La CEOE presenta una contrapropuesta con una “oposición frontal” al proyecto de Trabajo, que tilda de califica de “intervencionista y regresivo” y que, a su juicio, puede provocar una “destrucción de empleo inesperada”
La patronal
venía avisando de su negativa a la propuesta de reforma laboral del Ejecutivo,
que tiene que estar lista para finales de año si España quiere cumplir con Bruselas.
Y se presentó este miércoles a la mesa de negociación con un duro informe que
llega a tildar de “marxistas” los planes de Trabajo.
La
vicepresidenta Yolanda Díaz presentó a principios de junio un borrador que
afecta básicamente a la tipología de contratos (para primar los indefinidos y
limitar el uso de los temporales), restringe la subcontratación y elimina la
prevalencia del convenio de empresa, una de las medidas estrella de la reforma
del PP en 2012. La respuesta de la CEOE es, al menos sobre el papel,
demoledora: una “oposición frontal” a una reforma que, según la patronal, tiene
“una profunda raigambre ideológica”, promueve “un abordaje marxista del mercado
laboral” y resulta “intervencionista, regresiva y desalineada con las
necesidades del tejido empresarial y de los trabajadores”, según el documento
presentado por los patronos.
La reforma
laboral se ha convertido en una suerte de fetiche en las procelosas aguas de la
política económica española. Unidas Podemos quiere derogarla a toda costa y ha
provocado desencuentros entre el flanco más ortodoxo del Gobierno, liderado por
la vicepresidenta Nadia Calviño, y el ala más izquierdista, que capitanea la
también vicepresidenta Yolanda Díaz. Tiene al PP radicalmente en contra, a
Bruselas al acecho y a los agentes sociales en guardia.
Y hay
apenas medio año para atarlo: España se ha comprometido con Bruselas a pactar
la reforma laboral a lo largo de 2021.
Garamendi
afirmó ayer miércoles que la patronal se sentará en la mesa de negociación,
pero avanzó que el acuerdo está lejos. “El diálogo social es así. Nos
sentaremos en la mesa y diremos lo que opinamos, pero la verdad es que las
posiciones están en las antípodas”, añadió. El texto que llevó la CEOE a la
mesa de diálogo, sin embargo, va mucho más lejos que el tono de esas
declaraciones y anticipa un debate áspero, duro, desapacible. “Las reformas
propuestas por el Gobierno introducen rigidez en nuestro mercado de trabajo” e
ignoran “las recomendaciones de la Unión Europea, de los organismos
internacionales y las necesidades de la economía española”, arranca ese
informe.
La CEOE
admite que la temporalidad, que ronda el 25%, supera con creces la media
europea (14%), pero atribuye las cifras españolas al abuso de contratos
temporales en el sector público, que superan el 30% y que el Ejecutivo se ha
comprometido a reducir drásticamente con Bruselas. Sin esa abultada tasa en la
Administración, aduce la patronal, los números del sector privado “responden a
las características” de la economía española, muy dependiente de actividades
estacionales o con un alto componente cíclico, con un peso de sectores como el
comercio, la hostelería o la agricultura superior al de los socios del euro. El
Gobierno, sostiene la CEOE, pretende la práctica eliminación de la contratación
temporal “o su uso con carácter residual”. Y califica las medidas propuestas
por Trabajo de “radicales y contraproducentes”, con esa alusión al marxismo que
alude a la filiación comunista de la vicepresidenta Díaz. “La propuesta
legitima el uso abusivo de la contratación temporal por razones organizativas
en el sector público para la cobertura de vacantes, y la excluye para el sector
privado”, se queja la patronal.
La idea de
Trabajo es potenciar el contrato indefinido sobre el temporal.
Para ello
establece que solo se pueda firmar un contrato temporal por razones de carácter
productivo y organizativo: cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible
de la actividad empresarial que no pueda atenderse con la propia plantilla. Los
trabajadores de actividades estacionales, imprescindibles para el comercio en
la campaña de Navidad o para las actividades turísticas en verano, pasarán de
tener un contrato temporal a uno fijo-discontinuo, un subtipo del indefinido
que se caracteriza por su intermitencia. “Establece una nueva indemnización del
todo punto injustificada y ajena a nuestro marco de relaciones laborales”,
según la CEOE. En la práctica, el empleado prestará sus servicios durante el
mismo periodo que lo hacía antes. Durante el resto del año la prestación
quedará suspendida, y se reactivará al siguiente cuando vuelva a ser necesario.
Además, la duración se limitará a seis meses (o hasta un año cuando se
establezca en el convenio del sector). La CEOE subraya que en los países
europeos ese mínimo es de unos 18 meses. “Temporalidad y precariedad no son
fenómenos equiparables: todos los países del mundo y de la UE poseen márgenes
de temporalidad imprescindibles”, critica el documento
Fuente: El Pais.com
