Como los príncipes de antaño cuando pedían la mediación del Papa, el PP exigió la de la Comisión de Venecia a propósito de la ley de amnistía pero ha salido escaldado.
En el PP y en buena parte de sus votantes, cunde la
idea de que Pedro Sánchez les arrebató el poder con malas artes, merced a una
alianza contra natura con los enemigos de España. La derecha está embarcada en
una guerra santa, derivación a su vez de aquella que inicialmente los teólogos
del pasado identificaron como ‘guerra justa’. Cuando alguien decide librar
contra ti una cruzada, eso significa que la fe ha suplantado a la política, de
manera que los argumentos en tu defensa, aun siendo razonables, no hacen mella
alguna en la ciega determinación de tus agresores.
Una larga tradición
La derecha española lleva dos siglos librando
guerras santas: santas fueron las guerras civiles del XIX que la historiografía
conoce como guerras carlistas y santa fue la Guerra Civil del 36, que no se
denomina guerra carlista pero que en el fondo era una prolongación de sus
hermanas del siglo anterior, el último coletazo del monstruo insaciable que
había ensangrentado los campos de España desde hacía más de cien años.
Antes del golpe de Estado que desencadenó la Guerra
Civil, las derechas combatieron sin descanso a la República alineadas bajo el
estandarte de la guerra santa, cuya principal ventaja es que que para
declararla no necesitas perder antes el tiempo parlamentando, pues con los
herejes no se discute, simplemente se acaba con ellos, y no porque hayan hecho
mal esto o aquello, sino porque han dejado de adorar al verdadero Dios, que
siempre será de derechas, para sucumbir a la idolatría.
También, a su manera, la de Carles Puigdemont es
una guerra santa en la que los herejes son todos los españoles y parte de los
catalanes, en concreto los catalanes que, por haber apostatado de la verdadera
fe, no votan candidaturas patrióticas en general y, en último término, la suya
en particular. No en vano Puigdemont es nuestro último carlista genuino. Desde
hace demasiado tiempo, en España estamos sobrados de guerras santas. Es una
desgracia, porque son guerras que no se libran contra un adversario o un
enemigo, sino contra un hereje, que por definición es alguien equivocado.
La guerra de la derecha contra la ley de amnistía
ha sido y es una batalla más de la guerra santa. ¿Hasta cuándo lo seguirá
siendo? Seguramente hasta que Feijóo sea presidente del Gobierno. Desde el
principio, el rechazo a la amnistía no era argumental sino visceral, no era
racional sino teologal, era una impugnación previa y anterior a todo argumento;
de haberse tratado de una recusación racional, sus detractores se habrían
remitido al Tribunal Constitucional, dejando bien sentado que, como no puede ser
de otra manera, es este órgano y solo él quien debe determinar si la ley de
amnistía es lo que dice la derecha o es lo que dice la izquierda.
El cónclave
Pero mientras llega el dictamen del Constitucional,
la Comisión de Venecia ha hablado. Ha hablado y ha dado la razón al Gobierno en
lo importante y al PP en lo accesorio. Bastaba ver esta semana las portadas de
los digitales más importantes: el dictamen de la Comisión era la noticia de
apertura en los diarios que simpatizan con el Ejecutivo y era relegada a
rincones subalternos de la Home en los medios antigubernamentales.
El PP había acudido a la Comisión de Venecia como
los príncipes y reyes de antaño acudían al papa de Roma para que mediara en los
litigios entre ellos. Lo que dijera el Papa iba a misa. Y quien no aceptara su
dictamen, excomunión y a otra cosa. Al pío PP le ha salido esta vez el tiro por
la culata porque los príncipes de la inteligencia y del derecho –que
precisamente por tener tales atributos son miembros del cónclave de Venecia– no
le han dado la razón. Es seguro que Feijóo se agarrará a los reproches colaterales
de la comisión, pero es poco probable que mantenga tan alto y en los mismos
términos que hasta ahora el innoble listón del ruido y la injuria.
El éxito de la Moncloa ha sido inequívoco pero, a
Dios gracias, no total: si lo hubiera sido, la Comisión de Venecia no tendría
seguramente el prestigio que tiene. Los reproches de la Comisión a la ley de
amnistía son colaterales con respecto a la sustancia de lo aprobado, pero
nucleares con respecto a la forma en que se ha aprobado. El argumento principal
de la calle Génova era que se trataba de una ley ilegítima que atentaba contra
la división de poderes. La Comisión de Venecia dice taxativamente que no es así
y recuerda que, en muchos países democráticos, las leyes de amnistía han
demostrado ser una buena herramienta para restañar heridas y curar divisiones
de naturaleza política pero con derivadas penales.
Un escollo insalvable
También dice la Comisión que una ley tan importante
requeriría una mayoría parlamentaria mucho más holgada y, en consecuencia, un
consenso social más amplio cuya ausencia en el caso de la ley española “ha
profundizado una honda y virulenta división en la clase política, las
instituciones, la judicatura, el mundo académico y la sociedad españolas”.
Cierto, pero el escollo insalvable para alcanzar ese deseable consenso social
que recomienda la Comisión de Venecia es que nuestra derecha jamás se avendrá a
él; no al menos hasta que no alcance el poder.
Mas no dramaticemos. Al fin y al cabo, en la España
de hoy las guerras santas tienen al menos dos grandísimas ventajas con respecto
a sus primas hermanas del pasado: que acostumbran a durar lo que sus promotores
tardan en dejar la oposición y regresar al poder; y que las armas con que se
libran no son el obús y la pólvora, sino la mentira y el barro, que ciertamente
lo ensucian todo, pero al menos no matan a nadie.
Fuente: El Plural.com
POSDATA
OPINIÓN. A propósito de la denuncia del Colegio
de Abogados de Madrid a la Fiscalía.
La fiscal Susana Gisbert desmonta a aquellos que
acusan a la Fiscalía de filtrar datos sobre el novio de Ayuso
Normalmente, una debe evitar pisar más charcos de
los necesarios. Pero otra, no queda más remedio que mojarse las botas. Y creo
que esta es una de esas ocasiones.
Saltaba en estos días la noticia de algo de lo que,
o mucho me equivoco, o se seguirá hablando durante mucho tiempo. La presunta
comisión de un delito por parte de quien mantiene una relación sentimental con
la más famosa presidenta de una Comunidad Autónoma y la no tan presunta
admisión de esos hechos en busca de un acuerdo con la fiscalía en busca de una
posible conformidad, probablemente lo más limpia y silente que fuera posible.
Pero no es fácil en estos tiempos que corren que
nada quede en silencio, por más que su protagonista lo pretenda, si ese
protagonista tiene relevancia pública, como es el caso.
Así que, como dice el refrán, cuando menos se
espera, salta la liebre. Y la liebre saltó en forma de publicación en un
periódico de esos correos. ¿De dónde salió la información? Pues ni se sabe ni
se sabrá a ciencia cierta porque es de sobra conocido el derecho del informador
a no revelar sus fuentes. Faltaría más.
A partir de ahí, comienzan los juegos del hambre.
Insinuaciones, y mucho más que eso, de que ha sido la fiscalía quien ha
“filtrado”. Y nótese el entrecomillado porque, tratándose de una fuente
oficial, es difícil emplear el término “filtración”. Y la fiscalía tiene el
deber de informar a la opinión pública según nuestro propio Estatuto Orgánico y
las circulares e Instrucciones que lo desarrollan.
Precisamente la transcripción literal de ese
precepto me ha valido un aluvión de respuestas en una red social. Muchas de
ellas insistían en que el propio artículo establece los límites en el secreto
de sumario y los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo. Y ahí está el
quid de la cuestión.
Me alucina la cantidad de gente con supuestos
conocimientos jurídicos que esgrime un secreto de sumario inexistente. Porque
aquí no hay secreto de sumario, simple y llanamente, porque no se ha decretado,
que está perfectamente regulado en la ley y no es el caso. Por eso no se puede
mantener lo de que todos los sumarios son secretos, porque ni es un sumario ni
está declarado tal. Lo que sí tiene, como toda causa judicial, es la obligación
de reserva, sobre todo para no frustrar los fines de la instrucción.
Pero hete tú aquí que la reserva se quebró cuando
de algún modo llegó la noticia a la prensa. Y entonces la fiscalía no hace otra
cosa que, en cumplimiento de su obligación, informar a la opinión pública de lo
que ha pasado. Sin revelar nada, porque todo había sido revelado ya.
Como fiscal, sé muy bien que el comodín del fiscal
y las órdenes del gobierno está siempre ahí, pero no siempre puede usarse.
Recordemos que los comodines solo se usan cuando no hay un naipe que encaje. Y
aquí lo había. Aunque haya a quien no le guste y prefiera sacar otro.
Fuente: El
Plural.com
La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado
la denuncia interpuesta por el Partido Popular contra el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, por la presunta relación del rescate de Air Europa en
2020 y los “vínculos de naturaleza económica y profesional” de la mujer del
jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.
Así lo ha hecho saber el Partido Socialista, a
través de la portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña. Según reza en el
escrito adelantado por El País, tras analizar la denuncia de los conservadores,
el organismo entiende que “no se da el supuesto previsto en la norma que
permita considerar que el presidente del Gobierno haya podido incurrir en una
causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de investigación”.
Así que al Sr. Feijóo, ya no tiene más atajos para
llegar a la Moncloa y solo le queda la vía de las urnas, que evidentemente no le
gustan, porque jugar en primera división no es lo mismo que las ligas regionales.
Hablo de futbol, naturalmente.
Fuente: El Plural.com
