalidad declarada por su autor, introduce un elemento preocupante en el debate democrático: la transformación del espacio cotidiano en un escenario de confrontación política directa. La política deja de ser un ámbito institucional o mediático para irrumpir en la vida privada de las personas, difuminando las fronteras entre lo público y lo personal.

Por otro lado, la respuesta del propio Quiles, quien afirma haber sido víctima de una agresión mientras ejercía su derecho a preguntar sobre supuestos casos de corrupción, ilustra la dinámica de confrontación narrativa característica de la era digital. La publicación de vídeos editados y mensajes en redes sociales como X no solo busca defender una versión de los hechos, sino también influir en la opinión pública de forma inmediata. En este contexto, la verdad factual corre el riesgo de quedar subordinada a la eficacia comunicativa, si la justicia no toma cartas en el asunto primero. 

La reacción de miembros del Gobierno, como Óscar Puente o Diana Morant, ha sido contundente, calificando lo ocurrido como una agresión intolerable y enmarcándolo dentro de una estrategia más amplia de acoso político. Estas declaraciones reflejan un clima de alta tensión institucional, donde los adversarios políticos no solo discrepan, sino que se perciben mutuamente como amenazas estructurales para el sistema democrático.

Asimismo, el posicionamiento del Partido Socialista Obrero Español y de otras figuras políticas evidencia una dimensión adicional del problema: la instrumentalización del conflicto para reforzar narrativas partidistas. Mientras unos denuncian una escalada de violencia alentada por sectores de la derecha, otros relativizan o reinterpretan los hechos en clave de provocación o victimismo político. Esta dinámica contribuye a la fragmentación social y dificulta la construcción de consensos básicos sobre normas de convivencia.

El papel de Quiles como figura mediática también merece atención. Su trayectoria, marcada por la confrontación directa con políticos y periodistas, así como su presencia en actos vinculados a formaciones conservadoras como PP y Vox, pone de manifiesto la emergencia de nuevos actores híbridos entre el activismo, el periodismo y el espectáculo. Este fenómeno, amplificado por las redes sociales, plantea interrogantes sobre los criterios de legitimidad, responsabilidad y ética en la comunicación política.

En última instancia, el caso invita a reflexionar sobre los límites que deben establecerse en una democracia para proteger tanto la libertad de expresión como la dignidad de las personas. El derecho a cuestionar a figuras públicas no puede convertirse en una justificación para el hostigamiento o la intimidación. Del mismo modo, las denuncias de acoso deben ser tratadas con rigor y sin instrumentalización política.

La calidad de una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones libres, sino también por el respeto cotidiano entre quienes participan en ella, ya sea desde las instituciones, los medios o la ciudadanía.

 Episodios como éste ponen a prueba ese equilibrio y subrayan la necesidad de reforzar una cultura  política basada en el respeto, la responsabilidad y el diálogo.

Fuente: El País.com

POSDATA

El Partido Popular y Vox, en su afán de asaltar el poder, por cualquier medio, no cejan en su empeño de atacar al Gobierno del Estado por tierra, mar y aire, a fin de tapar la corrupción galopante que existe en el PP y la incipiente que hay en Vox.

  Feijóo ante las declaraciones del presunto delincuente Aldama, en el juicio de la Kitchen, donde lanzaba falsas acusaciones contra el Presidente del Gobierno, indirectamente reclamaba para sí respeto, como recordando que el Partido Popular es el partido político más corrupto que existe, pues cierto es, que el PP ha sido condenado en sentencia firme por corrupción en el Tribunal Supremo. Ciertamente la condena ocurrió hace años, pero esto es similar al arraigo en el sentido de que consta en algún sitio, en el caso que hablamos, en los antecedentes judiciales del PP.

De modo que mejor no se altere señor Feijóo, que es malo para la salud, pues para nada está en peligro el título de partido más corrupto de la galaxia, que con tanta desvergüenza va paseando por el planeta tierra, y que poco o nada tiene que envidiar a los partidos fascistas más corruptos de todos los tiempos.   

Y fíjese como será la cosa, que si hubiese un premio Nobel para el partido más corrupto, elegido por votación popular, votaría por el PP para que se lo diesen, porque no creo haya otro partido que se lo mereciese tanto como el suyo. Aunque considero, no les hiciese falta, dado que ustedes siempre juegan con ventaja, y en lugar de amañar votos como hace Israel en las votaciones de Eurovisión (que es bastante caro) seguro que utilizarían la técnica del pucherazo, mucho más económica y más de su estilo, naturalmente.

¡¡Ah!! Antes de terminar. Confirmado, las cabeceras de periódicos conservadores pueden seguir difundiendo bulos y difamando  Instituciones, porque tienen asegurado el pago de los servicios prestados “premiándoles” con la publicidad del partido del PP y de Instituciones como las de Madrid (ver abajo Anexo II) pues dicen por ahí, que al PP todavía le debe quedar algo del dinero negro que utilizó para pagar la sede el partido popular en Génova 13 de Madrid, por lo que fue condenado por el Tribunal Supremo.

Y otra cosa más, espero Sr. Feijóo que nunca nadie acose a su esposa como están acosando a la primera dama (la esposa del Presidente del Gobierno) un  agresor a sueldo del PP (ver abajo Anexo I) porque al contrario de usted y de su equipo de fascistas del PP, no me alegra que esto ocurra  en ningún caso.

 Siempre hay que ser un señor y un caballero, por el contrario, de no ser nada de lo anterior, solo alcanza para pertenecer a la categoría de "señoro" bien representada por el personaje de Torrente, el de la saga cinematográfica del mismo nombre.

Por otra parte, si se demostrase que los senadores del PP  reunidos con el citado agresor 24 horas antes de consumarse la agresión, con intención de reclamar  los servicios de ese señor a tal efecto, todos ustedes ascenderían a la categoría de fascistas, al usar prácticas mafiosas ya utilizadas en la Kitchen (según el señor Morocho, inspector jefe de la policía, declaró ayer en el juicio de la Kitchen, pringando a la cúpula del PP) . Si fuese el caso, como mínimo podrían haber  incurrido en los siguientes delitos (*).

(*) Si un grupo de personas contrata a un individuo para acosar a otro, todos los involucrados (tanto quienes pagan como quien ejecuta) pueden incurrir en delitos graves. En España, las figuras penales clave son las siguientes:

1. Delito de Acoso

El individuo que ejecuta el acoso comete el delito tipificado en el artículo 172 ter del Código Penal. Este delito castiga a quien, de forma insistente y reiterada, realice conductas como:

• Vigilar, perseguir o buscar cercanía física con la víctima.
• Establecer contacto a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas.
• Uso indebido de datos personales para contratar servicios o hacer que otros contacten con la víctima.

2. Responsabilidad del grupo (Inductores)

Las personas que contratan al acosador no quedan impunes. Según el artículo 28 del Código Penal, se consideran autores no solo quienes realizan el hecho, sino también: 

• Inductores.- Quienes determinan directamente a otro a ejecutar el delito (en este caso, mediante el pago o encargo).
• Cooperadores necesarios.- Quienes prestan una ayuda sin la cual el delito no se habría efectuado. 

El grupo que contrata al individuo recibiría, por lo general, la misma pena que el autor material del acoso.

3. Penas y Agravantes

• Pena base.- Prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses.
• Vulnerabilidad.- Si la víctima es una persona especialmente vulnerable (por edad, enfermedad o situación), la pena de prisión sube de 6 meses a 2 años.
• Relación previa.- Si la víctima es o ha sido esposa o pareja del acosador (o de quien lo ordena), las penas son más severas. 

Otros posibles delitos relacionados

Dependiendo de cómo se ejecute el encargo, podrían sumarse:

• Coacciones.- Si se usa violencia para impedir que la víctima haga algo lícito o para obligarla a hacer algo contra su voluntad (Art. 172 CP).
• Amenazas.- Si el acoso incluye el anuncio de causar un mal futuro a la víctima o a su familia.
• Delitos contra la intimidad.- Si para acosar se accede ilegalmente a datos privados o dispositivos electrónicos

Fuente Redacción

ANEXO I

El Partido Popular (PP) ha destinado al menos 681.420 euros en contratos públicos a las empresas vinculadas a Vito Quiles y Javier Negre desde el año 2021.

Estos pagos se desglosan de la siguiente manera según diversas investigaciones:

• Administraciones del PP.- Se han identificado al menos 172 contratos menores adjudicados "a dedo" por gobiernos autonómicos y locales del PP, incluyendo la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso y administraciones previas de Alberto Núñez Feijóo en Galicia.
• Diputación de Ciudad Real.- Se estima un reparto de más de 135.000 euros entre Vito Quiles, Javier Negre y otros perfiles por parte de esta institución gobernada por el PP y Vox.
• Canales de difusión.- La mayor parte de estos fondos se han canalizado a través de contratos de publicidad institucional y servicios de comunicación otorgados a Eda TV (Estado de Alarma), medio donde colabora Quiles.
• Otras fuentes.- Además de los fondos del PP, investigaciones recientes señalan que Quiles recibió 13.140 euros de Alvise Pérez para financiar su gira universitaria "España combativa".

Fuente: El Salto

ANEXO II

Las instituciones de Madrid destinan anualmente millones de euros a publicidad institucional, repartidos entre medios nacionales e internacionales en diversos formatos (prensa, digital, radio y televisión). 

Inversión del Ayuntamiento de Madrid

Según los datos del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, el gasto se ha mantenido en cifras similares en los últimos ejercicios:

• Año 2025.- El gasto total en publicidad institucional ascendió a 12.528.311 €.
• Medios Nacionales.- 10.423.607 € (incluye prensa escrita, digital, radio, TV y exterior).
• Medios Internacionales.- 2.104.704 €.
• Año 2024.- Inversión total fue de 12.885.407 €.
• Medios Nacionales.- 10.747.254 €.
• Medios Internacionales.- 2.138.153 €. 

Inversión de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid gestiona presupuestos elevados mediante planes de medios que incluyen tanto prensa tradicional como soportes digitales.

• Gasto General.- Solo en concursos de publicidad, la región de Madrid movilizó aproximadamente 452 millones de euros en 2025.
• Distribución por Medios.- En campañas específicas de medios convencionales, la prensa escrita suele representar entre el 10 y el 11% de la inversión, mientras que el sector digital capta más del 25%.
• Publicidad Online.- Es la partida principal, con una inversión que superó los 10,40 millones de euros en el último ejercicio analizado, destinando cerca de 8 millones a versiones web de medios nacionales. 

Ejemplos de Reparto por Cabeceras

Informes de medios como elDiario.es o infoLibre detallan adjudicaciones a grupos específicos entre 2021 y 2024:

• El Mundo.- 2,84 millones de euros.
• Telemadrid.- 2,41 millones de euros (como soporte publicitario).
• OkDiario.- 1,52 millones de euros.
• La Razón.- Aproximadamente 1,5 millones de euros

Fuente: Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid; InfoLibre y elDiario.es  

OXFAM. Denuncia que altos directivos españoles ganaron 98 veces el sueldo medio en 2025

Un trabajador con sueldo promedio necesitaría casi un siglo para ganar lo que un director general de gran empresa en un año.

 

La Desigualdad Económica provocada por una brecha salarial insalvable, genera una Crisis Democrática en el Mundo Contemporáneo.

Introducción

En un mundo que proclama avances económicos y progreso, persiste una realidad incómoda: la desigualdad económica ha alcanzado niveles sin precedentes. Los datos presentados por Oxfam Intermón y la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2025 revelan no solo cifras alarmantes, sino una crisis sistémica que amenaza los fundamentos de nuestras sociedades democráticas. Cuando un directivo español gana en un año lo que un trabajador medio necesitaría cien años para obtener, nos encontramos ante un problema que trasciende lo meramente económico para convertirse en una cuestión de justicia social y gobernanza democrática.

La Magnitud de la Desigualdad. Números que hablan por sí solos.

El Caso Español

El panorama español ejemplifica claramente esta tendencia global. Los directivos de las doce mayores empresas españolas ganaron 98 veces el salario medio nacional en 2025, cifra que aumentó un 16% respecto al año anterior. En contraste, los salarios de los trabajadores crecieron apenas un 3,6% en términos reales. Esta disparidad no es accidental; refleja un modelo económico donde el valor generado colectivamente se concentra en manos de una minoría privilegiada.

El caso de Amancio Ortega, propietario de Inditex, es paradigmático: recibió 3.700 millones de dólares en 2025. Para contextualizar esta cifra, un trabajador español con sueldo promedio necesitaría aproximadamente 2 millones de años de trabajo para generar esta cantidad. Esta desproporcionalidad revela no solo una diferencia de ingresos, sino una diferencia fundamental en cómo se distribuye la riqueza en nuestras economías.

La Perspectiva Global

A nivel mundial, la tendencia es aún más pronunciada. Los directores generales de las 1.500 mayores empresas de 33 países registraron un aumento salarial del 11% en términos reales, mientras que el salario promedio de los trabajadores creció apenas un 0,5%. Esta brecha se amplía año tras año, creando una estructura cada vez más desigual.

Desde 2019, los salarios reales de los empleados han caído un 12%, lo que equivale a haber trabajado de forma gratuita 108 días en apenas seis años. Mientras tanto, la remuneración de los directores generales se ha incrementado un 54%, pasando de 5,5 millones a 8,4 millones de dólares. Los números son elocuentes: mientras la clase trabajadora pierde poder adquisitivo, la élite corporativa se enriquece exponencialmente.

El Rol de los Milmillonarios. Acaparadores del valor económico

Riqueza sin Precedentes

La riqueza de los milmillonarios ha alcanzado máximos históricos en 2026, totalizando 1,5 billones de dólares, cantidad que supera la riqueza combinada de 4.100 millones de personas más pobres. Esta concentración es tan extrema que resulta prácticamente incomprensible para la mente común. Mil personas poseen más que miles de millones.

Particularmente revelador es que cerca de 1.000 milmillonarios recibieron colectivamente 79.000 millones de dólares en dividendos durante 2025, lo que equivale a 2.500 dólares por segundo. El milmillonario promedio ganó más en dividendos en menos de dos horas que lo que la persona trabajadora promedio gana en salario durante un año completo.

El caso español en contexto

En España, la riqueza de los 44 multimillonarios aumentó un 29,5% en el último año, representando el 13,8% del PIB nacional. Simultáneamente, la riqueza neta media de los hogares creció apenas un 3%. Esta disparidad indica que la recuperación económica española beneficia desproporcionadamente a la élite financiera, dejando rezagada a la clase media y trabajadora.

El Modelo Económico depredador. De la promesa al fracaso

La captura Corporativa

La tesis central de los datos es que vivimos bajo un modelo económico donde los ejecutivos y accionistas "acaparan una parte cada vez mayor del valor generado en el pastel económico mundial". Esto no es una consecuencia accidental del capitalismo, sino el resultado de decisiones políticas y estructurales deliberadas.

Las grandes corporaciones, lejos de generar economías que "recompensen el trabajo", como sugiere Oxfam, han implementado estrategias sistemáticas para transferir riqueza hacia arriba. Debilitan la negociación colectiva, socavan el diálogo social, y se apropian de los beneficios derivados de mejoras en productividad que son resultado del trabajo de sus empleados.

El ciclo vicioso Antiobrero

Un aspecto particularmente pernicioso del modelo actual es su dimensión política. Los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades que la ciudadanía común de ocupar cargos políticos. Muchos de estos políticos multimillonarios intentan socavar los derechos laborales, recortar servicios públicos, aplicar recortes fiscales a los ricos, y atacar institucionalmente a sindicatos y organizaciones democráticas.

Simultáneamente, estos proyectos políticos antidemocráticos atribuyen la desigualdad a "grupos marginados" —inmigrantes, mujeres, minorías—, desviando la atención de los verdaderos responsables. Esta estrategia divide a la clase trabajadora mientras desmantelan las instituciones democráticas, creando un ciclo autoreforzante de concentración de poder.

La Amenaza a la Democracia. Crisis de Legitimidad

Captura Política

La amenaza más profunda que presenta esta concentración de riqueza no es económica, sino política. Oxfam e International Trade Union Confederation, señalan correctamente que una "élite económica está capturando la democracia". Cuando una cantidad tan pequeña de personas controla tal volumen de riqueza, inevitablemente controla también los resortes políticos.

La democracia se fundamenta en el principio de que cada ciudadano tiene voz igual. Sin embargo, cuando 1.000 milmillonarios pueden influir política y mediáticamente de maneras que 4.100 millones de personas no pueden, la democracia se convierte en una ficción. No es una democracia de ciudadanos, sino una plutocracia de multimillonarios.

Erosión de Derechos Fundamentales

Los datos muestran que esta captura política tiene consecuencias tangibles para derechos fundamentales. Los salarios mínimos no se actualizan según inflación, los servicios públicos se recortan, los derechos laborales se debilitan, y los sindicatos encuentran cada vez más obstáculos. Mientras tanto, los impuestos para los superricos disminuyen, creando un modelo donde quienes menos tienen soportan la carga fiscal mientras quienes más tienen pagan proporcionalmente menos.

El caso de la Inteligencia Artificial

Un dato particularmente preocupante es que 45 de los nuevos milmillonarios creados en el último año han amasado sus fortunas en inteligencia artificial. Esta tendencia sugiere que lejos de resolver problemas de desigualdad, las nuevas tecnologías podrían exacerbarlos. Si el control de la IA sigue concentrado en manos de élites ya privilegiadas, el futuro económico será aún más desigual.

CONCLUSIÓN: Necesidad de Reforma Estructural

Los datos presentados por Oxfam Intermón y la CSI no son simples cifras estadísticas; son un diagnóstico de crisis. Una sociedad donde un trabajador necesita cien años para ganar lo que un directivo gana en uno, donde 1.000 personas poseen más que 4.100 millones, donde la élite política es casi exclusivamente millonaria, no es una sociedad justa ni democrática.

Las propuestas de Oxfam —limitar la remuneración de directivos, gravar justamente a los superricos, garantizar salarios mínimos actualizados— son medidas necesarias pero probablemente insuficientes. Se requiere una revisión fundamental del modelo económico que priorice la dignidad humana y la igualdad democrática sobre la acumulación infinita de capital.

Sin reformas estructurales profundas que frenen esta concentración de riqueza y poder, las democracias modernas continuarán erosionándose desde dentro.

 El futuro dirá si tenemos la voluntad política para cambiar este curso, o si permitiremos que el capitalismo depredador actual continúe minando los fundamentos de la sociedad democrática.

Fuente: EFE

OPINIÓN. La Inteligencia Artificial y el futuro del empleo en España, entre la Amenaza y la Oportunidad

INTRODUCCIÓN 

La irrupción de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral representa uno de los desafíos más significativos que España enfrentará en la próxima década. Un estudio reciente de la Universidad de Granada, liderado por Francisco Rodríguez-Fernández, ha puesto sobre la mesa cifras alarmantes que exigen una reflexión profunda sobre las políticas de empleo y formación. Sin embargo, más allá de las proyecciones pesimistas, el análisis también revela una ventana de oportunidad que las instituciones españolas no pueden permitirse desperdiciar.

El Escenario de Crisis. Una amenaza real

Los datos presentados por Rodríguez-Fernández no dejan lugar a la complacencia. Según el escenario más pesimista del estudio, España podría perder más de 3,5 millones de empleos brutos en los próximos diez años, cifra que se vería parcialmente mitigada por la creación de 1,6 millones de nuevas ocupaciones. El resultado neto sería devastador: una pérdida de aproximadamente dos millones de puestos de trabajo, retrocediendo décadas en términos de empleo total.

Incluso el escenario central, teóricamente más favorable, proyecta una pérdida neta de 400.000 empleos, con una destrucción bruta de entre 1,7 y 2,3 millones de trabajos. Solo en el escenario más optimista —donde la destrucción se limita a 700.000 puestos frente a 600.000 creados— se podría hablar de un impacto relativamente contenido, aunque seguiría significando una pérdida neta de 100.000 empleos.

Lo particularmente preocupante es que la generación de empleo permanece relativamente constante en todos los escenarios (alrededor de 1,6 millones), mientras que la destrucción varía significativamente. Esto sugiere que el problema fundamental no es la falta de oportunidades futuras, sino la velocidad y magnitud con la que desaparecerán los empleos actuales.

Los Grupos en Riesgo

El estudio identifica con claridad los sectores más vulnerables: los trabajos administrativos y los técnicos de nivel medio son los principales candidatos a la sustitución tecnológica. Esta observación tiene implicaciones socioeconómicas profundas, ya que estos empleos constituyen buena parte de la clase media española, cuya erosión acelera problemas de desigualdad y polarización del mercado laboral.

La exposición media-alta de España (27,4 % frente al 26 % de media en la OCDE) coloca al país en una posición particularmente vulnerable, aunque el riesgo de automatización sea inferior a la media internacional (5,9 % frente al 12 %). Esta aparente paradoja revela que la amenaza es real, pero quizás más predecible y, por tanto, más manejable que en otros países.

La ventana de Oportunidad

Sin embargo, el análisis de Rodríguez-Fernández no es únicamente catastrofista. El investigador señala un elemento crucial: España se encuentra en un máximo histórico de empleo precisamente cuando comienza la aceleración de la adopción de IA. Esta coincidencia temporal constituye una "ventana de oportunidad para anticipar la transición desde una posición de fortaleza".

Este punto es fundamental. A diferencia de otros momentos de crisis económica, España afronta este cambio tecnológico con pleno empleo, lo que proporciona un colchón de estabilidad social y fiscal que facilita la implementación de políticas de transición sin el pánico de una crisis inmediata.

Las Soluciones: Recualificación y Anticipación

Frente a los datos inquietantes, el investigador propone medidas concretas y viables:

1. Recualificación (Reskilling): Los trabajadores en ocupaciones de riesgo deben ser formados para desempeñar labores completamente diferentes. Esta no es una tarea sencilla, pero es posible si se inicia pronto y con suficientes recursos.

2. Políticas activas de empleo específicas: Es necesario diseñar intervenciones dirigidas explícitamente a los grupos ocupacionales con mayor exposición al riesgo de sustitución, no medidas genéricas de empleo.

3. Incentivos a la contratación: Atraer inversión hacia nuevas ocupaciones vinculadas a la IA podría acelerar la creación de empleo en sectores emergentes.

4. Actuación inmediata: El problema no es una amenaza del futuro lejano, sino algo que ya está ocurriendo. Las instituciones deben actuar ahora, no en una década.

La Incertidumbre como Factor Crítico

El propio Rodríguez-Fernández reconoce que "la cuestión de si la creación compensará la destrucción en términos netos es todavía abierta y depende de la velocidad de los procesos de formación y reasignación laboral". Esta honestidad académica es importante: no existe una certeza absoluta sobre el futuro, sino un abanico de probabilidades que dependen en gran medida de las decisiones políticas que se tomen hoy.

En otras palabras, el futuro no está escrito. Los gobiernos tienen capacidad de influencia mediante políticas educativas, inversiones en formación, regulaciones sobre la adopción tecnológica y redistribución de la riqueza generada por la IA.

CONCLUSIONES (la responsabilidad de las instituciones)

El estudio de la Universidad de Granada no propone una aceptación pasiva del cambio tecnológico, sino una gestión activa del mismo. España tiene ventajas comparativas: un mercado laboral fuerte en este momento y un riesgo de automatización por debajo de la media internacional. Estos factores ofrecen un escenario más favorable que el de muchos otros países avanzados.

Sin embargo, estas ventajas son temporales. La "masa crítica" de difusión tecnológica ya se ha alcanzado, y los efectos sobre el empleo "comenzarán a materializarse de forma perceptible en los próximos años", como advierte el investigador. Los gobiernos, en sus diferentes niveles, tienen la responsabilidad de garantizar que el avance tecnológico imparable se produzca de forma que no hipoteque el sustento de millones de ciudadanos.

El verdadero reto no es detener la Inteligencia Artificial —tarea imposible y contraproducente—, sino canalizar su llegada mediante políticas anticipadas que protejan a los trabajadores, transformen la educación y redistribuyan equitativamente los beneficios de una productividad creciente. De lo contrario, la tecnología que promete liberarnos del trabajo podría terminar liberándonos de nuestros medios de vida.

Fuente: El Plural.com

POSDATA

Feijóo ante las declaraciones de Aldama contra el Presidente del Gobierno, reclama para sí respeto, recordando que el Partido Popular es el partido político más corrupto que existe (no ya en España, que también, sino incluso en toda Europa) siendo que el PP, ha sido condenado en sentencia firme, por el Tribunal Supremo por corrupción. Si bien es cierto que ocurrió hace años, pero esto es similar al arraigo en el sentido de que consta en algún sitio, en el caso que hablamos, en los antecedentes judiciales del PP.

De modo que mejor no se altere señor Feijóo, que es malo para la circulación, pues para nada está en peligro el título de partido más corrupto de la galaxia, que con tanta desvergüenza va paseando por el planeta tierra y que poco o nada tiene que envidiar a los partidos fascistas más corruptos del mundo mundial.  

Y fíjese como será, que si hubiese un premio Nobel para el partido más corrupto, elegido por votación popular, votaría por el PP para que se lo diesen, porque no hay otro partido que se lo mereciese tanto. Aunque no creo que les hiciese falta porque ustedes siempre juegan con ventaja, y en lugar de amañar votos como hace Israel en las votaciones de Eurovisión (que es bastante caro) seguro que utilizarían la técnica del pucherazo, mucho más económica y más de su estilo, naturalmente.

¡¡Ah!! Antes de terminar, las cabeceras de los periódicos conservadores pueden seguir difundiendo rumores y difamando  Instituciones, porque van a seguir pagándoles los servicios prestados “premiándoles” con la publicidad del partido del PP y de Instituciones como la  madrileña, pues dicen por ahí, que al PP todavía le debe quedar algo del dinero negro que utilizó para pagar la sede el partido popular en Génova 13 de Madrid, por lo que fue condenado por el Tribunal Supremo.

Y otra cosa más, espero Sr. Feijóo que nunca nadie acose a su esposa como están acosando a la primera dama (la esposa del Presidente del Gobierno) porque al contrario de usted y de su equipo de fascistas del PP, no me alegra que esto ocurra  en ningún caso.

 Siempre hay que ser un señor y un caballero, por el contrario, de no ser nada de lo anterior, solo alcanza para pertenecer a la categoría de "señoro" bien representada por el personaje de Torrente, el de la saga cinematográfica del mismo nombre. 

Además, de demostrarse que los senadores del PP  se reunieron con dicho agresor 24 horas antes de la agresión, con la intención de contratar los servicios de ese señor a tal efecto (como ya ocurrió antes, varias veces), todos ustedes ascenderían a la categoría de mafiosos, que  por supuesto, como mínimo podrían haber  incurrido en los siguientes delitos (*).

(*) Si un grupo de personas contrata a un individuo para acosar a otro, todos los involucrados (tanto quienes pagan como quien ejecuta) pueden incurrir en delitos graves. En España, las figuras penales clave son las siguientes:

1. Delito de Acoso

El individuo que ejecuta el acoso comete el delito tipificado en el artículo 172 ter del Código Penal. Este delito castiga a quien, de forma insistente y reiterada, realice conductas como:

• Vigilar, perseguir o buscar cercanía física con la víctima.
• Establecer contacto a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas.
• Uso indebido de datos personales para contratar servicios o hacer que otros contacten con la víctima.

2. Responsabilidad del grupo (Inductores)

Las personas que contratan al acosador no quedan impunes. Según el artículo 28 del Código Penal, se consideran autores no solo quienes realizan el hecho, sino también: 

• Inductores.- Quienes determinan directamente a otro a ejecutar el delito (en este caso, mediante el pago o encargo).
• Cooperadores necesarios.- Quienes prestan una ayuda sin la cual el delito no se habría efectuado. 

El grupo que contrata al individuo recibiría, por lo general, la misma pena que el autor material del acoso.

3. Penas y Agravantes

• Pena base.- Prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses.
• Vulnerabilidad.- Si la víctima es una persona especialmente vulnerable (por edad, enfermedad o situación), la pena de prisión sube de 6 meses a 2 años.
• Relación previa.- Si la víctima es o ha sido esposa o pareja del acosador (o de quien lo ordena), las penas son más severas. 

Otros posibles delitos relacionados

Dependiendo de cómo se ejecute el encargo, podrían sumarse:

• Coacciones.- Si se usa violencia para impedir que la víctima haga algo lícito o para obligarla a hacer algo contra su voluntad (Art. 172 CP).
• Amenazas.- Si el acoso incluye el anuncio de causar un mal futuro a la víctima o a su familia.
• Delitos contra la intimidad.- Si para acosar se accede ilegalmente a datos privados o dispositivos electrónicos

Fuente: Redacción

OPINIÓN. La persecución judicial a Begoña Gómez, entre la legalidad y la instrumentalización política.

El caso contra Begoña Gómez representa uno de los episodios más controvertidos de la judicatura española contemporánea.

Lo que comenzó como una investigación sobre presuntos conflictos de intereses ha evolucionado hacia un enfrentamiento entre instituciones: de un lado, la Fiscalía Provincial de Madrid sosteniendo la inexistencia de delitos; del otro, el juez Juan Carlos Peinado empecinado en llevar a la acusada a juicio popular. Este contraste revela tensiones fundamentales sobre la independencia judicial, el uso del poder jurisdiccional y los límites del Estado de derecho.

La Posición de la Fiscalía: Legalidad vs. Voluntarismo Judicial

La Fiscalía, órgano constitucionalmente diseñado para defender la legalidad, ha adoptado una posición clara y consistente: no existen delitos que perseguir. Esta conclusión, alcanzada tras dos años de diligencias exhaustivas, no es un capricho procesal, sino el resultado de un análisis riguroso de los hechos contra el marco normativo vigente.

Lo particularmente significativo es que la Fiscalía no se limita a desacuerdo técnico con el juez, sino que utiliza términos contundentes para describir su proceder. Habla de "vaguedad", de un "constante intento de mezclar e interrelacionar delitos" y de la construcción de "teorías alambicadas sobre tramas de corrupción". Estas críticas no son meras frivolidades procedimentales: implican que el juez estaría actuando sin fundamento legal específico, buscando encajar hechos en tipos penales mediante reinterpretaciones creativas del derecho.

Un argumento especialmente revelador es el presentado en el primer recurso fiscal: si realmente hubiera corrupción, sería "el caso menos rentable que se haya conocido" porque los acusados no se habrían llevado dinero alguno. Esta observación subraya lo irónico de la situación: se acusa de corrupción sin beneficio económico documentado, lo cual desafía la misma lógica de este delito.

El Juez Peinado. ¿Instrucción o Acusación?

La insistencia del juez Juan Carlos Peinado en enviar a Begoña Gómez a juicio popular, pese a la oposición fiscal, plantea interrogantes sobre los límites entre la función instructora y la función acusatoria. Un juez de instrucción tiene el deber de investigar imparcialmente, buscando la verdad material sin prejuicios. Sin embargo, cuando persiste en imputaciones que la Fiscalía considera infundadas, cabe preguntarse si está cumpliendo su función o si está asumiendo, ilegítimamente, el papel de acusador.

La decisión de llevar a jurado popular —frente al criterio de la Fiscalía— resulta particularmente controvertida. Los jurados populares son órganos soberanos en sus veredictos, pero su composición y comprensión de cuestiones jurídicas complejas los hace potencialmente vulnerables a sugestiones narrativas. Un juez que insiste en esta vía, a sabiendas de la oposición fiscal, podría estar buscando un tribunal menos técnicamente exigente, donde las "teorías alambicadas" tengan más oportunidad de prosperar.

El Peritaje.  Normalidad Académica bajo sospecha

El informe pericial presentado por la defensa, elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, ofrece un contrapeso técnico-académico a las acusaciones. Su conclusión es meridiana: el modelo de cátedra codirigida por Gómez en la Universidad Complutense es absolutamente ordinario en el contexto universitario español.

El dato central es revelador: el 75% de los programas en la UCM cuentan con participación de personas externas. No se trata, pues, de una anomalía, sino de una práctica institucionalizada y regulada. El peritaje subraya además que estos modelos de colaboración público-privada responden a necesidades legítimas de financiación y actualización de conocimientos, no a esquemas de lucro personal.

Lo que el juez Peinado parece ver como evidencia de tráfico de influencias o corrupción, el perito lo presenta como funcionamiento normal de la vida académica moderna. Esta discrepancia plantea una pregunta incómoda: ¿está el juez aplicando estándares penales donde corresponderían evaluaciones administrativas, si acaso?

Los Delitos imputados, una vaguedad problemática

Los cuatro delitos imputados —tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida— forman un cóctel jurídico difuso. La Fiscalía señala acertadamente que estos se encuentran "interrelacionados" de manera confusa en la teoría del juez, sin que cada uno encuentre fundamentación específica en los hechos probados.

• Tráfico de influencias: Requeriría demostrar que Gómez utilizó su posición privilegiada para obtener ventajas indebidas. ¿Cuáles serían? No se especifica.
• ·Malversación: Implica desviación de caudales públicos. ¿Qué fondos universitarios fueron desviados a beneficio personal?
• ·Corrupción en los negocios.- Supone acuerdos ilícitos entre actores privados. ¿Dónde están los acuerdos probados?
• ·Apropiación indebida.- Requiere que alguien se haya adueñado de algo ajeno. ¿Qué se apropió indebidamente Gómez?

La falta de respuestas claras a estas preguntas es lo que la Fiscalía denomina "vaguedad". Y tiene razón, pues la construcción acusatoria parece proceder al revés del método judicial correcto, dado que primero se decide que debe haber un delito y luego se buscan hechos que encajen, aunque sea forzadamente.

Implicaciones para el Estado de Derecho

Este caso trasciende los hechos individuales de Begoña Gómez. Lo que está realmente en juego es la independencia del Ministerio Fiscal respecto a presiones políticas y, simultáneamente, el límite del poder jurisdiccional respecto al abuso de autoridad.

Cuando un órgano judicial insiste en perseguir a una persona pese a que el Ministerio Fiscal, sin presiones cuya existencia nadie ha documentado, considera no haber delitos, se plantea una cuestión delicada: ¿puede un juez, actuando unilateralmente, sustituir el criterio de legalidad de la Fiscalía? Constitucionalmente, la respuesta es no. El juez puede discrepar, pero cuando la Fiscalía se opone, la carga de la prueba y de la justificación recae enteramente en la rama judicial.

CONCLUSIÓN

El caso de Begoña Gómez ejemplifica un peligro latente en todo sistema judicial, como bien pudiera ser, la tendencia a la judicialización de asuntos políticos y la instrumentalización de la ley penal como arma de conflicto. 

Cuando la Fiscalía, tras exhaustiva investigación, declara no haber delitos, y la defensa presenta pruebas de normalidad académica, la persistencia judicial en la acusación comienza a parecerse menos a garantía de justicia y más a una cruzada personal.

Un Estado de derecho robusto requiere que los jueces se sometan a unos límites legales. Uno de esos límites es reconocer cuando la Fiscalía, correctamente, desestima la existencia de delitos. Ignorar consistentemente esa desestimación no es celo por la justicia, sino que más bien podría corresponderse, con las características de una perversión del derecho.

Fuente: El Plural.com

ÚLTIMA HORA

La defensa de Begoña Gómez, presenta una nueva pericial donde se sostiene que la universidad ganó 12.856 euros tras la cátedra

Objetivo del Informe

Begoña Gómez ha presentado un tercer informe pericial ante el juzgado con el fin de descartar la existencia de perjuicio económico para la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y así rebatir los cargos de malversación y apropiación indebida.

Puntos Clave del Peritaje

• Balance económico positivo.- El informe, elaborado por el profesor de derecho financiero Jesús Rodríguez Márquez, sostiene que la actividad de la cátedra no solo no costó dinero a la universidad, sino que generó un superávit de 12.856 euros a favor de la entidad pública.
• Origen y gestión de los fondos.- Se expone que el dinero de la cátedra de Transformación Social y Competitiva (TSC) procedía de fondos privados de terceros y que su gestión recaía directamente en la propia universidad.
• Inexistencia de perjuicio.- El perito argumenta que utilizar fondos externos destinados a un fin concreto "nunca puede suponer un perjuicio" para la institución que los gestiona.

Contexto de la Defensa

Este documento se suma a otros dos informes presentados recientemente por su defensa para normalizar su situación:

1. Informe sobre cátedras.-Para demostrar que las cátedras extraordinarias son una práctica común en la enseñanza pública.
2. Informe sobre antecedentes.- Para señalar que asesores de anteriores presidentes del Gobierno también colaboraron en tareas privadas de sus cónyuges.

Implicaciones Jurídicas

Con esta estrategia, la defensa busca desmontar los indicios de los cuatro delitos por los que se le investiga, a saber,  tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Fuente: El País.com

BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE). Ordena a la Banca la actualización de sus planes de contingencias a efectos de anticiparse a las amenazas que supone Mythos, el nuevo modelo de IA de Anthropic.

El supervisor (BCE) y el sector en general, temen que esta tecnología pueda dejar al descubierto las presuntas vulnerabilidades de sus sistemas, que pudiesen llegar a provocar, demoledores ciberataques.

Desde Estados Unidos llega Mythos, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic que, como un seísmo de nueva generación, combina la profundidad conceptual de la tradición clásica con la potencia disruptiva de la ciencia ficción. Su nombre evoca los relatos fundacionales de la antigua Grecia, pero su impacto recuerda más a un futuro distópico dominado por máquinas capaces de superar a sus creadores.

En esencia, Mythos representa un salto cualitativo en la evolución de la inteligencia artificial. Aunque inicialmente concebido como un modelo generalista, similar a herramientas como Claude, ChatGPT o Microsoft Copilot, su desarrollo ha revelado una capacidad extraordinaria: la detección y explotación de vulnerabilidades en sistemas informáticos críticos. Esta habilidad, que en condiciones controladas podría reforzar la seguridad digital, encierra también un potencial devastador si cae en manos inadecuadas.

La preocupación no es teórica. Instituciones como el Banco Central Europeo ya han comenzado a movilizarse. La petición a los principales bancos de la eurozona para que revisen sus planes de contingencia y evalúen sus debilidades en ciberseguridad evidencia la magnitud del desafío. Entidades como Santander, BBVA, CaixaBank y Banco Sabadell se encuentran en primera línea de una transformación que podría redefinir el equilibrio del sistema financiero.

El elemento más inquietante de Mythos reside en su capacidad para identificar vulnerabilidades de “día cero”: fallos desconocidos hasta el momento, invisibles incluso para los propios desarrolladores. Este tipo de debilidades, que tradicionalmente requerían largos periodos de descubrimiento, pueden ahora ser detectadas y potencialmente explotadas de forma casi instantánea. La consecuencia es una alteración radical del tiempo de respuesta: las organizaciones ya no disponen de margen para reaccionar. (Más información en este mismo blog)

Sin embargo, el dilema que plantea Mythos no es exclusivamente técnico, sino profundamente ético y estratégico. Como ha reconocido Christine Lagarde, se trata de una herramienta con un doble filo evidente: puede fortalecer la seguridad hasta niveles sin precedentes o, en el peor de los casos, facilitar ataques capaces de desestabilizar infraestructuras críticas. En este contexto, la decisión de limitar su acceso inicial a grandes corporaciones estadounidenses como Amazon, Apple, Alphabet o JPMorgan Chase refleja un intento de controlar su difusión, aunque también plantea interrogantes sobre la equidad en el acceso a tecnologías estratégicas.

Mientras tanto, Europa se enfrenta a una carrera contrarreloj. La falta de acceso inmediato a esta tecnología sitúa a sus instituciones en una posición de desventaja frente a sus homólogas estadounidenses. Al mismo tiempo, supervisores como el Banco de España y organismos reguladores trabajan para establecer marcos que garanticen un uso responsable de la inteligencia artificial, evitando que decisiones críticas queden en manos de sistemas autónomos sin supervisión humana.

No obstante, el verdadero desafío trasciende la coyuntura actual. Incluso si Mythos se mantiene bajo control, es previsible que otras potencias desarrollen herramientas similares. En un mundo donde la innovación tecnológica avanza a un ritmo exponencial, la ventaja competitiva es siempre temporal. Por ello, la cuestión no es si surgirán nuevas versiones de esta tecnología, sino cuándo y bajo qué condiciones.

En consecuencia, la aparición de Mythos obliga a replantear los fundamentos de la ciberseguridad. Ya no basta con reforzar sistemas existentes; es necesario adoptar un enfoque dinámico, capaz de anticipar amenazas en tiempo real. Este cambio implicará un incremento significativo de las inversiones y favorecerá a las grandes corporaciones con mayor capacidad de adaptación, mientras que las entidades medianas podrían quedar rezagadas.

CONCLUSIÓN

En definitiva, Mythos no es solo una innovación tecnológica, sino un punto de inflexión. Representa el inicio de una nueva era en la que la inteligencia artificial no solo optimiza procesos, sino que redefine las reglas del juego. Como todo gran avance, encierra tanto promesas como riesgos. La cuestión clave será si las instituciones, empresas y sociedades están preparadas para gestionar ese delicado equilibrio antes de que el terremoto deje de ser una metáfora y se convierta en una realidad irreversible.

Fuente: El País.com

OPINIÓN. Para el Partido Popular, Vox y Junts, la vivienda no es prioridad nacional, como sí lo es para toda la ciudadanía española.

El PP, Vox y Junts, ya han elegido defender a los grandes tenedores de viviendas y a los fondos buitre. 

Y por ello, hoy en el Congreso de los Diputados, votarán contra el artículo 47 de la Constitución, al tumbar el decreto que defiende dicho derecho constitucional para toda la ciudadanía (incluidos quienes no pueden comprar una vivienda en propiedad) y que iba a regularizar el mercado del alquiler, para evitar el desahucio automático de inquilinos que no pudieran pagar su alquiler,  debido a las salvajes subidas de los precios de los alquileres.

En el actual contexto de crisis de acceso a la vivienda, el debate político en torno a la regulación del mercado del alquiler se ha convertido en uno de los ejes centrales de la confrontación ideológica en España. La reciente decisión del Partido Popular (PP), Vox y Junts de votar en contra del decreto destinado a prorrogar contratos de alquiler y limitar las subidas de precios, evidencia una clara fractura en la concepción del derecho a la vivienda. Para sus detractores, esta medida supone una injerencia en el mercado que perjudica a los propietarios; para sus defensores, en cambio, constituye un intento imprescindible de garantizar un derecho constitucional básico para toda la ciudadanía, especialmente para quienes no pueden acceder a una vivienda en propiedad.

El decreto impulsado por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar pretendía introducir dos mecanismos fundamentales: la congelación de contratos de alquiler próximos a expirar y la limitación de las subidas anuales al 2%. Estas medidas se planteaban como respuesta a una situación marcada por el encarecimiento sostenido de los alquileres, agravado por factores macroeconómicos como la inflación y la inestabilidad internacional. En particular, se buscaba evitar el desahucio automático de miles de inquilinos incapaces de asumir incrementos considerados desproporcionados.

Sin embargo, la iniciativa se ha encontrado con una fuerte oposición parlamentaria. PP, Vox y Junts han coincidido en su rechazo, argumentando que este tipo de regulación castiga a los propietarios y puede incentivar fenómenos como la ocupación. Esta posición, no obstante, ha sido rebatida por los partidos que apoyan el decreto, quienes consideran que tales afirmaciones carecen de base empírica y responden más bien a una defensa de los intereses de grandes tenedores de vivienda y fondos de inversión.

La derrota parlamentaria que previsiblemente sufrirá el Ejecutivo pone de manifiesto no solo la fragilidad de las mayorías en el Congreso, sino también las tensiones internas dentro del propio bloque de investidura. Sumar ha liderado la defensa del decreto, presionando tanto al PSOE como a Junts e incluso mostrando disposición a aceptar concesiones en materia fiscal para autónomos y propietarios. Por su parte, sectores del PSOE han mostrado escepticismo desde el inicio, conscientes de las dificultades para lograr la convalidación.

El papel de Junts resulta especialmente relevante en este escenario. Su negativa a apoyar el decreto parece responder tanto a diferencias ideológicas como a una creciente desconfianza hacia el Gobierno, acentuada por desencuentros previos. A pesar de los intentos de negociación y de las concesiones planteadas, la formación ha mantenido su posición, alineándose en la práctica con la derecha y la ultraderecha en esta votación.

Este episodio refleja una cuestión de fondo: la dificultad de articular políticas públicas que equilibren el derecho a la vivienda con los intereses del mercado inmobiliario. Mientras una parte del espectro político defiende la intervención estatal para proteger a los sectores más vulnerables, otra aboga por la libertad de mercado como mecanismo regulador (especuladores versus trabajadores). En medio de esta disputa, miles de inquilinos quedan expuestos a la incertidumbre.

Ante la probable caída del decreto, algunas voces ya plantean alternativas. Desde Podemos, por ejemplo, se ha propuesto la elaboración de un “plan B” que permita seguir protegiendo a los inquilinos, incluso mediante la aprobación reiterada de medidas similares. Esta propuesta evidencia la urgencia de abordar el problema de forma estructural y no únicamente mediante soluciones temporales.

En conclusión, la votación sobre la prórroga de los alquileres no es solo un episodio parlamentario más, sino un reflejo de las profundas divergencias sobre el modelo de sociedad y el papel del Estado en la garantía de derechos fundamentales. La vivienda, lejos de ser un bien más sujeto a las dinámicas del mercado, se configura así como un campo de batalla político en el que se dirimen intereses, ideologías y, sobre todo, las condiciones de vida de una parte significativa de la población.

EDITORIAL

Solo podemos esperar, que los tres millones de inquilinos/as españoles/as, que van a ser desahuciados antes de fin de año, tengan en cuenta que a Feijóo, Abascal y Puigdemont (líderes respectivos  de PP, Vox y Junts) les deben el enorme castigo, que inmerecidamente, les van a causar tanto a ellos mismos como a sus familias, al condenarles a dormir bajo un puente de por vida. Y también es de esperar, que cuando lleguen las elecciones voten en consecuencia. Pues si el centro izquierda hubiese tenido mayoría en el Congreso, este ataque fascista contra los derechos constitucionales de la ciudadania no hubiese tenido éxito jamás, porque hoy, son los jóvenes y los desfavorecidos, los más perjudicados, pero mañana podría ser cualquiera.

Fuente: El País.com