El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró ayer que, para la segunda fase de la reforma de pensiones, que se llevará a cabo el próximo año, el Gobierno trabajará “en un moderado destope de las bases de cotización”, lo que supone elevar la cuantía sujeta a cotización (retención) a la Seguridad Social y que para 2022 está fijada en 4.139,40 euros mensuales.
Posteriormente, el
ministro ratificó esta intención de subir las bases y las pensiones máximas
durante su comparecencia para presentar el avance de la afiliación a mitad de
mes. “Todo lo que aumente la base llevará aparejado un aumento equivalente de
la pensión”, repitió el ministro.
En estas jornadas,
que llevaron como título El futuro de las pensiones, el impacto de las
macrotendencias más allá del debate político, confirmó también que Gobierno
tiene previsto aprobar antes de fin de año en el Consejo de Ministros el
anteproyecto de ley que regulará los nuevos fondos de pensiones de promoción
pública, para enviarlos después al Parlamento y que su tramitación termine en
el primer semestre del año, que es el compromiso alcanzado con Bruselas. A este
respecto, el titular de Seguridad Social enfatizó que la nueva norma eliminará
todos los obstáculos para el desarrollo de los planes colectivos de pensiones.
“Tenemos un compromiso que vamos a cumplir, antes de que finalice el año:
aprobar en Consejo de Ministros una nueva norma para los planes colectivos de
pensiones”, indicó Escrivá.
Y explicó que, justo
esta semana, su departamento está en conversaciones con expertos y con la
industria financiera del ahorro previsión para que “la ley incida en los cuellos
de botella que han impedido su desarrollo”. En este sentido, identificó algunos
de estos obstáculos que, en su opinión, tienen que ver con la negociación
colectiva o con la simplificación de procedimientos para extender estos planes
a autónomos, pymes o a empleados públicos.
Escrivá hizo un
repaso de la reforma de pensiones que negocia el Gobierno en estos momentos con
los agentes sociales y que se tramita en el Parlamento. De todas las
modificaciones de esta reforma destacó dos como las más importantes: el hecho
de garantizar el poder adquisitivo para los pensionistas y los nuevos
incentivos para que la edad real de jubilación que no llega a los 65 años se
acerque a la legal (66 años). Y calificó esta última herramienta como “la más
poderosa con diferencia” para la sostenibilidad del sistema. En este sentido,
recordó que el Ejecutivo aprobará el pago de una sola vez de un cheque, que
según lo diseñado puede llegar hasta 12.000 euros por cada año que se retrase
la jubilación. “Lo que hemos comprobado en las encuestas, y hemos hecho muchas,
es la preferencia abrumadora y disponibilidad a demorar la jubilación si el
pago se hace de una sola vez”.
Asimismo, señaló que
junto estos incentivos y al traslado de los gastos impropios de la Seguridad
Social al Estado –que prevé que elimine el déficit actual del sistema en 2023–,
la opción de retrasar unos meses las jubilaciones anticipadas e incentivar a
los trabajadores que lo hagan, cierran el grupo de las principales medidas para
sanear financieramente las cuentas del sistema.
Tras el revuelo
mediático causado por la reciente aprobación del nuevo mecanismo de equidad
generacional acordado por el Gobierno y los sindicatos, pero con el rechazo de
los empresarios, Escrivá volvió a defender esta herramienta porque “crea una
cotización –de 0,6 puntos durante diez años– finalista y relativamente
pequeña”.
Lo que recaude esta
nueva cuota se depositará en el fondo de reserva de las pensiones en el que
solo quedan poco más de 2.000 millones y, a partir de 2032, se usará “si las
cosas se tuercen” y “si van bien” está previsto que estos ingresos se devuelvan
en forma de menos cotizaciones o mayores pensiones. Y, si aun utilizando el
fondo no fuera suficiente, Escrivá derivó la toma de decisiones (ajustar el
gasto bajando las pensiones, aumentar los ingresos subiendo cotizaciones, o
ambas) en la próxima década a los responsables que estén entonces al frente del
sistema y a los futuros integrantes del Pacto de Toledo.
Escrivá no eludió
tampoco referirse a otra de las polémicas de la semana: si el Gobierno tiene o
no previsto prolongar a 35 años el periodo de cómputo para calcular la cuantía
de las pensiones, algo que Escrivá ha negado hasta la saciedad. En ese punto
recordó que el Ejecutivo “tiene el compromiso de evaluar las nuevas carreras
profesionales, porque tras la crisis anterior nos hemos dado cuenta de que las
nuevas trayectorias profesionales ya no son tan lineales y son más volátiles”.
Para compensar las pérdidas de cotización que eso supone, Escrivá dijo que “se
puede trabajar en los la elección de años o en la mejora del tratamiento de
lagunas; eso lo vamos a hacer el año que viene”, pero no citó la tercera opción
que sería aumentar los años del periodo de cómputo.
Fuente: Cinco Días
Escrivá subirá la
pensión máxima tras elevar las cotizaciones a los que ganen más de 49.000 euros
El ministro de
Seguridad Social, José Luis Escrivá, sigue buscando financiación para pagar las
pensiones de los ‘baby boomers’. Esta semana cerraba con los sindicatos un
pacto para subir las cotizaciones a empresas y trabajadores en un 0,6% y ayer
anunció que el próximo año aumentará la pensión máxima, ahora en 2.707 euros,
después de ‘destopar’ las bases máximas de cotización, ahora en 49.000 euros al
año (4.070,10 euros mensuales).
El ministro avanzaba
que ambas decisiones irán en paralelo después de las críticas recibidas por la
menor equidad intergeneracional del mecanismo de ajuste de las pensiones -pues
carga sobre las espaldas de los jóvenes el coste de garantizar el retiro del
‘baby boom’- y por los dardos que apuntan al atentado sobre la contribuidad que
supondrá el destope de las cotizaciones de los sueldos más altos comprometida
por Bruselas.
El ‘destope’ de las
bases máximas es un compromiso adquirido con Bruselas para aplicar en la
segunda parte de la reforma de pensiones, la más dura, junto a a la ampliación
de los años que se tienen en cuenta para calcular la jubilación. Esta última medida
supondrá un recorte de la pensión, que el ministro pretende neutralizar en
algunos casos dejando libre elección de los años más beneficiosos para el
cálculo.
Actualmente,
empresarios y trabajadores aportan a la Seguridad Social el 28,3% del salario de
cada trabajador -el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7%, el empleado-; es lo
que se denomina cotización por contingencias comunes. Y lo que se recauda con
dicha cotización conforma la principal fuente de financiación del sistema de
pensiones. No obstante, este tipo de cotización del 28,3% no se aplica a la
totalidad de los salarios de los trabajadores, sino que tiene un suelo mínimo y
un techo máximo que cada año fija la ley.
El acuerdo a dos
bandas cerrado entre Seguridad Social, UGT y CC.OO. supone un incremento de las
cotizaciones por contingencias comunes de 0,6 puntos de 2023 a 2032, de los que
medio punto será a cargo del empresario y 0,1 del trabajador.
El alza de los tipos
ya ha provocado al Gobierno un enfrentamiento con la organización empresarial,
lo mismo que ocurrirá con el ‘destope’ de las bases máximas, lo que amenaza con
convertir el segundo tramo de la reforma de las pensiones en un nuevo polvorín.
«Aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre
las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección
contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones», lamentó el lunes
la patronal en un comunicado en el que se apeaba del acuerdo sobre el
mecanismo.
También ha empezado
con polémica la tramitación parlamentaria de la norma. El Gobierno ha impuesto
un calendario exprés que incluso podría terminar con la norma aprobada la
próxima semana y que ha levantado el rechazo de los grupos parlamentarios,
incluidos los socios del Ejecutivo. Ayer quedó constituida la ponencia y se
fijó para el viernes la comisión, que daría el visto bueno al dictamen, con la
idea de que la próxima semana pueda pasar ya al Pleno del Congreso y de alli al
Senado. El malestar es notable en varios de los grupos consultados por este
diario, que señalan además que el periodo de enmiendas finalizó el 27 de
octubre y que la norma lleva registrada desde septiembre.
La razón del enfado
es común en todos los grupos, que consideran un «atropello» y una «vergüenza»
que la reforma más importante para el Estado del Bienestar se intente
«camuflar» con la tramitación de los Presupuestos y en un plazo mínimo. En
cualquier caso, aún hay dudas en el Gobierno sobre cómo articular la enmienda
que deberá incluir el contenido del mecanismo de equidad, por el ritmo
vertiginoso que imponen las circunstancias. Una de las opciones que se barajan
es que sea presentado como enmienda ‘in voce’. Además, hay recelos entre los
grupos acerca del alcance de las medidas planteadas por Escrivá. El ministro ha
asegurado que, teniendo en cuenta las rentabilidades medias históricas, el
Fondo de Reserva debería contar a principios de la década de 2030 con entre
40.000 millones, algo que es puesto en cuestión.
Fuente: Abc.es
Finalmente Escrivá
rebajó la recaudación de la nueva cotización a la cantidad de 42.000 millones
Precisa esa cifra,
que se obtendría con una rentabilidad media del 3,5% anual, tras calcular que
se lograrían 50.000 millones con anterioridad.
El ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dado hoy una
nueva cifra sobre lo que logrará recaudarse con la cotización adicional de 0,6
puntos que se aplicará entre 2023 y 2032 para financiar el aumento del gasto en
pensiones por las jubilaciones de los nacidos en el baby boom, como establece
el pacto entre el Gobierno y los sindicatos. Esta vez, y tras cifrar el lunes
esta recaudación en unos 50.000 millones, precisó que teniendo en cuenta la
rentabilidad histórica del Fondo de Reserva, que situó en el 3,5%, este
acumulará 42.000 millones de euros en 2032 con la subida de cotizaciones
pactada con los sindicatos.
Fuente: Cinco
Días.com
