El
documento, que analiza el período comprendido entre noviembre de 2024 y octubre
de 2025, no solo describe una intensificación de la violencia en Gaza y
Cisjordania, sino que plantea interrogantes de extrema gravedad: la posible
comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso actos
constitutivos de genocidio. A partir de este diagnóstico, el informe interpela
a la comunidad internacional y exige una reflexión profunda sobre la
responsabilidad, la justicia y las condiciones necesarias para una paz
duradera.
Uno
de los ejes centrales del informe es la denuncia de una destrucción sistemática
en la Franja de Gaza que, según la Oficina, parece orientada a provocar un
cambio demográfico permanente. La devastación de barrios enteros, el bloqueo de
ayuda humanitaria y los traslados forzosos de población son descritos como
prácticas que no solo agravan el sufrimiento inmediato de la población civil,
sino que alteran de forma estructural las condiciones de vida del pueblo
palestino. La referencia a la hambruna —con cientos de muertes por inanición,
incluidos numerosos niños— introduce un elemento particularmente alarmante: el
uso del hambre como método de guerra, tipificado como crimen de guerra por el
derecho internacional humanitario.
El
informe también subraya que estas conductas podrían alcanzar la categoría de
crímenes de lesa humanidad si se comprueba que forman parte de un ataque
sistemático o generalizado contra la población civil. Más aún, advierte que, si
existiera intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso, podrían configurarse elementos del crimen de
genocidio. En este punto, el documento enlaza con conclusiones previas de la
Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio
Palestino Ocupado, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, que ya había señalado la posible comisión de actos de
genocidio.
En
Cisjordania, incluida Jerusalén Este, el patrón descrito es diferente pero
igualmente preocupante. El informe documenta demoliciones de viviendas,
detenciones arbitrarias, tortura y muertes bajo custodia. Estas prácticas,
afirma, no serían hechos aislados, sino parte de una lógica de control,
dominación y discriminación sistemática. La acusación implícita es que el marco
de ocupación se ha transformado en un sistema que vulnera de manera estructural
los derechos fundamentales de la población palestina.
La
dimensión internacional del problema adquiere especial relevancia cuando se
aborda la cuestión de la impunidad. El informe sostiene que el sistema judicial
israelí no ha dado pasos significativos para exigir responsabilidades por las
violaciones denunciadas. En este contexto, la intervención de la Corte Penal
Internacional, que emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí
Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad,
representa un hito jurídico de gran trascendencia. Sin embargo, la eficacia de
estas medidas depende de la cooperación de los Estados y del compromiso real
con el derecho internacional.
El
informe no omite las violaciones cometidas por Hamás y otros grupos armados
palestinos. Se documenta la retención de rehenes capturados durante el ataque
del 7 de octubre de 2023, así como testimonios de tortura, violencia sexual y
tratos inhumanos. Estos hechos también constituyen graves infracciones del
derecho internacional y subrayan que la protección de los civiles debe ser una
obligación incondicional para todas las partes en conflicto.
En
definitiva, el texto de la Oficina del Alto Comisionado plantea una conclusión
contundente, la justicia no es un elemento accesorio, sino la base
indispensable para la reconstrucción y la paz. La impunidad perpetúa la
violencia; la rendición de cuentas abre la posibilidad de reconciliación. La
historia del conflicto, que se remonta a la creación del Estado de Israel en
1948 y al desplazamiento masivo de palestinos conocido como la Nakba, demuestra
que las heridas no resueltas tienden a reproducirse en ciclos de violencia cada
vez más destructivos.
Así, el informe no solo describe una tragedia humanitaria en curso, sino que formula una advertencia ética y política a la comunidad internacional: sin responsabilidad jurídica, sin reparación para las víctimas y sin garantías de no repetición, cualquier alto el fuego será frágil.
La paz duradera entre
israelíes y palestinos exige algo más que acuerdos temporales; requiere de un
compromiso firme, con el derecho, la dignidad humana y la igualdad de derechos
para ambos pueblos.
El proyecto, presentado con la
ligereza de un ejercicio escolar y la estética simplificada de un PowerPoint,
se convierte en símbolo de burla. No es únicamente un plan urbanístico
cuestionable; es, sobre todo, una operación de ilusionismo político que
pretende superponer colores brillantes sobre una geografía de escombros y
cadáveres.
El proyecto es absolutamente censurable, donde la
crítica se puede desplegar a dos niveles. Donde en el primero, se desmonta la viabilidad práctica del plan. Pues dada la magnitud de la destrucción —millones de
toneladas de hormigón, miles de cuerpos aún bajo las ruinas— convierte
cualquier promesa inmediata de reconstrucción en una quimera. Incluso
estimaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas apuntan a que
el desescombro podría prolongarse durante años antes de que se coloque “la
primera baldosa”. La comparación con la limpieza tras el atentado contra el
World Trade Center en Nueva York —que requirió meses con todos los recursos de
Estados Unidos— subraya el abismo entre la retórica optimista y la realidad
física.
En el segundo nivel, destaca la lógica económica. Proyectos como Ras El Hekma, impulsados en la costa mediterránea egipcia, cuentan con estabilidad estatal, infraestructuras básicas y un horizonte de inversión relativamente claro.
En cambio, Gaza, carece de agua suficiente, de energía estable y de seguridad jurídica.
Y la pregunta consecuente sería no solo moral sino estructural, ¿que capital privado asumiría una apuesta a tan largo plazo en un territorio devastado, políticamente inestable y jurídicamente incierto?
Por supuesto que ninguno. Dado que el gran capital no actúa movido por la compasión ni por fantasías coloridas, sino por rentabilidad y garantías.
Luego, mirado el asunto desde un punto de vista ético y simbólico, el plan no sería tanto un error de cálculo como una puesta en escena deliberada. La participación en el proyecto de figuras tales como Donald Trump y Jared Kushner (yerno del anterior) encuadra el proyecto en un estilo político caracterizado por la espectacularización, presentando gráficos simples como si fueran soluciones complejas, convirtiendo la devastación en oportunidad inmobiliaria y transformando el dolor colectivo en maqueta de resort.
Esta exposición acusa a sus promotores no de ingenuidad, sino de cinismo, "saben que el proyecto es inviable y, precisamente por eso mismo, lo exhiben".
Este plan, además de tener la consideración de deleznable para cualquier persona de bien, también obliga a hacer autocrítica a cada lector, y a quienes observan desde fuera. La indignación, aunque justa, puede
convertirse en un mecanismo reactivo que nos hace bailar al son de la
provocación. Y si el plan es una ilusión, oponerse a él como si fuera real podría
equivaler a actuar dentro del mismo teatro. Esta reflexión es especialmente
potente: la política contemporánea no solo se libra en el terreno de los
hechos, sino en el de las escenificaciones. El trampantojo puede capturar tanto
a sus defensores como a sus detractores.
Entonces, repentinamente surge una difícil pregunta: si el “Gaza Resort” es repulsivo e inviable, ¿cuál sería el futuro alternativo?
Aquí aparecería el núcleo más honesto y desesperanzado de la respuesta a dicho proyecto inmobiliario. No basta con impugnar moralmente; es necesario imaginar condiciones de vida viables.
Pero esa imaginación tropieza con una realidad devastada y con décadas de bloqueo, destrucción de infraestructuras y dependencia forzada.
Por ello la reconstrucción
no puede basarse únicamente en términos de macroproyectos turísticos, ni en la
lógica del capital especulativo, pero tampoco puede eludirse la cuestión
económica. Negar el plan no equivale a construir esperanza.
Al final, centrándose en el gobierno de Benjamin Netanyahu, la hipótesis sería que, el verdadero “plan maestro” no consiste en levantar una ciudad sostenible, sino en, hacer la vida tan inviable que la población termine por marcharse.
La destrucción de infraestructuras básicas —aeropuerto, plantas eléctricas, sistemas de saneamiento— no sería accidental sino coherente con la anterior estrategia a largo plazo.
La aparente complicidad o
benevolencia ante propuestas externas funcionaría como cortina de humo frente a
un objetivo más profundo: la desposesión progresiva.
En
conjunto, poniendo en perspectiva, denuncia moral, análisis material y reflexión
autocrítica, se concluye, que la mayor virtud reside en señalar la obscenidad de convertir una
catástrofe humanitaria en colorida maqueta inmobiliaria. Así como recordar que la
mera indignación no basta. Si la burla es intolerable, la respuesta no puede
limitarse a gritar contra ella; debe consistir en articular alternativas
concretas, aunque sean imperfectas y parciales.
Al final queda una inquietud abierta, ¿como imaginar un futuro digno cuando el presente parece diseñado para impedirlo?
Tal vez la respuesta no resida en grandes planes espectaculares ni en resorts utópicos, sino en reconstrucciones modestas, con garantías de derechos básicos, como devolver la libertad y el territorio a quienes vivían antes allí, es decir a los palestinos.
Frente al ilusionismo político, la tarea sería devolver
peso y espesor a la realidad, sustituir el color superficial por cimientos
sólidos, porque no basta con denunciar la oscuridad: es
necesario aprender a producir luz sin crear nuevos espejismos.
De propósitos ocultos, tras la Junta de Paz de Trump, que evidencian clara estrategia para subyugar a los palestinos
La escenografía de la presentación no fue casual. En el marco de una cumbre internacional y rodeado de aliados políticos e ideológicos —entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el primer ministro húngaro Viktor Orbán— Trump convirtió el anuncio en un acto de afirmación personal y política. El mensaje fue claro: la Junta de Paz no será un foro técnico limitado a la reconstrucción de Gaza, sino una plataforma alternativa de gobernanza global.
La exclusión —o intento de relegación— de organismos como la Organización de
las Naciones Unidas y la UNRWA revela la ambición de crear un sistema paralelo
que supervise, e incluso condicione, el funcionamiento de las instituciones
multilaterales tradicionales.
El
contexto geopolítico refuerza la controversia. Países europeos clave como
Francia, Alemania, Reino Unido o España han rechazado su participación formal,
alegando el riesgo de socavar el orden multilateral vigente. En contraste,
Estados como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto o Bielorrusia han
confirmado su adhesión, junto a Israel, representado por su primer ministro
Benjamin Netanyahu, cuya situación internacional se ha visto tensionada por la
orden de detención emitida por la Tribunal Penal Internacional. Esta
composición heterogénea anticipa una gobernanza marcada más por afinidades
estratégicas que por consensos universales.
En términos financieros, la Junta nace con un músculo considerable, donde nueve países han comprometido 7.000 millones de dólares, a los que Washington sumará otros 10.000 millones. La promesa de reconstrucción se acompaña de un ambicioso rediseño institucional de Gaza: desmilitarización, creación de una policía transitoria palestina, despliegue de 20.000 soldados de estabilización aportados por países como Indonesia, Marruecos o Kosovo, y la formación de 12.000 agentes en Egipto y Jordania.
La narrativa oficial insiste en que
“reconstruiremos Gaza no como era, sino como debe ser”, en palabras del ex
primer ministro británico Tony Blair, miembro del comité ejecutivo de la Junta.
No obstante, esta promesa encierra tensiones profundas. ¿Puede hablarse de reconstrucción cuando el proceso está condicionado por la desmilitarización forzada y por la tutela de fuerzas extranjeras? ¿Hasta qué punto la creación de una “nueva policía” y un “gobierno autónomo” responde a la autodeterminación palestina o a un rediseño impuesto desde el exterior?
La insistencia en
supervisar a Naciones Unidas y en convertir la Junta en foro principal de
resolución de conflictos globales sugiere un desplazamiento del
multilateralismo clásico hacia una diplomacia de clubes selectivos con
capacidad financiera y militar.
El
discurso de Trump, cargado de referencias a su capacidad para “acabar con
guerras” y salvar vidas, combina pragmatismo financiero con ambición simbólica.
La evocación implícita del Premio Nobel de la Paz, que no le fue concedido en
el pasado, añade una dimensión personal a la iniciativa. La paz entonces aparece no solo
como objetivo geopolítico, sino como capital político.
Sin embargo, la cuestión central permanece, ¿que significa la paz para la población gazatí?
Si la reconstrucción se concibe prioritariamente como apertura a la inversión extranjera, transformación tecnológica y reconfiguración institucional, bajo tutela internacional, el riesgo es que la dimensión humana —el sufrimiento acumulado, la pérdida, el desplazamiento— quede subordinada a un proyecto de ingeniería política.
Los documentos filtrados por medios
estadounidenses, que aluden a planes para asfixiar económica y
administrativamente a la población palestina, intensifican la sospecha de que
la Junta podría convertirse en instrumento de control más que de emancipación.
La
presencia de observadores de la Unión Europea, pese al rechazo formal de varios
Estados miembros, evidencia la complejidad del momento. Bruselas parece
debatirse entre mantenerse al margen de un sistema que considera paralelo y
estar “en la mesa” para influir desde dentro. Esa ambivalencia refleja la
tensión más amplia entre el orden internacional construido tras la Segunda
Guerra Mundial y las nuevas fórmulas de poder que emergen en un mundo
fragmentado.
En última instancia, la Junta de Paz simboliza un experimento de gobernanza global impulsado desde la potencia hegemónica, con fuertes apoyos financieros y militares, pero con legitimidad cuestionada. Si logra estabilizar Gaza y mejorar efectivamente la vida de sus habitantes, podría consolidarse como modelo alternativo.
Si, por el contrario, se percibe como una imposición que margina a
los actores locales y debilita el sistema multilateral, podría profundizar la
desconfianza internacional y agravar fracturas existentes.
La historia juzgará si esta iniciativa fue un genuino intento de pacificación o un episodio más de competencia por la arquitectura del poder global.
Entre la
promesa de prosperidad y el temor a la asfixia, el futuro de Gaza vuelve a
situarse en el centro de una disputa que trasciende sus fronteras.
Fuente: ONU; Desinformando.org; 20minutos.es
POSDATA
Y en ese contexto, en este momento se está produciendo una votación en el Congreso de Diputados, donde la suma de esas derechas va a tumbar la renovación del escudo social, del que dependen 12 millones de españoles y españolas. Y desde aquí les digo, que eso de aceptar cualquier relato se acabó y que cada palo aguante su vela.
Si quieren joder la vida a 12 millones de personas y poner en peligro a millones de niños en riesgo de exclusión social, comprendería que bien harían y para nada lamentaría, que nadie de esos 12 millones de ciudadanos y muchos del resto de españoles y españolas, nunca votasen a PP, Vox y Junts, que bien que se lo merecen mientras no se aprobase en el Congreso el escudo social, porque la excusa que ponen de perjudicar a los pequeños propietarios que alquilan sus viviendas, simplemente es MENTIRA, y lo pongo en mayúsculas para que sus limitadas inteligencias fascistas lo pillen.
Y por otra parte, de no aprobarse el decreto que hasta ahora permitía la vigencia del escudo social, las autonomías, mayoritariamente gobernadas por el PP con el soporte de Vox, a ver que hacen entonces, pues todas ellas tienen transferidas las competencias respecto de proteger los derechos de los más desfavorecidos, que precisamente no son los propietarios, sino los que no tienen donde vivir, ni que comer.
Por cierto y cambiando de tema, sabido es, que el Rey Emérito siempre ha tenido libertad para ir y venir donde le plazca, pues si se marchó de España, no fue por el golpe de Estado del 23F, sino porque tenía cuentas pendientes con el fisco, y Hacienda le pedía una regularización tras otra. Y además, porque se descubrió que tenía cuentas en el extranjero con elevadas sumas de dinero sin declarar. Y comprendo que el señor Feijóo y la señora Ayuso, resten importancia a esto último, dado que es de suponer tienen las mismas aspiraciones económicas.
En mi modesta opinión, los reyes, siempre debieran tener las mismas obligaciones fiscales que el resto de los mortales, incluidos protegidos de los justicia como Feijóo y Ayuso, con sus respectivos allegados. Y además, si se incumplen dichas obligaciones fiscales, recibir mismo castigo que el resto de la ciudadanía.
Fuente: Redacción
