Tal y como denunció Más Madrid, el
Ejecutivo madrileño decidió retirar ese montante de ayudas a hospitales, becas
y residencias de mayores del Presupuesto de 2019 para destinarlo a “imprevistos
e insuficiencias”.
El coronavirus sigue cobrándose
víctimas en la geografía española.
Especialmente duro está siendo en
Madrid, principal foco de contagio desde que el virus empezara a comprenderse
como un problema real. Ahora, confinados en casa y en búsqueda de una respuesta
activa que solucione los problemas causados por la enfermedad, la clase
política pide responsabilidad ciudadana y coordinación entre administraciones.
Una especie de ‘alto al fuego’ que, como es habitual en política, se mezcla con
acusaciones cruzadas y movimientos subrepticios pensando en el reparto de
responsabilidades que se dirimirá acabada la crisis.
Algunos optaron por lanzar
abiertamente acusaciones públicas y feroces.
Es el caso de Quim Torra, mintiendo en
televisiones internacionales para luego pedir perdón achacando la infamia a un
error de transcripción. Pero mientras el máximo responsable del nacionalismo
catalán prosigue con su causa, como era de esperar, el principal partido de la
oposición, al que se le desprende un cierto carácter responsable y altura de
Estado, se suma a la crítica como forma de subsistencia.
Los populares han hecho de Isabel Díaz
Ayuso, presidenta de su gran bastión, la punta de lanza del batallón contra
Sánchez.
Desde la Comunidad de Madrid se lanzan
los primeros golpes, llegando a acusar de graves negligencias al Ejecutivo,
mando único desde la decretación del estado de alarma. Entre las acusaciones
prima la de que Pedro Sánchez y su séquito más cercano interfieren en las
fronteras para frenar la llegada de mascarillas, guantes y material sanitario
de toda índole con el que hacer frente al Covid-19.
Pero esta vez no se pelea con la
bandera de España, ni con las bajadas de impuestos, ni con la protección de la
monarquía o demás enseñas que poco cuentan en la situación actual.
El constitucionalismo, bien entendido,
garante de una serie de derechos fundamentales, como la sanidad, son lo que
está en juego. Y la hemeroteca es traicionera, especialmente en la Comunidad de
Madrid, donde la política de recortes en pro de la privatización paulatina ha
sido la hoja de ruta.
Si hacemos retrospectiva y echamos un
vistazo a los autos judiciales, la cifra es millonaria y el sector dañado es la
sanidad. Como ha informado ElPlural.com, según sostiene
la Audiencia Nacional el PP presuntamente robó 1,88 millones de euros en los
siete hospitales levantados durante el mandato de Esperanza Aguirre
(2003-2007). Pero el pellizco a las arcas sanitarias no se queda ahí, ya
que, como se desprende del auto del juez del caso Púnica, numerosos
centros de salud también fueron utilizados para inyectar dinero a fondo
personal, haciendo subir la cifra por encima de los tres millones de euros.
Eran otros tiempos o no hay que juzgar
el presente por errores del pasado podrían ser algunos de los argumentos a
utilizar. Pero, si acortamos la franja de análisis, la gestión de la sanidad de
los populares también ha sido criticada por la oposición. Y es que, tal y como
denunció en la Asamblea el
grupo Más Madrid, el Ejecutivo madrileño aplicó un tijeretazo social de 145 millones
de euros a Sanidad y Educación en 2019. Tras prometer ese gasto, cambió las
partidas sin publicidad reorganizando el gasto y dejando sin ese apoyo a estos
servicios esenciales.
Un cambio de cromos millonarios que
acabó sacando los fondos de la partida de Sanidad y Residencias de Mayores, tan necesarios en los tiempos de epidemias que corren, para destinarlos a la rebautizada partida de “imprevistos e insuficiencias”.
Que bucólico, que lamentable y cuanta hipocresía.
Que bucólico, que lamentable y cuanta hipocresía.
Fuente: El Plural.com