El fallo, principalmente, se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes reservada para emergencia nacional, que el presidente impuso a casi todos los países del mundo, y donde los jueces consideran, que se hizo un uso inapropiado de dicha ley por parte del Presidente de EE. UU.
Más allá de su impacto económico
inmediato, el fallo —de 170 páginas— representa una reafirmación del principio
de separación de poderes y un recordatorio de que incluso en contextos de
emergencia, la autoridad presidencial no es ilimitada.
La expansión del
poder ejecutivo y sus límites
El núcleo del conflicto
reside en el uso que el presidente hizo de la Ley de Poderes de Emergencia
Económica Internacional de 1977 (IEEPA), promulgada durante el mandato de Jimmy
Carter tras los excesos ejecutivos asociados a la presidencia de Richard Nixon.
Paradójicamente, una norma diseñada para contener abusos terminó siendo el
instrumento elegido para justificar una política arancelaria de amplio alcance.
Trump anunció estas
medidas el 2 de abril de 2025, en un acto simbólicamente denominado “Día de la
Liberación”, imponiendo gravámenes a más de un centenar de países. Los
aranceles oscilaban entre el 15% y el 50%, afectando desde grandes bloques
comerciales hasta sectores específicos como el acero, el aluminio y la
industria automotriz. Sin embargo, la IEEPA nunca mencionó explícitamente la
facultad de establecer aranceles, ni había sido utilizada en cinco décadas para
ese fin. Su aplicación histórica se había limitado al régimen de sanciones
económicas, no al diseño estructural de la política comercial.
El Supremo concluyó que
el presidente hizo un uso generalizado e indebido de los poderes de emergencia.
La opinión mayoritaria, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts,
reunió a magistrados liberales y conservadores en una inusual coalición (6-3),
entre ellos jueces nombrados por el propio Trump. Esta configuración rompe, al
menos en este caso, la narrativa de una Corte sistemáticamente alineada con la
ampliación del poder ejecutivo.
El debate
constitucional: Congreso vs. Presidencia
Uno de los argumentos
centrales de los demandantes fue que la potestad de imponer impuestos y
gravámenes corresponde al Congreso, tal como establecieron los padres
fundadores. El abogado Neal K. Katyal subrayó que la IEEPA no menciona términos
como “aranceles” o “derechos aduaneros” y que jamás había sido utilizada para
establecer política arancelaria. De esta manera, la decisión del Supremo
reafirma un principio básico del constitucionalismo estadounidense: la política
fiscal y comercial estructural no puede depender de la discrecionalidad
unilateral del Ejecutivo.
Las demandas que dieron
lugar al fallo —impulsadas por pequeñas y medianas empresas afectadas por los
sobrecostes— ilustran además cómo la política comercial tiene consecuencias
directas sobre el tejido productivo. Los aranceles, aunque formalmente dirigidos
a gobiernos extranjeros, son pagados en la práctica por importadores nacionales
y, con frecuencia, trasladados a los consumidores.
Impacto económico e
incertidumbre
El alcance económico del
fallo es potencialmente enorme. Economistas del Penn-Wharton Budget Model
estiman que el Gobierno podría enfrentarse a devoluciones de hasta 175.000
millones de dólares por gravámenes cobrados inconstitucionalmente. No obstante,
la sentencia no especifica cómo se articularían esos reembolsos, lo que abre un
escenario de complejidad administrativa y litigios adicionales.
En su opinión disidente,
el juez Brett Kavanaugh advirtió de un posible “desastre” económico derivado
del proceso de devolución, especialmente si los importadores ya trasladaron los
costes a los consumidores. Este argumento revela la otra dimensión del
conflicto: el equilibrio entre la seguridad jurídica y la estabilidad
económica. Invalidar una política de amplio alcance puede generar turbulencias,
pero mantenerla pese a su inconstitucionalidad erosionaría principios
fundamentales del Estado de derecho.
Un punto de inflexión
político
La decisión llega en un
momento políticamente sensible, apenas días antes del discurso sobre el Estado
de la Unión del presidente. Trump calificó el fallo como una “desgracia” y su
Administración ya ha anticipado que buscará vías legales alternativas para
restablecer los aranceles. Este pulso institucional sugiere que la batalla por
el alcance del poder ejecutivo no ha concluido.
Durante los últimos
años, el Supremo ha mostrado en numerosas ocasiones una tendencia favorable a
la expansión de la autoridad presidencial en distintas materias. Sin embargo,
este caso demuestra que incluso una Corte con supermayoría conservadora mantiene
límites cuando percibe una extralimitación clara. En ese sentido, el fallo
puede interpretarse como un freno a la consolidación de un modelo
presidencialista más fuerte y como una reivindicación del equilibrio
constitucional.
Conclusión
La anulación de los
aranceles recíprocos no es solo una cuestión técnica de política comercial. Es,
ante todo, una decisión sobre la arquitectura del poder en Estados Unidos. El
Tribunal Supremo ha recordado que las emergencias no suspenden la Constitución
y que el diseño de la política fiscal y comercial pertenece al Congreso.
En un contexto global de
creciente proteccionismo y tensiones geopolíticas, el fallo reafirma que la
legitimidad de las decisiones económicas depende tanto de su eficacia como de
su conformidad con el orden constitucional. Más allá de sus consecuencias financieras,
la sentencia representa un hito en la defensa del equilibrio institucional y en
la delimitación del alcance del poder presidencial en la democracia
estadounidense.
Fuente: El Pais.com
RESUMEN. Del fallo judicial sobre los aranceles de Donald Trump y de las consecuencias políticas y económicas del mismo.
1. Decisión del Tribunal
Supremo de Estados Unidos
- Fallo de 6 votos en contra, por 3 a favor de Donald Trump.
- Determina que la Constitución otorga al Congreso, y no al Ejecutivo, la facultad de imponer impuestos y aranceles.
- El presidente del Tribunal, John Roberts, afirmó que el poder tributario no fue concedido al Poder Ejecutivo.
- Votos disidentes.- Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes sostienen que los aranceles eran legales según el texto y los precedentes.
2. Argumentos de las
partes
Administración Trump
- El Departamento de Justicia defendió que la ley de 1977 sobre emergencias económicas permite al presidente regular importaciones, incluyendo aranceles.
Demandantes
- Alegaron que la ley no menciona aranceles.
- Sostuvieron que el uso de esa norma no supera precedentes judiciales, incluido el fallo que bloqueó el plan de condonación de préstamos estudiantiles de Joe Biden.
3. Aranceles
declarados ilegales
Se anulan los impuestos
impuestos bajo la:
- International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Incluyen:
- Arancel mínimo general del 10%.
- Aranceles unilaterales entre 10% y 41% a países sin acuerdos comerciales.
- Gravámenes adicionales a importaciones de México, China y Canadá, vinculados a la crisis del fentanilo.
4. Aranceles que no
se ven afectados
El fallo no afecta
a los aranceles basados en:
- Trade Expansion Act of 1962 (Sección 232), usados para imponer gravámenes sobre acero, aluminio, automóviles, cobre y madera por motivos de seguridad nacional.
- Otras disposiciones como:
- Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 (aranceles temporales hasta 15% por 150 días).
- Artículos 201 y 301 de la misma ley (investigaciones comerciales).
5. Consecuencias del
fallo
- La Administración ya no puede recaudar aranceles bajo la IEEPA.
- Posibles reembolsos millonarios a empresas.
- Se estima que el Tesoro recaudó más de 133.000 millones de dólares bajo esa base legal.
- El impacto económico de los aranceles se estima en 3 billones de dólares en la próxima década, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.
- Trump aún dispone de herramientas legales, pero con más límites y procedimientos más lentos.
6. Reacción de Donald
Trump
- Calificó el fallo como “una vergüenza”.
- Considera el caso uno de los más importantes de la historia del país.
- Advirtió que un fallo en su contra tendría un impacto económico negativo.
7. Posibles
devoluciones
- El fallo no resuelve si el Gobierno deberá devolver lo recaudado.
- Empresas como Costco ya han solicitado reembolsos.
- El juez Kavanaugh advirtió que el proceso podría ser complicado y potencialmente caótico.
8. Reacción
internacional (UE)
- La Unión Europea está analizando el fallo.
- Busca claridad sobre los próximos pasos de Estados Unidos.
- Defiende estabilidad, previsibilidad y reducción de aranceles.
9. Opinión pública en
EE. UU.
- Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses desaprobaban la gestión comercial de Trump.
- Cerca de 4 de cada 10 la aprobaban.
- La opinión se ha mantenido relativamente estable.
Fuente: El Diario.es
