13 de febrero de 2022

FUSIÓN NUCLEAR. Europa marca récord absoluto de energía producida por este sistema

 El último experimento del reactor JET, en Reino Unido, consiguió generar 59 megajulios durante 5 segundos, la mayor energía jamás alcanzada con un reactor de fusión. Este paso nos acerca a conseguir la energía masiva, limpia e inagotable de las estrellas aquí, en la Tierra

Sin duda, la fusión es la energía ‘de moda’: los últimos experimentos en China, Corea y, más recientemente, en Estados Unidos, han puesto en los titulares de todo el mundo los esfuerzos más punteros de los científicos para recrear la energía del Sol aquí, en la Tierra.

Ahora, investigadores europeos (incluidos varios laboratorios de fusión españoles) han conseguido un nuevo hito en esta ‘carrera’: establecer con el reactor experimental Joint European Torus (JET) el récord de energía de fusión, generando 59 megajulios durante 5 segundos.

Hacer realidad una fuente masiva, limpia, segura e inagotable, es el objetivo

Como dato importante, a partir de dos baterías de litio de teléfono móvil y un litro de agua podríamos generar energía para una persona durante toda su vida.

En el interior de las estrellas, millones de toneladas de núcleos de hidrógeno chocan entre sí a tremendas temperaturas y presiones, uniéndose para crear un elemento más pesado y poco contaminante, el helio, y neutrones de alta energía. Es así como nuestra estrella genera de forma natural ingentes cantidades de luz y calor

En los futuros reactores de fusión para provocar esta se utilizarán como combustible isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio. Actualmente, el deuterio se puede conseguir del agua del mar. Pero con el tritio es un poco más complicado: se puede originar a partir del litio, que es un elemento radiactivo (si bien, de baja activación). En el futuro, la reacción de fusión provocará que se genere ‘in situ’ y de forma segura en el interior de los reactores -sería físicamente imposible que ocurriera un episodio similar al de Chernóbil o Fukushima en una planta de fusión, puesto que un fallo provocaría, que la reacción se extinguiría por sí sola-. Pero por ahora, casi todos los experimentos hasta la fecha, incluidos los que se llevan a cabo en los famosos ‘Soles artificiales’ chinos, solo operan con deuterio. Pero no todos.

«El JET es el único que puede operar con deuterio y tritio a la vez», explica a Elena de la Luna, investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y jefa de grupo de la campaña experimental en las instalaciones del JET, ubicadas en Culham, cerca de Oxford (Reino Unido). «Pero este último es difícil de manipular, y por ello tiene que pasar por muchos controles de seguridad». Y eso lleva tiempo: el último experimento en las instalaciones con estos dos isótopos combinados tuvo lugar en 1997. Entonces se consiguió llegar hasta los 21,7 megajulios durante cinco segundos. «Además, después de aquellos experimentos, el JET se embarcó en una campaña de mejoras, incluido la instalación en la primera pared de materiales que se utilizarán en ITER y a ello le siguió una fase experimental donde tuvimos que aprender a utilizar el JET después de todos los cambios introducidos».

Una ‘rosquilla’ que atesora el plasma ardiente

Las mejoras de los últimos años estaban encaminadas a que el JET fuese una réplica lo más parecida posible al Reactor Termonuclear Experimental Internacional (ITER), un proyecto internacional (con participación de China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Rusia, India y Estados Unidos) que tiene como objetivo demostrar que la energía de fusión puede ser una realidad y el paso previo para crear una planta de fusión comercial que envíe toda esta energía a la red eléctrica de nuestros hogares. ITER se está construyendo en Cadarache, una localidad al sur de Francia, y está previsto que empiece los experimentos con deuterio y tritio en 2035. Y los números que promete son apabullantes: está previsto que en las primeras pruebas alcance los 500 segundos (algo más de 8 minutos) de trabajo a alta potencia y los 1.500 (25 minutos) a media potencia, en ambos casos con temperaturas cercanas a los 150 millones de grados (10 veces la temperatura del centro del Sol) y con ganancia energética (es decir, que la energía generada sea mayor que la requerida para poner la reacción en funcionamiento, un hito que aún no se ha conseguido).

«El JET es un ITER en pequeño -señala De la Luna-, a escala diez uno». Ambos son de tipo tokamak, un diseño soviético caracterizado por ser una especie de ‘rosquilla’ metálica en cuyo interior se produce el ansiado plasma -un gas ionizado donde se produce la reacción de fusión- que se confina gracias a la acción de unos ‘superimanes’ que crean un enorme campo magnético, alcanzando las altas temperaturas que se producen en el interior del Sol. Pero, aparte de ser más pequeña, JET cuenta con tecnología más limitada. «Es una instalación con bobinas de cobre instaladas en los años ochenta y que se tienen que refrigerar, por lo que la duración del plasma con alta potencia de calentamiento está limitado a cinco segundos».

De ahí que la reacción durante el experimento, realizado a finales del año pasado, ‘solo’ se mantuviera durante ese pequeño lapso. «En realidad, en términos de estudio de la física, ese tiempo nos permite estudiar el plasma casi de forma estacionaria», señala De la Luna. Casi como si la reacción, que todavía no llegamos a comprender del todo, se parase en el tiempo. Esos cinco segundos permitirán explorar cómo funciona la fusión en la tierra en condiciones hasta ahora imposibles en los laboratorios y que abrirán la puerta no solo a mejoras en el ITER, sino también en nuestra comprensión del mundo. Entonces, ¿JET ha llegado a su límite? «Aún existen muchas incógnitas que revelar para ITER. Y mientras sigue la construcción de ITER, seguro que se nos ocurren nuevas preguntas que pueden ser contestadas con experimentos en JET. Aún queda mucha investigación por hacer con este dispositivo», señala De la Luna.

DIFERENCIAS CON OTROS EXPERIMENTO DE FUSION

‘Soles Artificiales’ Chinos

China ha invertido mucho en energía de fusión en los últimos años. Su ‘joya de la corona’ es el tokamak superconductor avanzado experimental (EAST), que consiguió sostener el plasma durante 1.056 segundos (17 minutos) a una temperatura de 70 millones de grados Celsius. Aunque estos datos puedan parecer mucho más interesantes que los del JET, la proeza tiene ‘truco’: en el EAST solo se utilizó deuterio, por lo que no se generaron niveles elevados de energía de fusión.

Láseres Estadounidenses apuntando a un diminuto punto

Hace apenas dos semanas, la revista ‘ Nature’ publicaba las conclusiones del experimento del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (California), en la Instalación Nacional de Ignición (NIF), que conseguía alcanzar los 0,17 megajulios de energía (una cantidad que se incrementó en pruebas posteriores, alcanzando los 1,3 megajulios). Aparte de la evidente diferencia de potencia entre lo conseguido por el NIF y el JET, ambos registran otras distinciones: mientras el modelo europeo es de tipo tokamak y utiliza los superimanes para crear campos magnéticos que confinen el plasma (y que sería más fácil de aplicar en futuros modelos comerciales), el estadounidense se basa en el confinamiento inercial, apuntando varios potentes láser a un punto microscópico (muy útil para la investigación básica, pero con menos recorrido para aplicarse en reactores conectados a la red).

Fuente: abc.es

Ultimátum de META a la UE. Nuevo episodio de la larga batalla por el control de los datos

 La compañía de Mark Zuckerberg, que lleva años litigando con Bruselas para que no le ponga trabas en la transferencia de datos a EE UU, se plantea llevarse Facebook e Instagram de Europa. Si lo hiciera, su negocio se vendría abajo

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, confesó una vez a un antiguo colaborador suyo que tiene tres grandes temores en la vida: que le hackeen los sistemas, que sus empleados sufran daños físicos y que los legisladores hagan pedazos su red social. Este último miedo no es descabellado. Quizás porque el lema fundacional de Facebook, Move fast and break things (muévete rápido y rompe cosas), se tomó al pie de la letra. Así lo consideran al menos tanto el regulador de EE UU como varios gobiernos estatales del país, que abrieron hace dos años investigaciones contra la compañía por perjudicar a sus usuarios y competidores. También lo cree la UE, con quien lleva años litigando a cuenta de la exigencia comunitaria de ciertas garantías de privacidad en el tratamiento de los datos de sus ciudadanos.

La amenaza velada de Meta de abandonar el Viejo Continente, lanzada esta semana en un documento remitido a la SEC, el regulador de los mercados en EE UU, se enmarca en esta última batalla. Ni siquiera es la primera vez que Zuckerberg recurre a este dramático ultimátum: lo hizo ya en 2020, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que el mecanismo de transferencia de datos digitales entre Europa y EE UU no era válido. Todos los datos recopilados por las plataformas de Meta se mandan a los servidores de EE UU para almacenarlos y procesarlos. El negocio de la compañía, de hecho, consiste en transformar la información que recoge de sus usuarios en pistas relevantes de cara a los anunciantes para que puedan personalizar su publicidad.

El nuevo órdago pretende influir en otra decisión judicial que está al caer: la autoridad de protección de datos irlandesa, país en el que tiene Meta su sede europea, debe decidir si el marco que se ha usado desde 2020 hasta hoy para la transferencia transatlántica de datos (las Cláusulas Contractuales Estándar, CCE) cumple o no con la normativa comunitaria. En caso negativo, Meta podría seguir enviando datos a EE UU, pero debería establecer mecanismos adicionales que garanticen la seguridad de esos datos. Es decir: se encarecería notablemente ese trasvase.

“Cuando tienes un negocio basado en un flujo constante de la información entre sus distintas compañías afiliadas y además a escala mundial, cualquier añadido en la transferencia de datos les dificulta el día a día”, señala Alejandra Matas, directora del área New Law de la división jurídica de PwC Tax. Según esta abogada, otras compañías como Amazon o Google, que se enfrentan a la misma situación, ya trabajan en ello. “Están viendo si en algunos casos es posible alojar los datos en Europa para ahorrarse el problema o viendo qué garantías adicionales pueden incluir en los contratos”.

Meta no atraviesa su mejor momento. La semana pasada se supo que, por primera vez en la historia, Facebook cayó en número de usuarios diarios: pasó de 1.930 millones a 1.929. La cifra sigue siendo enorme, inalcanzable para sus competidoras, pero los analistas ya hablan de que la red social estrella de Mark Zuckerberg puede haber tocado techo. La compañía cayó un 26% en Bolsa el día en que se hicieron públicas esas cifras, lo que debido a su mastodóntico tamaño supuso unas pérdidas de 251.000 millones de dólares. Teniendo en cuenta que los ingresos de Meta se basan en mantener una amplia base de usuarios de los que poder procesar datos relevantes para los anunciantes, renunciar a Europa significaría recortar voluntariamente una parte importante de su negocio.

De ahí que pocos le den credibilidad al anuncio de una eventual de retirada de la UE. “El problema es que simplemente no respetan la ley. Estoy seguro de que si Meta se va otros ocuparán rápidamente su espacio con un producto legal. Esto parece una amenaza ridícula lanzada por una multinacional increíblemente arrogante”, comenta a EL PAÍS el jurista austriaco Max Schrems. Este joven abogado no es alguien cualquiera en esta historia. Fue él quien prendió la chispa que puso en marcha la maquinaria jurídica comunitaria que ha tensado las cuerdas a Facebook (ahora Meta).

La autopista transatlántica de datos

En EE UU, a diferencia de en la UE, no hay ninguna ley federal que regule la gestión de los datos privados de las personas. Eso no solo significa que las empresas pueden intercambiarlos, comerciar con ellos y explotarlos a su antojo, sino que las agencias gubernamentales (como la CIA, el FBI o la NSA) pueden intervenirlos cuando quieran. La norma que ordena esas cuestiones en Europa es desde 2018 el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), pero antes que esta hubo otras. Uno de los principios fundamentales del RGPD es que el usuario debe saber para qué se usan sus datos y dar consentimiento de lo que se vaya a hacer con ellos.

Desde principios de siglo, el país norteamericano y la UE se basaron en el acuerdo Safe Harbor (Puerto Seguro) para articular el tratamiento adecuado en suelo estadounidense de los datos de ciudadanos europeos. Schrems consiguió en 2015 tras una serie de demandas interpuestas precisamente contra Facebook que el TJUE congelara ese acuerdo al considerar que si las agencias de seguridad de EE UU podían acceder a todos los datos que estuvieran en su territorio, incluyendo los de ciudadanos europeos que se almacenan en servidores americanos, estos no tenían las mismas garantías que en Europa. La sentencia se conoció como Schrems I.

Como respuesta, la Comisión Europea aprobó el acuerdo Privacy Shield (Escudo de Privacidad), que trataba de permitir con nuevas salvaguardas el intercambio transatlántico de datos. Tras ser recurrido de nuevo, el TJUE lo declaró inválido en 2020 (Schrems II). Los datos de los europeos deberían permanecer en suelo europeo para que se le apliquen las normativas comunitarias de protección de datos.

En diciembre del año pasado, la asociación NOYB (acrónimo de None Of Your Business, No es asunto tuyo), fundada y dirigida por Schrems, difundió unos documentos internos de Facebook en los que los abogados de la compañía dan a entender que no se consideran en la obligación de mantener en servidores europeos los datos privados de sus usuarios de la UE. Es decir, consideran que las dos sentencias del TJUE no les afectan, a pesar de que en ambos casos fueron la respuesta a demandas contra Facebook.

Qué puede pasar ahora

En agosto de 2020, Meta recibió una decisión preliminar de la autoridad de protección de datos irlandesa (IDPC) según la cual las transferencias de datos realizadas entre Facebook Irlanda (la matriz europea de la compañía) y la sede central de Menlo Park no cumplían todas las garantías del RGPD. “Creemos que la decisión final se tomará en la primera mitad de 2022″, señala la compañía en el documento remitido al regulador estadounidense. “Si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos (...) no estaremos capacitados para ofrecer nuestros productos más importantes en Europa, incluyendo Facebook e Instagram”, concluye el aviso. “No tenemos ningún deseo ni planeamos retirarnos de Europa”, se apresuró a matizar ayer un portavoz, “pero la simple realidad es que Meta depende de la transferencia de datos entre la UE y EE UU para operar sus servicios”.

No se puede decir que haya cundido el pánico en Europa. “Llevo cuatro años sin Facebook ni Twitter y la vida ha sido fantástica”, comentó a unos periodistas el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg tras coincidir en un evento en París con su homólogo francés, Bruno Le Maire. “Puedo confirmar que viviríamos muy bien sin Facebook”, añadió este último. “Los gigantes digitales deben entender que Europa resistirá y reafirmará su soberanía”. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha hecho hoy unas declaraciones en el mismo sentido. “Estoy en Instagram. Si deja de funcionar ganaré 10 o 20 minutos al día”, ha dicho a Bloomberg TV.

La UE prepara de hecho dos normativas con las que materializar ese control. Se trata de la Ley de Servicios Digitales, que fija la responsabilidad de las plataformas en caso de que se publiquen contenidos ilegales, y la Ley de Mercados Digitales, diseñada para facilitar la libre competencia en las plataformas. Ambas están pendientes de ser discutidas y aprobadas por el Parlamento Europeo.

Fuente: El Pais.com

La Comision Europea amonesta a la mayoría de países de la UE por no transponer la Directiva Whistleblowing en tiempo y forma.

La Comisión Europea ha llamado la atención a la mayor parte de los países de la Unión Europea, entre ellos España, por no transponer la Directiva UE 2019/1937 o (Directiva Whistleblowing)  cuyo plazo para hacerlo concluyó el pasado 17 de diciembre de 2020.

Bruselas se ha dirigido así a un total de 24 países a través de una carta de emplazamiento enviada el pasado 27 de enero. Solo tres países, Suecia, Malta y Portugal, han hecho los deberes y han transpuesto dicha normativa que ofrece una protección integral a los denunciantes, o alertadores –como también se les denomina– de corrupción.



En concreto, la Comisión Europea, entre otros países se ha dirigido a España a través de una carta en donde le comunicaba de la apertura de expediente de infracción por no haber traspuesto en la fecha correspondiente la Directiva UE 2019/1937 de Protección de los Denunciantes, en concreto la que está registrada con el número de infracción INFR(2022)0073

¿Qué es la Directiva (UE) 2019/1937?

La Directiva (UE) 2019/1937 es una nueva normativa destinada a la protección de las personas que informen sobre infracciones en el seno interno de las empresas pertenecientes a la Unión Europea.

Esta nueva directiva establece, entre otras cuestiones, nuevas exigencias para las empresas en la creación de un canal de denuncias interno, y en la protección de los denunciantes para que no se puedan tomar represalias por sus denuncias.

Es una normativa destinada claramente a favorecer la tarea de los alertadores (delatores) o whistleblowers, pero que también puede proporcionar grandes beneficios a las empresas, al promover una cultura interna basada en la legalidad y la detección de comportamientos poco lícitos en fases tempranas.

¿Cuándo deben adaptarse las empresas a esta directiva?

La Directiva whistleblower fue aprobada por el Consejo Europeo el 23 de octubre de 2019 y entró en vigor el 16 de diciembre de ese mismo año.

El plazo para la transposición de la Directiva 2019/1937 es de dos años desde su entrada en vigor, estableciendo como fecha máxima el 21 de diciembre de 2021 para todas las organizaciones pertenecientes a la Unión Europea.

¿Quiénes deben cumplir la Directiva 2019/1937?

La Directiva 2019/1937 en España (y en el resto de la UE) deben cumplirla todas aquellas empresas que cuenten con más de 50 empleados. Estas organizaciones estarán obligadas a crear canales de denuncia internos.

Las empresas que tengan más de 250 trabajadores tendrán dos años para cumplirla después de su entrada en vigor, mientras que las que cuenta con entre 50 y 250 empleados dispondrán de dos años más.

Legislación al respecto de los paises de la UE amonestados y consecuencias del incumpliento

España es uno de los países que se encuentra a la cola de la defensa de los denunciantes de corrupción porque, directamente, no existe ninguna normativa a tal efecto ni, por supuesto, en lo referido a los buzones o canales de denuncia, para defensa de los ciudadanos. Pero la falta de legislación al respecto no debe recaer únicamente, pandemia mediante, en el gobierno actual, pues los gobiernos anteriores, incluso con mayorías absolutas, tampoco puede decirse que hicieron mucho por la defensa de los ciudadanos comprometidos con la democracia y luchadores contra la corrupción.

Hay países “con muchos deberes hechos, es el caso de Francia que tenía una ley anticorrupción, al igual que Italia. Estos tienen que tomar algunas decisiones y España parte de cero. En el caso francés, lo que estaban debatiendo es el tema de las denuncias anónimas. Con su regulación de momento estaban prohibidas. Ahora la Directiva permite esa posibilidad”.

Sobre el caso español “una de las cuestiones es saber decidir quién puede ser la autoridad que lleve los canales externos. En la Directiva se habla que los estados miembros determinarán qué autoridades pueden gestionar esos canales externos. Puede ser desde el Tribunal de Cuentas, la fiscalía o en Alemania donde se plantea una división territorial por ‘Lander’, como podría ser el caso de España con sus autonomías”.

En cuanto al procedimiento explica que “una vez recibida la carta de emplazamiento, el Gobierno de España tiene que dar respuesta a esa cuestión, como el resto de Gobiernos que no la han transpuesto”.

Normalmente entre la carta de emplazamiento y el dictamen motivado suele transcurrir entre cinco y seis meses. Ese dictamen de la Comisión es cuando no satisface la respuesta. Entre medias, la carta de contestación del Gobierno de turno, es previsible utilicen la pandemia como excusa para no haber traspuesto la Directiva Whistleblowing.

Ante la falta de incumplimiento, lo que hace la Comisión a posteriori es presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Es un procedimiento parecido al de modelo 720 de declaración de bienes en extranjero. Luego llega el fallo del Tribunal y la posible sanción al estado infractor”.

Denuncias que soporta la Directiva WhistleBlower

El impacto de esta Directiva es tan grande que supone dar un giro absoluto a la cultura política, económica y empresarial, además de a la sociedad. Según la Directiva 2019/1937 de Whistleblowers, por lo menos el canal y el buzón de denuncias y los instructores habrán de estar preparados para atender denuncias sobre:

  • Cualquier contrato público, (sea cual sea la institución implicada y la cuantía, y quien lo firme por la otra parte, persona física o jurídica).
  • Servicios, productos y mercados financieros (préstamos, hipotecas, comisiones, riesgos, usura… y también alquileres)
  • Prevención del blanqueo de capitales, cumplimiento legal (compliance)
  • Financiación del terrorismo
  • Seguridad de los productos que puedan adquirirse dentro del territorio de la Unión
  • Conformidad de los productos bienes y servicios sometidos a la legislación Europea, aunque no afecte a la seguridad de los mismos.
  • Seguridad del transporte, (sea por carretera, tren, avión, fluvial o marítimo, control y vigilancia de los mismos, aduanas).
  • Protección del medio ambiente, (urbanismo, caza)
  • Protección frente a las radiaciones, (clínicas, hospitales, antenas de telecomunicaciones, wifi)
  • Seguridad nuclear
  • Seguridad de los alimentos, (etiquetado, caducidad, aditivos)
  • Control de los piensos y aditivos para animales.
  • Sanidad animal
  • Bienestar de los animales
  • Salud pública
  • Protección de los consumidores de productos y servicios, incluidos los servicios prestados por el Estado (Expresamente se cita a la Administración de Justicia, Policía, Ejercito y Hacienda).
  • Protección de la privacidad y de los datos personales
  • Seguridad de las redes telemáticas y otras infraestructuras críticas (agua, gas, electricidad y comunicaciones)
  • Sistemas de información
  • Cualesquiera infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión tal como se contemplan en el artículo 325 del TFUE (Lucha contra el fraude, a partir de 10.000 €)
  • Todas las infracciones relativas al mercado interior, tal como se contemplan en el artículo 26, apartado 2, del TFUE (mercado interior sin fronteras; libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; mercados cautivos, dumping, vulneración de directivas sobre el trabajo)
  • Todas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia
  • Cualquier actividad que haya percibido ayudas otorgadas por los Estados, aunque no fuera dinero directo de la Unión. (subvenciones, garantías bancarias, especial agencias, comisiones y organismos de control, transparencia, anti fraude, agencias de protección de datos, comisiones nacionales como la CNMC, Casa Real, Consejo de Estado, CGAE, CGPJ, CGPE, patronales, sindicatos, cofradías, clubs de futbol, fundaciones, patronatos, medios de comunicación, instituciones dedicada a Formación, asociaciones culturales, Imsersos o Iglesias), Consejos (Consejo de Estado), tribunales (Tribunal de Cuentas). Recordemos que la directiva menciona expresamente que se incluye todas la actividad del Poder Judicial en la Directiva y sólo se excluye de la actividad de jueces y magistrados la fase deliberatoria de las sentencias.
  • Todas las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades (Por ejemplo, fiscalidades modificadas por decreto por la instalación de un proyecto empresarial).
  • Cualquier práctica cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades. A partir de la Directiva, el Estado o las Comunidades Autónomas podrán añadir más casuística, dependiendo de su asunción de competencias y se podrán añadir otras áreas que, si bien están reguladas ya por el Derecho de la Unión, ésta no cree oportuna incluirlas en la lista de procedimientos obligatorios de denuncia. Pero también la empresa o institución podrá añadir temas que puedan ser conflictivos para ella, como mobbing, acoso sexual, equiparación de cargas y retribuciones en los puestos de trabajo, etc..

RECORDARDEMOS

Que el 17 de diciembre debía haber entrado en vigor en España y en el resto de países de la Unión Europea la nueva normativa que regula el Canal de Denuncias, es decir, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión o lo que es lo mismo la Directiva Whistleblowing, más conocido en España como Canal Denuncias.  Esto quiere decir que las empresas de más de 50 personas trabajadoras, públicas y privadas, tendrán la obligación de implantar este sistema de denuncias. Si bien las empresas de entre 50 y 249 personas trabajadoras dispondrán de un período transitorio de dos años para ello, es decir, hasta el 17 de diciembre de 2023.

Todos los países que incumplen la Directiva 2019/1937 , disponen de unos 2 meses para justificar ante la Comisión Europea el motivo por el cual se ha dado ese incumplimiento.

Sanciones económicas por incumplimiento de la Directiva de Protección de los Denunciantes

 Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley para amparar la figura de los whistleblowers, las empresas recibirán sanciones que van desde graves a muy graves

 Hasta 50.000 Euros : Sanciones muy graves

  • Impedir o dificultar el seguimiento de la denuncia
  • No cumplir con el derecho de confidencialidad del alertador
  • Practicar cualquier represalia

Hasta 25.000 Euros : Sanciones graves

  • No disponer de un canal de denuncia interno
  • Contar con un canal de denuncias interno sin garantías de confidencialidad
  • No designar a una persona responsable para la recepción de las denuncias
  • No revisar periódicamente el procedimiento de denuncia interno

Fuente:  confilegal.com  ;  diario16.com 

11 de febrero de 2022

PANDEMIA. Mapas y gráficos del coronavirus en España

Últimos datos de la COVID en España

Sanidad ha notificado 53.055 nuevos contagios, de forma que el total de infecciones registradas en España es ya de 10.555.196. Además, se contabilizan 393 fallecimientos (224 registrados desde Cataluña), lo que eleva el recuento a 95.606 muertos oficiales.

La incidencia acumulada a 14 días desciende 125,55 puntos y se sitúa en niveles de finales de diciembre, con 1.566,97 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa cae en todos los territorios, salvo en Andalucía, donde sube 24,6 puntos. Las mayores bajadas se producen en la Comunidad Valenciana (239 puntos) y Murcia (233). Pese a los descensos, todos los territorios siguen en riesgo muy alto, aunque son Andalucía y Canarias los que están en mejor situación.

Por grupos de edad, la incidencia baja en todas las franjas, especialmente entre los menores de doce años (-264 puntos), aunque siguen siendo el grupo con mayor tasa, con 2.531 casos. Las tasas más baja son las de las personas entre 60 y 79 años, que se encuentra por debajo de 1.000 casos, aunque todos los grupos continúan en riesgo muy alto.

La presión asistencial por pacientes con COVID vuelve a bajar: la ocupación de las UCI por pacientes de esta enfermedad se reduce 0,71 puntos hasta situarse en el 17,41 %, aunque todavía en riesgo alto. Cataluña, con el 33,8 % de sus camas UCI ocupadas por pacientes con coronavirus, y Aragón (26,3 %) continúan registrando la peor situación de todas las comunidades autónomas y están en riesgo muy alto. Según este indicador, la circulación del virus solo está controlada en Galicia, mientras que Andalucía, Asturias y Extremadura se encuentran en riesgo bajo. Al mismo tiempo, La Rioja y Murcia se mantienen en riesgo medio.

La campaña de vacunación avanza y, tras empezar a inmunizar en diciembre a los niños de entre cinco y once años, ya hay más de 40,9 millones de personas, el 86,48 % de la población, con al menos una dosis. De ellas, 38,3 millones, un 80,97 %, tienen la pauta completa y 22,9 millones, el 48,66 %, han recibido una dosis de refuerzo.











Fuente: rtve.es




ELECCIONES CYL. La dieta mediterránea del PP

 En los últimos días, el señor Casado ha enviado una serie de mensajes como si fuera un experto nutricionista pero con un sentido de defensa de los sectores productores. Esto al final ha terminado en bulos o mentiras maquilladas  sobre lo que el propio ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha calificado como “un supuesto patriotismo”.

Entre otras cosas, se le ha escuchado decir que “la dieta mediterránea no la puede poner en riesgo ningún político”, “que el vino no es una droga” o “que han atacado a la remolacha”. Frases que desde el Gobierno desmienten y que no se han escuchado con anterioridad.

Desde el sector nutricional, la doctora María Isabel Beltrán comenta que por mucho que las industrias salgan a defender todos sus productos “de todo no se puede comer a todas horas” y recomienda un equilibrio saludable que es capaz de contentar a todos los sectores.

“Para defender una industria no se pueden generar más patologías que no son necesarias; es un tema en el que intervienen una serie de factores que no tienen que ver con la salud”, apunta.

La doctora también explica que los productos mencionados por Casado coinciden en que son productos puntuales y no habituales y recomienda su uso con moderación y de calidad. “Ninguno son imprescindible en la vida del humano, son de consumo puntual, pero en principio son alimentos que en calidad y cantidad adecuada son saludables”, aclara.

Respecto a la dieta mediterránea a la que Casado también ha hecho referencia, Aitor Sánchez, dietista-nutricionista en Centro Aleris y creador del blog Mi dieta cojea, defiende que en España tendríamos una mejor calidad de vida si se siguiese un patrón de dieta más mediterránea y no tan occidentalizada, como ocurre en la actualidad. “No podemos hacer la atribución directa de lo que es la dieta mediterránea que no es el vino, la agricultura y el aceite de oliva, se caracteriza por ser mucho producto fresco local y de temporada (frutas, verduras y hortalizas)”, destaca.

En este contexto, desde El Huffpost, les hemos pedido que hagan un análisis sobre las declaraciones de Pablo Casado.

 ¿El azúcar es “veneno”?

Casado: “Ha sido atacada la remolacha. Los años tan difíciles que han vivido como para que vengan a decir que el azúcar es veneno”.

Se parte de la base de que nadie ha dicho que el azúcar sea veneno. Pero, aún así, la experta defiende que es un edulcorante que sirve para facilitar que algunas comidas sean más tolerables. Y remarca que aunque no es un producto imprescindible tampoco estaría indicado “cargárselo absolutamente” de la dieta.

No obstante, su abuso genera una mayor liberación de insulina y y un peor uso por parte del cuerpo que puede llevar a una subida de peso. Además explica, en la línea de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud y del Ministerio de Consumo, que su uso puntual y de forma moderada no tiene problema su consumo. “El abuso y el mal uso es lo que hace que un producto termine siendo considerado problemático”, recomienda.

¿El queso es saludable?

Casado: “El ministro de Consumo dijo que el 80% de los quesos en España eran no saludables, porque con ese etiquetado de los naranjas y los rojos de toda la producción española de quesos, según el señor Garzón, el ministro de Sánchez, el 80% no eran saludables”

Es verdad que el queso es un producto muy nutritivo por su gran cantidad de calcio y con grasas buenas para el organismo. “Cuanto más agua, más fresco y menos grasa”, explica Beltrán.

Sin embargo, al ser productos con un alto concentrado de leche transformado con fermentos aparece en los semáforos nutricionales como Nutriscore en colores naranjas y rojos. Por eso, la doctora Beltrán recomienda saber interpretar estas informaciones porque ese indicador se hace sobre el peso del producto no sobre el consumo.

Por su parte, Sánchez recuerda que en España se consumen bastante lácteos y que es importante reducirlos siguiendo los objetivos de salud pública que incluye el menor consumo de sal, de proteína animal y de lácteos, especialmente los no fermentados.

Respecto a Nutriscore es consciente de que es una herramienta imperfecta pero recuerda que el argumento de Casado diciendo que el queso son solo tres ingredientes no le lleva a categorizar el producto como saludable. “Argumentar que un alimento no sea perjudicial porque tenga solo tres ingredientes es ridículo y empezar a evaluar a los alimentos por el número de ingredientes no es riguroso”, añade.

 ¿El vino es una droga?

Casado: “Apoyamos el sector del vino y no estamos a favor de que el Gobierno de España lo demonice e incluso diga que el vino es una droga”

Sin embargo, la doctora Beltrán señala que “siendo puristas y solo viendo el alcohol nunca estaría indicado”. Pero reconoce que el producto de la uva tiene ingredientes que en consumo moderado y sin factores de riesgo puede aportar ciertas biomoléculas al cuerpo.

En ese sentido añade que su abuso y una mala calidad del producto puede ser perjudicial para el organismo y generar problemas más serios como el alcolismo. “La droga sería el mal uso de esta molécula”, añade.

¿La carne roja es sana?

Casado: “Cuando el ministro de Consumo dice que la carne no es sana para comer, yo me pregunto por qué en España vivimos más que nadie en el mundo, sólo detrás de Japón”.

En medio de la polémica sobre las macrogranjas y su calidad, la nutricionista explica que, sobre el consumo, la carne de animales de cuatro patas es un alimento altamente nutritivo que aporta mucho hierro y minerales.

Sin embargo, que debido a esa “fuerza nutricional” su abuso no se aconseja. “Mejor no sobresaturar la máquina (cuerpo) porque se estropea”, añade.

Por su parte, Sánchez recuerda que nunca ha oído al ministro Garzón que el carne no es sana para comer sino que se ha hecho un llamamiento a la reducción de su consumo. “Es algo objetivamente cierto a nivel de consumo porque España es uno de los países más consumidores de carne y sobre todo procesada y siempre se ha llamado a la reducción desde el punto de vista de la salud y medioambiental”, matiza.

La respuesta de Garzón

El ministro Garzón ha respondido a los señalamientos de Casado y ha reconocido que en su cartera se han hecho campañas de concienciación en base a las recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el consumo de azúcar. Pero ha aclarado que eso no es “demonizar” al sector ni decir que el producto “sea veneno”.

“Pero es que que el azúcar es veneno lo ha dicho él, es que no lo ha dicho nadie más”, ha replicado el ministro durante una entrevista en ‘El Objetivo’ de LaSexta.

En ese sentido, Garzón también ha recordado que sus recomendaciones son en base a promover un consumo moderado del azúcar, principalmente entre los más pequeños. “Por una razón muy sencilla, esta recomendación es una recomendación de la OMS, es una recomendación que hacen los pediatras a los padres y a las madres”, ha destacado. Y ha revelado se trata de problema “muy grave” en este país, “y es que hay un 40% de sobrepeso y obesidad infantil en los niños de seis a nueve años”

Fuente: huffingtonpost.es

EDITORIAL

Estos comentarios del señor Casado, inexactos y engañosos sobre nutrición, equivaldrían en política a los que hizo ayer el todavía líder del PP, en respuesta a una pregunta sobre un posible pacto con Vox para llegar al Gobierno en CYL. La respuesta que ha dado, nos ha dejado a todos perplejos, descolocados y sin palabras, y que es la siguiente:

“Vamos a votar el domingo para gobernar en solitario. Con las manos libres para que no haya impuestos, no haya pactos con Bildu, aquí no mande Esquerra y no mande Podemos”, ha empezado diciendo.

Y ha proseguido afirmando que “es lo que quiere Mañueco” y lo que quiere “todo el partido”. Ha comentado Casado que en esta campaña se ve que hay “dos modelos”: ”Un modelo de apostar por la ganadería, por la agricultura, por la industria, por el turismo, por nuestra tierra y otro modelo en el que quien manda son los asesinos de ETA tal y como hemos conocido que venía pactar con Marlaska esta semana”.

A ver, alguien tendría que decirle al líder del partido popular, que ERC y Bildu, no participan en las elecciones de Castilla y León, pero tampoco se presentan ni el Presidente del Gobierno, ni el Ministro del Interior, que suponía que ha estas alturas ya lo sabría.

Así mismo, también tendrían que indicarle, que no vale de nada para los trabajadores, quitar los impuestos, si luego cada uno se tiene que pagar la educación y  los servicios médicos y asistenciales, por no haber en la región Servicios Públicos de Salud ni Asistenciales, y tampoco profesores de la Función Pública.

Fuente: huffingtonpost.es


7 de febrero de 2022

CRISIS ENERGÉTICA. España se postula como ‘hub’ energético del sur de Europa ante la crisis de Ucrania

Un gasoducto España-Alemania entra en los planes de la OTAN

Un gasoducto entre España y Alemania para aliviar la dependencia del centro de Europa del gas ruso en los próximos años. Una nueva conexión transpirenaica para enviar hacia el centro de Europa gas de Argelia y el gas licuado que serían capaces de almacenar y tratar las ocho plantas de regasificación ubicadas en España y Portugal.
Las posibilidades contempladas incluirían: 

a) convertir la península Ibérica en una plataforma de distribución de gas, capaz de corregir la fuerte dependencia de Alemania y del centro de Europa del gas ruso; b) recuperar el fallido proyecto Midcat, el corredor mediterráneo del gas, en un nuevo contexto histórico;  c) replantear el viejo proyecto del general De Gaulle en los años cincuenta de llevar el gas de Argelia hasta las fábricas de la cuenca de Rin.

El relanzamiento de una nueva conexión transfronteriza con Francia para llevar gas al corazón de Europa se halla en estos momentos en las mesas de trabajo de la OTAN, según han confirmado fuentes gubernamentales españolas. Alemania tiene mucho interés en el proyecto, según las mismas fuentes, una vez aprobado, esta semana, el nuevo catálogo de energías verdes para la transición energética en Europa, taxonomía de la Comisión Europea que incluye el gas y la energía nuclear.

La alta dependencia de Alemania del gas ruso (50% del consumo de la locomotora económica de Europa), aparece ahora como una de las principales debilidades geoestratégicas de la Unión Europea en el colosal tour de force con Rusia sobre el estatus de Ucrania.

Estados Unidos entiende que si cede en la cuestión de Ucrania, China lo leería como una señal de debilidad y podría aventurarse a invadir la isla de Taiwán, poniendo en cuestión la hegemonía norteamericana en el Pacífico. Después de haber concentrado una enorme fuerza militar en la frontera con Ucrania, Vladímir Putin no puede retirarse sin haber obtenido contrapartidas. Nada se resolverá en quince minutos. Se avecina un largo proceso de negociación y tensiones.

Alemania, interesada en diversificar sus fuentes y mira a España y el Magreb

Estados Unidos presiona insistentemente para que Berlín incluya la suspensión sine die del gasoducto Nord Stream II en el paquete de amenazas a Rusia. (La puesta en marcha del Nord Stream II, segunda conducción por el mar Báltico hacia Alemania, permitiría a Rusia ahogar a Ucrania, restringiendo el envío de gas por el gasoducto Soyuz, que atraviesa territorio ucraniano y paga peaje a este país). Alemania se resiste a tapiar el Nord Stream II, ya construido y pendiente de licencia administrativa alemana, porque no quiere poner en riesgo su industria. El gas es la principal baza estratégica de Rusia, que acaba de ampliar sus contratos de suministro a China.

En este contexto ha empezado, frenéticamente, la búsqueda de alternativas a corto, medio y largo plazo. Estados Unidos intenta crear una coalición de exportadores de gas licuado para reforzar los envíos a Europa. El gas licuado exige estaciones de regasificación y la península Ibérica tiene ocho: siete en España y una en Portugal. El 30% de la capacidad de almacenamiento de gas licuado en Europa se halla en España. Solo hay un problema: falta más tubo.

Las conexiones transfronterizas con Francia son débiles. No existe un Iberian Stream con capacidad para 55 bcm de gas (55.000 millones de metros cúbicos al año). Existen dos conexiones a través del País Vasco y Navarra que suman 7 bcm. El Midcat, la proyectada conexión desde Catalunya, aportaría, como mínimo, otros 7 bcm.

Con un coste estimado de 400 millones de euros, el Midcat quedó enterrado hace tres años por decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comission de Régulation de l’Énergie. Los reguladores español y francés estimaron que esa instalación no sería rentable en un contexto de rápida sustitución del gas por las energías renovables. Portugal protestó. Portugal quiere esa conexión y desea intervenir más en el cuadrante del Magreb. Esta va ser una de las banderas del nuevo gobierno de António Costa .

MIDCAT. El proyecto del corredor mediterráneo del gas, anulado hace unos 3 años, puede ser revisado

El Midcat puede volver. A ese gasoducto estaría directamente conectada la planta de regasificación del puerto de Barcelona, que es la mayor de Europa. Alemania mira ahora con interés el proyecto, porque necesita alternativas de suministro y porque también apuesta por la producción de hidrógeno verde en el norte de África. (El hidrógeno verde puede ser transportado a través de los gasoductos). Gas licuado, gas natural de Argelia, hidrógeno verde. Afianzar la península Ibérica como hub energético europeo permitiría reenfocar las relaciones con Marruecos y Argelia.

La asamblea general de la OTAN se reunirá en Madrid en junio.

Fuente: La Vanguardia.com

6 de febrero de 2022

JUSTICIA. El presidente de lo Contencioso del Tribunal Supremo, "tremendamente preocupado": 5.000 recursos covid a la vista para 25 jueces

 "Tremendamente preocupado", así es como se siente el presidente de la Sala III del Tribunal Supremo, cuya situación ha llegado al límite tras tres años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y sin poder nombrar nuevos magistrados debido a que la legislación actual no permite hacerlo a un CGPJ sin renovar, gracias a un PP que dice ser constitucionalista.

En la Sala de lo Contencioso Administrativo el problema es doble. Por un lado, la jubilación de un magistrado en marzo y otro en abril, la dejará con su mínimo número de miembros para constituir secciones y atada de pies y manos si hubiera otra baja inesperada. Por otro, las reclamaciones patrimoniales por las medidas contra el COVID están empezando a llegar al Supremo y se espera que en breve lo inunden.

Pregunta: ¿Están preocupados en la Sala III?

Respuesta: Tremendamente preocupados. Lo que está en juego es la tutela judicial efectiva que debe proporcionar la Sala a los ciudadanos. Hablamos de no poder cumplir con eficiencia nuestra función de tutelar los derechos de los que son titulares los ciudadanos, tal y como debe hacer el Poder Judicial.

P.: La Sala se queda con 25 magistrados en abril, su mínimo legal, ¿Qué ocurriría si hubiera otra baja sobrevenida?

R.: Los magistrados de otras secciones pasarían a completar la sala de enjuiciamiento, pero sólo podrían hacerlo a afectos de deliberación. Intentaríamos que siguiera funcionando, pero hay que tener en cuenta que eso afectaría al rendimiento de la sección del magistrado de refuerzo, a los asuntos pendientes.

Así que ante eso sólo hay dos posibilidades, o reducir el número de sentencias, o rebajar la calidad de la respuesta. Y en ningún caso estamos dispuestos a renunciar a la calidad, no lo vamos a hacer de ninguna de las maneras. El Tribunal Supremo es el que crea jurisprudencia y sienta las bases, así que la perjudicada será la cantidad de sentencias.

P.: La Sala de lo Contencioso está recibiendo demandas relacionadas con las medidas contra el Covid, ¿de qué números estamos hablando?

R.: Hablamos de demandas de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno que se han denegado o a las que no se ha respondido. De momento han llegado unas cien, pero estimamos que puedan llegar 5.000 recursos de este tipo este año, y sólo son las relacionadas con el primer estado de alarma.

5.000 es una estimación, porque cuando la Administración no contesta, el ciudadano no tiene plazo para recurrir, así que es mucho más difícil hacer cálculos sobre las cifras y sobre el momento en que llegarán.

Hay que tener en cuenta que en 2021 llegaron a esta Sala 9.000 asuntos de casación sobre todo tipo de temas. Así que a esos 9.000 habrá que sumar precisamente otros 5.000 y además ocurrirá con una Sala mermada.

P.: ¿Y quién interpone esos recursos? ¿A qué corresponden? ¿Hablamos de las multas durante el primer confinamiento?

R.: Son los ciudadanos que se han sentido perjudicados por las medidas contra el Covid, por ejemplo hosteleros o comercio minorista... No hablamos de las multas del confinamiento que no nos llegan a nosotros, ni de las reclamaciones de los sanitarios, que competen a la Sala de lo Social, la IV.

P.: La Sala de lo Contencioso ha tomado mucho protagonismo durante la pandemia, ¿se ha notado en cifras?

R.: En realidad, el aumento ha sido constante desde que se reformó el recurso de casación en 2016. En 2017 entraron 7.000 recursos. Ya en 2020, fueron 8.500, y en 2021 9.000. Siempre ha ido a más y sólo hablamos de los de casación. En total, en esta Sala se vieron 10.500 asuntos el año pasado. A ver qué ocurre con 2022.

Hasta ahora, en la primera parte de la pandemia, la sección cuarta ha controlado las decisiones de las CCAA, como los confinamientos perimetrales o la validez de los pasaportes Covid, y ha cumplido perfectamente.

Ahora nos enfrentamos con una avalancha, y se intentará volver a cumplir, pero estamos ante un problema. No nos damos cuenta de la importancia de lo Contencioso Administrativo, ejerce la función de control al Poder Público, a las decisiones del Gobierno, y eso es  fundamental. 

P.: Con el Poder Judicial en funciones desde hace tres años y sin poder nombrar jueces, ¿Qué soluciones se plantean?

R.: La solución al bloqueo no está en nuestra mano y, con esa norma legal que impide nombrar jueces, hemos intentando adelantarnos a la situación para que, ante la menor disponibilidad de medios, podamos dar algún tipo de respuesta.

Nos enfrentamos a tres problemas y hemos optado por tres soluciones (ya se han aprobado por parte de la Sala de Gobierno), una respuesta es organizativa, otra supone pedir una reforma legal, y la tercera es de refuerzo de secretarías.

La solución organizativa supone que un magistrado de cada una de las secciones donde ahora mismo hay seis, pasen a las que se quedan con cuatro, de esa forma, cada sección tendrá sus cinco jueces necesarios.

La reforma legal supone agilizar las respuestas a muchos asuntos repetitivos que además llegan con argumentos idénticos. Se paralizarían los recursos en los tribunales de instancia hasta que el Supremo diera una respuesta a esos temas. Reduciríamos la litigiosidad y podríamos dar una respuesta con la misma calidad, pero mucho más rápida, porque además no sería necesaria la tramitación administrativa de todos ellos. De esa forma, se daría certidumbre a los ciudadanos y también a los tribunales de instancia.

Las medidas de refuerzo incluyen la creación de una nueva secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y la creación de tres plazas de letrados coordinadores del Gabinete Técnico. Esta medida está pensada para responder a las demandas de responsabilidad patrimonial.

P.: ¿Y qué recorrido tienen estos cambios?

R.: El plan irá al CGPJ, que trasladará nuestras solicitudes. Las que necesitan del apoyo del ministerio de justicia, esperamos que tengan una respuesta positiva, tanto a la hora de promover una reforma legal como a la de poner en marcha soluciones organizativas, estoy convencido de que el Ministerio de Justicia será receptivo.

P.: ¿Y confía en que el Congreso apruebe una reforma legal para agilizar los recursos?

R.: Yo confío, tengo que confiar. Entienda que tengo responsabilidades en uno de los poderes del estado así que pienso que las instituciones de este país pueden funcionar. No se puede ser parte de ellas y verlo de otra manera.

P.: ¿Confía a pesar del bloqueo para la renovación del Poder Judicial?

R.: Sí. Está claro que esa congelación es en gran parte el origen del problema, a lo mejor no todo, pero sí una gran parte. Que estemos con 8 magistrados menos no tiene otra explicación que esa paralización. Pero son cuestiones en las que nosotros no tenemos nada que hacer.

P.: En la próxima reunión de la Sala de Gobierno del Supremo se verá la situación general del tribunal y del resto de salas, ¿sabe usted cómo están?.

R.: Hay salas en situación muy delicada, pero las más afectadas ahora mismo son la tercera y la cuarta, la de lo Social, a la que llegan los asuntos laborales, muchos de ellos también derivados del Covid.

Fuente: niusdiario.es