17 de junio de 2021

ALEMANIA. Al frente de la implementación cuántica en Europa con la instalación del ordenador cuántico más potente del continente


El nuevo Q System One de IBM, ubicado en un centro de investigación al suroeste del país es por ahora el único de este modelo que se ha instalado fuera de Estados Unidos

Entre los ciudadanos ilustres de Ehningen, una ciudad alemana situada a media hora en coche de Stuttgart(Alemania), figura el ingeniero Jakob Friedrich Kammerer, al que se le atribuye la invención de las cerillas de fósforo precursoras de las que utilizamos hoy en día. A su legado se suma ahora la promesa del Q System One, el primer modelo del ordenador cuántico comercial instalado fuera de Estados Unidos y que, con un procesador de 27 bits cuánticos o cúbits, sitúa al país germano a la cabeza del continente. “Tal vez Kammerer no era consciente de la importancia de sus invenciones. Y muchos no somos conscientes de que hemos dado el salto cuántico. Los ordenadores cuánticos son nuestro futuro”, comenta Anja Karliczek ministra federal de Educación e Investigación durante la inauguración del equipo, celebrada este martes.

El Q System One fue una de las atracciones principales de la feria tecnológica CES de 2019. Se presentó como el primer modelo apto para su uso fuera de laboratorios y en entornos industriales. “Los ordenadores cuánticos han pasado de ser un sueño para los físicos a ser un reto para los ingenieros”, razona Arvind Krishna, presidente de IBM. Y esta es la función que viene a desempeñar en su nueva casa en la organización Fraunhofer-Gesellschaft, pieza central de una red de centros de investigación cuántica cuyo objetivo es el desarrollo de aplicaciones prácticas para estas tecnologías. “Alemania está entre los mejores del mundo en investigación cuántica y pretendemos permanecer ahí”, sentencia la canciller Angela Merkel, cuyo gobierno ha invertido 2.000 millones de euros en un programa de innovación en tecnologías cuánticas.

“Esta iniciativa es un hito importante para la soberanía tecnológica de Alemania. Pronto podremos resolver problemas que ahora mismo ni siquiera pueden abordar los superordenadores más potentes”, vaticina Reimund Neugebauer, presidente de Fraunhofer-Gesellschat. Talentos como estos son especialmente prometedores en ámbitos como el desarrollo de fármacos, materiales, modelos meteorológicos o en la mejora de las capacidades de baterías y coches autónomos.

El optimismo de la cita contrasta, no obstante, con el escepticismo de otros expertos que advierten que, pese a los avances, aún nos queda mucho camino por recorrer para contar con sistemas de computación cuántica verdaderamente funcionales. “Estamos al principio de esta nueva tecnología, pero esperamos un enorme potencial disruptivo”, matizó Merkel.

Por lo pronto, el recién inaugurado equipo es el segundo de este modelo que se instala a nivel mundial y próximamente formará parte de un selecto grupo de cuatro, cuando se completen los proyectos aún en marcha en la clínica Cleveland de Ohio (Estados Unidos) y en la Universidad de Tokio (Japón). Su construcción comenzó hace dos años y a causa de la pandemia se ha tenido que completar con los equipos de Estados Unidos y Alemania trabajando en remoto. Por otra parte, la nueva ubicación es clave en lo que a protección de los datos se refiere: tener un Q System One en Alemania permite que todos los datos se procesen y almacenen localmente en Ehningen, con arreglo a los límites que establecen las leyes de protección de datos germanas.

Las entidades que quieran acceder a esta infraestructura deberán hacerlo a través de un acuerdo con Fraunhofer-Gesellschaft que establece un cobro mensual por estos accesos. “Nos gustaría apoyar a compañías de todos los tamaños. Todas tendrían que tener la oportunidad de ser parte de esto. Tenemos que usar algoritmos cuánticos para aplicaciones industriales. Tenemos que hacerlas viables para que los físicos y los programadores puedan trabajar en equipo con los ingenieros. Y eso significa que tenemos que adquirir competencias y fomentar la transferencia de conocimiento entre la ciencia y la industria”, prescribe Neugebauer.

Mientras tanto, para quienes no tienen acceso a un equipo de estas características, la alternativa es recurrir a acuerdos como el que firmó el CSIC con IBM, que permite a los investigadores españoles acceder a su red de ordenadores cuánticos, que incluye más de una treintena de equipos no comerciales. Según los datos que maneja la compañía, esta plataforma tiene una comunidad de más de 325.000 usuarios.

Los planes de Europa

En paralelo con la ambición alemana, las instituciones europeas también han identificado las tecnologías cuánticas como una de las áreas estratégicas para el avance de la región. En 2018, la Unión Europea dio el pistoletazo de salida al proyecto Quantum Technologies Flagship, de 10 años de duración, que puso sobre la mesa una inversión estimada de 1.000 millones de euros para el desarrollo de sistemas de computación, simulación, comunicación y sensores cuánticos.

Si todo marcha bien, hitos como el ordenador que ahora estrena Alemania palidecerán en algún momento ante iniciativas como el Proyecto Prometheus, impulsado por la empresa finlandesa IQM con el apoyo de la Unión Europea. El objetivo de esta apuesta, que cuenta con una financiación de más de 3,5 millones de euros, es desarrollar el primer ordenador cuántico comercial con un procesador de más de 1.000 cúbits. La propia IBM también se propone alcanzar este hito en 2023. “Tenemos que seguir trabajando. El resto del mundo no está dormido”, advierte Merkel.

Fuente: El Pais.com

ESPAÑA. En 2020 murieron 492.930 personas en España, la cifra más alta en 100 años

 El impacto demográfico de la pandemia ha sido el más letal del último siglo; el año pasado murieron 74.227 personas más que en 2019, un incremento del 17,7%

En 2020 murieron 492.930 personas. Es la cifra más alta del último siglo, solo superada por 1920, cuando la gripe española acabó con 494.540 vidas. Los datos pertenecen al informe definitivo de indicadores demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para 2020, en el que la pandemia provocó un 17,7% más de defunciones (74.227) que en 2019. Son aproximadamente 5.000 muertes más que las registradas en el peor año de la Guerra Civil: 1938. También es cierto que a nivel de impacto poblacional, el porcentaje es menor (1,04%), porque entonces había menos gente censada en España.


En cuanto a meses, los mayores aumentos se dieron en marzo y abril de 2020, a comienzos de la pandemia de COVID-19, que representaron un 56,8% y un 78,2% respecto al mismo momento del año anterior. El informe del INE también hace hincapié en la segunda ola, justo después del verano, cuando el número de muertes se incrementó un 21% en octubre y un 21,6% en noviembre respecto a 2019.

El rango de edad más azotado en comparación al año anterior es el de 75 a 79 años, tanto en hombres (25% más de muertes) como en mujeres (22,4% más). Rondan también un exceso de defunciones del 20% los grupos etarios más mayores, de 85 años para arriba, lo que coincide con las personas más vulnerables frente al coronavirus, sobre todo durante la primera y la tercera ola. De hecho, comparados con los datos desde 2015, los octogenarios han sido los más castigados en el año de la pandemia.

En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, esta aumentó una centésima 2020 y se situó en 2,66 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos.


En el año 2000, fallecieron 360.391 personas, casi 140.000 menos que este año. Y geográficamente, las muertes han aumentado en todas las comunidades autónomas. Las que presentan un mayor aumento respecto a 2019 son Madrid (41,2%), Castilla-La Mancha (32,3%), Castilla y León (26,0%) y Catalunya (23,5%).

La esperanza de vida también ha sufrido los estragos del virus. En 2020 disminuyó 1,24 años y se situó a los 82,34, el punto más bajo desde 2012.

Fuente: El Diario.es

CORONAVIRUS. La pandemia remite en España con Andalucía como excepción.

Con más de 200 nuevos contagios por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, la transmisión es alta en trece grandes ciudades, casi todas en Andalucía.

Huelva sustituye a Antequera y encabeza ahora el ranking de ciudades con más incidencia de toda España, con 425 casos por 100.000 habitantes. La localidad malagueña de Antequera, que estas últimas semanas se situaba como la ciudad con peores datos de todo el país, tras una combinación de graduaciones y fiestas de primavera, ha logrado frenar la transmisión, pero continúa en riesgo alto.

En el otro extremo, una decena de grandes ciudades siguen registrando incidencias mínimas en el nivel de 'nueva normalidad': menos de 25 nuevos contagios en dos semanas. Son Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Telde (Las Palmas), La Orotova y Arona (Santa Cruz de Tenerife), Dénia y Orihuela (Alicante) y Alzira y Sagunto (Valencia). Pontevedra está en el límite, con 26 casos. Son algunas de los resultados extraídos del análisis realizado por elDiario.es a partir de los datos de las consejerías de Sanidad de 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Puedes leer más detalles sobre la obtención de estos datos en la metodología.

A nivel global, los casos confirmados de COVID-19 continúan en descenso 📉 en 752 municipios donde vive el 48% de la población española (la semana pasada era el 42%). Están subiendo 📈 en 443 donde vive el 23% de la población (la semana pasada era el 29%) y están en fase de meseta (se mantienen más o menos igual que hace dos semanas) en 103, donde vive el 11%. El resto son municipios muy pequeños donde se registran muy pocos casos –menos de 5 cada dos semanas– o para los que no hay información disponible –que representan al 18% de la población española–.

Grandes ciudades españolas con más casos por 100.000 habitantes

 



Fuente: El Diario.es


16 de junio de 2021

CASO KITCHEN'. La corrupción del PP no tiene límites, pero poner el ventilador para salpicar a todos con sus detritos, bien que lo saben hacer.

 El inspector jefe, Manuel Morocho, detalla ante el juez de la Audiencia Nacional, que el comisario Olivera le ofreció un puesto para apartarle de caso con conocimiento del ministro Fernández Díaz y el juez describe su relato como "desolador"

Según los avances de la instrucción del caso Villarejo, este supuesto boicot no solo implicó a altos exdirigentes del PP y a la cúpula de la Policía que se puso a las órdenes del Gobierno de Mariano Rajoy, sino que incluyó presuntos encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo; presiones e intentos de comprar a los investigadores de la trama, como relató este martes uno de ellos al juez Manuel García-Castellón; y, por supuesto, el espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas cuando se disponía a confesar por primera vez ante el magistrado Pablo Ruz —lo que se bautizó como Operación Kitchen—.

“Me deja usted un panorama desolador”, resumió este martes García-Castellón tras escuchar el testimonio de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Este agente, que lidera desde hace más de una década las pesquisas sobre Gürtel y que ha firmado los principales informes que han llevado al banquillo al PP, relató durante cerca de tres horas al juez las “anomalías y presiones paralelas” que sufrió para tratar de frenar y desbaratar las pesquisas.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el inspector jefe fue muy profuso en detalles. Tanto, que no dio tiempo a acabar el interrogatorio y continuará el próximo viernes, según ha previsto el magistrado. Morocho, que acudía citado como testigo, contó cómo sus superiores maniobraban para tratar de modificar los informes donde señalaba a los dirigentes del PP; cómo le impidieron poner sus nombres —entre ellos, el de Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno— en los documentos que enviaba al juez sobre los presuntos perceptores de sobresueldos reflejados en los papeles de Bárcenas y tuvo que incluir las menciones a ellos en los anexos; y cómo le instigaron para que “minusvalorara los papeles” publicados por EL PAÍS en enero de 2013, que documentaron la existencia de una caja b en el partido, según ha dado ya por acreditado el Tribunal Supremo.

Morocho explicó este martes al juez que las “presiones” nacieron el mismo 2009 al abrirse el caso en la Audiencia Nacional —el PP ya lanzó entonces sus primeros ataques públicos contra los investigadores—, pero adquirieron otra dimensión con la llegada de los populares a La Moncloa tras las elecciones de noviembre de 2011. Rajoy eligió a Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior y al comisario Eugenio Pino como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, máximo mando no político del Cuerpo —ambos están imputados por Kitchen—. Y las maniobras desde las instituciones del Estado, según la versión del inspector jefe, comenzaron ya a notarse en 2012, cuando Pino le endosa, por ejemplo, otra investigación para tratar de frenar Gürtel. Pero, ante el avance implacable de las pesquisas en los meses siguientes, la cúpula de la Policía cambió de estrategia y optó por tratar de comprar al agente ofreciéndole el traslado a destinos mejor remunerados económicamente, según dijo.

Morocho narró una reunión con el comisario José Luis Olivera en junio de 2013 en una cafetería de Madrid. El Gobierno había puesto a Olivera, muy cercano a Villarejo, al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y, según dijo este martes el inspector jefe, este le ofreció ese día un puesto de agregado de Interior en la embajada de Lisboa. “Son 6.000 euros al mes y relajado”, afirmó este martes Morocho que le dijo el comisario —aunque fuentes policiales explican que la dotación mensual supera los 10.000 euros—. Entonces, ante las sucesivas negativas del investigador de Gürtel a aceptar un traslado, también le ofreció irse a Viena o a la ONU. E incluso, durante la conversación, Olivera recibió una supuesta llamada de Fernández Díaz para interesarse por el tema: “Hola, ministro. Sí, estoy con él”, dijo a su interlocutor el comisario, según subrayó Morocho, que apostilló que Olivera le dijo nada más colgar: “Ves, me llama hasta el ministro”. El abogado de Fernández Díaz negó este martes que se hiciese esa llamada.

Las piezas del sumario

El relato de Morocho, que ya avanzó al juez en febrero de 2019 que Pino también lo trasladó a la DAO en 2015 para sobrecargarlo de trabajo con la idea de boicotear la parte de la investigación de Gürtel que seguía viva, encaja con el resto de indicios que se acumulan en el sumario del caso Villarejo. García-Castellón abrió en 2018 una línea de investigación sobre Kitchen, la trama policial de espionaje a Bárcenas sin control judicial pagada con fondos reservados con el presunto objetivo de arrebatarle material sensible sobre altos cargos del PP. El magistrado ha centrado desde entonces la mirada en los meses posteriores a julio de 2013, cuando fija el inicio de ese despliegue, pero cada vez resulta más complicado no echar la vista hacia atrás.

De hecho, la Fiscalía hace meses que enmarca Kitchen dentro de una trama más prolongada en el tiempo para boicotear las pesquisas. El ministerio público recalca que en 2009 se produjo un encuentro de Villarejo con María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, en la sede de la calle Génova, donde se le ofreció al comisario acometer “encargos puntuales” que “serían sufragados” con fondos del partido. Al poco tiempo, según la instrucción, Villarejo telefoneó al marido de la política para informarle de dos investigaciones de corrupción sobre el PP (una de ellas, una rama de Gürtel) que se encontraban bajo secreto de sumario.

Los investigadores también intervinieron a Villarejo documentos sobre un supuesto proyecto, bautizado como SMP, que tenía por objetivo “evaluar la posibilidad de anulación total de actuaciones del sumario de Gürtel”. La Fiscalía considera que este fue otro encargo más concreto que se llegó a plantear a la trama de Villarejo por parte de un “abogado encargado de la defensa de miembros del PP”, pero no constan más pruebas de momento de que se ejecutara finalmente y se pagaran los 15 millones de euros que preveía como “coste medio”.

Sin embargo, se han encontrado 13 nuevas agendas del comisario con apuntes sobre los contactos que mantuvo esos años con dirigentes del PP y su entorno: entre ellos, Cospedal y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Fernández Díaz. A lo largo de las cientos de páginas de estos cuadernos manuscritos, a los que el juez y Anticorrupción otorgan enorme credibilidad y que también respaldan al resto de indicios, se recogen menciones a las supuestas maniobras contra Morocho —el principal sospechoso de la trama escribe, por ejemplo, la palabra “Lisboa” junto al nombre del inspector jefe de la UDEF— y presuntos “pagos pendientes” atribuidos a Cospedal.

MANIOBRAS CONTRA MOROCHO

“Se me conminó a minusvalorar los papeles de EL PAÍS”. El inspector Manuel Morocho contó al juez que, desde la cúpula de la Policía, se le “conminó a minusvalorar los papeles [de Bárcenas]” publicados por EL PAÍS. Estos documentos recogían la entrega de supuestos sobresueldos a dirigentes del PP: entre ellos, al entonces presidente Mariano Rajoy.

Los informes paralizados. Según fuentes jurídicas, Morocho relató que acabaron en 2011 un informe que implicaba al matrimonio formado entre Jesús Supúlveda, alcalde del PP, y Ana Mato, que fue ministra; pero el comisario Olivera lo paralizó durante un año.

En línea con la defensa del PP. Morocho añadió este martes que le presionaron para que mantuviese que, de haber algo ilegal, era responsabilidad de Bárcenas y no tenía nada que ver con el PP. Esa es la estrategia de defensa que mantienen los populares desde que estalló el caso.

Quitar al marido de Cospedal. Según Morocho, le presionaron para quitar el nombre del empresario Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, de los informes. Según dijo ayer, uno de sus jefes se lo justificó alegando que “es amigo de Villarejo”.

La llamada del ministro. El inspector de la UDEF explicó que, mientras un alto mando trataba de comprarle en una reunión, recibió una supuesta llamada de Jorge Fernández Díaz, entonces ministro del Interior, para interesarse por el tema. El exministro lo niega. Años más tarde, Enrique García Castaño, otro comisario implicado en la trama, se sorprendió al verlo en un puesto en la DAO (adonde le trasladaron para, según su versión, tratar de apartarlo de Gürtel) y exclamó: “Y tú qué haces aquí si tú tenías que estar muerto”.

EDITORIAL

Tras intentar desviar el foco mediático de la descomposición por corrupción del PP, valiéndose de ataques a lo más sagrado de la democracia, como la pandemia y el aumento subsiguiente de la desigualdad social, que hería de muerte a la ciudadanía, seguida de los ataques a las Instituciones Públicas Autonómicas y Estatales, del Poder Ejecutivo (deslegitimación de Gobiernos salidos de las urnas), del Poder Legislativo (acusaciones de terroristas a diputados electos vascos y catalanes de los Parlamentos Autonómimos y Estatal) y ahora del Poder Judicial (intento de boicot a investigaciones ordenadas por el juez), y acabando implicando al Rey, por culpa del analfabetismo funcional, de tipo constitucional, que afecta a toda la cúpula nacional del PP, por mucho que lo nieguen.  

Pero de nada ha servido todo ello, pues por mucho que se corra, el pasado siempre termina alcanzado a los corruptos, y la Justicia también, puesto que, aunque lenta y ciega, siempre está ahí para cumplir con su deber.

Fuente: El País.com

 

POSDATA

A nuestro amigos del PP, solo decirles que no hay que venirse muy arriba por los 30 segundos que el Presidente Pedro Sánchez estuvo hablando con el Presidente de EEUU actual y que acabó siguiéndole por un pasillo, porque siempre hay casos peores, como la reunión de Aznar con otro Presidente de EEUU, que siguiéndole, nos metió a todos los españoles en la guerra de Irak, que causó la muerte a 12 españoles, 11  militares, y el periodista José Couto. 



ESPAÑA. Gobierno afronta el 'segundo asalto' de batalla interna por subir el salario mínimo en 2021

 El Ejecutivo no incrementó el SMI en enero y emplazó a volver a analizar la situación a mitad de año. Ya ha llegado este momento, con el informe del comité de expertos de Trabajo sobre el salario mínimo a punto de terminar, y las mismas dos posiciones encontradas: la vicepresidenta Yolanda Díaz defiende subirlo ya, mientras que Nadia Calviño cree que habría que dejarlo congelado

El debate sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) toca la puerta del Gobierno de nuevo. El Ejecutivo de coalición optó, como defendía la vicepresidenta Nadia Calviño, por no subir los salarios más bajos a comienzos de 2021 debido a la crisis por la pandemia. En contra tenía el criterio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que calificó como una "injusticia" que se dejaran congelados los sueldos de los que menos ganan mientras se subían los de los funcionarios y las pensiones, por ejemplo. El Gobierno optó finalmente por posponer la decisión y volver a analizar el tema en el segundo semestre del año. Junio ha llegado y el debate sobre el SMI vuelve a la mesa del Consejo del Ministros, que cuenta con las mismas visiones encontradas entre Calviño y Díaz, aunque con algunos cambios en el contexto.

El Banco de España calcula que la subida del SMI a 900 euros redujo al menos unos 94.200 empleos

En diciembre, cuando el Ejecutivo optó por mantener congelado el SMI, comenzaba en España la tercera ola de contagios de coronavirus y aún no había empezado la vacunación en el país. España inoculó su primera vacuna el 27 de diciembre. Respecto al empleo, los últimos datos disponibles eran los del mes de noviembre –un mes habitualmente malo para el mercado laboral–, que dejaban ver una ligera recuperación de trabajadores, pero junto a un aumento del paro registrado y de las personas en ERTE. Todavía había 369.806 trabajadores menos que antes de la COVID-19.

Seis meses después, España ya ha recuperado el nivel de empleo previo a la irrupción del virus. Las cifras de afiliación de mayo de 2021 superaron las de febrero de 2020, antes de que la COVID alterara la normalidad del mercado laboral y de nuestras vidas. No es que no quede empleo por recuperar, ya que los datos de trabajadores están por debajo de los del último mayo 'prepandemia', de 2019, y todavía hay muchas más personas en paro, pero retomar el nivel de afiliación previo al 'shock' provocado por el coronavirus no es baladí.

Además, los ERTE se reducen a un ritmo mayor desde que ha comenzado junio, unos 10.000 trabajadores menos cada día, según explicó el ministro José Luis Escrivá, y el Banco de España acaba de elevar al 6,2% su previsión de crecimiento de la economía española. La crisis derivada de la pandemia persiste, pero la mejoría que los meses previos era más incierta se deja sentir ahora en varios indicadores económicos.

En cuanto a la evolución de la pandemia, las noticias ahora son de caída de la incidencia de los contagios y de los fallecimientos. Y, sobre todo, de frecuentes récords diarios en la vacunación, que han logrado que a comienzos del mes una de cada cuatro personas esté completamente inmunizada frente a la COVID. El objetivo anunciado por el presidente Sánchez es que el 70% de la población esté vacunada a finales de agosto.

Calviño sigue rechazando la subida

La Ministra Nadia Calviño, fiel defensora de una economía más ortodoxa y conservadora, mantiene una postura que no ha cambiado pese a la mejora de la situación epidemiológica y económica, como tampoco lo ha hecho el criterio de Yolanda Díaz, ahora también vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en el Gobierno. Esta sería la primera diferencia de fondo en el Gobierno de coalición tras la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La Vicepresidencia económica insiste en que aún no es el momento de subir los salarios más bajos, que alcanzan a alrededor de 1,5 millones de personas. "Todavía estamos viendo unos registros de paro juvenil, de ERTE en sectores como la hostelería o el alojamiento, que hace poco prudente el que se reanude esa subida del SMI en estas condiciones", afirmaba este fin de semana el recién nombrado número dos de Calviño, Gonzalo García, secretario de Estado de Economía.

"El planteamiento es: en este entorno en el que estamos todavía aproximadamente un millón de empleos por debajo de la situación prepandemia, si tomamos en cuenta los datos desestacionalizados, lo más prudente nos parece esperar a que tengamos más claridad sobre la recuperación y poder reanudar ese avance hacia el objetivo de final de la legislatura, que es el 60% del salario medio, y que culminaría el esfuerzo que se hizo al inicio de la legislatura", continuaba García. La vicepresidenta Calviño está insistiendo en todas sus intervenciones al respecto en que hay mantener "la prudencia".

Por su parte, Yolanda Díaz también ha reforzado sus menciones al salario mínimo en las últimas semanas, insistiendo en la necesidad de incrementarlo este 2021. La responsable de Trabajo recuerda de nuevo que la gran mayoría de países de la UE ha elevado sus salarios mínimos e insiste en que no es "justo" dejar sin ninguna subida salarial a las personas que menos ganan del mercado laboral mientras los sueldos pactados por convenio se incrementan y el propio Gobierno subió el salario de todos los empleados públicos un 0,9%. La misma subida, en línea con la previsión de inflación, se aprobó también para las pensiones.

"No es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, no congelados, sino con pérdida de poder adquisitivo", apuntó Yolanda Díaz a comienzos de este mes, con un argumento que ha añadido a la defensa del incremento del SMI: el auge de la inflación en los últimos meses debido al fuerte encarecimiento de la energía. El mes de mayo cerró con una subida de los precios del 2,7%, según los datos del INE.

La portavoz del Gobierno dice que se tiene que discutir

La ministra María Jesús Montero ha recordado este martes tras el Consejo de Ministros que "es evidente que el Gobierno va a cumplir con el compromiso de alcanzar el objetivo" de situar el SMI en el 60% del salario medio al final de la legislatura. La portavoz del Ejecutivo ha expresado que se tiene que debatir todavía la senda de subida: "Lo que podemos discutir es cómo lo distribuimos entre 2022 y 2023 o si incorporamos 2021".

Montero ha destacado que hay que "equilibrar" la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores con la recuperación del empleo. No solo hay que restituir los puestos de trabajo destruidos por la crisis de la pandemia, ha expresado la también ministra de Hacienda, sino que es también importante retomar "las expectativas de crecimiento de la ocupación" previas a la COVID.

El efecto en el empleo del incremento del salario mínimo es un tema muy discutido, sin conclusiones cerradas y con investigaciones con resultados en diferentes sentidos. La última más detallada, de economistas del Banco de España y centrada en el aumento del SMI del 22% en 2019, concluye que existió un efecto negativo limitado sobre el conjunto de asalariados: del -0,6% al -1,1%, que se puede traducir en unos 94.200 a 172.700 empleos menos. El organismo se inclina por considerar que el impacto no significó una destrucción de empleos sino más bien una merma en la creación de nuevos puestos de trabajo, todos ellos en el colectivo de trabajadores afectados directamente por la subida del SMI. La AIReF ha coincidido en que puede existir un efecto negativo en este grupo, pero más limitado, de hasta 33.000 empleos menos.

El informe no aborda "el efecto positivo esperado sobre el empleo a medio plazo" resultado del aumento de la masa salarial de este millón y medio de trabajadores alcanzados por la subida del SMI, destaca en este análisis el director del gabinete económico de CCOO, Carlos Martín Urriza. "Esta mejora de su poder de compra se trasformó en su práctica totalidad en demanda, dada la elevada propensión a consumir de los perceptores del salario mínimo", añade. En UGT recuerdan también que incrementar el salario mínimo "se convierte en un elemento de avance, clave para acotar la desigualdad por abajo y para permitir el acceso a unos estándares de bienestar".

La portavoz ha destacado que el Ejecutivo está pendiente de recibir "esta semana" el informe del comité de expertos del Ministerio de Trabajo sobre la cantidad a la que debe caminar el SMI para alcanzar ese 60% del salario medio. Esa cantidad no estaba muy clara y el Gobierno decidió encomendar un estudio a un colectivo de expertos y expertas. El informe está a punto de concluir y, según ha adelantado El País, la meta parece que se situará entre los 1.012 euros y 1.047 euros en 14 pagas en 2023, lo que supone un incremento de entre "el 6,5% y el 10,2%" sobre el actual SMI, de 950 euros al mes.

Cuando el informe esté listo, el Gobierno lo remitirá al diálogo social, ha explicado María Jesús Montero. Los sindicatos CCOO y UGT, que han protagonizado varias movilizaciones hasta la fecha para que se suba este año el salario mínimo, han pedido este martes que el Ejecutivo les cite de nuevo para abordar este tema. Los empresarios no se han pronunciado este martes, pero hasta la fecha han sido favorables a mantener congelados los salarios más bajos por la actual coyuntura de crisis.

En última instancia, le corresponde decidir al Consejo de Ministros. Fuentes de la parte socialista del Gobierno sostienen que el debate aún no ha tenido lugar en el conjunto del Ejecutivo y reconocen que hay posturas "resistentes" a que se suba este año, en referencia a la vicepresidenta económica. En la posición contraria está Yolanda Díaz, decidida a incrementarlo ya. Fuentes de su Ministerio precisan, no obstante, que ahora lo importante es recibir el informe de los expertos. "Una vez esté el estudio, el Gobierno decidirá", responden en Trabajo. Habrá que ver qué concluyen en este 'segundo asalto' del debate otros cargos económicos de peso en el Consejo de Ministros, como la responsable de Hacienda, que en la discusión de diciembre se inclinó por la congelación. Y, sobre todo, la clave está en qué decidirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuente: El Diarios.es

ESPAÑA. Llega a 13 millones de inmunizados y no priorizará la vacunación de adolescentes

 Este martes España ha cumplido otro objetivo en la batalla contra el coronavirus: más de 13 millones de inmunizados. El Ministerio de Sanidad ha informado sobre el avance del ritmo de la campaña de vacunación en el país por medio de sus estadísticas oficiales.

Desde que nuestro país empezó a recibir las primeras dosis del fármaco contra la pandemia a finales de diciembre de 2020, ya se han recibido un total de 37.633.215, de las cuales ya se han inoculado a la población 33.632.590 unidades.

Por otra parte, el número de personas que ya ha recibido al menos una dosis continúa ascendiendo a 21.713.840 (45,8% población), mientras que la gran noticia de hoy se centra en los 13.007.371 de personas que ya han recibido la pauta completa contra el virus y, por ende, están inmunizados, representando así al 27,4% población total.

Otros datos de relevancia se concentran en la llegada de las inyecciones por parte de las distintas marcas con las que España, por medio de la Unión Europea, ha llegado a un acuerdo para vacunar a sus habitantes. En números totales, se han administrado hasta este martes 23.754.526 dosis de Pfizer, 3.166.562  de Moderna, 5.832.723 de AstraZeneca y 878.779 de Janssen.

Tal y como el Gobierno de Pedro Sánchez lleva proclamando desde el pasado mes de abril, se espera que el 70% de los españoles estén vacunados contra el coronavirus cuando el verano toque a su fin. Acorde a las predicciones del Ejecutivo, los 15 millones de vacunados llegarán a mediados del mes de junio, por lo que esta meta a corto plazo se encuentra cada vez más cerca. Asimismo, Sánchez también anunció que, para la semana del 19 de julio, se prevé que sean 25 millones las personas inmunizadas.

Respecto al ránking de vacunación en las comunidades autónomas, Andalucía es la que más inmunizados tiene actualmente con 2.183.658 personas, le sigue Cataluña con 1.983.594 y Madrid con 1.790.892 en tercer lugar. En el lado contrario, las dos ciudades autónomas son las que menor porcentaje de vacunados con la pauta completa presentan.

La Comisión de Salud Pública da luz verde a la vacunación de menores de 12 años

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio, ha aprobado esta tarde la vacunación de nuevos grupos de vacunación. En concreto, el grupo 11 estará formado por personas de entre 30 y 39 años, el 12 entre 20 y 29 años y el 13 entre 12 y 19 años.

En el mismo sentido, han remarcado la necesidad de priorizar la vacunación de adolescentes a partir de 12 años que pertenezcan a los grupos 1, 4 y 7 (grandes dependientes y condiciones de muy alto riesgo), tras la aprobación de la vacunación para este grupo de edad el pasado 31 de mayo.

“Teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas en estas próximas semanas, la situación epidemiológica actual y la entrada en el periodo estival, y por cuestiones organizativas y de factibilidad, se podrá ir solapando la captación de diferentes grupos, manteniendo el orden de edad descendente”, asegura la institución en un comunicado oficial.

Fuente: El Plural.com

ESPAÑA. Movilizaciones contra Ayuso por su gestión ante las residencias de ancianos: "Es la mayor falta de respeto que se puede hacer hacia los mayores"

 Este martes 15 de junio, familiares e internos de residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid se han movilizado a modo de protesta contra la gestión de Ayuso

La Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) se ha movilizado este martes 15 de junio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, en una concentración frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Aduana 29, para exigir responsabilidades del drama que se ha vivido en las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus.

Mediante un comunicado oficial, la agrupación manifestó su condena frente a la gestión de Isabel Díaz Ayuso sobre las residencias de mayores: “No se puede pasar página. Las familias tenemos derecho a conocer la verdad de lo que pasó y que se depuren las responsabilidades de todo tipo que se deriven de esa hecatombe, incluidas las penales. Por eso señalamos a la Consejería de Sanidad con el señor Ruiz Escudero al frente”.

De esta manera, la razón principal de dicha reunión a modo de protesta se produce por los más 8.000 fallecidos que se produjeron en las residencias, así como la orden de la Consejería de no derivar residentes a los hospitales. "No hay peor maltrato que negar la asistencia médica a un ser humano por el hecho de ser viejo", condenaba la asociación.

🔴Los #mayores se concentran para pedir responsabilidades por lo ocurrido en las #residencias en la primera ola de la #pandemia. Te lo cuenta @luisfiuzatv.

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"Es la mayor falta de respeto que se puede hacer hacia los mayores", condena Unidas Podemos

Ante tal escenario, algunas formaciones políticas se han acercado a la manifestación para mostrar su apoyo a la condena de este sector de la población, el más afectado por los efectos del coronavirus desde su llegada a España en marzo de 2020.

Carolina Alonso, portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha acudido personalmente a la Consejería de Sanidad madrileña: "Hoy es el Día Contra el Maltrato al Mayor, y no hay mayor maltrato que el que ha hecho Ayuso con los protocolos de la vergüenza de no derivación de los residentes de las residencias a los hospitales y de no medicalizacion de las residencias durante la pandemia. "Es la mayor falta de respeto que se puede hacer hacia los mayores", condena Alonso.

De la misma manera, reclama a Isabel Díaz Ayuso que los centros sociosanitarios dejen de estar en manos de empresas privadas , "muchos de ellos en fondos buitre", argumentando que estos hacen uso de los recursos públicos de la región "para dar servicios precarios".

Estamos con los afectados por las muertes en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid, frente a la Consejería de Sanidad en el día contra el maltrato a la vejez.

Ayuso no derivó a los mayores a los hospitales y no medicalizó las residencias, no hay mayor maltrato. pic.twitter.com/7kh3NhW5BS — Carolina Alonso (@Carolalon1) June 15, 2021

Fuente: El Plural.com

14 de junio de 2021

EEUU. El Gobierno de Trump confiscó a Apple datos de congresistas demócratas para investigar filtraciones a la prensa

El Departamento de Justicia requirió los documentos mediante una orden secreta para averiguar el origen de las informaciones sobre los contactos del presidente con Rusia. También espió a periodistas

Durante la presidencia de Donald Trump (2017-2021), el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a Apple datos personales de dos legisladores demócratas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, así como de sus empleados y familiares. El objetivo era investigar el origen de las filtraciones a la prensa sobre los contactos entre el entonces presidente y el Kremlin, según ha informado este jueves The New York Times.

Uno de los congresistas afectados por los requerimientos de metadatos de sus comunicaciones fue Adam Schiff, serio rival de Trump, según el periódico neoyorquino. Schiff era por entonces el principal demócrata del comité, que preside desde enero de 2019. El legislador Eric Swalwell, que participó en las primarias demócratas a la Casa Blanca, ha confirmado a CNN que él fue el segundo afectado. “Recibí una notificación (...) de Apple de que se incautaron de mis registros. Está mal”, dijo.

Según el diario, funcionarios que trabajaban para el fiscal general Jeff Sessions requirieron los documentos a Apple en febrero de 2018 a través de una orden secreta, que se renovó en tres ocasiones hasta expirar este 2021. Fue entonces cuando la compañía de la manzana informó a los afectados de que sus metadatos habían sido requisados por el Departamento de Justicia.

Los trabajadores del departamento obtuvieron registros electrónicos no solo de los legisladores, sino también de sus empleados y familiares, incluido un menor, posiblemente porque los investigadores pensaron que los congresistas usaban los aparatos de sus allegados o hijos para esconder contactos con periodistas.

El objetivo del Gobierno de Trump era investigar de dónde salían las abundantes filtraciones a medios de comunicación sobre los contactos del entorno del entonces presidente con el Kremlin. Según el Times, el mecanismo usado no tiene precedentes conocidos. En el marco de esa misma investigación, el departamento que dirigía Sessions también requirió información de periodistas para intentar averiguar sus fuentes, según publicaron recientemente CNN, The New York Times y The Washington Post.

Finalmente, ninguno de los datos u otras evidencias vincularon a los miembros del Comité de Inteligencia con las filtraciones, afirma el Times. Schiff, que no ha confirmado que fuese un objetivo de la investigación, pidió que el inspector general del Departamento de Justicia revise “este y otros casos”.

En un comunicado, el congresista ha dicho que Trump “intentó usar el Departamento como un garrote contra sus oponentes políticos y miembros de los medios de comunicación”. La líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también ha pedido una investigación y ha calificado el descubrimiento de The New York Times como “horroroso”. “Estas acciones parecen ser otro atroz ataque a nuestra democracia por parte del expresidente”, ha dicho en un comunicado.

El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, presidido por Schiff, fue uno de los que lideró las investigaciones sobre los supuestos nexos de Trump con el Kremlin y después sobre sus contactos con Ucrania, que derivaron en el primer impeachment en contra del entonces presidente.

Fuente: El Pais.com 

CORONAVIRUS ESPAÑA. Casos, tendencia, ocupación hospitalaria y vacunación en mapas y gráficos

 























































































































































































Fuente: El Diario.es

RENTA BASICA. Experimento alemán de cobrar dinero a cambio de nada

 Un proyecto piloto entregará sin más 1.200 euros al mes durante tres años a los participantes, que solo deberán responder a cuestionarios periódicos

¿Qué haríamos si cada uno de nosotros recibiera del Estado cada mes una cantidad de dinero fija sin condición alguna? ¿Cómo cambiaría la vida de las personas? ¿Qué proyectos emprenderían? ¿Qué angustias dejarían atrás? En Alemania, la asociación sin ánimo de lucro Mein Grundeinkommen (es decir, mi renta básica), que defiende la introducción de este pago periódico a toda la población conocido como renta básica incondicional (RBI), ha puesto en marcha un proyecto piloto para averiguar sus efectos.

El proyecto empezó el 1 de junio y durará tres años. Durante ese tiempo, 122 personas adultas, seleccionadas de entre dos millones de aspirantes, recibirán 1.200 euros al mes y no tendrán que hacer nada a cambio, salvo responder online a siete cuestionarios periódicos. Son libres de utilizar ese dinero como les plazca, dinero que reciben independientemente de cuánto ganan en su trabajo o de si tienen ingresos por otras vías. El proyecto se financia con donaciones (5,2 millones de euros procedentes de 140.000 donantes privados), y lo supervisa el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW), con sede en Berlín.

Una crítica frecuente a la Renta Básica Incondicional (RBI), que es para toda la población, es cómo la financiarían los Estados

“Hicimos una primera prueba más pequeña hace siete años, de la que no surgieron datos estadísticos empíricos, pero sí muchas historias”, explica Michael Bohmeyer, iniciador de la asociación Mein Grundeinkommen, en su cuartel general en Berlín. Bohmeyer, de 36 años, fundó en el 2014 esta asociación, que tiene ahora un equipo de una treintena de profesionales.

Cuenta Bohmeyer que los participantes en esa primera prueba “dormían mejor, tenían mejor salud y más vida social, tomaron decisiones más audaces, unos cambiaron de trabajo y otros no, algunos estudiaron, otros emprendieron negocios…”. Y sobre todo, subraya Bohmeyer, ese primer estudio ofreció un indicio: “El mayor prejuicio contra la renta básica suele referirse al trabajo, pero vimos que nadie se volvió perezoso, sino más eficiente; la gente necesita seguridad material, y el temor existencial a no tener ingresos provoca estrés en el cuerpo y la mente, por lo que la certeza de un ingreso regular les dio una sensación de renovada energía”.

“La gente no se volvió perezosa, sino más eficiente”, dice Michael Bohmeyer de una prueba anterior de menor tamaño

La RBI no es un mecanismo asistencial, si bien “la idea ha sido popular en países no tan ricos o con grandes desigualdades sociales, como Kenia, Ruanda, Namibia, Brasil o India, donde ha habido proyectos de entrega de dinero a personas necesitadas”, dice Bohmeyer. El proyecto en curso en Alemania mira a la clase media.

El iniciador de Mein Grundeinkommen rechaza la noción de que el coste de crear una RBI pueda ir en detrimento de las ayudas sociales del Estado a personas vulnerables. “La RBI no segregaría entre personas necesitadas y personas que no lo están”, aclara, y asegura que el resultado sería una redistribución.

Una crítica frecuente a la renta básica incondicional es cómo se financiaría. “Es un aspecto que abordaremos en las fases siguientes del estudio; la idea es que todas las personas tengan garantizada una cantidad, pongamos 1.000 euros, pero al tiempo todos tendrían que pagar más impuestos, por lo que no significa que todos reciben 1.000 euros de más, sino que en el balance los ricos recibirían menos y los pobres más”, argumenta el activista, para zanjar así el asunto.

La idea de entregar dinero a la población sin más tiene sus dosis de controversia. En junio del 2016, un referéndum en Suiza sobre la cuestión se saldó con un rechazo mayoritario de los votantes (casi el 77%), en una convocatoria que se realizó porque sus impulsores lograron reunir las cien mil firmas necesarias. En Finlandia, el Gobierno hizo un test de dos años (2017-2018) en el que dio a 2.000 parados 560 euros mensuales sin condiciones. El estudio constató que pocos consiguieron empleo, pero que sus niveles de estrés e inseguridad descendieron.

En el proyecto piloto en Alemania, los 43.200 euros por cabeza que cobrarán los 122 participantes en estos tres años no tributan. Otras 1.378 personas rellenarán también cuestionarios –para recabar datos comparativos–, pero sin recibir renta, solo una asignación para gastos. Otros socios del proyecto son la Universidad de Colonia y el Instituto Max Planck de Investigación sobre bienes colectivos

Fuente: La Vanguardia.com