DE LA FRAGILIDAD DEL DERECHO INTERNACIONAL EN TIEMPOS DE GUERRA

Investigación de Amnistía Internacional concluye que Trump podría ser culpable de crímenes de guerra.

Amnistía Internacional acusa a EEUU de "no tomar todas las precauciones" y violar el derecho internacional en su ataque contra un colegio infantil en Irán

El 28 de febrero de 2026 marca una fecha especialmente oscura en el escenario geopolítico contemporáneo. 

Ese día, Estados Unidos e Israel iniciaron ofensiva militar contra Irán que, además de ir por objetivos estratégicos, derivó en ataques salvajes contra población civil. El bombardeo de una escuela infantil en la ciudad de Minab, en el sur del país, se convirtió en el símbolo más crudo de una intervención que ha sido ampliamente cuestionada por su legalidad y su ética.

La magnitud de la tragedia es difícil de asimilar: al menos 168 personas murieron, entre ellas más de 100 niños. La escuela Shajareh Tayyebeh, un espacio concebido para la educación y protección de menores, fue reducida a escombros en cuestión de segundos. Este hecho no solo representa una pérdida irreparable de vidas humanas, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre el respeto al derecho internacional humanitario por parte de las potencias implicadas.

Estados Unidos reconoció la autoría del ataque, alegando que se trató de un error de inteligencia. Según su versión, el objetivo era un edificio adyacente perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica. Sin embargo, las investigaciones realizadas por Amnistía Internacional ponen en duda esta justificación. El análisis de imágenes satelitales, restos de munición, testimonios y declaraciones oficiales revela que la escuela estaba claramente diferenciada del complejo militar desde al menos 2016, separada por muros y accesos independientes.

Este contexto convierte el “error” en una posible negligencia grave. El derecho internacional humanitario establece de manera inequívoca la obligación de distinguir entre objetivos militares y civiles. Las escuelas, como bienes civiles, están explícitamente protegidas. Además, incluso en el caso de proximidad a un objetivo militar, las fuerzas atacantes deben tomar todas las precauciones posibles para minimizar daños a la población civil. Entre estas medidas se incluyen la elección de horarios que reduzcan la presencia de personas o la emisión de advertencias previas. Ninguna de estas precauciones parece haberse aplicado en Minab.

El momento del ataque agrava aún más la responsabilidad. Ocurrió a las 9:45 de la mañana, cuando la escuela estaba en pleno funcionamiento. De hecho, según testimonios recogidos, el centro había pedido a las familias que recogieran a sus hijos debido a la escalada de tensiones. Muchas de ellas se encontraban en camino cuando el bombardeo tuvo lugar. La escena descrita por los testigos —vecinos intentando rescatar a niños, profesores permaneciendo en el edificio hasta el final— refleja no solo el horror del momento, sino también la absoluta falta de previsión por parte de los atacantes.

Amnistía Internacional ha concluido que Estados Unidos violó el derecho internacional humanitario al no adoptar las medidas necesarias para proteger a la población civil. La organización plantea dos escenarios igualmente preocupantes: o bien no se identificó correctamente el objetivo, lo que evidenciaría un fallo grave de inteligencia, o bien se conocía la presencia de civiles y se decidió atacar igualmente, lo que constituiría un acto imprudente e indiscriminado. En ambos casos, el resultado es el mismo: una posible comisión de un crimen de guerra.

Este episodio no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la impunidad de los actores internacionales. La repetición de patrones —ataques a zonas densamente pobladas, justificaciones basadas en errores técnicos, ausencia de consecuencias claras— erosiona la credibilidad del sistema internacional y debilita los mecanismos diseñados para proteger a los más vulnerables.

En definitiva, el ataque a la escuela de Minab no solo representa una tragedia humanitaria, sino también un desafío directo al orden jurídico internacional. 

La exigencia de una investigación transparente y la rendición de cuentas no son meros formalismos, sino condiciones indispensables para preservar los principios básicos de humanidad en tiempos de guerra. Sin ellas, el riesgo es claro: que la excepción se convierta en norma y que la vida civil pierda definitivamente su carácter inviolable.

Fuente: El Plural.com

Respecto la situación jurídica del Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

En términos legales estrictos, Benjamín Netanyahu no ha sido declarado culpable ni condenado como criminal de guerra hasta la fecha de marzo de 2026. Sin embargo, se encuentra en una situación jurídica sin precedentes que lo sitúa bajo esa acusación formal ante la comunidad internacional.

A continuación, se detalla su situación actual:

• Orden de arresto vigente.- En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra él por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza.
• Cargos específicos.- La CPI determinó que existen "motivos razonables" para creer que es responsable de delitos como el uso del hambre como método de guerra, asesinato, persecución y ataques directos contra la población civil.
• Implicaciones internacionales.- Aunque no hay una sentencia firme, la orden de arresto obliga legalmente a los más de 120 países miembros de la CPI (como los de la Unión Europea) a detenerlo si entra en su territorio. Países como Noruega han confirmado recientemente (marzo de 2026) que cumplirían con esta obligación.
• Postura de Israel y aliados.- Netanyahu y su gobierno rechazan tajantemente la jurisdicción de la CPI, calificando las acusaciones de "antisemitas" y políticamente motivadas. Estados Unidos tampoco reconoce la autoridad de este tribunal sobre líderes israelíes.

En resumen. Netanyahu es un sospechoso legal con orden de captura internacional por crímenes de guerra, pero no ha sido sentenciado ni declarado criminal de guerra en juicio formal.

Fuente: ONU

Pronóstico del presidente de Gad3 si en España hubiese elecciones generales ahora. Y de si habrá acuerdo entre PP y Vox, y cuando será.

 El análisis político en España tras las recientes elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León revela un escenario complejo, marcado por la fragmentación del voto y la necesidad de pactos entre fuerzas ideológicamente afines.

Desde de la interpretación del demóscopo Narciso Michavila, presidente de Gad3, se puede trazar un diagnóstico claro: 

El cambio político a nivel nacional es posible, pero no está garantizado, ya que depende fundamentalmente de la capacidad de entendimiento entre el Partido Popular y Vox.

En primer lugar, los resultados electorales en estas tres comunidades muestran un patrón consistente: el Partido Popular ha sido la fuerza más votada con amplitud, lo que refleja un respaldo significativo por parte del electorado. Sin embargo, esta victoria no se traduce automáticamente en capacidad de gobierno. La aritmética parlamentaria obliga al PP a buscar el apoyo de Vox, una circunstancia que pone de manifiesto la importancia de las coaliciones en el actual sistema político español. La negativa o reticencia de Vox a facilitar gobiernos sin acuerdos concretos introduce un elemento de incertidumbre que dificulta la formación de ejecutivos estables.

Michavila interpreta este escenario como un mensaje claro del electorado. A su juicio, los votantes han “hecho sus deberes” al configurar mayorías que requieren cooperación entre ambas formaciones. Es decir, la responsabilidad de desbloquear la situación recae ahora en los partidos, no en los ciudadanos. Esta idea subraya una tensión habitual en sistemas multipartidistas: la voluntad popular puede quedar parcialmente frustrada si los actores políticos no logran alcanzar acuerdos.

La consecuencia más relevante de esta falta de entendimiento podría ser su proyección a nivel nacional. Según el experto, si los resultados autonómicos se replicaran en unas elecciones generales, el cambio de gobierno sería factible. No obstante, advierte que dicho cambio depende de un factor crucial: la coordinación entre PP y Vox. En ausencia de pactos, el actual presidente podría mantenerse en el poder independientemente del momento en que se celebren los comicios. Así, la clave del futuro político de España no reside únicamente en los resultados electorales, sino en la capacidad de negociación posterior.

Por otro lado, Michavila rechaza la idea de que Vox haya obtenido malos resultados. Considera que esta percepción responde más a expectativas infladas que a la realidad de los datos. En este sentido, establece un paralelismo con otros líderes políticos del pasado, como Albert Rivera o Pablo Iglesias, quienes también se vieron impulsados por expectativas poco realistas que posteriormente no se materializaron. Este fenómeno pone de relieve el papel que juegan las narrativas mediáticas y las encuestas en la construcción de percepciones políticas.

Asimismo, el analista minimiza la influencia de factores como el discurso del “no a la guerra” en los resultados electorales recientes, calificándolo como un enfoque excesivamente centrado en la política nacional y madrileña. Esto sugiere que los votantes en elecciones autonómicas tienden a priorizar cuestiones más cercanas o específicas de su territorio, en lugar de debates de carácter internacional o estatal.

Finalmente, Michavila plantea una reflexión sobre el legado político del actual gobierno. Señala que el presidente podría dejar tras de sí un partido socialista hegemónico en la izquierda, con sus competidores debilitados. Sin embargo, esta hegemonía no sería necesariamente resultado de una fortaleza propia absoluta, sino también de la incapacidad del bloque de derechas para articular una alternativa viable. De este modo, el equilibrio político en España se presenta como una combinación de fuerzas: la consolidación de un bloque y la descoordinación del otro.

En conclusión, el panorama político español atraviesa un momento decisivo en el que los resultados electorales, por sí solos, no determinan el rumbo del país. La clave reside en la política de pactos, especialmente entre el Partido Popular y Vox. La capacidad de ambas formaciones para superar sus diferencias y construir una alternativa conjunta será determinante para el futuro gobierno de España. Mientras tanto, la falta de acuerdos podría perpetuar la situación actual, evidenciando que, en política, ganar no siempre es suficiente para gobernar.

Fuente: Huffington

POSDATA

Jesús Cintora, pregunta a Ernesto Ekaizer, si Feijóo "está suplicando" a Abascal y éste no deja lugar a dudas.

El escenario político que se dibuja tras las elecciones autonómicas en Castilla y León refleja, una vez más, la compleja dinámica de dependencias entre el Partido Popular y Vox. En este contexto, las declaraciones cruzadas y las interpretaciones mediáticas ponen de relieve no solo una negociación coyuntural, sino también una tensión estratégica más profunda que afecta al equilibrio de la derecha española.

El intercambio entre Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer sitúa el foco en la actitud de Alberto Núñez Feijóo frente a Santiago Abascal. La pregunta de si Feijóo “está suplicando” no es meramente retórica, sino que apunta a una percepción creciente: la urgencia del líder popular por cerrar acuerdos revela una posición de debilidad relativa, condicionada por la aritmética parlamentaria.

Tras los comicios, Vox vuelve a erigirse como actor imprescindible para la formación de gobiernos en varias comunidades autónomas. Esta situación otorga a Abascal una capacidad de presión que trasciende lo regional, proyectándose sobre la estrategia nacional del PP. Feijóo, consciente de que el tiempo juega en su contra, intensifica su discurso apelando a la responsabilidad democrática y a la necesidad de respetar los resultados electorales. Sin embargo, esta apelación encierra una paradoja: quien obtuvo más votos se ve obligado a negociar desde una posición en la que no puede imponer sus tiempos ni sus condiciones.

Ekaizer interpreta esta urgencia como un intento claro de evitar una repetición electoral, escenario que podría erosionar aún más la posición del Partido Popular. Pero introduce, además, una variable clave: el calendario político. La cercanía de futuras elecciones, como las andaluzas, condiciona la estrategia de Vox, que podría optar por dilatar los acuerdos para maximizar su rédito electoral. En este sentido, la negativa o demora de Abascal no sería una simple cuestión de negociación, sino una táctica política calculada dentro de una lógica de crecimiento político.

Más allá de la táctica, el análisis de Ekaizer introduce un elemento ideológico que amplía el debate. Al señalar coincidencias en política internacional, sugiere que las diferencias entre ambos líderes podrían ser menos significativas de lo que aparentan en el plano discursivo. 

Esta perspectiva desplaza la discusión desde el terreno de las formas —si hay súplica o urgencia— hacia el fondo: la convergencia programática y sus implicaciones para el sistema político español.

En definitiva, la situación descrita evidencia una relación asimétrica, donde el Partido Popular necesita a Vox más de lo que Vox necesita al Partido Popular en este momento concreto. La urgencia de Feijóo, interpretada por algunos como una forma de presión y por otros como una señal de debilidad, refleja las limitaciones de un liderazgo condicionado por la fragmentación del voto y la necesidad de pactos. Mientras tanto, Abascal mantiene una posición expectante, consciente de que cada día sin acuerdo puede reforzar su capacidad negociadora.

Este episodio no solo ilustra una negociación política puntual, sino que también pone de manifiesto una tendencia estructural: la consolidación de un sistema en el que las mayorías absolutas son cada vez más difíciles y donde los equilibrios dependen de alianzas que, lejos de ser automáticas, caracterizadas por intereses estratégicos, tiempos electorales y afinidades ideológicas.

Fuente: El Plural.com

TUNGSTENO O WOLFRAMIO. Recurso invisible que sostiene el poder global

 El tungsteno o wolframio, es una materia prima que normalmente pasa inadvertida, pero que es clave, para industrias y ejércitos, de todo el mundo.

En el entramado de materias primas que sostienen la economía y la seguridad mundial, pocas resultan tan decisivas y, al mismo tiempo, tan desconocidas como el tungsteno —también llamado wolframio—. 

Lejos de captar la atención pública como el petróleo o el litio, este metal pesado se ha convertido en un pilar silencioso de la industria moderna y, especialmente, de la capacidad militar de los Estados. Su relevancia no solo radica en sus propiedades físicas excepcionales, sino también en su creciente valor estratégico en un contexto de tensiones geopolíticas y reconfiguración de las cadenas de suministro.

El tungsteno posee características únicas que lo sitúan en una categoría singular dentro de los elementos de la naturaleza. Destaca por tener el punto de fusión más alto de todos los metales, una extraordinaria resistencia a la tracción y una presión de vapor extremadamente baja. Estas cualidades lo convierten en un material idóneo para entornos extremos, donde otros metales fallarían. Además, su elevada densidad lo hace especialmente útil en aplicaciones que requieren resistencia a altas presiones, protección contra la radiación y durabilidad frente a la corrosión. No es casualidad que su uso se extienda desde la industria nuclear y médica hasta la fabricación de componentes de alta precisión.

Sin embargo, es en el ámbito militar donde el tungsteno adquiere una dimensión crítica. Su capacidad para sustituir al plomo en municiones lo ha convertido en un elemento clave en la evolución del armamento moderno. Actualmente, se emplea en proyectiles de tanques, aeronaves y sistemas de artillería, así como en misiles, blindajes y motores de cazas de combate. Esta creciente dependencia ha llevado a que organismos como la Unión Europea y el Departamento de Defensa de Estados Unidos lo incluyan en sus listas de minerales críticos, reconociendo su importancia para la seguridad nacional y la autonomía estratégica.

El problema radica en su escasez y en la concentración geográfica de su producción. La extracción de tungsteno es compleja y solo unos pocos yacimientos en el mundo resultan económicamente viables. En este escenario, China domina de forma abrumadora el mercado, con aproximadamente el 80% de la producción global, seguida a gran distancia por países como Rusia o Corea del Norte. Esta concentración otorga a Pekín una poderosa herramienta de influencia geopolítica, como quedó demostrado en febrero de 2025, cuando impuso restricciones a la exportación del metal. La medida provocó un aumento inmediato de los precios, con subidas cercanas al 40% en cuestión de días, y evidenció la vulnerabilidad de las economías occidentales.

Desde entonces, el precio del tungsteno ha experimentado una escalada sin precedentes. En apenas un año, su valor se ha multiplicado más de cinco veces, alcanzando en 2026 los 2.250 euros por tonelada métrica, frente a los poco más de 345 euros del año anterior. Este incremento, impulsado por una combinación de mayor demanda —especialmente por el rearme global tras la guerra de Ucrania— y restricciones en la oferta, ha reconfigurado el mapa de oportunidades y riesgos en torno a este recurso.

En este nuevo contexto, la península ibérica emerge como una alternativa estratégica de primer orden. Aunque España y Portugal producen actualmente cantidades modestas —alrededor de 700 y 500 toneladas anuales, respectivamente—, el verdadero valor reside en el potencial de sus reservas. Estudios recientes sugieren que solo en la provincia de Salamanca podría concentrarse hasta un 10% de las reservas mundiales de tungsteno. Proyectos como la mina de Barruecopardo, con millones de toneladas estimadas, o el yacimiento de El Moto en Ciudad Real, posicionan a España como un actor clave en el futuro suministro europeo.

La relevancia de estos proyectos trasciende lo económico. En un momento en que Estados Unidos, dejó de producir tungsteno en 2016, busca reactivar su extracción, y otros países como Canadá o Corea del Sur intentan diversificar sus fuentes, Europa necesita asegurar su acceso a materias primas críticas. En este sentido, España no solo representa una oportunidad industrial, sino también una pieza fundamental en la autonomía estratégica del continente.

En conclusión, el tungsteno ejemplifica cómo un recurso aparentemente marginal puede convertirse en un elemento central del equilibrio global. Su combinación de propiedades únicas, aplicaciones militares y concentración geográfica lo sitúan en el corazón de las tensiones del siglo XXI. 

A medida que el mundo avanza hacia una nueva era de competencia entre potencias, el control de materiales como el wolframio será tan determinante como el de la energía o la tecnología. 

Y en ese escenario, países como España podrían desempeñar un papel mucho más relevante del que hasta ahora se les ha atribuido.

Fuente: El Economista.es

CONFLICTO DE IRÁN. De los sectores más perjudicados con la guerra actual, y de los más beneficiados.

 Más allá de aumento de los beneficios de empresas de energía y armamento, existen efectos negativos  en otros sectores, a consecuencia de la guerra.

Poco más de una semana después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, los efectos del conflicto se sienten en la economía mundial.

El 27 de febrero pasado, un día antes del inicio de las hostilidades, el precio del barril del Brent y del WTI se ubicaba en torno a los 70 dólares USA.

En comparación, el 9 de marzo, el precio del barril de petróleo Brent y del WTI, crudos de referencia en el mercado internacional, superó la barrera de los US$100 por primera vez desde 2022, aunque ese mismo día retrocedió hasta ubicarse por debajo de los US$95. Sin embargo, la nueva ola de ataques iraníes contra buques tanqueros de las últimas horas ha vuelto a situar el precio del crudo en US$100.

Este incremento de los precios de los combustibles responde fundamentalmente al cierre virtual del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, luego de que el gobierno de Irán amenazara a los barcos que intenten cruzar esa vía marítima por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo y el gas del mundo.

El actual conflicto en Medio Oriente, más allá de su impacto inmediato en los precios del petróleo y el gaso, está generando una serie de efectos en cadena que amenazan con desestabilizar múltiples sectores de la economía global. Aunque el encarecimiento de la energía era un desenlace previsible debido a la implicación de actores clave y al cierre de rutas estratégicas, las consecuencias más profundas comienzan a manifestarse en áreas menos evidentes pero igualmente críticas: la producción de alimentos, la distribución de medicamentos y la industria tecnológica e industrial.

En primer lugar, la producción mundial de alimentos se encuentra en una situación de riesgo creciente. 

Esto es debido a que varios países involucrados en el conflicto de la región afectada, son importantes exportadores de fertilizantes nitrogenados, esenciales para cultivos que sostienen aproximadamente la mitad de la producción alimentaria global. La interrupción tanto de la producción como, especialmente, de las exportaciones —agravada por el cierre de rutas marítimas clave— está provocando un aumento significativo en los precios de estos insumos. A ello se suma la restricción de exportaciones por parte de grandes productores internacionales, lo que intensifica aún más la escasez. Este escenario resulta particularmente crítico debido a su coincidencia con la temporada de siembra en el hemisferio norte, lo que podría traducirse en cosechas más reducidas en los próximos meses. En consecuencia, es previsible un aumento en los precios de los alimentos y una posible escasez, con efectos especialmente devastadores para las poblaciones más vulnerables, ampliando el riesgo de inseguridad alimentaria a escala global.

En segundo lugar, la cadena de suministro de medicamentos también está siendo gravemente afectada. 

La interrupción de importantes centros logísticos en la región, que funcionan como nodos clave para la distribución global de productos farmacéuticos, ha generado retrasos y encarecimiento en el transporte de medicamentos. Esto resulta especialmente preocupante en el caso de productos que requieren condiciones específicas de conservación, como vacunas o tratamientos sensibles a la temperatura. La dependencia de rutas aéreas rápidas y seguras para este tipo de mercancías hace que cualquier alteración tenga consecuencias inmediatas. Aunque existen rutas alternativas, estas presentan limitaciones en capacidad, mayores costos y tiempos de tránsito más largos, lo que podría traducirse en una menor disponibilidad de medicamentos y un incremento de precios a nivel mundial. Este fenómeno no solo afecta a los sistemas de salud, sino que también pone en riesgo la continuidad de tratamientos en numerosos países.

Por último, el conflicto está repercutiendo en la producción de, metales, sustancias químicas y dispositivos electrónicos. 

La interrupción en el suministro de materias primas clave, como el azufre, está afectando directamente a industrias fundamentales. Este elemento es esencial no solo para la producción de fertilizantes, sino también para la fabricación de ácido sulfúrico, utilizado en procesos industriales que abarcan desde la minería hasta la producción de semiconductores. La reducción en la disponibilidad de estos insumos está provocando recortes en la producción de metales estratégicos como el níquel y el cobre, indispensables para la fabricación de tecnologías modernas, incluyendo vehículos eléctricos, redes eléctricas y dispositivos electrónicos. Además, el posible impacto en la producción de chips resulta especialmente preocupante en un contexto donde la demanda tecnológica, impulsada por el desarrollo de la inteligencia artificial, se encuentra en niveles históricamente altos. Esto podría generar una nueva crisis de semiconductores similar a la experimentada durante la pandemia, con consecuencias directas en la producción y el precio de numerosos bienes.

En conclusión, el conflicto en Medio Oriente está demostrando cómo la economía global, profundamente interconectada, puede verse afectada por tensiones regionales de manera amplia y compleja. Más allá del impacto energético inicial, las perturbaciones en sectores clave como la agricultura, la salud y la tecnología revelan la fragilidad de las cadenas de suministro internacionales. 

De prolongarse esta situación, el mundo podría enfrentar un escenario caracterizado por inflación, escasez de productos esenciales y un aumento de las desigualdades, lo que subraya la necesidad de estrategias globales que fortalezcan la resiliencia ante este tipo de crisis.

Fuente: BBC

Beneficios por sectores de empresas que más suben en bolsa por la guerra.

 El impacto de la guerra con Irán en la bolsa mundial durante el último mes ha generado resultados muy diferenciados entre los sectores clave, con las empresas energéticas y armamentísticas experimentando ganancias significativas, mientras que las petroleras y gasistas han tenido un comportamiento más volátil, aunque con beneficios potenciales claros.

A continuación, se resume el impacto aproximado en cada sector, basado en las tendencias observadas:

1. Sector Armamentístico (Defensa)

Este sector ha sido uno de los mayores beneficiados por la escalada de tensiones, ya que el conflicto impulsa el gasto militar:

• Ganancias Notables.- Las acciones de defensa en EE. UU. se han revalorizado cerca de un 50% en los últimos 12 meses, impulsadas por el belicismo del presidente Trump y la inestabilidad global.
• Ejemplos Específicos:
• Northrop Grumman.- Ha ganado aproximadamente un 58% en los últimos doce meses.
• Lockheed Martin.- Ha ganado cerca de un 45% en el mismo período
• BAE Systems (Europa).- Ha subido cerca de un 64% desde el inicio del año.
• Tendencia Reciente.- Hubo un rally inicial tras el inicio de la guerra, aunque algunas acciones estadounidenses se frenaron en la segunda semana debido a las presiones de Trump para aumentar la producción, lo que generó incertidumbre sobre los contratos.  A pesar de esto, la perspectiva de reposición de municiones y un posible proyecto de ley de gasto suplementario de $50 mil millones o más es positiva para el sector.

2. Sector Petrolero y Gasista (Energía)

El sector energético se beneficia directamente del riesgo geopolítico que amenaza el tránsito por el Estrecho de Ormuz (por donde pasa cerca del 20% del crudo mundial y el 23% del GNL).

• Precios del Crudo: Los precios del petróleo han mostrado fuertes subidas, llegando a rozar los $120 por barril en momentos de máxima tensión, con incrementos que rondan el 50% desde el inicio de la escalada.
• Ganancias de Petroleras (EE. UU.): Las petroleras estadounidenses, con menor exposición directa a Oriente Medio, son las grandes ganadoras. Se estima que podrían obtener un beneficio adicional de más de $63 mil millones en el año si los precios se mantienen en los niveles actuales (alrededor de $100 por barril).
• Compañías como ExxonMobil y Chevron capturan esta subida gracias a su producción propia en Norteamérica.
• Impacto en Gasistas: El gas natural también ha registrado subidas superiores al 60%, afectando especialmente a Europa. Las empresas con provisión de gas asegurada son vistas como apuestas sólidas.
• Volatilidad: Las grandes petroleras internacionales (BP, Shell, TotalEnergies) están más expuestas al riesgo del cierre de Ormuz, lo que genera volatilidad en sus acciones.

Resumen de Rendimientos Aproximados (último Mes)

Sector	Tendencia Principal	Cifras Clave/Ganancia Aproximada
Armamentístico	Fuerte y sostenido al alza	Ganancias de dos dígitos (ej. BAE Systems: +64% en el año; Northrop: +58% en 12 meses).
Petrolero (EE. UU.)	Ganancias significativas por precio del crudo	Potencial de +$63 mil millones en ganancias adicionales para el sector en el año.
Gasistas	Fuerte subida por riesgo en GNL

ANEXO I

Cuantificación de beneficios de las empresas más favorecidas  en bolsa por la guerra de Irán

Las grandes petroleras occidentales (ExxonMobil, Shell, Chevron, BP, TotalEnergies, etc.) han ganado ≈ 217.000 millones de dólares en capitalización bursátil en un solo mes

• Otras estimaciones más conservadoras hablan de +130.000 millones de dólares para las principales compañías
• En conjunto, el rango realista es:+130.000 a +217.000 millones $ en el último mes.

2) Subidas en acciones de las petroleras

• Muchas petroleras han subido entre +15% y +23%
• Ejemplo:
• Repsol: +21% en semanas

    3) Motivo

• El petróleo ha superado los 100 $/barril por el conflicto y el riesgo en el estrecho de Ormuz
• Menor oferta + miedo → precios altos → más beneficios esperados

 Empresas armamentísticas (ganan, pero menos cuantificado)

1) Subidas en bolsa

No hay una cifra global tan clara como en petroleras, pero sí tendencias:

• Empresas como:
• Northrop Grumman: +6%
• RTX (Raytheon): +5%
• L3Harris, General Dynamics: subidas similares
• En general:
• Subidas típicas del sector defensa: +5% a +10% en días/semanas iniciales

2)Motivo

• Expectativa de:
• Más gasto militar
• Reposición de armas
• Escalada prolongada del conflicto

Comparación rápida

Sector	Ganancia total estimada (1 mes)	Subida típica
️ Petroleras	+130.000 a +217.000 millones $	+15% a +23%
Defensa	+50.000 millones de dólares	+5% a +10%

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CONCLUSIÓN

Las petroleras son, con diferencia, las grandes beneficiadas ganancias masivas y directas por el precio del crudo.

Las armamentísticas también suben, pero de forma más moderada y progresiva (dependen de contratos futuros, no de precios inmediatos).

• Este patrón es típico en conflictos:
• Energía → impacto inmediato
• Defensa → impacto más sostenido en el tiempo.

Fuente: Agencias

CORPUPCIÓN POLITICA. Del mundo de Milei, y de sus amigos, Ayuso y Abascal, donde "unos tienen la fama y otros cardan la lana".

Intrahistoria de investigación por presunta cripto-estafa millonaria con un reparto de estrellas espectacular, con Milei como protagonista y en el papel de invitados, Ayuso y Abascal (que finalmente parece, no picaron del anzuelo de la estafa, aunque supuestamente, la información les llegase de primera mano)

La trama de LIBRA: poder político, criptomonedas y un supuesto fraude

La irrupción de las criptomonedas en la economía global ha traído consigo tanto innovación como nuevas formas de fraude. 

El caso de la criptomoneda LIBRA en Argentina representa un ejemplo paradigmático de cómo la combinación de poder político, especulación financiera y opacidad tecnológica puede derivar en un escándalo de grandes proporciones. La presunta implicación del presidente argentino, Javier Milei, ha colocado este caso en el centro del debate público, no solo por la magnitud económica del fraude, sino también por sus implicaciones institucionales.

El detonante de la trama fue un tuit publicado el 14 de febrero de 2025 por Milei, en el que promocionaba la criptomoneda LIBRA. Hasta ese momento, se trataba de un activo prácticamente desconocido, lanzado por el empresario estadounidense Hayden Davis. Sin embargo, tras la publicación presidencial, el valor del token experimentó un crecimiento explosivo, pasando de 0,3 dólares a casi cinco en cuestión de minutos. Este aumento repentino atrajo a miles de inversores, muchos de los cuales terminaron perdiendo su dinero cuando el precio colapsó poco después.

La investigación judicial, inicialmente paralizada en un juzgado federal de Buenos Aires, ha cobrado nuevo impulso tras la filtración de un peritaje informático clave. Dicho informe, elaborado sobre el teléfono del lobista tecnológico Mauricio Novelli, revela una serie de comunicaciones y documentos que apuntan a una posible coordinación entre distintos actores. Entre las pruebas más comprometedoras figura un borrador de contrato que detalla un plan de pagos por cinco millones de dólares al presidente, presuntamente a cambio de su participación en la promoción del activo (ver abajo Anexo I).

Este hallazgo ha alterado significativamente la dinámica del caso. Según los datos recuperados, existió una intensa actividad de comunicaciones —incluyendo alrededor de 200 llamadas en las 72 horas previas al lanzamiento— que sugiere una operación cuidadosamente planificada. En este entramado también aparece implicada Karina Milei, hermana del mandatario, lo que refuerza la hipótesis de una estructura coordinada desde el entorno más cercano al poder.

El mecanismo del presunto fraude responde a un esquema clásico en el mundo cripto: el llamado “pump and dump”. Un reducido grupo de operadores, presuntamente vinculados a Davis y Novelli, habría adquirido grandes cantidades del activo antes de su promoción pública. Tras el aumento artificial del precio provocado por la difusión del tuit presidencial, estos actores habrían vendido sus posiciones, obteniendo beneficios millonarios mientras miles de inversores sufrían pérdidas. Se estima que unas 40.000 personas fueron afectadas, mientras que las ganancias ilícitas podrían haber alcanzado los 200 millones de dólares.

La gravedad del caso no solo radica en el fraude económico, sino también en el posible uso de la investidura presidencial para legitimar una operación especulativa. Elementos como la inclusión de un código técnico en el tuit de Milei —que no había circulado previamente— o la coordinación de su discurso público posterior refuerzan las sospechas de que el mandatario no actuó de manera espontánea, como él mismo afirmó.

Además, las revelaciones sobre transferencias sospechosas, facturación previa al lanzamiento y movimientos de dinero a través de intermediarios apuntan a una red financiera compleja. Incluso se ha planteado la posibilidad de la existencia de testaferros, lo que dificultaría rastrear el destino final de los fondos.

En el ámbito político, las consecuencias han sido inmediatas. Sectores de la oposición, representados por figuras como Esteban Paulón, han denunciado la falta de avance en la causa y han impulsado nuevas comisiones de investigación. Paralelamente, el rol del fiscal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez de Giorgi ha sido cuestionado por la aparente inacción durante meses, lo que ha generado sospechas sobre posibles encubrimientos o negligencias.

En conclusión, el caso LIBRA trasciende el ámbito de un simple fraude financiero. Se trata de una crisis que pone en tela de juicio la integridad de las instituciones, la transparencia del poder político y la regulación de los mercados digitales. A medida que avanza la investigación, queda por determinar si las pruebas serán suficientes para establecer responsabilidades penales. Lo que ya resulta evidente es que este escándalo marca un punto de inflexión en la relación entre política y criptomonedas en América Latina.

Fuente: El Diario.es

Contrato hallado en móvil de inversor incluye pago de 5 millones de dólares a Milei para promocionar cripto-estafa LIBRA

Una investigación periodística informa, que fue encontrado un borrador de contrato en el móvil del lobista Mauricio Novelli que implicaría al presidente Javier Milei en la promoción de la criptomoneda $LIBRA a cambio de dinero. Según ese documento, se habrían pactado pagos por un total de 5 millones de dólares: 1,5 millones por adelantado, otra cantidad similar por publicar un tuit promocional y 2 millones por firmar el acuerdo en persona junto a su hermana.

El contrato habría sido acordado con Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y creador del token, pocos días antes del lanzamiento de la criptomoneda. La investigación señala que este archivo fue hallado en dispositivos incautados por la justicia y se suma a otras pruebas del caso.

Además, registros de llamadas muestran una comunicación intensa entre el entorno de Milei y el lobista antes y después del lanzamiento y posterior caída del cripto-activo, lo que refuerza las sospechas sobre su implicación.

Fuente: El Diario.es

 

ANEXO I

Detalle del borrador del contrato

El contrato, en inglés, establece:

Hola amigos,

Este es el acuerdo final discutido con H.

$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto

$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis

$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoria en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina

De los negocios de la familia Trump en el golfo Pérsico. Y de las exigencias del Presidente Trump para que la OTAN se implique en la guerra de Irán.

 El presidente de Estados Unidos y su familia, mantienen una próspera relación comercial con entidades y autoridades de Oriente Próximo, donde han extendido sus negocios desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca. 

La relación entre poder político y poder económico ha sido históricamente un terreno complejo y, en ocasiones, polémico.

 En el caso de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y empresario inmobiliario, esa relación adquiere una dimensión particular debido a la estrecha conexión entre su imperio empresarial y sus responsabilidades políticas. Desde su regreso a la Casa Blanca, los vínculos comerciales de la familia Trump con las monarquías del golfo Pérsico se han intensificado, ampliando la presencia de sus negocios en Oriente Próximo y alimentando un debate sobre posibles conflictos de intereses entre el ejercicio del poder y la obtención de beneficios privados.

El origen del imperio económico de Trump se remonta a la figura de su padre, Fred Trump, un próspero promotor inmobiliario que, a mediados del siglo XX, construyó numerosos bloques de viviendas destinados a la clase media en los barrios neoyorquinos de Brooklyn y Queens. Donald Trump heredó ese legado empresarial, pero aspiró a llevarlo mucho más lejos. Con una visión ambiciosa y agresiva del negocio, transformó la empresa familiar en un símbolo del lujo inmobiliario en Nueva York. La construcción de la Trump Tower en Manhattan, que pronto se convirtió en uno de los edificios más emblemáticos del skyline de la ciudad, representó el salto definitivo hacia la consolidación de su figura como magnate del sector inmobiliario.

Trump siempre ha defendido una filosofía empresarial basada en la ambición y la expansión constante. En su libro autobiográfico The Art of the Deal, publicado en 1987 junto al periodista Tony Schwartz, explicaba que prefería “pensar a lo grande” porque, si había que pensar de todos modos, lo mejor era hacerlo sin límites. Esta mentalidad le permitió expandir su marca mucho más allá de los rascacielos de Nueva York, diversificando su negocio hacia hoteles de lujo, casinos y campos de golf en distintos lugares del mundo.

Con el paso de las décadas, su fortuna ha crecido considerablemente. Diversas estimaciones sitúan su patrimonio entre los 6.500 y los 7.500 millones de dólares. No obstante, calcular con exactitud la riqueza de Trump resulta complicado debido a la estructura privada de sus empresas y a la compleja red de propiedades inmobiliarias y sociedades que forman su conglomerado empresarial.

En los últimos años, la expansión de los negocios de la familia Trump se ha apoyado especialmente en sus relaciones con las monarquías del golfo Pérsico. Países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar se han convertido en socios estratégicos en proyectos inmobiliarios y financieros vinculados a la marca Trump. En esta región, caracterizada por su abundancia de capital procedente de la industria energética, el apellido del presidente estadounidense se ha transformado en una poderosa franquicia asociada al lujo y al prestigio. Gobiernos y empresarios de estos países pagan importantes sumas de dinero para utilizar la marca Trump en hoteles, complejos residenciales o campos de golf.

Esta expansión empresarial ha coincidido con un momento de gran relevancia geopolítica en Oriente Próximo. La región atraviesa conflictos y procesos de reconstrucción que pueden generar oportunidades económicas de enorme magnitud. En este contexto, algunos críticos señalan que la presencia de negocios vinculados a la familia del presidente podría generar dudas sobre la independencia de la política exterior estadounidense en la zona.

Durante su primer mandato presidencial, entre 2017 y 2021, Trump aseguró que sus empresas evitarían firmar nuevos acuerdos comerciales en el extranjero para impedir la mezcla entre intereses empresariales y responsabilidades políticas. Sin embargo, en su segundo mandato la situación parece haber cambiado. Diversas informaciones indican que los proyectos inmobiliarios y financieros vinculados a la Organización Trump en el extranjero podrían generar ingresos superiores a los 400 millones de dólares, una cifra muy superior a los beneficios obtenidos durante su primera presidencia.

Gran parte de esta expansión empresarial ha sido gestionada por los hijos del presidente, Donald Trump Jr. y Eric Trump, quienes asumieron la dirección de la Organización Trump cuando su padre llegó por primera vez a la Casa Blanca. Bajo su liderazgo, la empresa familiar ha firmado numerosos acuerdos en ciudades como Dubái, Abu Dabi, Doha o Riad. Estos proyectos incluyen complejos residenciales de lujo, hoteles y campos de golf, muchos de ellos desarrollados en colaboración con empresas estrechamente vinculadas a los gobiernos de la región.

Además del sector inmobiliario, la familia Trump ha encontrado nuevas oportunidades en el mundo digital y en el creciente mercado de las criptomonedas. Los hijos del presidente han impulsado iniciativas relacionadas con la minería de bitcoin, la tokenización de activos y plataformas financieras digitales. Este sector, que combina tecnología y finanzas globales, ha atraído inversiones procedentes del Golfo, reforzando aún más los vínculos entre los negocios familiares y los grandes capitales de la región.

Las alianzas empresariales también se extienden a figuras influyentes del ámbito político y económico. Jared Kushner, yerno de Trump y antiguo asesor en la Casa Blanca, dirige un fondo de inversión con miles de millones de dólares aportados por inversores del Golfo, entre ellos el fondo soberano de Arabia Saudí. Estas conexiones ilustran cómo la red de relaciones entre política, diplomacia y negocios se ha vuelto cada vez más estrecha.

Sin embargo, este entramado de intereses no está exento de controversia. Diversas organizaciones de vigilancia ética y algunos analistas políticos advierten que la acumulación simultánea de poder político y beneficios empresariales puede generar conflictos de intereses. Desde su punto de vista, el hecho de que empresas vinculadas al presidente obtengan contratos o inversiones en países con los que Estados Unidos mantiene relaciones estratégicas podría influir en decisiones de política exterior.

Por el contrario, los defensores del presidente sostienen que las críticas responden en gran medida a motivaciones políticas y que no existen pruebas de que Trump haya utilizado su cargo para beneficiar directamente a sus negocios. Portavoces de la Casa Blanca han rechazado reiteradamente las acusaciones, afirmando que el presidente actúa exclusivamente en función de los intereses de Estados Unidos.

En definitiva, el caso de Donald Trump refleja las tensiones que pueden surgir cuando un líder político mantiene al mismo tiempo una extensa red de intereses empresariales internacionales. La expansión de su imperio en Oriente Próximo demuestra cómo la globalización de los negocios puede entrelazarse con la geopolítica contemporánea. Mientras sus aliados destacan el dinamismo económico y la capacidad de atraer inversiones, sus críticos continúan señalando la necesidad de establecer límites más claros entre el ejercicio del poder público y los intereses privados. El debate, por tanto, sigue abierto y constituye un ejemplo significativo de los desafíos éticos y políticos que plantea la intersección entre negocios y liderazgo político en el siglo XXI.

Fuente: El País.com

ESTRECHO DE ORMUZ. Punto crítico para la seguridad y la economía global.

La UE estudia cómo ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz pero rechaza las amenazas de Trump

El posible cierre del estrecho de Ormuz debido al conflicto con Irán se ha convertido en una de las principales preocupaciones para Europa y para la estabilidad económica mundial. 

Su bloqueo no solo afectaría al suministro energético global, sino que también podría provocar un aumento de la tensión geopolítica y arrastrar a nuevas potencias al conflicto. Ante esta situación, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han debatido en Bruselas sobre las posibles respuestas, mientras intentan evitar una escalada militar y defender una solución diplomática.

Uno de los elementos más sensibles del debate es la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido que la OTAN podría enfrentarse a un “futuro muy malo” si los aliados no ayudan a reabrir el estrecho de Ormuz. Sin embargo, muchos líderes europeos consideran que el conflicto no corresponde al ámbito de actuación de la Alianza Atlántica. La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, recordó que el estrecho de Ormuz se encuentra fuera del área de responsabilidad de la OTAN, subrayando así la postura de cautela adoptada por varios países europeos.

En este contexto, Kallas ha propuesto estudiar la posibilidad de modificar el mandato de la misión naval europea Aspides. Esta operación, actualmente centrada en proteger la navegación en el mar Rojo frente a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, podría adaptarse para contribuir a garantizar la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz. No obstante, esta propuesta ha generado reticencias entre algunos Estados miembros. Países como Alemania y España consideran que ampliar el mandato de la misión no necesariamente aumentaría la seguridad y podría implicar una mayor militarización de la zona.

La postura española, representada por el ministro de Exteriores José Manuel Albares, se centra claramente en la necesidad de reducir la tensión. Según Albares, la prioridad de Europa debe ser trabajar por la desescalada del conflicto, ya que las soluciones exclusivamente militares rara vez generan estabilidad, democracia o prosperidad económica. En una línea similar, el ministro alemán Johann Wadephul expresó su escepticismo sobre la eficacia de ampliar la misión naval europea para garantizar la seguridad en Ormuz.

Ante estas dudas, la Unión Europea también estudia alternativas diplomáticas. Entre ellas destaca la posibilidad de promover una iniciativa internacional similar al acuerdo que permitió exportar grano ucraniano a través del mar Negro durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta propuesta, discutida entre Kallas y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pretende garantizar el tránsito marítimo en la región mediante un mecanismo negociado entre las partes implicadas. El objetivo sería evitar una crisis energética y alimentaria global, ya que el bloqueo del estrecho no solo afectaría al petróleo, sino también al comercio de fertilizantes, fundamentales para la producción agrícola mundial.

Mientras tanto, existe un amplio consenso en Europa en rechazar la idea de que la OTAN intervenga directamente en el conflicto. Diversos responsables políticos han insistido en que se trata de una guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán sin consultar previamente a sus aliados. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, fue especialmente contundente al afirmar que “esta no es nuestra guerra”. Desde su punto de vista, enviar fragatas europeas al estrecho de Ormuz no cambiaría la situación, especialmente teniendo en cuenta la enorme capacidad militar de Estados Unidos en la región.

Además, algunos líderes europeos han criticado el tono de las amenazas estadounidenses. El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, advirtió que el “chantaje” no es la mejor forma de obtener apoyo de los aliados y recordó que los países europeos son importantes clientes de la industria armamentística estadounidense. Estas declaraciones reflejan una creciente preocupación en Europa por mantener la autonomía estratégica y evitar verse arrastrada a conflictos que no ha iniciado.

Incluso el Reino Unido, tradicionalmente cercano a Washington, ha adoptado una postura prudente. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado que su país no se dejará arrastrar a la ofensiva contra Irán y que la prioridad debe ser encontrar una solución que permita reabrir el estrecho sin intensificar la guerra. Para el Gobierno británico, el mejor modo de reducir el impacto económico de la crisis energética es poner fin al conflicto mediante negociaciones.

En conclusión, la crisis en el estrecho de Ormuz representa un desafío crucial para la seguridad internacional y la economía global. Aunque Europa reconoce la gravedad de la situación, la mayoría de sus líderes se muestran reticentes a adoptar una respuesta militar directa o a implicar a la OTAN en el conflicto. En su lugar, la Unión Europea apuesta por la diplomacia, la desescalada y la cooperación internacional como vías para garantizar la estabilidad en una de las regiones más estratégicas del mundo.

Fuente: El País.com

POSDATA

Fuentes de la Casa Blanca, citadas por The New York Times, indican que el príncipe saudí Mohammed bin Salman, ha aconsejado al presidente Donald Trump que continúe presionando con fuerza a Irán. 

Esta postura coincide con la de su padre, el rey Abdulá bin Abdulaziz Al Saud, quien anteriormente habría pedido a Washington actuar con contundencia contra el gobierno iraní.

Paralelamente, Mohammed bin Salman y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, han debatido si los países del Golfo deben seguir evitando una confrontación directa con Irán. Ambos líderes denunciaron los ataques iraníes en países del Consejo de Cooperación del Golfo y advirtieron que suponen una escalada peligrosa para la seguridad regional. También afirmaron que los estados del Golfo continuarán reforzando la defensa de sus territorios y los esfuerzos para mantener la estabilidad en la región.

Fuente: 20minutos.com