6 de septiembre de 2021

APERTURA AÑO JUDICIAL. Lesmes critica injerencia del Gobierno por justificación de los indultos

 El presidente del Tribunal Supremo urge una renovación del CGPJ "en las próximas semanas" y critica la reforma impulsada por PSOE y Podemos que impide hacer nombramientos mientras están en funciones. Mientras que la Fiscal General del Estado destacó el aumento de delitos de odio y de violencia de género.

Previo al discurso de Lesmes ha intervenido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha ofrecido los datos de la memoria de la Fiscalía del año 2020. Ha puesto de relieve los datos de violencia de género, con 33 asesinadas en lo que va de año y ha recordado a las mujeres de Afganistán.

La fiscal ha hecho hincapié en los delitos de odio y discriminación, que “atacan los valores estructurales de nuestro sistema constitucional y de nuestra convivencia democrática”.

Los motivos más numerosos se refieren a la orientación sexual y al racismo y la xenofobia. Según los datos de la memoria, se aprecia un sensible aumento del motivo ideológico, especialmente a través de las redes sociales.

El Presidente del Supremo eleva el tono

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha elevado hoy el tono ante una situación, a su juicio, cada vez más preocupante de injerencia política en la justicia. Ha denunciado la intromisión que considera que hace el Gobierno al justificar los indultos de los líderes de procés como una forma de recuperar la concordia frente al revanchismo del Tribunal Supremo. Para Lesmes, lo que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez es inaceptable y así lo ha expresado hoy en su discurso de apertura del año judicial frente al rey Felipe VI.

Pero también ha tenido duras palabras para los dos principales partidos políticos, PSOE y PP, por mantener desde hace casi tres años bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, ha insistido en la "urgencia" de que el Consejo sea renovado en las próximas semanas. En este punto, el PSOE ha acusado al PP de negarse a llegar a un acuerdo para elegir a los veinte vocales del órgano de los jueces. Sin embargo, la formación de Pablo Casado ya ha dicho que no piensa ceder hasta que no haya una reforma de la ley para que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo. Las exigencias del PP impiden que se cumpla la petición de Lesmes porque la reforma de una ley orgánica necesita unos plazos y se alargaría meses. Además, los socialistas ya han dicho que a día de hoy no se contempla tal reforma.       

Lesmes critica la injerencia del Gobierno por la justificación de los indultos

Respecto a esa falta de independencia judicial, Lesmes ha puesto como ejemplo los indultos a los líderes del procés. Lesmes ha advertido que para justificar la concesión de la medida de gracia, el Gobierno llegó a contraponer “la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante a concesión de los indultos que el Ejecutivo pensaba en la “concordia” frente a la “venganza”, o que ya produjo fuertes críticas desde el Poder Judicial.

Lesmes ha arrancado su discurso ante el rey Felipe VI advirtiendo que en este año su intervención estaría dedicada a la independencia del poder judicial. Así, puso de manifiesto que la independencia de los jueces se pone en ocasiones en entredicho “especialmente desde algunas instancias políticas”, cuando las decisiones judiciales “se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o, simplemente, no son de su agrado”.

En una sala del Supremo en la que estaban presentes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, o el líder del PP, Pablo Casado, entre otros, el también presidente de Consejo General del Poder Judicial ha defendido que la función de los jueces y magistrados se limita a juzgar y hacer ejecutar o juzgado, “con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier índole”.

Así, defiende que su labor es ajena a esa “idea de revancha o con ese sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría”. Así, añade: “la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, son un instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”. 

“Anormal situación” del CGPJ

Como era esperado, Lesmes ha vuelto a criticar la situación de bloqueo para la renovación del CGPJ, que llevaba ya 1.000 días prorrogado. El presidente del órgano ha calificado de “anormal situación” del actual Consejo “por causas que le son completamente ajenas”.

Ha insistido en el deber de cumplir con la Constitución, que fija en cinco años el mandato del órgano. “Esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas (Congreso y Senado), sin que un deber que dimana de la propia Constitución, pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”.

Lesmes ha mencionado que el Consejo fue creado para garantizar tanto la “autonomía del Poder Judicial respecto del poder político” como la salvaguarda de la independencia de cada uno de sus miembros.

El presidente del órgano de los jueces ha recordado a los políticos la doctrina fijada por Europa respecto a la composición del CGPJ y de la independencia judicial. Lesmes hace así suya la reivindicación de las asociaciones judiciales sobre la necesidad de reformar la ley para que sean los jueces y no los políticos quienes elijan a los vocales que conforman el Consejo.

Crítica a la reforma que limita sus funciones

Carlos Lesmes también ha usado su palabra en la apertura de año judicial para poner el foco en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por PSOE y Unidas Podemos y aprobada en las cortes para limitar las funciones de Consejo mientras se encuentra prorrogado, y que impide concretamente seguir haciendo nombramientos de jueces. Según Lesmes, esta reforma ha “agravado la situación”. Ha insistido en que la imposibilidad de hacer nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Supremo estos últimos seis meses “coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este alto tribunal”, en el cual hay once plazas si cubrir.

“La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación de dependencia política alguna de las Cortes Generales”.

Así, sostiene que la justificación de la necesaria renovación del Consejo “no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”.

Reclama una renovación en “las próximas semanas”

A su juicio, estas acciones promovidas en el Congreso ha “debilitado” la “legítima función del Consejo”. “Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”.

El presidente del Supremo ha recalcado que la situación “resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos”.

EDITORIAL

Valoro y respeto el discurso de D. Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, pero la única palabra que deseaba escuchar y no se pronunció, era la de su dimisión, después de 1.000 días de mandato caducado del CGPJ y antes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la ONU exijan rendir cuentas, respecto de la sentencia condenatoria  a los políticos, ahora indultados, del procés catalán.

Fuente: La Vanguardia.com

PRIVACIDAD. 225 millones de multa a WhatsApp al no contar a sus usuarios cómo compartía sus datos con Facebook

 La autoridad de protección de datos de Irlanda quintuplicó la sanción propuesta inicialmente, tras la presión de varios países europeos

La Comisión para la Protección de Datos (DPC, en sus siglas en inglés) de Irlanda, la máxima autoridad digital del país, ha anunciado este jueves su decisión de imponer una multa récord de 225 millones de euros (267 millones de dólares) a la compañía de mensajería móvil WhatsApp. 

La decisión responde al incumplimiento por parte de la plataforma del Reglamento General de Protección de Datos de la UE, al no haber informado a sus usuarios de cómo estaba compartiendo su información con Facebook, su compañía madre. La investigación, iniciada en diciembre de 2018, buscaba determinar si la aplicación “cumplía con sus obligaciones de transparencia” en lo que respecta a informar a los usuarios de cómo se utilizarían sus datos. La comisaria irlandesa Helen Dixon, al frente de la DPC, ha tenido que dar su brazo a torcer y elevar cuantiosamente la propuesta inicial de multa, después de que varias autoridades regulatorias de otros países de la UE protestaran la decisión. El regulador irlandés tiene competencia en este caso dado que Facebook tiene su sede europea en este país.

Se trata de la multa más cuantiosa expedida por la DPC y una de las más altas impuestas en la Unión Europea en relación con el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). El pasado julio la Comisión Nacional para la Protección de Datos (CNPD) de Luxemburgo sancionó a Amazon con 746 millones de euros por considerar que incumplió la ley europea en el tratamiento de los datos. El organismo de protección de datos de Irlanda tiene abiertas en total una veintena de investigaciones contra las tecnológicas.

El organismo irlandés ya presentó el pasado diciembre a varios organismos reguladores comunitarios una decisión preliminar sobre esta cuestión, en la que imponía una multa casi cinco veces inferior, de 50 millones de euros, pero ocho de esas entidades rechazaron las conclusiones y pidieron elevar la cuantía. El caso fue a parar al Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés), que ordenó a la DPC que aumentara la sanción inicial. En el comunicado en el que la DPC comunica la multa, conmina también a WhatsApp a cumplir la normativa de protección de datos de la Unión Europea.

El RGPD, en vigor desde 2018, otorga mayores poderes a los reguladores para proteger a los consumidores frente a los gigantes digitales como Facebook, Google, Apple y Twitter, que, atraídos por un tratamiento fiscal favorable, han elegido Irlanda como sede. El RGPD permite a los reguladores multar a estos grupos hasta con el 4% de su facturación global.

“WhatsApp se compromete a proporcionar un servicio seguro y privado. Hemos trabajado para garantizar que la información que proporcionamos sea transparente y completa y seguiremos haciéndolo”, aseguró un portavoz de WhatsApp en un breve comunicado. “No estamos de acuerdo con la decisión de hoy sobre la transparencia que proporcionamos a las personas en 2018 y las sanciones son totalmente desproporcionadas”, subrayó, precisando que la empresa presentará un recurso esta decisión.

El abogado austriaco Max Schrems, fundador del bufete Noyb (acrónimo de None of Your Business, No es asunto tuyo), que pleitea desde años contra Apple, Google y Facebook por cuestiones de privacidad, aseguró tras conocer que WhatsApp recurriría la decisión que “en el sistema judicial irlandés esto significará que pasarán años antes de que se pague realmente cualquier multa”. “En nuestros casos hemos tenido a menudo la sensación de que el CPD está más preocupado por los titulares que por hacer realmente el trabajo de fondo”, añadió.

A principios de este año, WhatsApp anunció que cambiaría sus términos de uso para poder compartir determinados datos personales con Facebook, lo que teóricamente permitiría a la empresa matriz hacer negocio con ellos. El anuncio desató una enorme polémica global y el trasvase de usuarios a otras plataformas de mensajería como Telegram o Signal. La compañía amagó primero con eliminar las cuentas de aquellos usuarios que no aceptaran las nuevas condiciones y luego con limitar sus funcionalidades, pero finamente reculó y retiró las amenazas. La medida no afectaba en todo caso a los residentes en la UE, que quedaban protegidos precisamente por el RGPD.

Fuente: El Pais.com

España y los fallos del mercado eléctrico

El problema del sector no es de una falta de regulación, sino de una reglamentación que ha sido históricamente ineficiente

El disparatado aumento del precio de la luz registrado durante los últimos meses en España ha puesto al descubierto la deficiente regulación del mercado eléctrico. El problema del sector no es de una falta de regulación, sino de una reglamentación que ha sido históricamente ineficiente.

La evolución del precio de la luz, que alcanzó los 140 euros el megavatio hora (MWh) a principios de mes, ha puesto al descubierto que nuestro mercado está mucho peor regulado que el europeo, donde los ciudadanos no sufrieron subidas tan bruscas y repentinas.

Este problema se ha visto agravado por las conductas de determinadas compañías que han aprovechado la coyuntura alcista para vender electricidad al triple de su coste de producción, como ha sido el caso de la hidráulica y la nuclear, con instalaciones ya amortizadas. También ha despertado desconfianza el encarecimiento de la electricidad generada con gas al aplicar los precios últimos más caros, aunque lo hubieran adquirido con anterioridad mucho más barato.

Existen sospechas de que el aumento de los derechos de emisión de CO₂ se ha visto estimulado por la entrada de especuladores internaciones que han distorsionado al alza los precios. Unos derechos que no deberían ser percibidos por las tecnologías no contaminantes.

Los ciudadanos pueden intuir que se trata de un problema muy complejo, pero comprueban que nuestro sistema es peor que el de nuestros vecinos. El sistema eléctrico está fuertemente intervenido en todos los países para corregir sus ineficiencias. La regulación pretende corregir los llamados fallos del mercado, que en nuestro caso han resultado extraordinariamente beneficiosos para las compañías a costa de ciudadanos y empresas.

La economista Mariana Mazzucato ha propuesto un cambio radical para afrontar los desafíos que es incapaz de resolver el sistema capitalista actual. En su reciente libro Misión Economía. Una guía para cambiar el capitalismo (Taurus), propone repensar el papel de los Estados para recuperar su función social y el sentido del interés público.

Mazzucato plantea sustituir la idea de que el papel del Gobierno es “solucionar, regular, redistribuir: corregir los mercados que funcionan mal”, por un nuevo pensamiento que se orienta por misiones. El enfoque de las misiones implica que la economía política utilice la idea de propósito público para guiar las políticas y la actividad empresarial. En su opinión, “el propósito público debe ser un elemento fundamental en la manera de generar riqueza colectivamente”.

Una estrategia basada en misiones “significa diseñar políticas que catalicen la inversión, la innovación y la colaboración entre una gran variedad de agentes económicos, involucrando tanto a las empresas como a los ciudadanos”. En definitiva, conformar antes el mercado y no corregir después. Es decir, plantear previamente “qué clase de mercados queremos en vez de qué problema del mercado es necesario corregir”.

A la luz de estas ideas es necesario que el nuevo diseño del sector cuente con una participación activa de todas las partes implicadas, sobre todo de las asociaciones de consumidores. Hay que compensar el inmenso poder de las compañías para lograr un sistema equilibrado.

Fuente: El Pais.com 

4 de septiembre de 2021

OPINION. ¿Las derechas ahora son anarquistas?

 Decía el filósofo anarquista francés, Sébastien Faure, que «cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista»

A la Atención de los señores Casado, Abascal, Arrimadas y Ayuso


Sabido es, que en países democráticos la autoridad la representan los 3 poderes del Estado, a saber, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y hete aquí que los arriba nombrados, no respetan la autoridad de ninguno de estos poderes, cuando, dados sus continuos exabruptos al respecto, unas veces niegan la autoridad de las Cámaras representativas de la Soberanía Nacional llamando terroristas a Diputados y Senadores que no les gustan lo que votan, otras menoscaban la autoridad del poder Judicial, incumpliendo la Constitución e impidiendo la normal renovación del Órgano de Gobierno de los jueces. 

Y por último, pero no menos importante, atacan al conjunto del poder Ejecutivo negando su legitimidad y por tanto su autoridad e intentando impedir la necesaria recuperación de la economía española y por ende de la sociedad española, muy depauperada por las dos crisis consecutivas, la actual a causa de la pandemia y la del 2008 de infausto recuerdo, donde nos metió de cabeza el partido popular cuando gobernaba un tal Sr. M. Rajoy, hoy apartado de la política y salvado de los banquillos de los tribunales en el último minuto ( aunque el partido no ha terminado, lo digo por el recurso interpuesto por Fernández Díaz, ministro de interior por aquel entonces). Y no me quiero olvidar de los esfuerzos que hicieron los ministros del gobierno del PP de Sr. J.M. Aznar para salvarse de la cárcel, que de poco les sirvieron al terminar 12 de los 14 ministros de dichos gobiernos en prisión o encausados por casos decorrupción.

Llegado este punto, seguro que algunos se estarán preguntando que tiene que ver la corrupción con el anarquismo, pues sencillamente la corrupción es una forma como otra cualquiera de desafiar a la autoridad vigente,  desautorizándola al tiempo.

Pues bien, a todo esto quiero añadir, que la Constitución primero, y la leyes después, deben de ser respetadas siempre, y no intentar cambiarlas cuando nos venga en gana por intereses partidistas, como es el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o del Tribunal de Cuentas, o del Tribunal Constitucional. Hay más casos, pero para qué seguir.

Además, son de obligado cumplimiento para todos, sean nobles o plebeyos, porque refiriéndome a los jueces, no me vale que los corruptos, si son nobles, se libren de rendir cuentas ante la Ley, pues todavía recuerdo casos de cuando iba a la cárcel gente por robar una manzana para poder comer. La Ley debe ser igual para todos.

Para terminar, quiero recordar que cuando las derechas cargan contra asociaciones religiosas, de empresarios, sindicatos, o contra cualquier otro colectivo de Sociedad Civil, no ayudan nada al normal desarrollo de la representatividad de la Sociedad Española.

Pues claro, es el totalitarismo, ignorante, que diría el otro.

A lo cual respondería, más bien anarquismo de derechas o libertad de derechas, que para el caso da igual.

Fuente: Redacción

UE. El 70% de la población adulta de la Unión Europea ya está completamente vacunada

 La Unión Europea ha logrado su objetivo de administrar la pauta completa de la vacuna contra la covid-19 al 70% de su población adulta antes del final de verano, según informó este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"El 70% de los adultos de la UE están completamente vacunados. Quiero agradecer a las muchas personas que han hecho posible este gran logro. Pero debemos ir más allá. Tenemos que vacunar a más europeos. Y tenemos que ayudar al resto del mundo a vacunar. Seguiremos apoyando a nuestros socios", escribió en la red social Twitter.

La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, celebró que se trata de "un importante hito" en los esfuerzos para acabar con la pandemia, pero insistió también en que habrá que continuar vacunando, luchando contra la desinformación sobre este tema y siguiendo las medidas de salud pública.

"No podemos pararnos aquí. Las nuevas variantes hacen necesario que vayamos más allá del 70% para estar seguros. Tenemos que ir un paso por delante. Tenemos que abordar con urgencia la preocupante brecha de vacunación entre nuestros Estados miembros y estar listos para desplegar vacunas de refuerzo si la evidencia científica muestra que este es el camino a seguir", dijo en una declaración difundida por su gabinete.

La Comisión Europea, encargada de centralizar las compras de vacunas para los Estados de la UE, se había fijado a principios de este año la meta de vacunar antes del final del verano al 70% de la población adulta, unos 255 millones de personas.

Tras un inicio lento de la campaña por la escasez de vacunas, los retrasos en las entregas y la suspensión temporal de la administración de AstraZeneca en algunos países, Bruselas logró ya en julio entregar las dosis necesarias para ello a los Estados, que también han ido acelerando y perfeccionando sus estrategias de vacunación.

Sin embargo, las tasas varían mucho entre los Veintisiete, con Irlanda a la cabeza con un 85,5% de su población adulta totalmente vacunada, seguida de Dinamarca (83,5%) y Portugal (82,4%); mientras que a la cola se sitúan Bulgaria (20%), Rumanía (31,9 %) y Letonia (45,5%), según datos del Centro de Control de Prevención y Enfermedades (ECDC).

España, de los más avanzados, ha administrado ya la pauta completa de la vacuna al 76,7% de los adultos y el 87,6% tiene al menos una dosis.

A pesar de que muchos Estados aún no han alcanzado la marca del 70%, la UE ya se plantea si debería administrarse una dosis de refuerzo, aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún no se ha pronunciado sobre si será necesaria.

De ser el caso, el comisario europeo de Mercado Único, Thierry Breton, asegura que no habría escasez de vacunas puesto que la UE ha aumentado su capacidad de fabricación y ahora mismo genera "300 millones de dosis al mes".

En el segundo semestre del año, la Comisión Europea entregará 950 millones de dosis a los Estados miembros, explicó en una entrevista con la televisión pública francesa la semana pasada.

Fuente: El Pais.com

ESPAÑA. Gobierno estudia reservar parte de banda del 5G para uso industrial

 La última banda, de 26 gigahercios, se licitará a finales de año o principios de 2022

El Gobierno contempla la posibilidad de que una parte de la última de las tres bandas previstas para el despliegue de la tecnología 5G -la de 26 gigahercios- no sea subastada entre los operadores de telecomunicaciones y sea reservada para uso industrial.

Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, en el 35º encuentro de la Economía Digital y Telecomunicaciones de Ametic. Sánchez ha afirmado que el Gobierno tiene previsto licitar esta tercera banda entre finales de año y principios del año que viene.

El objetivo del Ejecutivo es que en 2025 el 75% de la población tenga cobertura 5G a través de estas tres bandas.

Por su parte, la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, Carme Artigas, ha mandado un mensaje de “ayuda” a las asociaciones y grandes empresas para que “tiren de la mano de las pymes” a la hora de impulsar su digitalización.

“Yo puedo poner las condiciones de mercado, pero si nadie viene a buscarlas no sirve para nada”, ha subrayado. Artigas ha apuntado que la industria digital debe ser un “catalizador” de las ayudas. Una de las vías que ha sugerido para ‘ayudar’ fue la entrada de capital de grandes empresas a través de sus fondos corporativos en el fondo NextTech del Gobierno, que cuenta ya con 500 millones de euros para realizar inversiones en empresas españolas [de los 3.000 millones público privados que aspira a invertir en total].

La secretaria de Estado ha hecho hincapié en la necesidad de que las tecnológicas nacionales se queden en España y creen empleo en el país. “El objetivo es que no haya un proyecto en el España que se quede sin la financiación que necesita”, ha afirmado.

Además, ha destacado la importancia de que las empresas escalen y trabajen en red. En su opinión, esta es una cuestión que se ha estado haciendo mal en España. “Percibo ganas salir esa fase de lamentación. La recuperación económica es una realidad”, ha aseverado.

Por otro lado, ha pedido consenso político para acelerar la tramitación parlamentaria de la ley de startups y que esta sea aprobada en el primer semestre de 2022.

De hecho, espera que llegue a Consejo de Ministros y remitirla al Parlamento “antes de final de año”. En este contexto, ha demandado consenso político para que el proceso sea “rápido”. Según el anteproyecto de ley, la sede social de las empresas y de los emprendedores debe estar de forma permanente basado en España. Además, las empresas no tienen que haber distribuido dividendos, no deben ser cotizadas y deben tener un carácter innovador, como requisitos fundamentales.

Algunas de las medidas que se incluyen en este documento son la reducción del tipo impositivo del 25% al 15% sobre el impuesto sobre la renta de no residentes. Esta reducción tendrá efecto en el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva. También se mantendrá durante los tres periodos siguientes siempre que la compañía siga siendo calificada como empresa emergente. Por otro lado, emplazó a finales de mes para conocer novedades sobre si España será el piloto del nuevo reglamento de Inteligencia Artificial de Europa, y avanzó que en octubre se buscarán adhesiones de empresas y organizaciones a la carta de derechos digitales.

También ha participado en el evento secretario general de Administración Digital, Juan Jesús Torres, quien aseguró que en España se dan “los elementos necesarios” para que la transformación digital “sea un éxito”.

Torres ha defendido que el Plan de Recuperación y Resiliencia, la Agenda Digital España 2025 y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas permitirán “asentar las bases” y “cambiar el tejido productivo” del país, afrontando una transición “ecológica y energética”, pero también “la igualdad y la cohesión social”.

Fuente: El Pais.com

ESPAÑA. Gobierno propone tres subidas consecutivas para llevar el SMI a 1.027 euros en 2023

El Gobierno ha propuesto en la reunión de este miércoles con los agentes sociales que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea de 15 euros este año y de 31 euros en 2022 y otros 31 euros en 2023, según confirmaron a este medio tanto la patronal como los sindicatos. 

   De esta forma, el SMI se colocará en los 1.027 euros a comienzos del 2023. El Ejecutivo, que negó haber puesto “ninguna cifra sobre la mesa”, sí reconoció haber planteado “una subida a tres años” y aseguró que la reunión “ha ido muy bien”.


Si finalmente se confirman estas subidas, el salario mínimo se habrá incrementado casi un 40% desde que Pedro Sánchez arribó a la Moncloa tras la moción de censura de 2018 a Mariano Rajoy, y un 62% en la última década (en 2010 se hallaba en 633,3 euros). En todos estos años, los sueldos más bajos solo se congelaron por completo (entre 2010 y 2016 la diferencia es de apenas 22 euros) en los ejercicios 2012 y 2014, en la presidencia del Partido Popular.

Para Comisiones Obreras, el aumento propuesto por el Gobierno “es insuficiente, porque no recoge el mantenimiento del poder adquisitivo de salarios en 2021”. Los sindicatos, en los días previos a la reunión, habían alertado de que pedirían un incremento “significativo” que permitiese a los trabajadores con salarios mínimos no perder poder de compra ante la inflación más alta de la última década (un 3,3%, empujada, sobre todo, por el aumento sin freno del precio de la luz). Elevar el SMI hasta el mismo nivel que el IPC, supondría un alza de aproximadamente 31 euros.

“La propuesta de CC OO ha estado centrada en mantener el poder adquisitivo del SMI. Tenemos dos elementos importantes que señalar. Primero, el crecimiento que se está produciendo en nuestro país, que es el mayor crecimiento de los últimos años, y por otra parte la inflación, que se está disparando con unos porcentajes muy altos”, señalaron desde el sindicato.

Por otro lado, en la CEOE, contraria a una subida este año en pos de no perjudicar la recuperación económica, indicaron que les hubiese gustado “más concreción” en la oferta del Gobierno. “Es imposible no recordar que todavía tenemos poco más de cuatro millones de desempleados (...) en este contexto, sí de recuperación, pero incipiente, nosotros creemos que es imprescindible un escenario de prudencia y de consolidación del crecimiento y del empleo”, explicó la patronal nada más finalizada la reunión.

Previo a ese encuentro con el Ejecutivo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insistió en su negativa a un incremento. “Venimos de un año y medio horrible. Si se sube el salario mínimo va a llegar un momento donde se va a contraer el empleo, no se va a pagar, se van a contratar menos horas”, explicó el directivo. Además, el empresario tildó al SMI de “barrera de entrada” al mercado laboral para los más jóvenes.

Informe de los expertos

“La reunión ha ido muy bien, somos optimistas. El Gobierno tiene como referencia el Informe de la Comisión de Expertos [donde se proponía una subida de entre 1.011 y 1.049 euros]. La horquilla es amplia y estamos dispuestos a negociar. El lunes regresamos a la mesa de negociación”, ha informado, por su parte, el ministerio de Trabajo y Economía Social. El objetivo final del Ejecutivo es situar el salario mínimo en el 60% del sueldo medio al final de la legislatura.

El mencionado informe de los expertos, dado a conocer en junio, estableció tres posibles escenarios: que el salario medio aumentara un 1,8% en 2020; un 0,9% o simplemente no subiese. Dependiendo de cual fuese el incremento del sueldo medio, el SMI debería escalar hasta los 1.049 euros, 1.027 euros o los 1.011 euros, respectivamente. Si finalmente se materializa la propuesta que el Gobierno ha hecho a sindicatos y empresarios este miércoles, el SMI se situaría en el segundo de los escenarios del comité de expertos.

Fuente: El Pais.com

FISCALIDAD. Dos de cada tres ultrarricos no pagan impuesto de patrimonio porque viven en Madrid

La región central dejó de recaudar en 2019 casi 990 millones de euro

A la Atención de Dª Isabel Díaz Ayuso


De los 701 contribuyentes en España que declararon en 2019 una fortuna superior a los 30 millones de euros, únicamente 240, el 34% del total, pagaron el impuesto sobre el patrimonio, según revelan los datos publicados el miércoles por la Agencia Tributaria. A grandes rasgos, estos dos centenares largos de ultrarricos abonaron este tributo por residir en una comunidad autónoma diferente a Madrid, la única región española que a día de hoy bonifica al 100%, y por tanto suspende, el impuesto que grava a las grandes fortunas.

Este gravamen, cuya gestión recae directamente en las comunidades autónomas, afecta a los contribuyentes que poseen bienes, excluyendo la vivienda habitual hasta 300.000 euros, por un valor superior a los 700.000 euros. El tributo ha sido y sigue siendo objeto de gran polémica, tanto a nivel autonómico como nacional. De un lado, varias regiones acusan a Madrid de llevar a cabo una competencia fiscal desleal al bonificar al 100% el impuesto y atraer con esta medida a las grandes fortunas a su jurisdicción. Por otro, el Gobierno, a través de la comisión de expertos creada por el Ministerio de Hacienda para dar forma a la futura reforma fiscal, tiene la intención de armonizar este tributo para frenar las fugas de renta por razones fiscales.

Atendiendo a los propios datos de la Agencia Tributaria, la diferencia entre los ultrarricos y el resto de los tamos más acaudalados es más que obvia. Por ejemplo, los más de 142.000 declarantes que oscilan entre los 300.000 y los 1,5 millones de euros pagaron el impuesto en el 94% de los casos; los que atesoran un patrimonio que se mueve entre los 1,5 millones y los 6 millones de euros (unas 57.000 personas) lo abonaron el 80% de las veces; y los 7.000 ricos que tienen entre 6 y 30 millones pagaron el impuesto de patrimonio en la mitad de las ocasiones. En total, en 2019 hubo en España 212.284 liquidantes, de los que pagaron el tributo algo más de 183.000, el 86% del total.

Todas las proporciones están muy lejos del 34% relativo a las fortunas más voluminosas, una cifra que sugiere que la mayoría de ultrarricos, y que no abona el impuesto, reside en la Comunidad de Madrid, en la que hay 19.090 personas que han tenido que declarar por su patrimonio. De hecho, según la estadística de la propia Agencia Tributaria, la región central dejó de recaudar unos 990 millones de euros en 2019 por este tributo, ya que aunque los contribuyentes más acaudalados tuvieron que presentar la declaración quedaron exentos de tener que pagar gracias a la ventaja fiscal que les da la residencia.

Las diferencias entre las comunidades autónomas de régimen común –todas salvo País Vasco y Navarra– también son claras. Según los datos relativos a 2019, de los 183.000 contribuyentes que abonaron este impuesto un total de 77.615 residían en Cataluña. Tras ella se situaron la Comunidad Valenciana, con poco más de 22.000 personas, Andalucía, con unos 16.500 contribuyentes, y Aragón, con unos 13.600 ricos. El resto de regiones anotaron cada una menos de 10.000 pagadores, con la cifra más baja –con permiso del vacío de Madrid– en Extremadura, que cerró el año con 1.186 contribuyentes. A las comunidades autónomas habría que sumarle las cifras de Ceuta y Melilla y las de los extranjeros con bienes en España, que suman unas 8.000 personas.

Evolución

Los datos publicados por la Agencia Tributaria muestran cómo el número de ultrarricos, aquellos que poseen más de 30 millones de euros, ha crecido en España entre 2018 y 2019, para pasar de los 608 a los 701 declarantes. La cifra aumentó año tras año desde la creación de esta figura tributaria, en 2007, hasta el ejercicio 2018, cuando por primera vez cayó al pasar de los 611 de 2017 a los 608 de un año después. En todo este tiempo, el número de contribuyentes que ha pagado el impuesto de patrimonio también ha ido desmoronándose: del 49% que lo abonaba en 2011 al 34% que lo liquidó ocho años después.

El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, cuando quedó bonificado al 100% en toda España. Tres años después, y debido a los estragos de la crisis económica, fue recuperado por el mismo Ejecutivo y prorrogado por los respectivos Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que estudia su rediseño a raíz de un acuerdo entre PSOE y Podemos. Hoy, el impuesto funciona por tramos: del 0,2% al 2,5% sobre las fortunas de más de 700.000 euros una vez restados hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual. Las regiones pueden modificar los tipos, los mínimos exentos y las bonificaciones

Fuente: El Pais.com 

2 de septiembre de 2021

ESPAÑA. Podemos, culpa al oligopolio energético y al mercado eléctrico por lo que hizo Aznar, no al Gobierno actual

 Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos explica la postura intervencionista de su partido para evitar que siga aumentando la factura de la luz que hoy alcanza su máximo histórico


El portavoz nacional de Podemos y de UP en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, habla para Diario16 sobre las propuestas de su coalición ante el incremento desproporcionado de la factura de la luz. Justo hoy el precio de la luz se dispara a los 140 euros. La situación perjudica la imagen del Gobierno y enfrenta de nuevo a Podemos con el PSOE. Sin embargo, Fernández insiste en que la postura de Podemos va contra el oligopolio energético y al mercado eléctrico. De lo que, por cierto, responsabiliza al ex presidente Aznar.

P. Esta crítica desde Podemos al Gobierno del que forma parte por la subida del precio de la luz , ¿no desgasta tanto al PSOE como a Unidas Podemos?

R. La crítica no es al Gobierno, es al oligopolio energético y al mercado eléctrico. Por cierto, la arquitectura de todo esto la diseña el PP con José María Aznar y con precios inasumibles. El ex presidente del PP es el responsable directo de tener un mercado eléctrico a merced de ese oligopolio y con precios absolutamente inasumibles.

P. Pues no está llegando así el mensaje desde Podemos…

R. Lo que hacemos y decimos es criticar al mercado eléctrico y dar soluciones factibles y posibles que se aplican en otros países de la UE, como en Francia. Y que son propuestas y soluciones que permitirán bajar de inmediato la factura de la luz.

P. ¿Cuáles son esas propuestas concretas desde Podemos para controlar esta subida histórica del precio de la Luz?

R. Establecer un precio fijo a la energía nuclear y fijar un precio máximo a la energía hidroeléctrica. Eso permitiría reducir entre 1.500 y 3.200 al año la factura de la luz. También apostamos a medio plazo por la creación de una empresa pública de energía, que aportaría competencia y transparencia al mercado, y haría frente a ese oligopolio energético y permitiría reducir de forma notable la factura de la luz.

P. Pero el desgaste del Gobierno es real cuando hay tantas discrepancias públicas, como ocurre ahora con la subida de la luz….

R. Lo que puede desgastar al Gobierno es no hacer nada. Hay que tomar medidas. Por eso pedimos al PSOE que sea valiente y audaz, y aplique las medidas que nosotros planteamos. Porque lo que está pasando con el recibo de la luz es inaceptable. No moverse y no hacer nada es lo que pasará factura al Ejecutivo.

P. Da la sensación que desde el Ejecutivo, la vicepresidenta Yolanda Díaz mantiene una postura más prudente con el ejecutivo del que forma parte. ¿Hay diferencia de criterios sobre cómo afrontar la situación?

R. Yolanda ha sido muy clara y se ha mostrado partidaria, como el resto de Unidas Podemos, a intervenir en el mercado eléctrico, a regular los precios d ela luz. Es la misma postura que defendemos en Podemos. Teneos consonancia total. Es una de las principales hoy preocupaciones de la ciudadanía, y nosotros debemos estar para dar respuesta a los problemas de la gente, para solucionar las preocupaciones de la ciudadanía. En eso estamos absolutamente centrados en Podemos, como lo esta Yolanda en el Gobierno.

P. Desde el PSOE se lanzan mensajes, sin embargo, sobre que las propuestas de Podemos sobre el tema de las eléctricas son imposibles de asumir en un Gobierno. Que parecen más ideas lanzadas de quien está en la oposición…

R. Tenemos unas propuestas absolutametne factibles y que se aplican en la UE. Es una cuestión de pura y dura voluntad política y nosotros la tenemos. Esperamos que el PSOE al final acepte y se avenga a aplicar nuestras propuestas.

P. ¿Qué opinión merecen a Podemos las explicaciones de la vicepresidenta Ribera donde descarta intervenir la luz?

R. Las explicaciones de Teresa Ribera son absolutamente decepcionantes y no dan respuesta a la problemática actual. Pero sabemos que hay que ser perseverantes y que en nuestra relación con el PSOE, como socio de Gobierno mayoritario, nos obliga a insistir hasta que consigamos convencerles.

P. ¿Ya ha ocurrido antes con otros asuntos de Estado?

R. Esto ya sucedió con la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Hay que recordar que Podemos ha trabajado durante meses para incrementar ese SMI. Que el PSOE decía que era imposible e inviable. Y ayer hemos conocido, por el propio presidente del Gobierno, que finalmente el PSOE acepta incrementar el Salario Mínimo. Unidas Podemos en numerosas ocasiones ha marcado el camino e insistido en sus propuestas. Al PSOE le ha costado aceptarlas, pero al final lo ha hecho. Por eso, hará falta mucho diálogo, mucha negociación, pero estamos convencidos que al final pasará como con el SMI y que el PSOE aceptará nuestra propuesta y en ese momento se bajaría de inmediato la factura de la luz, que ahora es nuestro objetivo prioritario.

Fuente: Diario16.com

ESPAÑA. Ayuso y sus historias para no dormir

 Doña Isabel predica nuevas rebajas de impuestos a lo Trump para fomentar la domiciliación de multinacionales y grandes fortunas a la mayor gloria de sus patrocinadores y los madrileños aprenden a convivir con el paro y salarios basura porque según ella, es un mal necesario para la supervivencia de la Autonomía madrileña, aunque no tengo claro si también se refiere a la supervivencia de la Sanidad Pública, con el cierre de la mayoría de centros de Salud de Madrid.


La estrategia de Isabel Díaz-Ayuso es distraer la atención de lo importante mediante la técnica del señuelo. Desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado lanzando fuegos artificiales sin tino. Esto ha hecho que muchas de sus ideas hayan sido consideradas meras ‘ocurrencias’ sin pies ni cabeza por la izquierda, que sin embargo ha caído en la trampa.

Ahora el ‘gran’ tema es la fiscalidad de Madrid. Doña Isabel predica nuevas rebajas de impuestos a lo Trump para fomentar la domiciliación de empresas y de grandes fortunas, que como es lógico, están interesadas en pagar lo menos posible: para vaca de ordeño ya está todo el abanico de la clase media, desde la media baja a la media alta. Y todo el que tiene nómina.

A esta promesa electoral dos socialistas respondieron con sendos resbalones propios de principiantes: el valenciano Ximo Puig proponiendo un impuesto especial a los ricos de Madrid, y el ministro Escrivá, con un ‘esto tiene largo recorrido’ que ha sido interpretado como una caja de Pandora. Fue suficiente para la zapatiesta. Desde el PP se aireó y se sacó otra vez en procesión al santo victimismo y se dio por hecho la construcción de una ‘madrileñofobia’.  El desmentido de la ministra María Jesús Montero, diciendo como Talleyrand que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, no ha hecho ni mella ni efecto en los medios de comunicación (y algunos de intoxicación y propaganda) conservadores. Entre la adicción y los intereses creados el producto más habitual que se cocina al almirez es un atractivo menú conspirativo. Y como ya se huelen elecciones, con viento portante, lejos de disiparse la cortina de humo, se espesa.

La realidad, sin embargo, contradice al Partido Popular; y ellos lo saben. Pero el juego les interesa. Creen que el único que se quema es el presidente Sánchez, que acabará a la parrilla. Pero son tan frecuentes y manifiestos los imposibles metafísicos y las trolas que a estas alturas incluso muchos adictos se sonríen. Y eso es un mal síntoma: la sonrisa siempre precede a la carcajada. Y la carcajada al ridículo. Ahí tienen que aprender los más lanzados de Alberto Núñez Feijóo, que parece seguir la senda de su colega madrileña, pero sutilmente –‘a la gallega’- le lleva la  contraria. Él habla de que la Xunta bajaría los impuestos “al noventa por ciento de los gallegos”. Huye  del populista dumpismo de Madrid.

Y es que sabe que estos son malos tiempos para bajar impuestos, hacen falta los cuartos, por una parte, pero por la otra la Unión Europea ha lanzado una operación para eliminar el dumping fiscal interno practicado por algunos países miembros.

De todas formas la propia Constitución Española, que muchos presuntuosos ‘constitucionalistas’ dicen amar con locura, previene contra estas y similares tentaciones. El artículo 31.1, dice: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…” Y el 138.2 aclara otro aspecto: “La diferencia entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrá implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”. Esto tiene más profundidad de la que aparenta: el principio de igualdad es uno de los ‘valores superiores’ que figuran en el Artículo 1 de la CE78.

Encima, estos no son tiempos para bajar impuestos ni en los estados que más practican este deporte de ricos. Después de una crisis los impuestos suben, y prometer lo contrario es mentir. Eso ocurrió cuando estalló la gran recesión en 2007/2008. Rajoy y Montoro sostuvieron en campaña que los Reyes Magos existen y que iban a reducir la presión fiscal: pues la subieron, y de qué manera.

Pero no es solamente el ombligo español lo que cuenta. Desde hace tiempo tanto la Eurocámara como la Comisión quieren poner coto a la competencia desleal dentro de la UE.  En enero de 2020 la corresponsal de ‘La Voz de Galicia’ en Bruselas, Cristina Porteiro,  reflejaba perfectamente el ambiente en los titulares de su crónica: ‘Paraísos fiscales en la UE: cuando el enemigo vive en casa’, ‘Pone nombres y apellidos a los países que sabotean las Haciendas de sus vecinos’. Es exactamente este aspecto de ‘sabotaje hacendístico’ de Madrid hacia ciudades o regiones competidoras lo que ha suscitado el malestar en las comunidades afectadas.

En Bruselas y en Estrasburgo se dan pasos adelante, cada vez más firmes. La Comisión Europea prepara “un asalto legal sin precedentes” contra la práctica desleal de los bajos impuestos. El 21 de enero de este año el Parlamento Europeo (PE) revisó la lista de paraísos fiscales. Un escalón imprescindible para la adopción de medidas legales internas contra ’territorios no cooperativos a efectos fiscales así como de regímenes fiscales nocivos, también en estados miembros de la Unión Europea, (lo que) da lugar a gravísimas pérdidas financieras para los estados miembros de la Unión, lo que sustrae recursos de los presupuestos nacionales y lastra la capacidad de los gobiernos…” Es un poco enrevesado el texto, pero es lo que tiene la multitraducción de la jerga comunitaria.

En paralelo, el aumento de la fiscalidad a las grandes empresas multinacionales, expertas en escaqueo, va cuajando en las organizaciones multilaterales. Aparte de la UE, que ha lanzado un gigantesco plan para la reconstrucción tras la catástrofe económica y social provocada por los efectos de la pandemia, que tendrá que financiarse por el procedimiento presupuestario habitual, también  el G-7 alcanzó en junio un ‘acuerdo histórico’ para regular la fiscalidad de estos gigantes financieros comprometiéndose a aplicar un gravamen de sociedades no inferior al 15%... para evitar precisamente el ‘dumping fiscal’.

Y es que las mayores economías mundiales se rigen por los mismos principios de necesidad y oportunidad que los ayuntamientos más pequeños. Los ‘daños pandémicos’ son de una enorme magnitud. Washington, Berlín, Madrid, París, Roma… todo el mundo, tienen similares desafíos para afrontar el futuro.

Los ‘lugares comunes’ hasta ahora, ese neoliberalismo con ansias salvajes que es al liberalismo como un huevo a una cagarruta de cabra, han quedado aplastados por una realidad dramática. El catecismo del ‘padre Ripalda’, caspa de Trento, es una joya de la arqueología del atraso. Aunque muchos madrileños no se hayan dado cuenta todavía, porque el ayusismo y el casadismo juegan al ping-pong en medio del terremoto y de sus réplicas,  ya va por la quinta, el loquinario tiovivo privatizador ha destrozado el sistema inmunitario regional: v.g. la indecente venta de viviendas públicas a ‘fondos buitre’, con gravísimas secuelas; la esclerosis de la sanidad publica, el esperpento vacunal, el desastre sin paliativos de la atención geriátrica… Mientras, la presidenta claramente candidata a ser califa en lugar del califa declara guerras a tutiplén.

Lo grave es que esto va a seguir. La idea parece ser ir creando una ‘realidad alternativa’ que exista solo en los titulares sin dar tiempo a que surta efecto la verificación de la veracidad. Vale todo. Hasta las neveras. Como la serpiente del Lago Ness, que siempre aparece en verano, vuelve este agosto a las páginas adictas a la derecha las vacaciones de Sánchez y la manipulación descarada de las residencias propiedad de Patrimonio del Estado. ¡Ha sido noticia hasta el cambio de una lavadora en La Mareta! Como si fuera un despilfarro intolerable. Y eso que en ‘lavadoras’ el PP tiene una acreditada especialidad.

Entre tanto, la ofensiva popular de finales de agosto en adelante se centrará en sembrar sospechas sobre el uso de los fondos europeos de recuperación intentando bloquearlos hasta ‘el cambio’. Hace tiempo que se sabe que el principal objetivo del PP es llegar a las elecciones generales con el PSOE envuelto en sospechas.

Que es encima otra manera de tratar de encubrir esa  gran verdad incómoda de la corrupción sistémica, con la secuela de un interminable viacrucis por los banquillos de los juzgados, activando el ventilador de la mierda aunque sea con bombas fétidas y petardos de broma. A ver si cuelan.

Ahora el trampantojo es el de la guerrita fiscal; enseguida volverán los muertos pandémicos y todo el catálogo de espejismos de diseño, supuestos horrores y solemnes obviedades convertidas en tragicomedia nacional. Así hasta los temas graves, como el conflicto catalán, el oportunismo peneuvista que ridiculiza al gobierno de turno y un nuevo ‘problema territorial’ que puede disparar los nacionalismos locales… tendrán que convivir con el ‘Celtiberia show’. Con los badajos de los campanarios ya engrasados.

EDITORIAL

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado,  que su intención es "seguir bajando" tributos y tener "menos impuestos y menos burocracia".

Hoy mismo Dª Isabel anuncia el final de los impuestos propios autonómicos en Madrid, en concreto, el tributo sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y el impuesto sobre depósito de residuos,  como no podía ser de otra manera, en esta deriva de madrileñismo trumpista que profesa, generador de paraísos fiscales dentro del estado español.

Fuente: Huffingtonpost.es y EFE

ESPAÑA. Los mundos de yupi de un PP liberal.

 El PP como partido liberal: una aspiración ideológica muy lejos de su realidad política


¿Qué es exactamente el liberalismo? ¿Cumple el PP los requisitos para ser definido como tal? ¿Lo perciben así sus votantes? Expertos en sociología, ciencia política y demoscopia explican por qué el PP no se ajusta a los cánones del liberalismo.

El liberalismo está de moda. O, al menos, así lo cree la derecha española que trata de definirse a través de esta etiqueta sin llegar a profundizar demasiado en su significado. Se trata de una palabra que aparece de manera recurrente en los discursos de los dirigentes del Partido Popular (PP) y que ligan al concepto de libertad, ampliamente utilizado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso durante su campaña electoral.

"Nuestro compromiso inquebrantable con la dignidad y la libertad de todas las personas nos identifica con el liberalismo como filosofía política y económica", señalan los estatutos del PP, formación actualmente dirigida por Pablo Casado. "Asumimos la responsabilidad histórica de hacer del Partido Popular la casa común donde conviven las familias conservadoras, liberales y democristianas de la política española", reza otro punto. En la cúpula del partido aseguran que están "comprometidos" con los "principios derivados del liberalismo" y llevan años intentando situarse como "la referencia liberal" en España.

Antes que ellos lo intentó Ciudadanos, que actualmente lidia con una OPA hostil impulsada por el PP que busca apropiarse de su espacio electoral. Los 'naranjas' también presumen de llevar la etiqueta 'liberal' por bandera y así se reafirmaron en la última convención del partido, celebrada el mes de julio. ¿Pero qué es exactamente el 'liberalismo'? ¿Cumple el PP los requisitos para ser definido como tal? ¿Lo perciben así sus votantes? Público ha contactado a varios expertos en sociología, ciencia política y demoscopia para tratar de responder a estas cuestiones.

La historia del liberalismo y los orígenes del PP

En primer lugar, habría que diferenciar liberalismo en dos sentidos: como ideología y como filosofía política. En el caso de la primera, Ismael De La Villa, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), explica que el liberalismo fue la ideología hegemónica que rigió el desarrollo del estado-nación en relación a lo jurídico, lo económico, las políticas públicas a finales del XVIII y a lo largo del siglo XIX. "Está claro que, por tradición y por origen histórico, el PP no encuentra sus raíces en esta primera vertiente", señala el politólogo.

Para Eduardo Bayón, analista y politólogo, "el franquismo eclipsó cualquier espacio político liberal, al que también se demonizaba al igual que a la izquierda". Bayón cita como elemento clave la desaparición del partido Unión del Centro Democrático (UCD) y la formación del PP, que posteriormente absorbió a los grupos liberales existentes y abarcó todo el espacio de la derecha. "En ese sentido también había un interés en usar las etiquetas para ocupar todo el espectro, lo cual estuvo facilitado por la ausencia de partidos liberales autónomos como existen en nuestro entorno", explica.

La socióloga y politóloga Aida Vizcaíno, consultora de asuntos públicos y profesora asociada de Ciencia Política en la Universitat de València (UV), también desvincula al PP del liberalismo por sus orígenes. La experta relata que la falta de un partido liberal en España tiene que ver, entre otras cuestiones, con el complejo surgimiento de la burguesía y el tardío proceso de la industrialización del siglo XIX, ambientes propicios para las ideas liberales y, con ellas, los partidos liberales. "En España llegó tarde y con menor fuerza que en países como Inglaterra, de hecho, ello explica la tardía implantación del movimiento obrero y del feminismo".

El liberalismo como filosofía política

En el segundo caso, la definición de liberalismo como filosofía política entiende que hay unos derechos naturales de partida inalienables universales de todos los individuos. "El estado, al contrario de lo que mayoritariamente se cree, no es incompatible con el liberalismo, ya que es quien debe garantizar el ejercicio de estos derechos individuales, siempre y cuando no se sitúe por encima del individuo ni coarte su libertad negativa", apunta el investigador de la Complutense.

En ese sentido, De La Villa considera que en materia de derechos civiles, el PP se ha mostrado más próximo a ideologías conservadoras o democristianas, que no se muestran compatibles con el ejercicio de estos derechos individuales, subordinándolos a otras cuestiones. Ejemplo de ello es su descarnada oposición a las leyes que regulan el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia y a las listas paritarias, que el PP recurrió ante los tribunales.

Además, para la experta, el concepto de 'libertad' tan explotado durante la campaña madrileña, poco o nada tiene que ver con el liberalismo. "Su concepto de libertad es sinónimo de consumo, mercantilización. Ayuso supo percibir los estados de ánimo y exprimir los imaginarios colectivos. En este sentido, poco tiene que ver con la libertad o ser liberal en sentido ideológico o político", razona.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith se distancia de la concentración de los integrantes del ayuntamiento de Madrid para mostrar su repulsa a la violencia machista en la entrada de la sede del ayuntamiento en Madrid este lunes.

PP, partido neoliberal

Los tres expertos apuntan que la etiqueta más precisa para definir al PP es el neoliberalismo. "El modelo madrileño, por el que parece apostar el partido a nivel estatal, es el claro ejemplo. Esa concepción de lo colectivo explica, coherentemente, su oposición a la liberalización de las patentes de vacunas", explica la politóloga.

"La concepción liberal del PP se centra en el papel mínimo del estado respecto a la intervención de este en la economía y esto enlaza con la concepción actual neoliberal; aunado con los posicionamientos conservadores en lo cultural. Además, esta explotación de las etiquetas se ha usado y potenciado atendiendo a las características territoriales", resume Bayón.

Sin embargo, De La Villa recuerda que incluso en material fiscal, algunos de los liberales más clásicos apuntaron determinadas prescripciones que no serían aceptadas por muchos hoy día. Por ejemplo, Adam Smith, considerado el 'padre del liberalismo', señaló ya desde un principio la necesidad de progresividad fiscal sobre las rentas del trabajo dentro de un Estado. Otros como John Stuart Mill y David Ricardo entendían como fundamental la aplicación de impuestos sobre una de las formas más importantes de capital en aquel momento, como era la tierra, independientemente de su mayor o menor productividad. "En contraste, a día de hoy, algo tan básico como un reducido impuesto sobre el patrimonio, desde estas posiciones más conservadoras, se entiende como un ataque a la libertad", concluye el investigador.

Los votantes del PP: más conservadores que liberales

Lo cierto es que, ateniéndonos a la demoscopia, los votantes del PP se consideran mucho más conservadores que liberales. Así lo desgrana José Pablo Ferrándiz, doctor en sociología y fundador y director de la firma Elemental Research. Según la muestra postelectoral del Centro de Investigaciones Sociólogicas (CIS) tras las elecciones generales de noviembre del 2019, el 44% de los votantes del PP se definía como conservador frente al 14% que lo hacía como liberal y el 11% que se ubicaba como democristiano

Ferrándiz señala que la etiqueta liberal-conservador existe, pero apunta que en España "nunca ha habido un partido realmente liberal". "En el PP aluden a un liberalismo que no es político, sino económico", resume el sociólogo, que asegura que los conservadores no cumplen los requisitos para ser considerados como una formación liberal. "Tienen un votante más femenino que masculino y la demoscopia indica que las mujeres son más conservadoras que los hombres", prosigue. Sucede lo mismo con la población mayor de 65 años, un perfil mucho más conservador que la población más joven, y en los que el PP encuentra un claro nicho electoral.

El sociólogo no tiene ninguna duda de que "el PP va a competir por hacerse con la etiqueta de liberal, al igual que han hecho con el concepto de libertad", pero señala las contradicciones de definirse como tal y pactar con una formación como Vox. Ferrándiz los considera una formación "profundamente iliberal o antiliberal" que se encuentra próxima ideológicamente a líderes euroescépticos y homófobos como Viktor Orbán, el primer ministro húngaro.

Para Ferrándiz, la victoria de Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas no es extrapolable al conjunto del Estado. "Santiago Abascal le está haciendo sombra a Casado; en Madrid la candidata de toda la derecha era Ayuso, pero en los sondeos Casado no consigue aprobar, no hay un líder transversal en toda la derecha", concluye el fundador de Elemental Research.

En ese sentido, todos los expertos consultados creen que el PP trata de rentabilizar la etiqueta 'liberal' para distanciarse del partido ultra, pese a que realmente no lo es. También apuntan a que es una estrategia clave para absorber a Ciudadanos. El tiempo dirá si consiguen también convencer a su principal objetivo: los votantes.

Fuente: Publico.es