El uso de esta vía se limitará según el tamaño de la empresa
La propuesta llega
después de las tensiones generadas entre Gobierno y patronal después de que el
Ministerio de Seguridad Social firmara a solas con los sindicatos una subida de
0,6 puntos de las cotizaciones sociales como eje central del mecanismo de
equidad intergeneracional que debe cubrir el sobrecoste de pensiones que
generará la jubilación de la generación del baby boom.
Durante el encuentro
de este miércoles, el Ministerio de Trabajo, que lidera una mesa a la que
también se sientan el Ministerio de Asuntos Económicos y el de Seguridad
Social, planteó que el contrato por circunstancias de la producción y los
contrato de sustitución de carácter temporal tengan un máximo de tres meses de
duración, utilizando topes de utilización en función del tamaño de las
empresas.
En concreto, las
empresas con menos de cinco empleados solo podrán disponer de uno de estos
contratos, las de hasta 10 empleados, de dos, y las grandes un determinado
porcentaje de su plantilla en línea con estas proporciones. Por ejemplo para
plantillas de 10 a 30 serán máximo tres contratos de este tipo; de 101 a 500
empleados serán 15 o, el 7%.
El margen será algo
mayor en el caso específico de la agricultura. Para evitar que haya puestos
estructurales cubiertos encadenando este tipo de contratos, el Ejecutivo prevé
obligar a hacer un contrato indefinido si la eventualidad alcanza los cinco
meses, según detallan fuentes del diálogo social.
A su vez, propuso que
los contratos formativos limiten su duración a entre tres meses y dos años, en
el caso de la modalidad de alternancia, o de seis meses a un año, para los
contratos de adquisición de práctica profesional. En paralelo, se unificaría el
periodo de prueba a sólo un mes. Queda pendiente la discusión con los agentes
sociales sobre los límites de edad y la posibilidad de suscribir contratos
formativos a jornada parcial.
Más allá, el Gobierno
reiteró su disposición a recuperar la ultraactividad de los convenios mientras
que las partes no lleguen a un acuerdo para sellar uno nuevo, y a retomar la
prevalencia de los acuerdos de empleo sectoriales sobre los de empresa,
aspectos que cambió la reforma laboral del PP de 2012.
Por otra parte,
informan fuentes sindicales, el Gobierno mantiene la redacción referente a los
contratos fijos discontinuos, “verdadera apuesta para introducir los trabajos
de temporada en la contratación indefinida”, dice UGT, así como la redacción de
los artículos 41 y 42, de modificación sustancial de las condiciones de
trabajo, y contratas y subcontratas, en las que este sindicato viene reclamando
recuperar la redacción previa a 2012.
Además, Trabajo
estudia introducir especificidades del sector de la construcción en el rediseño
del contrato indefinido, dentro de la simplificación de los contratos a solo
tres modelos, fijo, temporal y de formación, que pretende.
Nueva propuesta del
modelo Red para el viernes
En el campo de los
ERTE actuales, el Ejecutivo acepta la pretensión sindical de que si existen
exoneraciones de cuota patronal vayan acompañadas de garantías de mantenimiento
de empleo.
Una de las medidas
clave de la reforma laboral que el Gobierno aspira a pactar con patronal y
sindicatos es el rediseño de los Expedientes de regulación temporal del empleo
(ERTE), a fin de introducir nuevas modalidades ligadas a formación para la era
pospandémica que permitan a las empresas afrontar crisis coyunturales y
reconvertir a los empleados de sectores en declive.
Tras una primera
propuesta que despertó críticas tanto de empresarios como de sindicatos, por su
rigidez y carga burocrática, Trabajo se comprometió este miércoles a presentar
una nueva propuesta en la siguiente jornada de negociación que se celebrará el
viernes a fin de limar el rediseño del instrumento durante las próximas
semanas.
El objetivo de tener
listo un pacto antes de final de año. Este es el compromiso al que se ha
llegado con la Comisión Europea dentro del marco del Plan de Recuperación que
rige la entrega de las ayudas europeas, dentro del cual la reforma laboral será
una de las llaves clave para desbloquear la entrega de unos 12.000 millones de
euros.
Fuente: Cinco
Días.com