El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) detectó la presencia de presuntos espías rusos en Cataluña, antes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 e incluso durante el desarrollo del mismo también.
PRIMERA INVESTIGACIÓN
En
noviembre de 2019, un juzgado de la Audiencia Nacional, había iniciado una
investigación sobre la presencia de agentes del espionaje ruso en Cataluña en
los meses previos al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y sus supuestos
contactos con personas vinculadas al proceso independentista.
La
Policía había abierto la Operación Volka (lobo en ruso) tras constatar el paso
por Barcelona del general Denís Serguéiev, alias Serguéi Fedótov, solo 48 horas
antes de que se celebrara la consulta convocada por el Ejecutivo de Carles
Puigdemont.
INVESTIGACION PRINCIPAL
La
principal investigación en España sobre la presunta injerencia rusa en el 'procés' es la que dirige, desde hace cuatro años, el juez de Barcelona Joaquín
Aguirre. El magistrado indaga las reuniones que, en los días previos a la
fallida declaración unilateral de independencia, mantuvo el expresidente de la
Generalitat Carles Puigdemont con individuos que, presuntamente, tienen
conexiones con el Kremlin. En la causa están investigados el jefe de la oficina
de Puigdemont en Waterloo, Josep Lluís Alay; el informático Jaume Cabaní y el
exdirigente de Convergència Víctor Terradellas.
Aguirre
abrió el caso Voloh y, en octubre de 2020, ordenó diversas detenciones. Fuentes
de los servicios de inteligencia aseguran que se comprobó que los
interlocutores rusos tenían conexiones estrechas con el Kremlin; otra cosa,
matizan, es que la oferta que habían ofertado, de enviar 10.000 soldados —bajo
el pretexto de una supuesta fuerza de paz— fuera una
ensoñación. “El objetivo era animar con sus promesas a Puigdemont para que se
diera el paso”, explican las citadas fuentes.
La causa parecía 'dormir el sueño de los justos' hasta que, el pasado 29 de enero, un día antes de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, el juez dictó un auto que, además de prorrogar por seis meses la investigación, citaba por primera vez delitos que no están cubiertos por la amnistía.
El juez consideró entonces, que los implicados maniobraron para alterar la unidad territorial de España buscando alianzas con Rusia, que puede suponer delito de alta traición, excluido de forma expresa en el texto de la amnistía, lo cual conlleva un obstáculo más para que, llegado el caso, Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía.
Al tiempo, dicho juez ha sido objeto de recusación por parte de las defensas, al haber dado una entrevista a la televisión pública alemana hablando de la causa, que presuntamente supone saltarse el principio de imparcialidad. Por otra parte, la instrucción del proceso quizás incurra en investigación prospectiva, pues probablemente, no sean aportadas nuevas pruebas documentadas, verificadas y constatadas, diferentes de las que se disponía antes del 29/01/24, que hasta entonces no habían dado lugar a ninguna imputación por delito de alta traición.
Fuente: Redacción; el pais.com
