La reforma, que de ser aprobada prohibiría a
la NSA almacenar por su cuenta miles de millones de "metadatos"
telefónicos, se quedó a dos votos (58) de los 60 necesarios
para avanzar en la Cámara Alta
El Senado de Estados Unidos
bloqueó una reforma para poner fin al almacenamiento masivo de datos
telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), una medida que
tenía el apoyo de la Casa Blanca y que era consecuencia directa de las filtraciones
de Edward Snowden.
La polémica reforma,
denominada USA Freedom Act, se quedó a dos votos (58) de los 60 necesarios para
avanzar en la Cámara Alta, con toda la bancada republicana en contra salvo
cuatro senadores, entre ellos Ted Cruz (Texas). La Cámara de Representantes
aprobó su propia versión de la reforma en mayo, pero no consiguió suficiente
apoyo entre los defensores de la privacidad.
Por eso un nuevo texto
rectificado que incorporaba esas preocupaciones llegó al Senado este verano y
logró el apoyo del presidente Barack Obama, de las principales empresas
tecnológicas y de la Unión de Libertades Civiles (ACLU). Si el Congreso, que a
partir de enero estará bajo el control absoluto de los republicanos, no actúa,
se enfrenta a la expiración el 1 de junio de una disposición clave de la ley
USA Patriot Act que habilita al departamento de Inteligencia del país a
recopilar datos telefónicos en la lucha contra el terrorismo.
El republicano Mitch
McConell, que en enero pasará de líder de la minoría a encabezar la mayoría en
el Senado, es uno de los legisladores que se ha opuesto con más énfasis a la
reforma, al alegar que "acabaría con una de las vías claves de la nación
para recopilar información relevante de Inteligencia sobre amenazas terroristas".
"Este es el peor momento
posible para atarnos las manos", añadió, tras referirse a la amenaza del
Estado Islámico (ISI) en Irak y Siria y las decapitaciones de occidentales de
los últimos meses por este grupo yihadista.
La reforma prohibiría a la
NSA almacenar por su cuenta miles de millones de "metadatos"
telefónicos, incluidos los de la práctica totalidad de las conexiones
telefónicas de los estadounidenses. Según esta norma, serían las compañías
telefónicas estadounidenses las que mantuvieran esa información, que se limita
a número teléfono, duración de la llamada o localización, durante 18 meses.
La NSA tendría acceso a esos
datos solo mediante una autorización judicial en la que entregue detalles de la
razón específica por la que se desean rastrear comunicaciones y para investigar
planes terroristas orquestados desde el extranjero.
Fuente: El Mundo.es
