Nuestro partido popular, querido por unos y odiado por otros, utiliza a la UE y a su brazo armado de la Justicia para defenderse, electoralmente y judicialmente, de los casos de corrupción que le acorralan, tanto actuales como futuros. Pongámoslo todo en contexto.
30 causas de corrupción abiertas hace un lustro asedian al PP
Los tribunales
preparan juicios en los próximos meses de los casos Gürtel, Lezo, Púnica,
Erial, Kitchen y otros contra relevantes exdirigentes populares.
Las causas judiciales
por corrupción asedian al PP desde 2009. El año que ahora empieza tiene al
menos 30 sumarios con la instrucción finalizada en los casos Gürtel, Lezo,
Púnica, Erial, Taula, Tandem y otros con varias decenas de exdirigentes
populares procesados. Los juicios pendientes, algunos ya tienen fijada fecha de
inicio, sentenciarán hechos ocurridos hace más de cinco años. Esta justicia a
destiempo supondrá un nuevo varapalo al prestigio de la formación conservadora
que ahora preside Alberto Núñez Feijóo. Lo que sigue resume el via crucis
judicial del PP.
Caso Gürtel, 14 años
después, cuatro causas pendientes. El juez Baltasar Garzón desarticuló el 6 de
febrero de 2009 una de las más extensas tramas de corrupción conocida en
democracia. La red había colonizado más de una decena de administraciones
gobernadas por el PP en Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León y
Andalucía. De aquella investigación surgieron múltiples piezas separadas que
dieron lugar a juicios que terminaron con duras condenas de cárcel para
alcaldes, concejales, consejeros autonómicos y hasta quien fuera tesorero
nacional. El PP fue considerado en dos de las causas “partícipe a título
lucrativo”, se benefició de los delitos cometidos por la red corrupta. Quince
años después, el PP espera todavía algunas sentencias más vinculadas al caso.
Francisco Camps, que presidió un Gobierno salpicado de corruptos, a juzgar por
los consejeros y altos cargos que han sido condenados estos años, se enfrenta a
la petición de cárcel de la fiscalía en la pieza número 5 del caso Gürtel. Se
trata de los contratos amañados que su Ejecutivo adjudicó a Orange Market, la
filial valenciana de la trama Gürtel. La sentencia se conocerá en las próximas
semanas o meses.
Cajas b del PP
nacional y del PP de Madrid pendientes de juicio o de recurso. El Supremo
responderá en las próximas semanas a los recursos contra la sentencia de la
Audiencia Nacional por el denominado caso Bárcenas, la caja b del PP que
financió parte del coste de las obras de la sede de Génova, 13. Esa sentencia
culpó al extesorero y consideró responsable civil subsidiario al PP. El partido
decidió no recurrir el fallo, admitiendo así la corrupción. En la Comunidad de
Madrid también funcionó una caja b con la que se financió el partido
ilegalmente, según el auto de procesamiento contra dirigentes del Gobierno de
Esperanza Aguirre. Uno de los sumarios del caso Púnica versa sobre esta caja b
y está pendiente de juicio junto a otras nueve piezas separadas más.
Los exministros Rato y Zaplana se enfrentan a altas penas de cárcel. Rodrigo Rato, exministro de Economía y expresidente de Bankia, se sienta en el banquillo desde hace semanas. La fiscalía pide decenas de años de cárcel para Rato por defraudar millones de euros. Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo, se enfrenta desde el 1 de febrero a un juicio donde la fiscalía solicita 19 años por los delitos de blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación en el caso Erial.
Espionaje ilegal para
proteger al PP. Caso Kitchen. Otra investigación judicial concluida y
pendiente de juicio llevará al banquillo al exministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, a su número dos, Francisco Martínez y a media docena de
comisarios de policía. Todos ellos están acusados de perpetrar una operación a
espaldas del juez para espiar a la familia de Luis Bárcenas, extesorero del PP,
con la intención de robar documentación que pudiera implicar al Gobierno de
Mariano Rajoy en diversos delitos de corrupción.
Fuente: elpais.com
Operación Cataluña. El Gobierno del PP de Rajoy investigó
al margen de la ley a partidos independentistas durante al menos cinco años
El ministro Jorge
Fernández Díaz recibía personalmente las notas de distintas unidades policiales
donde se fabricaban pruebas falsas para atacar a los líderes catalanes
Mafia Policial. La
Fiscalía abre investigación sobre “Operación Catalunya” a partir de la guerra
sucia contra su exjefe
El ministerio público pide documentación a
elDiario.es y La Vanguardia sobre las informaciones exclusivas de la mafia
policial que fabricó informes contra políticos y cargos catalanes como el
exfiscal general de Catalunya, Martín Rodríguez Sol.
Fuente: eldiario.es
CONCLUSIÓN
Visto el presente y
futuro judicial de la corrupción del PP y para que esto no influya en futuras elecciones, el partido popular ha decidido pasar al ataque utilizando sus resortes políticos
para que, electoralistamente, salten a su antojo el brazo armado judicial que mayoritariamente
controlan, bien sea unas veces, Consejo General del Poder Judicial y Asociaciones
Judiciales conservadoras, u otras, Consejo Fiscal, Junta de Fiscales correspondiente o Asociaciones de Fiscales afines.
En este contexto tenemos el caso Tsunami, donde el juez Garcia-Castellón, tras dejarlo en el baúl de los recuerdos durante 4 años, ahora ha sido
bendecido e iluminado por Dios, que le ha revelado que era terrorismo (momento que milagrosamente coincide con tramitación parlamentaria de ley de Amnistía) frente a los fiscales conservadores, Miguel
Ángel Carballo y Álvaro Redondo, de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, respectivamente, que
dicen lo contrario.
En medio, han salido en tromba el resto de fiscales conservadores del Tribunal Supremo (motu proprio, como no podía ser de otra manera) para enmendar la plana al también conservador, fiscal Redondo, del propio TS; que en mi modesto entender, es un gran profesional, serio y trabajador, que cuenta con 46 años de trayectoria impecable, algunos de ellos en el País Vasco en los años duros del terrorismo, “sin aceptar presión alguna de nadie” confiesa éste. Y a buen seguro, tanto el fiscal Redondo como el fiscal Carballo, saben distinguir los delitos de terrorismo de los que no lo son, pero lógicamente, el resto de jueces y fiscales, también debieran saber diferenciarlos, y entonces me surgen las siguientes preguntas,
- ¿Por qué cuando diferentes jueces y fiscales investigan un caso de presunto terrorismo, en base a las pruebas, no concluyen lo mismo?
- ¿Acaso los jueces y fiscales que disienten se dejan influir por su propia ideología política en la instrucción de las causas judiciales?
- ¿O bien, para los jueces y fiscales discrepantes, es distinto el delito de terrorismo, respecto la opinión del resto de la ciudadanía?
- ¿O quizás pudiera ser que, en algunos casos, la Justicia en este país haya dejado de ser ciega, sorda y muda?
POSDATA
Ya que desde la Unión Europea, tanto promueven la participación de la ciudadanía en las Instituciones, y dado que hoy, siete representantes de la Comisión de Venecia[*] se pasan por España, convendrían que tanto estos, como el Comisario de Justicia de la Unión Europea, echasen un ojo, a este humilde blog, para ayudarles a formar opinión de, a mi juicio, las verdaderas intenciones del partido popular, respecto la Justicia de este país, donde ni siquiera permite, se renueve el Consejo General del Poder Judicial (que figura entre las recomendaciones para España del grupo GRECO[**]) que debiera haber sido efectiva desde hace 5 años .
(*) La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional, cuyas resoluciones no son vinculantes
(**) El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) es un órgano del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción
Fuente: Redacción
