El voto discrepante de Juan Antonio Xiol reprocha a la mayoría, en un tono durísimo, que proponga el estado de excepción frente a una pandemia
Vox presentó el recurso que resolvió esta sentencia
contra el primer estado de alarma, que implicó el confinamiento de toda la
población, entre otras medidas. El tribunal se propone resolver a la vuelta del
verano el siguiente recurso, presentado por el PP, contra el segundo estado de
alarma, que ya no implicó la prohibición de circulación, pero sí tuvo una
duración más prolongada.
“La idoneidad del estado de excepción para oponerse
a catástrofes sanitarias, proclamada a priori, en abstracto y por una mínima
mayoría en la sentencia —dice Xiol—, no se compagina, entre otros extremos, con
el plazo de 60 días que la Constitución impone de manera perentoria a este
estado. La opinión mayoritaria en que se funda la sentencia no contiene ninguna
explicación acerca de este punto, que es de gran importancia desde la
perspectiva argumentativa, pues parece suficiente para desautorizar el estado
de excepción para el fin para el que el tribunal lo cree hábil. Por ello,
considero que no cabe descartar en el futuro una evolución de la jurisprudencia
en esta materia, en el caso de que esta cuestión fuera sometida de nuevo al
Tribunal”.
El magistrado Xiol —que antes de incorporarse al
Constitucional fue presidente de la Sala Civil del Supremo— sostiene que, “para
que proceda el estado de excepción, es preciso que concurra una grave
alteración de la seguridad ciudadana que afecte a la convivencia pacífica de la
sociedad”. Si la grave alteración de la normalidad no afecta gravemente a la
seguridad pública, no podrá declararse este estado. Ni, por tanto, podrán
adoptarse medidas que puedan conllevar la suspensión de derechos fundamentales,
por muy grave que sea la crisis que provoca la emergencia y los efectos que
esta crisis pueda tener para la ciudadanía”, recalca.
El voto particular —el quinto que se produce contra
esta sentencia, que salió adelante por seis votos a cinco— añade que la
suspensión de derechos fundamentales está contemplada en casos muy concretos,
que no fueron los que planteó la pandemia, ya que la “alteración del orden
público que justifica el estado de excepción no puede referirse, como sostiene
la mayoría, a cualquier alteración grave de la normalidad que afecte al
funcionamiento de las instituciones”. “Sino que la alteración del orden público
que justifica la declaración del estado de excepción y la suspensión de algunos
(o todos) de los citados derechos solo puede referirse a alteraciones que
afecten a la seguridad pública. Esto es, a situaciones en las que existan
graves desórdenes públicos que impidan la convivencia pacífica”.
Xiol razona que carece de justificación que, para
afrontar una crisis como la del coronavirus, puedan suspenderse algunos de los
derechos como la inviolabilidad domiciliaria, el secreto de las
telecomunicaciones o el que impide el secuestro de los medios de información,
entre otros. “Una pandemia como la que estamos viviendo puede afectar de modo
muy intenso al derecho a la educación, al derecho de sufragio (las elecciones en
Galicia y en el País Vasco tuvieron que posponerse porque la situación
epidemiológica no permitía la celebración), a la libertad de empresa, a la
libertad religiosa, a la propiedad, al derecho al trabajo… Y las restricciones
de estos derechos pueden ser de tal intensidad que muchos ciudadanos se
encuentren privados de ellos mientras dure la situación de emergencia. La
Constitución, sin embargo, no permite la suspensión de estos derechos en ningún
caso”.
Para Xiol es importante entender que la suspensión
de derechos es distinta a la limitación de derechos, “incluso aunque esta
limitación sea tan intensa que impida su ejercicio”. Del mismo modo, según
añade, hay que comprender que “lo que determina la declaración de un estado u
otro no es la gravedad de la crisis, sino el tipo de crisis, esto es, si la
situación de emergencia tiene su origen en una grave alteración de la seguridad
pública o en otro tipo de circunstancias”, como las derivadas de una emergencia
sanitaria.
También plantea Xiol que hay que analizar las
circunstancias en que se aprobó el decreto del estado de alarma. Al respecto,
sostiene que, “en los casos en los que la crisis que justifica la declaración
de alarma se fundamenta en hechos respecto de los que la ciencia carece de
respuestas claras para su resolución, el principio de precaución obliga a ser
deferente con las medidas establecidas por las autoridades para su resolución”.
“La crisis sanitaria que conllevó la declaración del estado de alarma la ha
provocado una pandemia originada por una enfermedad, la covid-19, que hasta ese
momento era desconocida, que puede ser muy grave, con un elevado riesgo de
contagio y respecto de la que la ciencia en ese momento no podía ofrecer
respuestas certeras”.
A mayor abundamiento, el voto discrepante expone que
“bajo el estado de alarma los ciudadanos conocen de antemano en qué medida sus
derechos o libertades quedan limitados”. “Tienen certeza jurídica del alcance
de la restricción de sus derechos o libertades, sin que estas limitaciones
dependan de decisiones concretas de los agentes de la autoridad”, apunta el
magistrado. En cambio, continúa, “en el estado de excepción (…) estas
limitaciones dependen de la apreciación de los agentes de la autoridad a
quienes la norma les atribuye un amplio margen de discrecionalidad”. El
resultado es, por tanto, la atribución de “potestades exorbitantes” a las
autoridades gubernativas.
“El estado de excepción —dice aún Xiol— no puede
ser el cauce para resolver situaciones de emergencia que no tengan su causa en
una grave alteración de la seguridad ciudadana. Esta concepción supone dejar al
Gobierno inerme ante situaciones de emergencia que tuvieran una duración
superior a 60 días y exigieran adoptar medidas que conllevaran intensas
limitaciones de derechos fundamentales”. El magistrado añade que aplicar las
reglas del estado de excepción —entre ellas, su límite temporal— a la gestión
de crisis donde no se encuentra afectada la convivencia pacífica de la sociedad
“constituye un grave error conceptual que lleva a una interpretación que
distorsiona por completo la configuración de los estados de emergencia” que
efectúa la Constitución.
El voto particular también contiene una severa
crítica a las consecuencias del fallo en relación con las sanciones impuestas
al amparo del decreto de alarma. La sentencia, dice Xiol, ha limitado las
repercusiones de la declaración de inconstitucionalidad modulando los efectos
de la nulidad. “Esta limitación se ha efectuado en unos términos que, a mi
juicio, no aportan claridad. Salvo cuando se refiere a los supuestos en los que
(…) no es posible la revisión de los actos dictados al amparo de normas
declaradas inconstitucionales (sentencias firmes salvo que tengan por objeto un
acto de carácter penal o sancionador), los demás casos en los que se limitan los
efectos no están debidamente diferenciados entre sí y las razones en las que se
fundamenta la limitación del alcance de la nulidad no justifican, en mi
opinión, esta medida”. El texto del magistrado también deja un recado a sus
compañeros tras varias decisiones revocadas después por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos: “Es difícil no sentir cierta fatiga intelectual frente a la
deriva del Tribunal [Constitucional]”.
Fuente: El
Pais.com
Marruecos, México, Hungría y la India forman parte del selecto club de clientes de la empresa israelí NSO junto a Arabia Saudí, Azerbaiyán, EAU y Kazajistán, entre otros
Cinco años más tarde —durante los cuales gobiernos
de todas las latitudes han seguido utilizando Pegasus para espiar, grabar y
robar datos personales—, la filtración de una lista con 50.000 números
telefónicos ha permitido revelar en toda su magnitud el uso y abuso de este
controvertido programa de vigilancia. La investigación periodística, coordinada
por la organización Forbidden Stories y apoyada por Amnistía Internacional y
The Citizen Lab, ha logrado identificar hasta el momento más de 1.000 de los
números, repartidos en más de 50 países y cuatro continentes. Entre los
supuestos clientes estatales de NSO se encuentran los gobiernos de Marruecos,
México, Hungría y la India, además de Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin,
Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Ruanda y Togo. Y entre las potenciales
víctimas están las familias reales saudí, marroquí y emiratí, al menos 65 altos
ejecutivos, 85 activistas, casi 200 periodistas y más de 600 políticos,
funcionarios y disidentes —incluyendo presidentes, primeros ministros,
diplomáticos y militares—. La empresa NSO ha rechazado las acusaciones de uso
criminal de su programa informático, mientras que los gobiernos señalados
también han negado categóricamente haber utilizado el software para espiar a
adversarios o periodistas, sino para combatir el crimen y el terrorismo. Sin
embargo, algunos afectados han comienzado a tomar acciones judiciales. La
Fiscalía de París ha sido el primer órgano judicial en abrir una investigación
por el espionaje a dos periodistas de la web francesa Mediapart. En México, la
Fiscalía General ha comenzado a indagar los contratos suscritos por el gobierno
del expresidente Enrique Peña Nieto. El último órgano judicial en comenzar sus
pesquisas ha sido la Fiscalía de Marruecos, que ha ordenado a la Policía
Judicial del país vecino esclarecer "las circunstancias que rodean la
publicación de esas acusaciones" y establecer "las responsabilidades,
así como las consecuencias jurídicas que se desprenden a la luz de los
resultados de la investigación".
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, también calificó las revelaciones de "completamente
inaceptables" en caso de que se confirmen. Mientras, el exprimer ministro
belga y eurodiputado liberal de Renew Europe, Guy Verhofstadt, ha criticado la
habitual respuesta europea de mostrarse profundamente preocupada ('deeply
concerned') y ha advertido que "la UE tiene una dictadura creciendo en su
interior", en referencia a Hungría. En España, donde el año pasado se
descubrió el uso de Pegasus para tratar de espiar al expresident del Parlament
Roger Torrent y a varios exconsellers de la Generalitat, solo ha trascendido el
nombre de Ignacio Cembrero, colaborador de El Confidencial y experto en el
Magreb, entre los periodistas bajo vigilancia. Sin embargo, por el momento el
presidente Pedro Sánchez y su Gobierno guardan silencio. A continuación, un
repaso a las principales revelaciones de la investigación Pegasus Project, cuyo
impacto se ha dejado sentir desde Marruecos a India.
Marruecos, principal acusado
Los servicios secretos de Marruecos son los
principales acusados de beneficiarse del software israelí. Sus tentáculos
habrían llegado en 2019 hasta uno de los teléfonos del presidente francés,
Emmanuel Macron, según las últimas informaciones de la saga Pegasus. "En
caso de que los hechos sean demostrados, son evidentemente muy graves", ha
afirmado el Elíseo en declaraciones a Le Monde. Marruecos no se contentó con ir
a por el presidente: Radio France ha revelado que prácticamente toda la plana
mayor política francesa se encuentra entre los teléfonos señalados. Además de
Macron, otros dos presidentes, un rey y diez primeros ministros han sido
objetivo de alguno de los clientes de Pegasus.
El masivo espionaje de los servicios secretos de #Marruecos, con el
software israelí #Pegasus, a disidentes, políticos, periodistas. Lo desvelan
hoy @FbdnStories y @amnesty. @icembrero es uno de los espiados, informa
@lemondefr asociado a la investigaciónhttps://t.co/zdydTXkJnY
— Ignacio Cembrero (@icembrero) July 18, 2021
Ignacio Cembrero, periodista de El Confidencial, ha
narrado (y sufrido) en primera persona la noticia, y apunta directamente al
reino de Mohammed VI al otro lado del estrecho. Si la Fiscalía parisina ha
comenzado a investigar es porque dos periodistas de Mediapart espiados
comparten sospecha con Cembrero y acusan al estado marroquí de estar detrás del
hackeo. Según los datos publicados por el consorcio periodístico, Marruecos es
el país que ha intentado espiar a un mayor número de personas del conjunto de
usuarios de Pegasus. El régimen intentó infectar a más de 10.000 teléfonos y
presumiblemente pagó la cifra más alta entre todos los clientes de la empresa
desarrolladora, la israelí NSO. El gobierno de Marruecos ha rechazado
“categóricamente las acusaciones mentirosas y desprovistas de fundamento"
a través de un comunicado de la agencia de noticias gubernamental MAP.
In the midst of the #PegasusProject revelations, Moroccan journalist
Omar Radi was sentenced to 6 years in prison.
In a June 2020 report, we revealed that Omar was targeted by the
Moroccan authorities using spyware produced by NSO Group.https://t.co/DdjdzFxLzY
— Amnesty International (@amnesty) July 20, 2021
Esta semana, el periodista marroquí Omar Radi,
fundador de la web independiente Le Desk, ha sido condenado a seis años de
cárcel por un delito de violación por el Tribunal de Apelación de Casablanca.
Radi es uno de los marroquíes espiados por los servicios secretos de su propio
país, según la filtración publicada el domingo. La organización Amnistía
Inernacional, que participó en el análisis forense del teléfono de Radi que
identificó el hackeo, ha acusado al régimen marroquí de llevar a cabo un
proceso judicial sin garantías y ha demandado un “juicio justo” tras conocer la
condena.
México, el fantasma de Peña Nieto
La existencia de Pegasus no ha sido exactamente una
sorpresa. Desde la publicación de primer informe sobre Ahmed Mansoor se ha
producido un goteo de casos, aparentemente aislados unos de otros, que tenían
detrás al spyware israelí. La noticia es la trama de espionaje sistematizado de
la que se han beneficiado dictaduras de todo el mundo, pero no solo: también
figuran entre los clientes la Hungría de Viktor Orbán o el Gobierno mexicano de
Enrique Peña Nieto (2012 y 2018).
“Es una vergüenza y prueba irrefutable de que
imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario,
antidemocrático que violaba los derechos humanos”, ha denunciado el actual
presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyo teléfono aparece entre los
afectados junto al de su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, los hijos de ambos y
hasta 50 personas de su círculo de confianza. Hasta el momento, el expresidente
Peña Nieto guarda silencio. En 2017 se conoció, gracias al 'New York Times',
que el entonces presidente de México había espiado a periodistas y activistas
por los derechos humanos en su país, pero la nueva filtración de Pegasus amplía
el alcance de aquella exclusiva. En total, el gobierno de Peña Nieto trató de
hackear a más de 15.000 personas, según ha revelado el diario mexicano
'Proceso', aunque no es posible asegurar en cuántos casos logró infectar el
teléfono de sus objetivos.
Además, también se encuentran en la lista de
teléfonos que pueden haber sido atacados como el entonces corresponsal de The
New York Times, Azham Ahmed, y el reportero Cecilio Pineda, asesinado en marzo
de 2017, apenas unas semanas después de que se conociera que habían intentado
espiarle.
Un paso más de Orbán hacia el autoritarismo
Autócratas de todo el mundo llevan años obteniendo
información secreta e ilegal. Azerbaiyán, Baréin, Kazajistán, Marruecos, Arabia
Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se han beneficiado de los servicios de
Pegasus. Además del singular caso de México y la deriva de la India de Modi,
hay que añadir a la lista de clientes de NSO a uno de los puntos negros de la
Unión Europea liberal: el gobierno húngaro de Víktor Orbán.
La relación de Orbán con los medios de comunicación
ha pasado de franca hostilidad a una adquisición y reconstrucción masiva del
panorama mediático del país para hacerlo a su medida. Este mismo mes de julio,
Reporteros Sin Fronteras ha incluido al mandatario en su lista de
"enemigos de la libertad de prensa" por primera vez, convirtiendo así
a Orbán en el único dirigente de la UE que aparece señalado en el informe.
"Desde que el Fidesz de Viktor Orbán llegó al poder en 2010, el Gobierno
ha aumentado el control sobre la prensa paso a paso", expresó RSF en un
comunicado. El documento explica cómo los medios húngaros han pasado a estar
"prácticamente en su totalidad en manos de emprendedores y amigos de Orbán
desde verano de 2017". Según ha podido confirmar el análisis forense de
los teléfonos atacados que ha realizado Amnistía Internacional, el gobierno
húngaro logró infectar con el spyware los móviles de dos periodistas de la web
Direkt36, que también ha participado en la investigación sobre Pegasus. Este
mismo medio explica que uno de los dos afectados es el periodista Szabolcs
Panyi —quien además firma parte de las informaciones—, conocido por tener
fuentes en la administración y el gobierno húngaros, incluidos diplomáticos.
En total, según Le Monde, más de 300 teléfonos han
sido objetivo de Orbán, incluido el abogado más importante del país, János
Bánáti, presidente del Colegio de Abogados húngaro. Judit Varga, ministra de
Justicia, declinó hacer comentarios al respecto y el ministro del Interior,
Sándor Pintér, ha declarado a la agencia de noticias estatal MTI que “los
servicios de seguridad húngaros no han realizado ni tampoco realizan vigilancia
ilegal".
La peligrosa deriva de Modi en India
Sensacionalistas. Así ha calificado el Gobierno de
Narendra Modi las informaciones que señalan a la India como uno de los clientes
de Pegasus que han utilizado la herramienta israelí para espiar a periodistas y
opositores en su país. "Cualquier forma de vigilancia ilegal no es posible
con los controles y equilibrios de nuestras leyes y robustas instituciones
(...) claramente vemos que no hay ningún fundamento tras este
sensacionalismo", ha dicho Ashwini Vasihnaw, ministro de Información, en
el Parlamento mientras recibía abucheos por parte de la oposición.
We know what he’s been reading- everything on your phone!#Pegasus https://t.co/d6spyji5NA
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 19, 2021
El medio indio The Wire ha sido el principal
encargado dentro del consorcio de publicar la información que señala al líder
de la oposición Rahul Gandhi como el propietario de uno de los teléfonos que el
gobierno indio trató de infectar con Pegasus. Junto a su número han aparecido
los contactos de cinco personas de su círculo social cercano que no están
implicadas en política. En total, más de 1.000 números indios aparecen en la
lista y han sido identificados los dueños de 300. El comienzo de la
recopilación de números de teléfono coincide en el tiempo con la visita de Modi
a Israel en 2017.
Entre los números que Amnistía Internacional ha
confirmado como infectados por Pegasus a través de su análisis forense, 10 son
indios. El líder opositor ha reconocido a The Wire que era consciente de haber
recibido mensajes sospechosos a través de WhatsApp y que cambiaba a menudo de
teléfono para evitar que pudieran hackearle. El proyecto periodístico ha podido
confirmar que intentaron espiar a Ghandi en los meses previos y posteriores a
las elecciones de 2019.
Entre los teléfonos espiados se encuentran algunos
de los 40 números de periodistas indios. Rohini Singh ha investigado los
negocios de ministros del gobierno de Modi y su entorno. Además de medios de
comunicación, el espionaje indio llegó hasta los datos de la mujer que acusó en
2019 al presidente del Tribunal Supremo de la India, Ranjan Gogoi, de acoso
sexual. Pocos días después de que se hiciera público, su teléfono fue incluido
en la lista de objetivos a infectar por el gobierno indio junto al de su marido
y dos familiares, según The Guardian. La acusadora renunció durante el proceso
judicial, cuestionando su limpieza, y el expresidente del Tribunal Supremo ganó
el caso después de que no se hallara prueba de las acusaciones. Recientemente,
ha sido nominado al parlamento por el partido gobernante de Modi.
Otro espiado asesinado y una coincidencia
"Se lo puedo decir muy claramente. No tuvimos
nada que ver con este horrible asesinato", dijo en marzo de 2019 el
principal ejecutivo de NSO, la empresa israelí que está detrás de Pegasus, en
el programa '60 Minutes' de la televisión estadounidense. Hablaba de uno de los
mejores ejemplos del peligro asociado a esta trama de espionaje: el asesinato
de Jamal Khasoggi. El periodista saudí fue descuartizado brutalmente en el
consulado de Arabia Saudí en Estambul en octubre de 2018 y la nueva filtración
ha permitido al consorcio de investigación liderado por Forbidden Stories
descubrir pruebas de que la inteligencia saudí intentó infectar el teléfono de
su mujer, Hanan Elatr, meses antes de la muerte de Khasoggi y esta continuó
siendo un objetivo tiempo después del asesinato de su marido. La inteligencia
estadounidense ya había identificado a Mohammed Bin Salman (MBS), príncipe
heredero saudí, como autor intelectual del asesinato de Khashoggi, quien había
jugado un papel importante dentro de la familia real antes de su exilio, donde
tornó en crítico del régimen. "Jamal me avisó de lo que podía
ocurrir", ha declarado Elatr a The Guardian.
En Israel, cuna de Pegasus, el diario Haaretz ha
señalado los lazos que unen al gobierno del exprimer ministro Netanyahu y su
política exterior con la lista de clientes de la empresa israelí NSO.
Casualmente, Hungría, India o México, pero también Ruanda o Kazajistán son
algunos de los países a los que Netanyahu ha viajado en los últimos años, fruto
de la mejora en las relaciones de estos Estados con Israel. Sin que se
produjeran viajes oficiales de los jefes de estado ni "cumbres históricas",
Marruecos e Israel reestablecieron su relación bajo el mandato de 'Bibi' en
diciembre de 2020. Por último, en una cumbre secreta en noviembre, poco antes
del anuncio marroquí, Netanyahu viajó a Arabia Saudí para reunirse allí con MBS
y Mike Pompeo, entonces secreatario de Estado estadounidense. Ahora que 'Bibi'
está fuera del gobierno israelí, Benny Gantz, ministro de Defensa, ha declarado
en rueda de prensa que está "estudiando" la información y que las
exportaciones israelíes de productos cibernéticos están sujetas a condiciones
de uso dentro de la ley. Sin embargo, un alto funcionario israelí ha reconocido
al portal estadounidense Axios que se trata de una "crisis muy
importante" para Israel. En una entrevista con el medio israelí Calcalis,
Shalev Hulio (CEO de NSO) ha reconocido que la empresa fabricante del malware
no adaptó su política de derechos humanos al estándar de Naciones Unidas hasta
2020.
Fuente: El
Confidenial.com
Washington asegura que el servidor de correo de Microsoft figura entre los objetivos pirateados con el apoyo de Pekín
“Un grupo inédito de aliados y socios, incluyendo
la Unión Europea, el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y la OTAN,
se unirán a Estados Unidos para exponer las actividades cibernéticas maliciosas
del Ministerio de la Seguridad chino”, había avanzado una fuente de la
Administración estadounidense en una llamada telefónica a la prensa previa al
anuncio formal. Posteriormente, sin embargo, tanto los europeos como los
aliados de la OTAN apuntaron a China, aunque con un lenguaje más cauto a la
hora de imputar al régimen de Xi Jinping.
Joe Biden aprovechó el pasado junio, durante su
primera gira europea como presidente, para pedir más determinación de las
democracias liberales hacia las “las actividades dañinas” del régimen. En la
cumbre de la OTAN en Bruselas, unos de las paradas del viaje, los países
miembro señalaron a China como uno de los grandes desafíos de la seguridad
global. En su comunicado de este lunes, la alianza un hizo un llamamiento “a
todos los Estados, incluida China, para que respeten sus compromisos y
obligaciones internacionales y actúen con responsabilidad en el sistema
internacional, incluido el ciberespacio”. El ministro de Asuntos Exteriores
británico, Dominic Raab, fue más directo: “El ciberataque contra el servidor de
Microsoft Exchange por grupos respaldados por China fue temerario y siguió un
patrón de comportamiento familiar”.
Estados Unidos sostiene que el Ministerio de
Seguridad Pública de China ha estado colaborando con piratas informáticos
dedicados a la extorsión de empresas e instituciones mediante los llamados
ataques ransomware en la jerga tecnológica, que consisten en penetrar en los
sistemas informáticos para encriptar la información y pedir un rescate por
ella, como en un secuestro. La ciberseguridad es una preocupación creciente en
Estados Unidos, que ha sufrido recientemente el asalto a una infraestructura
tan estratégica como el gran oleoducto de Colonial, una arteria energética que
tuvo que cesar su actividad durante unos días por el ataque de un grupo
criminal civil. En ese caso, Washington señaló al Kremlin por no poner coto a
este tipo de delincuentes, alegando que operan desde Rusia.
“Estados Unidos y países de todo el mundo están
haciendo responsable a la República Popular de China por su patrón de
comportamiento irresponsable, disruptivo y desestabilizador en el
ciberespacio”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, un
modo de actuar que, añadió, “supone una gran amenaza para nuestra seguridad
nacional y económica”. La Casa Blanca señaló también que ese “patrón de
comportamiento irresponsable” de Pekín resulta “incoherente” con su objetivo de
ser visto “como un líder responsable en el mundo”.
El Alto Representante de la UE para la Política
Exterior, Josep Borrell, dijo en un comunicado que los ataques han afectado
“significativamente” a la economía, la seguridad y la democracia en la Unión.
“La UE y sus Estados miembro han evaluado que estas actividades maliciosas se
han producido desde territorio de China”, ha subrayado, en un comunicado de los
Veintisiete en el que se evita responsabilizar explícitamente a Pekín, informa
Europa Press.
Microsoft informó a principios de marzo de que
tanto grandes empresas como agencias gubernamentales que utilizan el servicio
de correo de la empresa habían visto comprometida su seguridad en una operación
que ya entonces consideraban vinculada al régimen chino. En concreto, afirmó que
los piratas del grupo Hafnium, que opera desde China, estaban explotando
brechas de seguridad en los servicios de mensajería Exchange para robar datos
de los usuarios comerciales. Se calcula que hubo un mínimo de 30.000
organizaciones víctimas del ataque y algunos cálculos elevan la cifra de
afectados hasta los 250.000, pero hasta ahora no había habido un señalamiento
formal de las autoridades.
En paralelo a la denuncia política coordinada, el
Departamento de Justicia de EE UU anunció la imputación de tres funcionarios
chinos y un pirata informático de la misma nacionalidad por una campaña global
de pirateo dirigida a decenas de empresas, universidades y agencia
gubernamentales por hechos cometidos entre los años 2011 y 2018 centrados en la
obtención de información que podía beneficiar los intereses de empresas chinas.
El material que buscaban incluía investigaciones sobre los vehículos autónomos
y sobre enfermedades infecciosas como el ébola. La acusación, que había
permanecido confidencial desde mayo, procede de un jurado especial de un
tribunal federal de San Diego (California). Es improbable que ninguno de estos
acusados, residentes en China, acaben siendo juzgados.
La acusación por los ciberataques abre otro frente
entre China y Estados Unidos, dos potencias enfrentadas en los terrenos
comercial y tecnológico, así como en la carrera armamentística y hasta en la
espacial, que viven el peor momento de sus relaciones en décadas. Desde que
llegó a la Casa Blanca, además, Joe Biden ha redoblado sus denuncias ante la
escalada autoritaria de Pekín y la violación de los derechos humanos. El
presidente intenta que el resto de aliados también eleven la presión, pese a la
importancia del gigante asiático como socio comercial. Esta semana la Casa
Blanca también apuntó a China y a Rusia como origen de la desinformación relativa
a las vacunas contra el coronavirus.
Fuente: El
Pais.com
España se ofrece a Bruselas para hacer una prueba
piloto del Reglamento Europeo de la Inteligencia Artificial y ya trabaja en
medidas de control y de auditoría para este tipo de sistemas
La prueba piloto implicaría adelantar la
implantación de la normativa un año, a 2022. Y ello conllevaría evaluar el
riesgo que plantea la aplicación de cada algoritmo (el reconocimiento facial o
los sistemas de puntaje, por ejemplo, son considerados de alto riesgo y por
tanto están proscritos con algunas excepciones) y preparar mecanismos de
auditoría para asegurarse de que no discriminan por raza, género o renta (los
llamados sesgos algorítmicos).
España sería el único país que se adelante en la
aplicación de este reglamento europeo. Con este movimiento, el Gobierno
pretende colocar al país en la vanguardia de esta importante normativa y
acelerar “los cambios que tarde o temprano tendrán que darse”, señalan fuentes
de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia):
preparar equipos de análisis, definir estándares, desarrollar procedimientos de
actuación, etcétera. Esas mismas fuentes confirman que el acuerdo entre el
Gobierno y la Comisión Europea está muy avanzado. Si no hay contratiempos, se
anunciará a la vuelta de vacaciones.
La aplicación temprana del borrador de reglamento
europeo no implicaría obligaciones legales adicionales para las empresas que
operen los algoritmos que se supervisarán. El sector, de hecho, ha recibido de
buen grado la iniciativa y se ha ofrecido para colaborar en lo que sea necesario
con Sedia, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital que dirige la vicepresidenta primera Nadia Calviño. La idea del
Gobierno es crear un sandbox o banco de pruebas en un entorno seguro similar al
que ya se desarrolló para las fintech.
Evaluación de riesgos
Tanto la Estrategia Nacional de la Inteligencia
Artificial, presentada a finales del año pasado, como el reglamento europeo de
la IA contemplan la figura de la auditoría algorítmica como uno de los pilares
del sistema de evaluación de riesgos.
El Gobierno todavía no tiene claro qué organismo se
encargará de realizar en España esas auditorías. “No hemos llegado a esa
discusión”, señalan desde la Secretaría de Estado que dirige Carme Artigas. Una
opción sería crear una oficina independiente, como ya sucede en el ámbito de la
privacidad con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Antes de llegar a ese punto, y para preparar el
terreno, se acaba de poner en marcha el Observatorio sobre el Impacto Social de
los Algoritmos (Obisal). Dependiente a su vez del Observatorio Nacional de
Tecnología y Sociedad (Ontsi), esta entidad será la encargada de desarrollar
los indicadores de referencia que se usarán en las auditorías. El Obisal está
ahora mismo en proceso de captación de expertos y de constitución de grupos de
trabajo sectoriales para analizar los sistemas de IA. “Los algoritmos no son
sectoriales, pero su impacto sí”, subrayan desde Sedia.
Este observatorio producirá informes que
contribuirán a que el año que viene vea la luz una metodología concreta para
realizar las auditorías algorítmicas. A ello contribuirá también un registro de
algoritmos del sector público que está impulsando la propia Secretaría de
Estado. El objetivo, según fuentes del Gobierno, es que este proceso de
evaluación del impacto social de los sistemas pueda materializarse en una
especie de sello de calidad de los algoritmos. “Todo este trabajo está preparando
el terreno para dentro de 10 o 15 años”, aseguran desde Sedia.
Fuente: El Pais.com
Servicios como Airbnb o Playstation Network, además
de medios como EL PAÍS, han sufrido interrupciones en la tarde del jueves tras
un fallo en la red de distribución de contenidos de Akamai
La compañía ha explicado que la caída se produjo a
las 17.46 de este jueves, cuando una actualización de la configuración del
programa informático (software) ha provocado un fallo en el sistema DNS, el
sistema que dirige los navegadores a los sitios web. “Esto provocó una
interrupción que afectó a la disponibilidad de algunos sitios web de clientes”.
La interrupción duró una hora, lo que tardó la empresa en revertir la
configuración.
Los servicios de DNS son clave en el funcionamiento
de internet. Cada página web cuenta con una dirección IP (protocolo de internet
en inglés), que es el equivalente al número de teléfono. Se presenta como una
cadena de cuatro o seis números separados por puntos, como por ejemplo 192.158.1.38.
Las direcciones IP se han de traducir en nombres de páginas que podamos
recordar, como elpais.com. De esto se ocupa el sistema Domain Name System
(sistema de nombres de dominio), conocido por sus siglas DNS. La compañía ha prometido
investigar este problema “de manera activa”, y ha animado a los clientes a
contactar con el servicio técnico si están sufriendo impacto en el servicio
como resultado.
Akamai Summarizes Service Disruption (RESOLVED)
At 15:46 UTC today, a software configuration update
triggered a bug in the DNS system, the system that directs browsers to
websites. This caused a disruption impacting availability of some customer
websites. (1/3)
— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021
La llamada nube la forman muchos ordenadores conectados
en línea que alojan buena parte de los servicios a los que accedemos sin que
estén en nuestro dispositivo. Ejemplos son los correos electrónicos,
almacenajes como Dropbox o dispositivos caseros como Alexa. Este mercado está
dominado por Amazon con su filial Amazon Web Services (AWS), seguidos de
Microsoft y Google.
Estos ordenadores pueden estar situados en el otro
lado del mundo (solo Akamai cuenta con 325.000 en 130 países, según explica al
regulador bursátil estadounidense). Por eso, se pueden producir retrasos en la
entrega de un contenido online. Es por eso por lo que existe un segundo nivel
formado por otras firmas llamadas de red de distribución de contenido (CDN, por
sus siglas en inglés)Una CDN es, básicamente, una red de servidores en
diferentes centros de datos de todo el mundo que se dedican a almacenar de
forma temporal copias de las páginas de sus clientes. La idea es evitar que la
lejanía geográfica de un servicio o de sus servidores centrales, o una gran
demanda de los usuarios, puedan provocar que una página tarde en cargarse o,
incluso, que el sistema colapse. Una de ellas, Fastly, saltó a la fama tras su
caída a principios de junio tras sufrir una caída similar. Las otras dos más
conocidas son Cloudflare y la propia Akamai.
Las caídas como la de hoy son, por lo general,
relativamente breves. Las tres grandes caídas similares de servicios en la nube
recientes fueron de Cloudflare en 2019 y 2020 y de Amazon Web Services (AWS) en
2017, además de la de Fastly a principios de junio.
Akamai fue fundada en 1998 por Daniel Lewin, un
exalumno del MIT que falleció tres años después, con apenas 31 años, en uno de
los aviones durante los atentados del 11S sobre las Torres Gemelas, tras ser
apuñalado por uno de los secuestradores de los aviones. La compañía registró un
beneficio neto de 155.695 millones de dólares en su primer trimestre fiscal,
finalizado el 31 de marzo, lo que supuso un alza interanual del 25,8%.
Fuente: El Pais.com
DeepMind, una empresa comprada por Google, predice con una precisión sin precedentes la estructura de casi todas las proteínas que forman un ser humano
En cabeza de esta revolución camina el
neurocientífico británico Demis Hassabis (Londres, 44 años). El investigador
fue un niño prodigio del ajedrez y en 1997 quedó marcado por el combate entre
el maestro ruso Gari Kaspárov y el superordenador Deep Blue. La computadora
ganó aquella batalla, pero Hassabis se quedó con la sensación de que era un
cacharro tosco, inútil si había que jugar a las tres en raya. Cuando acabó la
última partida, el entonces estudiante de la Universidad de Cambridge se
propuso diseñar una máquina capaz de aprender cualquier juego. En 2010,
Hassabis fundó la empresa DeepMind para impulsar la inteligencia artificial. En
2013, su primera criatura había aprendido sola a jugar y ganar en diferentes
videojuegos de la legendaria videoconsola Atari. En 2014, Google compró la
compañía por unos 650 millones de dólares (unos 500 millones de euros al cambio
de entonces)
Tras su entrenamiento con los videojuegos, los
científicos de DeepMind se han lanzado a intentar resolver uno de los mayores
retos de la biología. Las proteínas —como las hormonas, las enzimas y los
anticuerpos— son diminutas máquinas que llevan a cabo las funciones básicas
para la vida. Están formadas por cadenas de otras moléculas más pequeñas, los
aminoácidos, como si fueran un collar de perlas. Estos collares se pliegan en
enrevesadas configuraciones que determinan su función. Los anticuerpos,
defensas del cuerpo humano ante invasores como el coronavirus, tienen forma de
Y.
En el ADN de cada célula están escritas las recetas
de todas las proteínas que necesita para funcionar. El sistema de DeepMind,
bautizado AlphaFold, lee esa información —una secuencia de aminoácidos— y
predice la estructura de cada proteína. Su precisión es similar a la lograda
con experimentos en el laboratorio, que requieren muchísimo más tiempo y
dinero. Es como adivinar la forma de una tortilla al ver por primera vez una
receta con huevos, patatas, cebolla, aceite y sal.
DeepMind y el Laboratorio Europeo de Biología
Molecular han publicado este jueves más de 350.000 estructuras, incluyendo las
de unas 20.000 proteínas humanas y las de otros 20 organismos, como el ratón de
laboratorio y la bacteria de la tuberculosis. El científico Venki Ramakrishnan,
ganador del Nobel de Química en 2009, afirma que es “un avance asombroso”, de
consecuencias impredecibles. “Ha ocurrido mucho antes de lo que muchos expertos
habrían predicho. Va a ser emocionante ver las muchas maneras en las que va a
cambiar radicalmente la investigación biológica”, ha señalado Ramakrishnan, del
Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge (Reino Unido), en un comunicado.
Es “una
auténtica revolución para las ciencias de la vida”, en palabras de la
científica Edith Heard
Algunas organizaciones ya están trabajando con la
nueva base de datos. La Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas,
una entidad sin ánimo de lucro impulsada por Médicos Sin Fronteras, utiliza la
estructura de las proteínas para buscar nuevos tratamientos. Prácticamente
todas las enfermedades, desde el cáncer al alzhéimer, pasando por la covid,
están relacionadas con la forma de alguna proteína. Otras instituciones, como
la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), están empleando el programa para
intentar diseñar proteínas capaces de reciclar plásticos.
Demis Hassabis, director ejecutivo de DeepMind, ha
anunciado que su plan es publicar 100 millones de estructuras en los próximos
meses. Eso supondría ofrecer gratis la predicción de la forma de prácticamente
todas las proteínas con una secuencia de aminoácidos conocida. “Creemos que esta
es la contribución más importante hasta ahora de la inteligencia artificial al
conocimiento científico”, ha proclamado Hassabis. En su estudio, publicado este
jueves en la revista Nature, ha participado el español Bernardino Romera
Paredes, un ingeniero informático de DeepMind nacido en Murcia hace 35 años.
El sistema AlphaFold no nace de la nada, como ha
recalcado Edith Heard, directora general del Laboratorio Europeo de Biología
Molecular, un organismo con 1.800 trabajadores y sedes en Alemania, Francia,
Italia, Reino Unido y, desde 2017, en España, en Barcelona. “AlphaFold ha sido
entrenado utilizando datos de recursos públicos creados por la comunidad
científica, así que tiene sentido que sus predicciones sean públicas”, ha
declarado Heard. La investigadora habla de “una auténtica revolución para las
ciencias de la vida, como lo fue la genómica hace décadas”.
Para determinar la estructura real de una proteína
se necesitan carísimas infraestructuras, como el Laboratorio Europeo de
Radiación Sincrotrón, una instalación circular de casi un kilómetro de
circunferencia en Grenoble (Francia). La radiación emitida por los electrones
que circulan por el anillo, compuesta básicamente por rayos X, permite observar
los secretos de la materia. El biólogo español José Antonio Márquez explica que
dilucidar la forma de una proteína con un sincrotrón, o con el método
alternativo de la criomicroscopía electrónica, puede requerir “meses o incluso
años”. AlphaFold lo consigue en minutos, pero con errores.
“Se trata de predicciones de ordenador, no de la
determinación experimental de la estructura. Y la precisión es del 58%”,
subraya Márquez, un investigador valenciano de 52 años que dirige la Plataforma
de Cristalografía del Laboratorio Europeo de Biología Molecular, en Grenoble.
Hoy en día, si un científico quiere estudiar una proteína implicada en el
cáncer, tiene que esperar meses o años para analizar su forma. En las bases de
datos solo hay unas 180.000 estructuras. La información publicada este jueves
duplica esa cifra. Y en unos meses serán millones. “Lo normal hoy es no
encontrar una proteína en las bases de datos. Con AlphaFold puedes tener una
predicción con un 58% de fiabilidad. Te ahorra una cantidad de tiempo enorme”,
opina Márquez, que no ha participado en el proyecto. Las imprecisiones del
sistema se concentran en unas determinadas regiones de las proteínas,
desestructuradas para adaptarse al ambiente.
El biólogo español señala otras limitaciones. El
sistema de DeepMind puede predecir la estructura de una molécula aislada, pero
las proteínas suelen interactuar con otras. AlphaFold todavía no es capaz de
pronosticar la forma de estos complejos, pero es un programa diseñado para que
aprenda solo. Márquez es optimista: “Va a conseguir acelerar los descubrimientos
en prácticamente todas las áreas de la biología”.
Fuente: El
Pais.com
La Audiencia Nacional investiga tres casos de supuesto engaño en inversiones con criptomonedas por más de 350 millones de euros y con decenas de miles de posibles afectados; y estudia si asume un cuarto de 112 millones
Poco más de un mes después de aquellos mensajes, el
consejero delegado de Arbistar caía detenido: Santiago Fuentes, un personaje
que había irrumpido en el sector a golpe de vídeo de Youtube y viejo conocido
de la policía, implicado en la estafa piramidal urdida por Germán Cardona,
conocido como el Madoff español, y de la que salió absuelto en 2017. Ahora su
causa, que investiga la justicia desde hace meses, ha avanzado un fenómeno que
no ha tardado en explotar: el auge de las criptodivisas ha dado paso al auge de
las criptoestafas. La Audiencia Nacional ha asumido ya tres investigaciones
distintas (los casos Arbistar, Algorithms y Kuailian), sobre un supuesto fraude
total que supera los 350 millones de euros y deja decenas de miles de posibles
afectados. Pero, además, este mismo órgano judicial estudia actualmente si
asume una cuarta instrucción (el caso Nimbus), por unos hechos cuyo perjuicio
económico ha sido cifrado por la Guardia Civil en 112,5 millones de euros.
Aunque cada caso tiene sus particularidades, los
jueces y agentes describen en sus primeros informes tramas de sociedades
pantalla con ramificaciones en el extranjero, testaferros, empresas en paraísos
fiscales, operaciones de presunto lavado de dinero y víctimas en diferentes
países. Todo ello, barnizado con ingentes campañas de publicidad y promesas de
rentabilidades desorbitadas, de hasta el 15% o 25%, que ponían los dientes
largos a los ahorradores. “Cada estafa tiene su toque personal”, se arranca el
abogado Carlos Aránguez, que defiende a grupos de afectados, pero “también
puntos en común”. El letrado describe a los imputados como “estafadores
profesionales” con una “enorme capacidad de convicción”, cuyo fuerte “no son
las nuevas tecnologías”, sino la mercadotecnia. “Arbistar gastaba en eventos,
hoteles y restaurantes unos 23.000 euros al mes, pero menos de 2.000 en ingeniería
informática”, ejemplifica este exfiscal.
A Javier Biosca, cabeza que está detrás de
Algorithms y en prisión provisional desde su detención en junio tras emitirse
una orden de búsqueda y captura, también lo describen como un relaciones
públicas nato. Según los denunciantes, que cifran su fraude en más de 250
millones de euros y 4.000 perjudicados, llegaba a sus supuestas víctimas
recomendado por clientes, amigos y familiares. Cuentan que se movía como pez en
el agua en fiestas y comidas; incluso asistió a la pedida de mano de uno de sus
inversores. Por supuesto, dejó Toledo y se mudó a la ostentosa Marbella, donde
el dinero fluye en sociedad, según explica la abogada Emilia Zaballos, que se
presenta también como presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones
en Criptomonedas: “Organizó la ‘fiesta del bitcoin’ en su mansión de Marbella a
finales del verano [de 2020]. A ella invitó a sus intermediarios y a posibles
personas que manejan grandes cantidades de dinero. Una fiesta llena de glamur que
termina de convencer a los escépticos”.
Este tipo de “iluminados”, como los define
Zaballos, no habrían brotado sin el caldo de cultivo idóneo. Luis Garvía,
profesor y director del máster en Riesgos Financieros de ICADE Business School,
lo explica: “Estamos viviendo un cambio de época: pasamos de una sociedad
industrial a una digital. Y este problema de las estafas es una cara más de
eso”, subraya. Este analista describe un sistema financiero tradicional que, en
plena etapa de transformación, ofrece rentabilidades muy bajas a los
ahorradores, que buscan alternativas. Y ahí aparecen los mercados de
criptomonedas, y una reinvención de la tradicional estafa piramidal, urdida por
quienes captan clientes asegurando que compran criptodivisas con ese dinero y que,
gracias a su buen hacer, generan un enorme beneficio, aunque realmente lo que
sucede es, como en otros casos similares, que solo la entrada de los nuevos
inversores sirve para ir pagando intereses a los viejos; algo insostenible.
El juez Joaquín Elías Gadea, instructor de la
Audiencia Nacional, incluye en ese grupo a Kuailian, con un número de afectados
y perjuicio que aún “no está determinado”: “Los clientes, según las condiciones
pactadas, podían conseguir más afiliados para la plataforma a través de su
cuenta, y recibían el 10% de la inversión de los captados en su primer nivel,
un 3% de los de segundo nivel, un 2% en el tercer nivel y así sucesivamente
hasta un total del 20% invertido por cada uno; lo que generaba una red
exponencial de captación masiva [...] La captación de nuevos inversores
alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de
beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un
negocio real”.
Arbistar, Algorithms y Nimbus encajan asimismo en
la tipología de estafas piramidales. Sobre el primer caso, el también juez José
Luis Calama dice: “Lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte
del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros inversores
anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran
confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de
suerte tal que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de
dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor”.
QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS
Una criptomoneda es un activo digital que emplea un
cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad
de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir,
evitar que alguien pueda hacer copias como se haría, por ejemplo, con una foto.
Estas monedas no existen de forma física: se almacenan en una cartera digital.
En los últimos meses, numerosas criptomonedas,
entre ellas Bitcoin y Ether, han experimentado elevada volatilidad en sus
precios, lo cual ha sido acompañado de un aumento significativo de la
publicidad, en ocasiones agresiva, para atraer inversores. No existe todavía en
la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos como el Bitcoin, y que
proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos
financieros. Actualmente, se está negociando a nivel europeo un Reglamento
(conocido como MiCA) que tiene como objetivo establecer un marco normativo para
la emisión de criptoactivos y los proveedores de servicios sobre estos. Como
recuerdan la CNMV y el Banco de España en un comunicado reciente, las
criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, no cuentan con el
respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas
por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos
o el Fondo de Garantía de Inversores.
Fuente: El
Pais.com