En este último año, el PP ha ganado unas elecciones y ha perdido otras, como es lógico, pero dada su mala estrategia, perdió la que más le importaba, las generales.
Empezando por cuando el bloque conservador del Constitucional
impidió votar en el Senado la reforma sobre su propia renovación (a mi entender, en clara intromisión del Poder Judicial en el Legislativo) consecuencia de recurso interpuesto por PP, que por mayoría de seis a cinco, el pleno paralizó la reforma legal del Gobierno. Además, previamente, el tribunal de garantías, había rechazado apartar al presidente
González-Trevijano y al magistrado Narváez, con el mandato caducado y afectados
por la medida, como pedían PSOE y Unidas Podemos ( a mi juicio, en evidente fraude de Ley).
Y continuando por el Consejo General del Poder Judicial, que el 4 de diciembre cumplirá años sin ser renovado, y creo que ya serán 5 sin cumplir la Constitución. Y casualmente, sigue dictando sentencias favorables a los intereses de aquellos que allí les colocaron hace casi 10 años, a saber del PP, que lo utiliza como tercera cámara parlamentaria. Y sin ir más lejos, ayer mismo, ha rechazado por primera vez en democracia la idoneidad como fiscal general del Estado del candidato, Álvaro García, por 8 votos frente a los 7 que sí querían avalar su idoneidad, por criterios que se salen de lo exigido por la Norma, y que les sitúa, aún más si cabe, presuntamente, fuera de la Ley.
Y acabando por el Tribunal Supremo, que casualmente también ayer, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicho Tribunal, por primera vez en 40 años, ha anulado el nombramiento de la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, como presidenta del Consejo de Estado, que según sentencia, no reunía uno de los dos requisitos necesarios para acceder al puesto, en este caso “el de jurista de reconocido prestigio” exigido en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.
En mi opinión, el incumplimiento del mencionado requisito, por el cual ha sido anulado el citado nombramiento, es cuestionable, dado lo subjetivo que resulta dicho requisito, al pertenecer a conceptos jurídicos indeterminados [IV.3.Requisitos adicionales(*)] pues atendiendo a la definición del diccionario panhispánico del español jurídico, JURISTA es aquella persona que ejerce una profesión relacionada con el estudio o la aplicación del derecho o con su enseñanza, (como investigador, profesor, notario, abogado, juez o funcionario) y convendrán conmigo que de todo ello, la letrada candidata, tiene suficiente experiencia profesional. Y en cuanto a su prestigio profesional depende a quien pregunten, seguramente un jurista de derechas diría que no tiene ninguno, pero a mi entender, no realiza las funciones propias de una Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social durante 2 años (2018/2020) ningún profano en derecho, en general, ni en derecho laboral, en particular. Y a mi modo de ver, ejercer el cargo de ministra, "per sé" debiera considerarse, suficiente y merecido, reconocimiento de su prestigio profesional como jurista, como ha ocurrido en los 40 años anteriores. Y de ninguna manera, merece descrédito la labor de juristas especializados en derecho laboral, respecto del resto de juristas, como parece indicar la sentencia.
Por otra parte, resulta extraño que el Tribunal Supremo haya admitido y entrado en el fondo del asunto, del recurso anterior, interpuesto por una entidad privada como es la fundación civil "Hay derecho", lo cual legitima, que de ahora en adelante, cualquier asociación civil o fundación, pueda litigar contra una Institución democrática, respecto nombramientos que considere inapropiados, de cuya competencia para hacerlo, estaban hasta ahora excluidas todas las entidades privadas.
Más información
Cuestión de Prestigio (https://www.huffingtonpost.es/politica/cuestion-prestigio-inedita-decision-supremo-anular-nombramiento-magdalena-valerio.html )
(*) IV.3. Requisitos adicionales para el ejercicio del cargo
En el caso del Presidente del Consejo de Estado, la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado que exige en su art. 6.1 que sea nombrado libremente por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado.
Por tanto, y en esos supuestos, se exigirá también, además de los requisitos establecidos en la LACAGE (idoneidad y ausencia de conflicto de intereses), que se trate de personas de reconocido prestigio y de competencia profesional probada en su ámbito de su actuación. Aunque, de nuevo, hemos de referirnos a que este tipo de vagas y abiertas afirmaciones no creo que sean, a mi juicio, suficientes para definir los requisitos necesarios para proceder a un determinado nombramiento. Mucho menos para controlar judicialmente la idoneidad de la elección. Estaríamos de nuevo ante más conceptos jurídicos indeterminados, pero no ante un sistema de verificación cabalmente considerado en la generalidad de los casos.
Fuente: Susana E. Castillo Ramos-Bossini. (doctora en Derecho)
CONCLUSIÓN
No teníamos bastante con los retrasos actuales del funcionamiento de la Justicia, que en adelante se van bloquear el funcionamiento de todas las Instituciones, si a la asociación o fundación de turno, le parecen inapropiados determinados nombramientos que se hubiesen producido.
Casualidad, pero justo lo que el PP quería, bloquear el funcionamiento del Estado, a lo cual, lógicamente sin pretenderlo, la Justicia colabora adecuadamente
Fuente: Redacción.
POSDATA
Los políticos del PP, que económicamente se lo puedan permitir, deberían comer más pescado, que tiene muchas propiedades para la memoria. Así no les ocurriría pasar, de ser los más locuaces en ruedas de prensa, a perder la memoria por completo cuando están declarando delante de un juez.
Y aprovecho para recordarles, que todavía les queda unos cuantos juicios por corrupción, a ver si esas amnesias temporales, que sufren tan a menudo en los Juzgados, lo mismo van a peor y hacen que se olviden de los juicios pendientes. Así que no lo dejen, háganme caso y vayan al médico, que en está vida todo tiene solución.
Por otra parte, entiendo el desasosiego que a PP y Vox, les genera la negociación de la Ley de Amnistía, porque es de comprender que los partidos de derecha extrema y extrema derecha, son más partidarios de entrar a sangre y fuego en aquellas regiones que no se sometan al orden establecido. Pero verán ustedes, les voy a dar una información que ya es un secreto a voces.
En las democracias modernas, a diferencia del siglo pasado y salvo contadas excepciones como Rusia e Israel, últimamente se ha puesto de moda resolver los conflictos territoriales por medio de negociaciones, porque está demostrado, que lo de entrar a sangre y fuego en territorios que piden una gobernanza alternativa está abocado al fracaso final y al descrédito internacional.
Así que tomen nota de ello, y pierdan toda esperanza de bloquear España, porque la izquierda española, a diferencia de ustedes, no tiene intención de permitir que este país se convierta en campo de guerra o de batallas culturales.
