El Ejecutivo ha aprobado este martes aprueba un plan de choque millonario para hacer frente al incremento de los precios de la energía por la guerra de Ucrania con ayudas de hasta 16.000 millones (6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos, y otros 10.000 millones en créditos ICO).
Rebaja de los
carburantes
Entre el 1 de abril y
el 30 de junio habrá una bonificación mínima de 20 céntimos por cada litro de
combustible para los automovilistas, ya sean particulares o profesionales. De
esta cuantía, el Gobierno sufragará la rebaja de 15 céntimos y las petroleras
los 5 céntimos restantes.
Se habla de un mínimo
de descuento porque algunas compañías han ampliado el importe que subvencionan,
por ejemplo Repsol, Cepsa y BP. En el punto de venta, según recoge el decreto,
se aplicará la bonificación y deberá notificarse al cliente el precio y la
rebaja aplicada. El impacto presupuestario de la medida será de 1.423 millones
de euros, según los cálculos del Ejecutivo.
Los productos
bonificados serán la gasolina, el gasóleo A y B, el gasóleo para uso marítimo,
los gases licuados de petróleo para la propulsión de vehículos, el gas natural
comprimido licuado para vehículos, el gas natural licuado, el bioetanol, el
biodiesel, así como las mezclas de gasolina con bioetanol o de gasóleo con
biodiesel que requieran etiquetado específico, así como el aditivo AdBlue.
Protección del empleo
Trabajo recupera la
prohibición de los despidos objetivos, como ya hiciese durante la crisis del
coronavirus, aunque en esta ocasión está limitado a las empresas que reciban
algún tipo de ayuda directa contemplada en el plan de choque de respuesta a la
guerra.
Límite a la revisión
del alquiler
El Ejecutivo ha
incluido, tras una negociación intensa en el seno del Gobierno de coalición, un
límite de subida del 2% en las revisiones de los alquileres entre el 1 de abril
y el 30 de junio, aunque el plazo podría extenderse si la situación de crisis
persiste. Además, se diferencian los arrendamientos entre grandes y pequeños
propietarios. Sin embargo, esto no tendrá consecuencias prácticas para los
inquilinos.
Subida temporal del
ingreso mínimo vital
La cuantía del ingreso
mínimo vital aumentará un 15% durante los próximos tres meses. En 2022, según
la tabla actualizada del Ministerio de Seguridad Social, la renta va de los
491,63 euros al mes a los 1.081,59 euros, en función del tipo de unidad de
convivencia. Así, el importe de la ayuda dependerá de la cuantía que le
corresponda a cada beneficiario: oscilará entre los 73,74 euros y los 162,24
euros de ayuda adicional al mes entre abril y junio.
Bono social eléctrico
y rebaja de impuestos de la luz
Todas las ayudas están
enfocadas de alguna forma para paliar las consecuencias de la subida
energética. Aunque hay dos más concretas sobre la factura de la luz: la
extensión a 600.000 familias más del bono social eléctrico —llegará a los 1,9
millones de hogares—. Esto lo articula elevando el límite de renta para ser
beneficiario del bono en 0,5 veces el IPREM para que más consumidores que
tengan contratada la tarifa regulada se puedan beneficiar de este descuento en
la factura de la luz.
Además, el Gobierno
ha dado luz verde a la prórroga de la rebaja impositiva en la factura de la luz
hasta el 30 de junio. Así, en este trimestre el IVA seguirá siendo del 10% para
los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad se mantendrá
en el 0,5% y continúa la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.
Aplazamiento de los
créditos ICO y nueva línea de avales
Economía ha impulsado
la extensión del plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el
Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como el plazo de carencia en seis meses
más para los sectores más afectados por la crisis desatada por la guerra de
Ucrania. Además, habrá una nueva línea de avales por 10.000 millones de euros.
Ayudas por sectores
El paquete anticrisis
incluye ayudas por sectores. Por un lado, se recoge una inyección pública de
362,47 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería:
193,47 millones para el agrario y ganadero y 169 millones para los productores
de leche. Al sector pesquero le corresponden 68,18 millones. Y a la industria
que sea gran consumidora de energía se le dedican casi 490 millones: 225
millones para compensar los peajes en un 80% a 600 consumidores
electrointensivos, autoriza la convocatoria de 73,6 millones para compensar los
cargos de la factura eléctrica, aumenta en 65 millones las ayudas para la compensación
del CO₂ y 125 millones en ayudas directas al sector (llegará a más de 1.600
empresas, de las que el 88% son pymes). Además, el Gobierno incide en que se
beneficiarán también de la reducción de 20 céntimos por litro del combustible y
dice que habrá otras medidas adicionales para el sector industrial, exportador
y el de la cultura.
Medidas para los
transportistas
Los transportistas,
que han protagonizado en las últimas semanas protestas que han puesto en un
breve al Ejecutivo, se beneficiará con una inyección de 1.050 millones. Ahí se
incluyen los 600 millones que se calcula que le costará al Estado la rebaja en
los carburantes, de la que sufragarán un descuento de 15 céntimos por litro.
Los otros 450 millones se vehicularán a través de un nuevo fondo para ayudas
directas a empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, cuya cuantían
varía en función del tipo de vehículo: 1.250 euros por camión, 900 euros por
autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia.
Además, se acorta el
plazo de devolución del impuesto sobre los hidrocarburos, que pasa de tres
meses a solo un mes. Y el Gobierno se compromete a aprobar una ley que
garantice a los transportistas trabajar con un precio justo, sin incurrir en
pérdidas por un servicio, como ya pactó en el acuerdo con la patronal
mayoritaria del sector. Se pretende que sea similar a lo que ya se ha hecho con
agricultores y ganaderos con la Ley de Cadena Alimentaria.
Plan nacional de
ciberseguridad
El Ejecutivo impulsa
con este paquete un nuevo plan nacional de ciberseguridad, dotado con más de
1.000 millones de euros, que contempla unas 150 actuaciones esenciales. Para
ello, se constituirá un centro de operaciones de ciberseguridad de la
Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Y se
fortalecerá la seguridad de las nuevas redes de comunicaciones 5G.
Actuaciones sobre el
mercado energético
Tras la cumbre
europea de la pasada semana en la que se reconoció la excepción ibérica, España
y Portugal tienen que presentar en estos días a la Comisión Europea una medida
excepcional y temporal de fijación de un precio de referencia del gas que se
utiliza para la generación eléctrica. Será Bruselas la que tenga que dar luz
verde a la modificación y se estima que todo el proceso se realice en un
periodo de entre tres y cuatro semanas.
El plan de choque
incluye una actualización del régimen retributivo específico de la producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos. Con esto, según los cálculos del Gobierno, se conseguirá una rebaja
en 2022 de cargos del sistema eléctrico de hasta el 55%, por unos 1.800
millones de euros.
Fuente: El Pais.com
