El fiscal tiene previsto presentar este jueves cargos criminales contra el entramado de empresas del expresidente por presuntos fraudes e irregularidades fiscales
El director
financiero de la Organización Trump, el emporio del expresidente Donald Trump,
Allen Weisselberg, se ha entregado este jueves en la oficina del fiscal del
distrito de Manhattan, en el marco de una investigación criminal sobre
presuntos fraudes e irregularidades fiscales. La Fiscalía tiene previsto
precisamente presentar este jueves cargos contra Weisselberg y la Organización
Trump, tras concluir las pesquisas. El republicano no será imputado, ni tampoco
sus hijos, según fuentes conocedoras de la investigación, pero sí la firma y su
responsable financiero por recibir beneficios y prebendas tales como
apartamentos, coches de lujo y matrículas en colegios privados sin declarar los
pagos en especie en sus declaraciones fiscales.
La
presentación de cargos contra el emporio de Trump era un secreto a voces en la
ciudad desde hace semanas, después de que la Fiscalía convocase a un gran
jurado para decidir si se presentaban. Los rumores sobre una imputación
inminente se habían multiplicado en los últimos días. Weisselberg, de 73 años,
servidor fiel del magnate durante décadas, comparecerá a lo largo del día ante
un juez junto con representantes del consorcio, también imputado, para conocer
los cargos. Fuentes de la organización han señalado que las acusaciones son
“políticas” y buscan perjudicar al expresidente.
El fiscal
de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, que se retira este año, se ha empleado a
fondo en su último gran caso, en paralelo a las pesquisas de la fiscal general
de Nueva York, Letitia James. Las dos investigaciones en curso sobre presunto
fraude fiscal confluyeron en mayo, cuando la oficina de Vance abrió una de
carácter criminal para determinar si el exmandatario podría haber infravalorado
algunas propiedades de su patrimonio para eludir en parte el pago de impuestos.
Ambas instancias investigaban desde hace más de un año los negocios de Trump
por posibles delitos fiscales y bancarios, pero la confirmación de la
colaboración entre ambas aumentó la presión sobre el republicano. Tanto James
como Vance son demócratas. Ya fuera de la Casa Blanca, en febrero pasado, Trump
calificó de “fascista” y “políticamente motivada” la causa del fiscal de
Manhattan; “la mayor caza de brujas en la historia de EE UU”.
Las
pesquisas de la Fiscalía de Manhattan empezaron a raíz de una declaración de
Michel Cohen, antiguo abogado de Trump. En una audiencia en el Congreso, el 27
de febrero de 2019, el excolaborador aseguró que el entonces presidente había
inflado el valor de varias de sus propiedades en sus declaraciones a los bancos
que le prestaban dinero, con la intención de obtener mejores préstamos y
seguros, al tiempo que las infravaloraba en sus declaraciones fiscales con la
intención de pagar menos impuestos. La oficina del fiscal del distrito se ha
centrado en dos de las propiedades más emblemáticas de la familia Trump: la
Torre y Hotel Internacional Trump en Chicago y el edificio Trump en Nueva York.
Ambas instancias han analizado también los registros de una finca en el condado
neoyorquino de Westchester.
La causa de
Vance contra la Organización Trump recibió un espaldarazo cuando en febrero
logró que el Tribunal Supremo diera luz verde a su solicitud para examinar ocho
años de declaraciones de impuestos y miles de documentos, con el objetivo de
dilucidar si el expresidente y su familia cometieron fraude fiscal y estafaron
a bancos y compañías de seguros.
Los
abogados de Weisselberg han declinado este miércoles pronunciarse sobre el
caso, al igual que la oficina del fiscal de Manhattan. Ronald Fischetti,
abogado de Trump, dijo este lunes a la agencia Reuters que esperaba que los
cargos se limitasen a presuntas irregularidades fiscales.
En un
comunicado hecho público el lunes, Trump acusó a los fiscales de parcialidad y
afirmó que las actividades de su consorcio “nunca incurrieron en delito
alguno”. Su abogado también sostuvo que la causa de Vance no tiene fundamento,
pues nunca, en el último siglo, se ha dado el caso de que una Fiscalía
investigue a una compañía por beneficios adicionales.
Fuente: El
Pais.com