OPINION. ¿Existe en España, negación de resultados electorales, deshumanización del adversario político y lawfare (guerra sucia jurídica) ?

 El PP busca internacionalizar la batalla contra la amnistía con el pleno que ha impulsado en el Parlamento Europeo hoy mismo, al entender inaceptables los resultados electorales. Aunque se cuidarán muy mucho, de evitar que recaiga la sombra de la sospecha sobre un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el español, que incumple la Constitución desde hace 5 años.

El Partido Popular Europeo (PPE) está activando todos sus recursos en la UE contra la proposición de ley de amnistía para los encausados por el procés catalán. 

Los populares quieren internacionalizar el tema y el presidente del grupo, el socialcristiano alemán Manfred Weber, se ha implicado y movilizado a fondo contra la medida, acordada por el PSOE y Junts, que ha derivado en el apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez. Este martes, Weber ha reclamado una “reacción clara” de la Comisión Europea sobre la propuesta de ley, que el Gobierno de Sánchez envió la semana pasada a Bruselas y que el Ejecutivo comunitario ya está analizando. “Nos preocupa el estado del Estado de derecho en España”, ha lanzado el alemán en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde este miércoles, a iniciativa del PPE, se celebra un debate en el pleno sobre la amnistía que se espera de alta tensión. Otras amnistías (*) en Europa.

Aunque no le he escuchado al señor Weber pronunciarse sobre el GPPJ español, que por intereses partidistas, el PP se niega a renovar, contraviniendo 5 años la Constitución de España, los mismos que lleva dicho Órgano sin ser renovado. Y por ello, con máximo respeto, le hago esta pregunta. ¿Qué le parecía a usted, caso existiese en Alemania un órgano de gobierno de los jueces similar, se saltase la Constitución alemana esos 5 años?. Aunque por otra parte, comprendo le resulte difícil de entender, dado que,  en Alemania no existe un órgano de gobierno de los jueces, pues allí, es el poder político quien elige a los jueces,  a diferencia de lo que el PP propone para España, que todo el CGPJ sea elegido por los jueces. Señoras y señores del partido popular ¿quiero esto decir que bajo sus criterios, el proceso de selección de jueces en Alemania es antidemocrático?

La presidenta del grupo de los socialistas y demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, Iratxe García, ha condenado que el PP decida batirse en las instituciones comunitarias con temas nacionales para “atacar a los gobiernos progresistas”. “Cuando uno come, las digestiones a veces se hacen rápido y otras más lentas y pesadas. Eso es lo que le está ocurriendo al PP, que no está digiriendo los resultados electorales”, ha abundado García, que ha defendido la propuesta de ley de amnistía —”respeta al 100% la Constitución”, ha dicho— y ha lanzado que “algunos” quieren ganar en Europa “lo que no han ganado en España”.

Para concluir, solo recordar que hoy mismo, el Comisario de Justicia de la Comisión Europea, Sr. Reynders, ha confirmado que la solución de la cuestión de Cataluña es asunto interno de España, que debe solventarse de acuerdo a su Constitución Nacional, al igual que la renovación del CGPJ, que siendo lo más urgente, aún está pendiente de resolver, ha añadido. 

Y que finalmente, el PP y Vox, lo único que han conseguido es internacionalizar su ignorancia y desconocimiento  respecto del funcionamiento de las Instituciones parlamentarias Europeas y Españolas, que por otra parte evidenciaron, su ridícula, bochornosa y esperpéntica, deriva política, al que supongo, ya estarán acostumbrados hasta sus afines.

(*) Ciertamente, España no es el único país europeo que ha hecho amnistías. Y pongo como  ejemplo a Alemania, que no contempla amnistías en su Constitución, pero ello no le ha privado de hacer dos leyes en (1949 y 1954) que equivaldrían a sendas amnistías, por las cuales, todos los alemanes cuyos  delitos no incluyesen crímenes de guerra, y que participaron en la segunda guerra mundial, les quedaron perdonados, y sin antecedentes penales. Posteriormente se firmaron otras dos leyes con rango de amnistías, en 1968 y 1970 (al objeto de adaptar al ordenamiento penal las nuevas tendencias doctrinales en política criminal) y finalmente en 2009, se promulgó una ley de rehabilitación que “amnistió” a quienes los nazis habían condenado por traidores. Así que, en relación a las amnistías, pocas lecciones de democracia pueden darnos los europeos en general y los alemanes en particular, pues aún no existiendo la amnistía en muchas constituciones, como ocurre en Alemania, bien que las llevan a cabo todos cuando les interesa. Mas información al respecto aquí

Fuente: El Pais.com

De la deshumanización del PP y Vox, a sus adversarios políticos

El análisis de insultos, salidas de tono políticas y secuestro de libertades, en particular de partidos españoles de derecha y ultraderecha, ya indistinguibles entre sí, lleva a reflexionar sobre las consecuencias de este tipo de comunicación en el ámbito político. El contraste entre ironía,  insulto grosero y secuestro de libertades, se convierte en asunto principal en este tipo de debates, pues todos ellos,  alcanzan gran relevancia en la calidad del diálogo político.

Ironía

La ironía, utilizada correctamente, es una herramienta útil para destacar contradicciones o fallos en la argumentación política. Por el contario, cuando ésta se convierte en sarcasmo o burla (que normalmente acostumbran utilizar en España, derechas y ultraderechas, con sus oponentes políticos) y se transforma en insulto, no solo degrada el debate, sino que reduce la política a un circo, alejándola de la función original, cual es servir al bien común

Secuestro de libertades

La libertad que la izquierda utilizaba para garantizar la igualdad y el bien común, ha sido secuestrada por la derecha extrema y la extrema derecha, que les parece más oportuno utilizarla para justificar la difusión del odio, que protagonizado por  Feijóo o Ayuso y Abascal u Ortega Smith, respectivamente, cuando en su caso, lo usan para alentar manifestaciones contra un gobierno, legítimamente elegido, al objeto de lograr su derrocamiento. 

Insulto, agresión verbal y secuestro de libertades

El recurso al insulto y a la agresión verbal, unido al secuestro de libertades, en la política tiene repercusiones negativas profundas. Primero, desplaza el enfoque de los problemas reales y urgentes a la confrontación personal. Segundo, alimenta la desconfianza y el cinismo entre la ciudadanía hacia la política y sus representantes. Tercero, dificulta la colaboración y el consenso, que son fundamentales en una democracia.

Los líderes políticos son responsables de subir el nivel del discurso político, evitando ataques personales y centrándose en debates basados en políticas necesarias y soluciones reales.

Para fomentar un mejor diálogo político, es esencial promover un ambiente de respeto y tolerancia. Esto incluye no solo la educación cívica y las normas de conducta en espacios políticos, sino también el papel de los medios de comunicación y del público en exigir un discurso político edificante, más constructivo y respetuoso.

Por último concluir, que los reiterados insultos y agresiones verbales, unidos al secuestro de libertades continuado, inevitablemente conducen a la deshumanización del adversario político.

Fuente: Diario16plus.com

Sobre  la inexistencia del lawfare(**) en España

El brazo armado judicial y conservador, fuerza la máquina para reventar el plan de paz de Sánchez para Cataluña y al tiempo, forzar la fractura democrática, con la dimisión del gobierno recién formado y convocatoria de nuevas elecciones generales.

El último paso lo ha dado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que no ha esperado a que nadie diera el pistoletazo de salida a la operación antisanchista, y ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que, en su caso, el alto tribunal abra diligencias por terrorismo contra Tsunami Democràtic e impute al expresident Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas.

Desde que se filtró el acuerdo entre PSOE y Junts para acordar una amnistía a los encausados por el “procés”, la Justicia ha declarado la guerra al Poder Ejecutivo. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, abrió las hostilidades mostrando su “más firme rechazo” a una futura ley de amnistía que “tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial” y advirtió de que supone “el principio del fin” de la democracia española. Así, sin medias tintas.

Mientras tanto, el PP movía a sus peones en el Consejo General del Poder Judicial, que convocó un Pleno extraordinario para abordar la ley de amnistía, a pesar de que el proyecto legislativo aún no se había presentado ni se conocía el contenido de lo pactado. Una reunión convocada a petición de los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces que provocó una nueva pugna fratricida con los magistrados progresistas. En este sentido, fuentes del sector más izquierdista del CGPJ confirmaron un plante general más allá de la ausencia del vocal progresista Álvaro Cuesta, que pidió la desconvocatoria del Pleno al considerar que era “improcedente e ilegal”. De la afirmación de Cuesta se desprendió que el CGPJ pretendía realizar una grave injerencia en la esfera política del Gobierno, rompiéndose el principio de separación de poderes de todo Estado de derecho. Eso sin tener en cuenta, que cualquier decisión del GPPJ  sale viciada en origen, ya que dicho Órgano, lleva 5 años incumpliendo la Constitución.

Mientras tanto, el juez Pablo Llarena, conocido por su papel en la instrucción del “procés” catalán, y también el magistrado Manuel García Castellón, encargado de los casos relacionados con los CDR y Tsunami Democràtic, vinieron a sumarse a la polémica. Ambos fueron figuras destacadas en investigaciones cruciales para reprimir el proceso independentista. En el caso de Llarena, que lleva casi seis años intentando traer a Carles Puigdemont detenido a España, va a seguir intentándolo por todos los medios. En realidad, cuando entre en vigor la ley de amnistía solo le quedará aplicarla o cerrar el sumario y pasar la patata caliente al Tribunal Supremo. No podrá ser él quien bloquee los efectos de la amnistía presentando una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, aunque no será por falta de ganas. Más lejos ha llegado García-Castellón, quien, en un intento desesperado por boicotear el proceso de paz, ha reactivado la causa contra Tsunami Democràtic. Es una de las últimas balas que le queda a la derecha judicial para acabar con el plan Sánchez: imputando a Puigdemont todo puede saltar por los aires y la conflictividad social retornaría a Cataluña, que es lo que parece va buscando el Partido Popular.

Por su parte, la mayoría de magistrados y fiscales del Tribunal Supremo rechazan una posible amnistía para Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas investigados en relación con el referéndum del 1 de octubre. El sentir mayoritario en el Alto Tribunal es que esto “echaría por tierra” el trabajo de la Justicia en los últimos años, informa La Sexta.

Al mismo tiempo, Vox recrudece el lawfare tras presentar querellas contra Pedro Sánchez y los letrados del Congreso de los Diputados autores del informe sobre la amnistía que, según el partido ultra, “persigue legitimar el golpe al Estado de derecho mediante la inconstitucional ley de amnistía”. Vox también se querellará contra los miembros de la Mesa del Congreso que voten a favor de su admisión a trámite. “Todos los que colaboren con el golpe tienen que saber que deberán asumir las consecuencias”, sentenció. La amenaza de la represión y la cárcel no deja a nadie exento. Nadie está a salvo de la cloaca judicial. Ni los legítimos representantes del pueblo que promueven leyes legítimas en el Parlamento ni ningún ciudadano que apoye la amnistía. Que tiemblen los “malos españoles”, como dicen los ultras

(**) Lawfare, en el ámbito de la política, designa "al uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político".

Fuente: Diario16plus.com

CONCLUSIÓN

Si los dirigentes de PP y Vox, visto lo visto, no extraen conclusiones favorables y compatibles, a su negación de los resultados electorales, su deshumanización del oponente político y a la existencia del lawfare español, mejor sería se lo hicieden mirar, pues a mí entender, son más que evidentes las compatibidades aquí manifestadas.

Por cierto, saben quien seguía el mismo manual que ustedes, un tal Joseph Goebbels, autor material del mismo, bien conocido en Alemania por otra parte, y también en España por desgracia.

 Fuente: Redacción

OPINION. Del futuro catastrofista del PP y Vox sobre España.

 

Estimados dirigentes de partido popular y Vox

1. Lo que rompe España es, que no se respete la democracia, cuando, elegido por mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, ha sido investido el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
2. Lo que rompe España es, que una derecha corrupta, radical y reaccionaria, que pacta con la extrema derecha de Vox, se atreva querer darnos lecciones de democracia.
3. Lo que rompe España es que, al unísono, derecha y ultraderecha, insulten impunemente al Jefe del Estado, al Presidente del Gobierno y al partido socialista y a sus votantes.
4. Lo que rompe España es, que desde las autonomías gobernadas por el PP, regalen miserablemente nuestros impuestos a los ricos y luego pidan compensaciones tributarias al Estado.
5. Lo que rompe España es, que los ricos evadan impuestos, y alcance el dinero negro de  estos, en los paraísos fiscales, una cantidad cercana a 200.000 millones de euros.
6. Lo que rompe España es, que Iglesia, jueces y empresarios, a priori, se manifiesten en contra de leyes que aún no están aprobadas en el Congreso de Diputados, y por tanto, aún no están en vigor.
7. Lo que rompe España es, que generales retirados, guardias civiles en activo y políticos de Vox, conspiren para instigar golpes de estado.
8. Lo que rompe España es, que políticos del PP, pidan un tiro en la nuca para el Presidente del Gobierno.
9. Lo que rompe España es, que en varias autonomías gobernadas por el PP, eliminen las becas comedor para los hijos de los más desfavorecidos .
10. Lo que rompe España es que, desde Comunidad de Madrid mientan diciendo que no existen madrileños sin medios para poder subsistir, por lo que en los presupuestos, no destinan partidas al efecto.  
11. Lo que rompe España es, que autonomías gobernadas normalmente por PP y por Vox, digan que no existe, la violencia de género y tampoco la violencia contra la comunidad LGTBI, revocando la legislación al respecto, eliminando por tanto, las partidas presupuestarias correspondientes.
12. Lo que rompe España es, que los precios de pisos, alquileres y comida estén por las nubes, y Autonomías gobernadas por el PP, en base a la libertad de mercado, se niegue a poner solución al respecto.
13. Lo que rompe España, es que Comunidades del PP como la de Madrid, no solucionan los problemas de Sanidad en general (caso Madrid, ya se vieron las consecuencias en la pandemias donde murieron miles de ancianos sin recibir asistencia hospitalaria) y en la actualidad con Centros de Salud cerrados por la falta de médicos. Por no hablar de la salud mental, que no sé si el ratio tocará a un psiquiatra por millón de habitantes, caso de Madrid (por cierto, todas las autonomías tienen transferidos las  competencias en Sanidad) Pero claro, si se bajan los impuestos, no hay dinero para contratar médicos.
14. Lo que rompe España es, que desde Vox se criminalice al inmigrante y en particular a los MENAS (menores no acompañados) . Y además, allá donde gobierna con el PP, haya reestablecido la censura para la cultura.
15. Lo que rompe España es, que en el fondo el partido popular y Vox piensen igual, como han demostrado los líderes del PP, cuando siempre ponen un pero al final de las condenas de las actitudes de Vox, culpabilizando al propio partido socialista de los ataques que recibe tanto de  Vox como del propio PP.

CONCLUSIÓN

La democracia española no necesita, que ningún grupo radical de derecha o ultraderecha, asalte sedes de partidos políticos, parlamentos y muchísimo menos, la residencia del Presidente del Gobierno. Y tampoco es descartable el asalto a la residencia del Jefe del Estado.

Y bien haría, el responsable del Gobierno correspondiente, en preparar un plan de contingencias la respecto, caso no lo hubiera hecho ya.

Fuente: Redacción.

OPINION. Nunca deja de sorprenderme la estupidez humana

 Ya dijo Einstein de la estupidez que, “dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo”

 

Llevo más de un mes escuchando estupideces de los políticos españoles, como si el resto de las opiniones no contasen, pero la ciudadanía no va a consentir que unos políticos irresponsables y sin escrúpulos, nos arrastren a un enfrentamiento civil de consecuencias impredecibles.

Por ello quisiera aportar mi granito de arena, para echar algo de luz sobre el asunto de la amnistía, con unas sencillas preguntas tipo test, de respuesta SI/NO

PREGUNTA 1. ¿Aceptas  la Amnistía de 1977, para los causantes de 1.000.000 de muertos durante la guerra civil y la dictadura, Sí o No?

PREGUNTA 2. ¿Aceptas las Amnistías del PSOE de Felipe González, que en 1982 y 1991, perdonó delitos a evasores fiscales y delincuentes económicos. Sí o No?

PREGUNTA 3. ¿Aceptas la Amnistía del PP de Mariano Rajoy, en 2012, que perdonó los delitos de evasores fiscales y delincuentes económicos. Sí o No? .

PREGUNTA 4. ¿Son más justas las Amnistías que perdonaron delitos de, asesinos, torturadores, violadores, ladrones, delincuentes económicos y evasores fiscales, que la Amnistía que perdone a quienes hacen referéndums inconstitucionales y declaración de independencia, seguida de instantánea revocación de la misma, y delitos menores asociados, como ocurrió en 2017 en Cataluña. Si o No? 

En mi opinión, si una mayoría de españoles respondiesen SI a todas las preguntas, en ese caso, tendríamos en España un grave problema de credibilidad democrática, dado que entonces, no hablaríamos de democracia y justicia, sino de odio y venganza, al utilizar distintas varas de medir en la aplicación de las Amnistías, según quienes fuesen los que incumpliesen la Ley. A no ser que alguien demostrase que venganza y odio forman parte de la democracia y dictan los manuales de la Justicia.  

A mi entender, los Poderes del Estado siempre debieran ser magnánimos con sus conciudadanos, en tanto en cuanto sea necesario para la convivencia y el bien común, independientemente del momento elegido para hacerlo.

Fuente: Redacción

OPINION. ¿El horizonte judicial del PP depende de la Presidencia del Gobierno del Estado?

 Hasta 2025 la Audiencia Nacional juzgará 27 casos de corrupción del PP

El líder del PP busca llegar a la Presidencia del gobierno del Estado a toda costa, como única salida para tapar los innumerables casos de corrupción pendientes que les acorralan. 

Y para ello no duda en engañar a miles de españoles, presentándose como el nuevo mesías, pero no de la corrupción, que sería lo lógico, sino de eurovisión con el título “Cara al sol con la camisa nueva” que triunfa en las manifestaciones domingueras y en la FM de los Obispos, para aplicar la versión moderna del articulo 155 y deslegitimar las últimas elecciones generales (como corresponde a antisistemas que se precien) con la escandalosa excusa que el Congreso de los Diputados se atreve a aprobar leyes contrarias a su ideología trumpista, pendenciera y revanchista, que como no podía ser de otra manera, en ello coincide, Iglesia, jueces y empresarios. Obligando a los españoles a votar hasta que el PP logre la mayoría absoluta. Como para dejar de comer hasta entonces. 

Pues entiendo se sientan desprotegidos, dado que tener a su disposición solo el Consejo General del Poder Judicial ya no les parezca suficiente y más ahora, que ha perdido la mayoría en el Tribunal Constitucional (que les permitía detener las sesiones del Congreso de Diputados a voluntad, que ni los fascistas lo harían mejor) y que además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está investigando al Tribunal Supremo, respecto sentencias del procés catalán. Y por si fuera poco, el juez, Manuel García Castellón, ha sido obligado por la sala tercera de la Audiencia Nacional, a citar para que testifique a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la pieza que investiga presiones a Luis Bárcenas y su antiguo abogado Javier Gómez de Liaño, para que no aparecieran publicadas informaciones negativas para el Partido Popular, en pleno escándalo de la caja B, cuando previamente, el mismo juez había desestimado la necesidad, de que la misma testificase. 

¿Cuánto peor mejor?

Pero además, no ignoran que la lista de escándalos que afectan al partido que dirige Feijóo a nivel nacional y autonómico, con diputados dimitidos y expresidentes autonómicos condenados por corrupción es casi interminable

El PP trata de quitarse la etiqueta que lo relaciona con la corrupción. La acumulación de casos, y una sentencia condenatoria, llevó al Congreso a aprobar en 2018 por primera vez una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Contra ese estigma intentó actuar Pablo Casado, quien procuró dar una imagen de “limpieza” que le llevó a señalar por corrupción a Isabel Díaz Ayuso, lo que provocó su defenestración política.

Ahora, con Feijóo sentado en la planta noble de la sede nacional, el PP confía en situar a su rival en un marco comunicativo relacionado con la corrupción. Pero bajo las alfombras del edificio situado en el 13 de la calle de Génova de Madrid se esconde todavía mucha mugre que se barrió deprisa y corriendo. Y algunos de esos casos siguen vivos y todavía pueden deparar alguna sorpresa a los actuales dirigentes.

70 policías para salvar al PP

La investigación sobre la Operación Kitchen ha dado un paso clave en su viaje al juicio oral: la Fiscalía Anticorrupción ha presentado sus conclusiones provisionales y ha pedido penas de hasta 15 años de cárcel para la cúpula de Interior y de la Policía Nacional durante el mandato del PP. Entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez y varios mandos policiales.

La petición más alta es para el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Anticorrupción considera probado que hace exactamente una década las máximas autoridades de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy pusieron en marcha un operativo ilegal para acceder a los archivos del extesorero Luis Bárcenas y retirar de la circulación pruebas que pudieran comprometer al PP.

La causa ataca así el núcleo duro del Gobierno de Mariano Rajoy, uno de los padres políticos de Feijóo y un referente para el candidato del PP, según él mismo ha asegurado. Y eso que la investigación del juzgado de la Audiencia Nacional de Manuel García Castellón ha dejado fuera a la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, y a su marido, Ignacio López del Hierro.

Rajoy telefoneó a Fernández Díaz cuando se conoció el escrito de acusación, tal y como informó El Periódico de Catalunya. Apenas un mes antes, compartía escenario con Feijóo en Valencia para apoyarlo en su carrera a la Moncloa.

Según la Fiscalía, el operativo parapolicial supuestamente impulsado por el PP empleó “recursos, técnicos y humanos” del Ministerio del Interior en beneficio del PP: ocho inspectores jefes de grupo, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 agentes de Policía Nacional especializados en seguimientos. Un total de 70 efectivos de Policía dedicados a evitar que la corrupción salpicara al partido.

Además, se ha conocido una nueva ramificación de esta Operación Kitchen: las presiones ejercidas sobre Luis Bárcenas y su entonces abogado para no publicar informaciones perjudiciales para el PP. Según investiga la Audiencia Nacional, hubo “un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el partido vinculadas con dicho sumario”.

Los contratos ilegales de Alberto Casero

La petición de Anticorrupción para Jorge Fernández casi ha coincidido en el tiempo con la decisión del Tribunal Supremo de juzgar a Alberto Casero por prevaricación y malversación de caudales públicos, quien dejó la militancia en el PP y su escaño en el Congreso en dos veces tras conocerse la decisión del juez.

Casero se hizo famoso por equivocarse en la votación de la reforma laboral y permitir con su error la aprobación de la medida del Gobierno. El exalcalde de Trujillo (Cáceres) fue el número cuatro interno en el organigrama de Pablo Casado, cuando fue designado secretario de Organización del PP. A las órdenes de Teodoro García Egea y Ana Beltrán, Casero era el enviado de la dirección nacional a los territorios. Allí donde había un problema, llegaba él a intentar solucionarlo.

El juez ha concluido que Casero adjudicó cinco contratos por un valor de 94.000 euros de manera ilegal cuando era regidor de la localidad. Contratos para organizar la Feria del Queso, para contratar un psicólogo o para poner en marcha un evento gastronómico de comida peruana. Él mismo reconoció en el Supremo que los procesos podían estar trufados de errores e irregularidades, pero que en ningún caso cometió un delito.

La renuncia a su escaño puede devolver el caso a los tribunales de Extremadura para ser juzgado allí, al haber perdido el aforamiento.

Tres años de cárcel para el expresidente de Murcia

Tercera coincidencia temporal con el PP intentando sacarse de encima el estigma de la corrupción: el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido condenado a tres años de cárcel.

Cuando el PP reformó la ley para limitar el tiempo que la Justicia podía dedicar a una investigación penal, uno de los principales beneficiados fue precisamente Sánchez. Presidente de la Región de Murcia entre 2015 y 2017, se vio envuelto en varios casos de corrupción. Uno de ellos, que analizaba la contratación supuestamente ilegal para acondicionar la Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras, quedó archivado porque muchas diligencias se pidieron fuera de plazo.

Pero otro de esos casos, que también procede de su etapa de alcalde de Puerto Lumbreras, ha pasado ese filtro y le ha costado una condena que, en caso de ser declarada firme, implicará su entrada en prisión: tres años de cárcel por prevaricación y falsedad documental en el conocido como caso Auditorio.

En este caso, sin expediente de contratación de por medio y de forma verbal, Sánchez encargó a un arquitecto un proyecto para las obras del auditorio municipal, evitando que otros arquitectos pudieran ganar ese concurso. Todo para justificar una subvención regional y evitar tener que devolver el dinero.

Sánchez dimitió en 2017, con Rajoy todavía en la Moncloa y Feijóo en la Xunta de Galicia. Pero quien ocupa hoy la Presidencia de Murcia, y uno de los principales barones del PP, salió entonces a defender a su jefe de filas. “Yo confío en Pedro Antonio”, dijo Fernando López Miras en un vídeo que sus rivales han recuperado ahora.

Pero no hay que irse tan lejos. En julio de 2022, López Miras fue reelegido presidente del PP de Murcia. En una intervención ante el pleno del congreso dijo en referencia expresa a Pedro Antonio Sánchez que él había “aprendido de los mejores”. En primera fila, destacados barones del PP y dirigentes autonómicos, así como la secretaria general, Cuca Gamarra. La ovación duró varios segundos. Ese mismo día, para la intervención final, apareció también el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo y un imputado de Ibiza comparten mantel

Otra ovación se llevó el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en un acto de precampaña del PP balear, donde Marí compartió mesa y mantel con el presidente del partido en la isla, José Vicente Marí Bosó, la líder autonómica, Marga Prohens, y el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

El problema es que Vicent Marí está imputado, también por corrupción. En su discurso, Prohens dijo: “Los ibicencos te reconocen, te estiman y quieren que seas su presidente. Por eso yo y este partido necesitamos que sigas siendo el alcalde de alcaldes. Pero sobre todo que sigas siendo Vicent Marí”. El aplauso fue cerrado.

Ayuso: de Arroyomolinos a la comisión de su hermano

Muy actual es también la corrupción del PP de Madrid, que está inserta en la dirección autonómica del partido que lidera Isabel Díaz Ayuso. La lideresa cuenta en su organigrama con la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, también imputada por corrupción junto a un empresario que se habría beneficiado de unas contratos durante su anterior etapa como concejala en el Consistorio.

Millán ocupa un puesto clave: la vicesecretaría de Organización Territorial. Pese a la imputación judicial, en mayo será de nuevo candidata del PP en Arroyomolinos. La alcaldesa reconoció el pasado 22 de abril ante un juez de Navalcarnero los pagos, aunque dijo que los ingresos que le realizó el empresario que recibía adjudicaciones de la concejalía que encabezó entre 2012 y 2016 porque correspondían al alquiler de un ático de su propiedad, con derecho a compra. En cuatro años, Millán recibió más de 44.000 euros de la empresa Neverland, propiedad del empresario Vicente Roselló, cuyas empresas recibieron contratos por valor de más de 660.000 euros. 

El otro gran caso que ha afectado a Ayuso tiene que ver con los negocios de su familia, su Gobierno y fue arma central en la mayor guerra civil vivida en la derecha española en las últimas décadas. “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermano y recibir 286.000 euros?”, dijo un viernes el por entonces presidente del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la cadena COPE. Cinco días después estaba muerto políticamente.

Se refería al hermano de Ayuso, que había cobrado al menos una sustanciosa comisión de una empresa que vendió material sanitario al Gobierno de Madrid durante la pandemia. Un pago que ha sido reconocido por la propia presidenta regional, pero que se llevó por delante a quien lo denunció. Casado fue defenestrado de su puesto. Los barones pusieron en su lugar a Feijóo.

Marbella: la alcaldesa que no conocía los negocios de su marido

De plena actualidad es también el proceso judicial que afecta a la familia de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, quien ha visto como su marido (recientemente fallecido) y su hijastro eran procesados por la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el narcotráfico internacional.

Un cálculo de elDiario.es cifra en más de 12 millones de euros el patrimonio de la alcaldesa acumulado en tres décadas en política durante los cuales solo ha cobrado dietas del Consistorio Marbellí y su sueldo de parlamentaria nacional en dos legislaturas.

Ante el Senado, Muñoz ha ocultado incrementos patrimoniales y ha reducido las numerosas propiedades que posee a las acciones que figuran a su nombre de las sociedades que ha utilizado para adquirirlas, lo que rebaja considerablemente el valor real de ese patrimonio declarado.

Los jueces Alejandro Abascal y Manuel García Castellón han dejado fuera de la investigación las relaciones de la trama con el propio Ayuntamiento de Marbella, pese a los informes policiales que apuntaban indiciariamente en sentido contrario. Muñoz intenta acallar a elDiario.es en los tribunales por revelar toda esta información.

Pese a todo, el PP ha respaldado públicamente a Muñoz, quien volverá a ser la candidata en la ciudad malagueña el próximo 28 de mayo.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, entre el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el hoy líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el congreso que la reeligió como presidenta local, en octubre de 2021. Europa Press

Salamanca y la “financiación ilegal” del PP de Mañueco

En el PP también hay sombras de corrupción interna. Uno de los barones de Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco, está en el centro de un proceso judicial por supuesta “financiación ilegal” del PP en su provincia, Salamanca, durante el proceso de primarias que le permitió liderar el partido, primero, y ser candidato a a Junta de Castilla y León, después.

La Operación 'Mañueco presidente' está pendiente de juicio. Y el congreso provincial acumula meses y meses de retraso sin que los órganos de garantías del PP hayan intervenido. Tampoco la dirección nacional, que ha dejado hacer a su líder autonómico pese a las dudas sobre el proceso que lo eligió.

La situación está tan enquistada que se ha producido otro conflicto judicial por el retraso de ese congreso, mientras sí se han celebrado las primarias para seleccionar a los candidatos el 28 de mayo. Un proceso interno otra vez salpicado de dudas por la aparición de cientos de afiliados nuevos en pocos días.

Los problemas judiciales del PP de Salamanca han llevado al partido a los tribunales, y la dirección nacional estaba llamada a comparecer. En concreto, la jueza citó a Feijóo. Pero el presidente no acudió y mandó a un representante, lo que provocó el enfado de la magistrada: “La persona que estaba citada, era el señor Feijóo, que hubiera venido y me hubiera dicho: no sé absolutamente nada, no puedo informarle de nada, no puedo ayudarle en nada. Era él el que estaba citado, no estaba citado el señor que está ahora enfrente de mí”.

No es el único caso judicializado en Castilla y León. El exvicepresidente de la Diputación de Valladolid y alcalde del municipio de Olmedo, Alfonso Centeno, ha sido procesado en el llamado caso Meseta Ski, que investiga la construcción de una pista de esquí seco que proyectó el organismo público con un presupuesto inicial de cuatro millones de euros, que se disparó hasta los 12 y que hoy está desmantelada por orden judicial, al haberse construido en un monte quemado. Centeno se fue de viaje de placer con los promotores de la obra.

Pese al auto de procesamiento, el PP incumple sus propios Estatutos y no ha abierto un expediente sancionador contra el alcalde, que quiere repetir el 28M.

La corrupción del PP en València

Las administraciones valencianas fueron, durante años, uno de los grandes caladeros de negocio de la trama Gürtel y su relación simbiótica con el PP, que lideró el Ejecutivo regional desde 1995 hasta 2015. Algunos casos de supuesta corrupción están siendo juzgados en los tribunales valencianos. Uno de ellos es el caso Taula, donde el fiscal ha afirmado estos días durante el juicio que “asusta pensar lo que han podido hacer con ese dinero”.

Se refiere el fiscal a los 40 millones de euros anuales que manejaba Marcos Benavent al frente de la empresa pública Imelsa, de la Diputación de Valencia que también presidía el PP con Alfonso Rus. La Fiscalía, que pide 12 años de cárcel para él, declara probado que en el seno de esta empresa pública existieron trabajadores zombies que cobraban sin trabajar o mientras trabajaban fuera de la empresa que les pagaba con dinero público.

Otro caso, que también afecta a los socialistas valencianos, es el bautizado como Azud, donde una jueza investiga una trama de corrupción con epicentro en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá pero con ramificaciones que llegan a más de medio centenar de imputados y que afecta también a cargos del PSPV y a varias campañas de los socialistas, todo entre 1999 y 2013. En esta causa el foco está puesto en el empresario Jaime Febrer y los sobornos y comisiones que la trama pagaba, supuestamente, a cambio de acceder a obra pública.

El horizonte judicial del PP

El PP de Alberto Núñez Feijóo tiene todavía por delante un campo de minas de causas de corrupción que afectan a su partido. En las próximas semanas, por ejemplo, el Tribunal Supremo hará pública su sentencia firme sobre una de las ramificaciones principales de la trama Gürtel: la corrupción que rodeó la organización de la visita del Papa a València en 2006.

Varias piezas de la trama Gürtel, Púnica o Lezo también están pendientes de juicio o sentencia en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una de ellas es la pieza separada que analizó y condenó la actividad de la trama en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, causa en la que el Partido Popular fue condenado como responsable a título lucrativo por los 204.198,64 euros que la trama corrupta usó para pagar sus campañas municipales entre 2003 y 2007 en una ciudad en la que gobierna ininterrumpidamente desde 1983.

Otro de los casos pendientes de sentencia en este organismo central es la pieza sobre adjudicaciones irregulares a las empresas de Gürtel que atañe precisamente a Francisco Camps, entre otras cosas, para el expositor de esta administración en la edición de Fitur en 2009. Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para él en un juicio en el que colaboradores de la trama como Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ han señalado sin dudar al expresidente valenciano.

Sobre él dijo Feijóo el pasado mes de febrero en una entrevista: “Vamos a ver qué dicen los compañeros de Valencia, porque al final Paco Camps es un personaje de la política valenciana. Pero desde luego yo le mantengo el respeto (...). Está claro que las cosas que se le imputan, al menos el 90% de las mismas, han quedado resueltas satisfactoriamente.

Y sin olvidarnos del caso Kitchen, donde el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, recientemente, ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula de ese departamento durante la primera legislatura de Mariano Rajoy por la denominada “Operación Kitchen”, el operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.

Fuente: El Diario.es

OPINION. Bulos sobre la amnistía de una oposición desbocada

 La oposición está exprimiendo al máximo, el cambio de parecer del PSOE y de Pedro Sánchez, respecto la amnistía para condenados, procesados o imputados por el procés, donde la firma de acuerdos con Junts y ERC para favorecer la investidura del actual Presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha provocado que PP y Vox se hayan desatado en un carrera hiperbólica sin un claro vencedor, llegando a asegurar que el pacto convierte a España en una dictadura.

Por cortesía del “El Pais.com”, y por considerarlo de interés general para todos los españoles y españolas, reproduzco este artículo.

El catedrático de Derecho Constitucional Juan José Solozábal, la doctora en Derecho Mariola Urrea y el magistrado Ximo Bosch, miembro de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, desmontan los bulos coreados a la par por dirigentes de la derecha y de la extrema derecha.

“Esto es una dictadura”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, del PP, aseguró el jueves que el pacto para la ley de amnistía acaba con la democracia. “Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro… y nos han colado una dictadura por la puerta de atrás”. 

Ella misma admitió, en una entrevista en Antena 3, lo llamativo de sus declaraciones. “Entiendo que la gente puede decir: ‘¿Qué exagerado, no?’ Claro, vas por la calle y todavía no te están pidiendo el DNI. Todavía no estamos en eso, pero cuando uno piensa que es exagerado vive en un mundo feliz, un mundo de ayer (...). En el momento en que un Gobierno es legislativo, ejecutivo y poder judicial, eso es una dictadura. En el momento en que periodistas, políticos... no pueden hablar (...). En el momento en el que los votos están por encima de las leyes, eso es dictatorial porque podemos hacer lo que nos da la gana”. En términos muy parecidos se expresó el líder de Vox, Santiago Abascal: “Se ha puesto en marcha el golpe definitivo contra la democracia. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado su amenaza a la unidad nacional con un acuerdo que implica la abolición del Estado de derecho, el principio del fin de la democracia y una clarísima amenaza a la soberanía nacional. El autócrata de la anterior legislatura no se conforma, en esta legislatura quiere ser, directamente, un dictador”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, opinó, por su parte, que el acuerdo supone “un hito más en la erosión de la democracia en España” y lo comparó con “otros ataques” al sistema como el 23-F, el terrorismo de ETA o la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017.

Nos han colado una dictadura por la puerta de atrás. pic.twitter.com/MIOOOdRd8Q

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 9, 2023

Para el catedrático de Derecho Constitucional Juan José Solozábal, esas declaraciones son “hipérboles” no ajustadas a la realidad. “En el sistema democrático que tenemos”, recuerda, “el Tribunal Constitucional es la vía que asegura que predomina la Constitución y el Estado de derecho. Estas declaraciones alarmistas no responden a la situación, no hay riesgo efectivo para la democracia”. El magistrado Ximo Bosch, de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, coincide: “Las medidas que se están negociando se hacen dentro del Estado de derecho y todas las instituciones de nuestra democracia constitucional van a funcionar exactamente igual después del acuerdo”. Mariola Urrea, doctora en Derecho, añade: “Ni la ley de amnistía ni afrontar políticamente la solución del conflicto de Cataluña debilitan a España como Estado de derecho o como democracia, sino todo lo contrario, la fortalecen. Esto no impide que muchas personas tengan dudas acerca de si esto es oportuno, conveniente o merecido y ese debate, incluso de posición contraria a los mecanismos de gracia, no solo es posible, sino razonable. Lo que no lo es es realizar manifestaciones violentas o recurrir al lenguaje grueso para suscitar miedo en la ciudadanía”.

El fin del Código Penal...

La presidenta madrileña llegó a sugerir que dejaría de funcionar el Código Penal y la ley: “Ahora mismo, nosotras dos [le dijo a su entrevistadora, Susana Griso] decidimos que nos quedamos con el coche del cámara que nos está grabando porque somos dos contra uno y este hombre dirá: ‘Ya, pero hay unas leyes que me amparan’. En el momento en el que las leyes ya no sirven, que dos contra uno está por encima de lo que dicen los propios jueces, eso es una democracia sin ley, o sea, otra cosa”. Declaró el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo: “Se está sacrificando el Estado de derecho de todos (...). Esto es un golpe en los cimientos del poder judicial”. Abascal, que vinculó el tiroteo a Alejo Vidal-Quadras con los atentados de Hamás, los socios del Gobierno y la amnistía, fue más lejos: “Debemos ser conscientes del peligro que enfrentamos. Quien saca de la cárcel a los criminales para mantenerse en el poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en el poder”.

Abascal (vOx) alienta la resistencia civil:

"quien saca de la cárcel a los criminales para acceder al poder está a un paso de meter en la cárcel a los inocentes para mantenerse en ese mismo poder... o el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel". pic.twitter.com/qGk2vau5Gv

— Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) November 9, 2023

Solozábal aclara: “El Código Penal se seguirá aplicando. La amnistía es una medida de gracia que borra la responsabilidad penal de una actuación, pero no implica la derogación de delitos”. Bosch insiste en que afecta a “hechos concretos y personas determinadas” y “no se modifica el Código Penal, es decir, que en el futuro, esas conductas no quedarían amparadas por la amnistía. La ley únicamente opera sobre el pasado”. Preguntados por si podría volver a aplicarse el artículo 155 de la Constitución si fuera necesario, ambos juristas explican que sí.

... Y el fin de la separación de poderes

El acuerdo, declaró Feijóo, “socava la separación de poderes y humilla al poder judicial”. Tanto el PP como Vox coinciden en ese planteamiento. Urrea afirma que es rotundamente falso. “La amnistía es un instrumento de gracia que, a diferencia del indulto, cuya competencia es del Gobierno, corresponde tramitar y aprobar al poder legislativo. Requiere ser tramitada como ley orgánica, es decir, con unas mayorías amplísimas, y después de un proceso deliberativo en el que podrán tomar parte y presentar enmiendas todos los grupos parlamentarios. En este caso, el poder ejecutivo ni siquiera impulsa la ley, porque está en funciones, y queda intacta la función del poder judicial, al que le corresponde aplicarla”. La jurista recuerda, además, que “podrá ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por un grupo de parlamentarios y que, si un juez tiene dudas de la constitucionalidad de la ley cuando le toque aplicarla, puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el proceso quedará en suspenso hasta que decida”.

Urrea, Bosch y Solozábal sí consideran insólita la intervención contra la amnistía realizada por miembros del Consejo General del Poder Judicial. Afirma la primera: “Las declaraciones de la APM [la Asociación Profesional de la Magistratura, que aseguró que la amnistía es “el principio del fin de la democracia”] no tienen el menor rigor jurídico y son burdas e impropias de personas que se ocupan profesionalmente de conocer y aplicar el derecho, pero no creo que atenten contra la separación de poderes, aunque sí pueden generar dudas en la ciudadanía sobre la imparcialidad de los jueces. Pero el Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional y ha decidido pronunciarse sobre una ley que no conoce, lo que resulta extravagante, y sobre la que no tiene competencias cuando exista, porque va a tener naturaleza de proposición de ley y no de proyecto de ley, de modo que puede deducirse que detrás hay una intencionalidad política. Si esto es así, está interfiriendo en la separación de poderes. Y todo eso teniendo en cuenta que llevan cinco años con el mandato caducado, lo que afecta a su legitimidad”. “Me parece especialmente grave”, añade Bosch, “que un órgano constitucional emita declaraciones de tipo político. Es un salto cualitativo peligrosísimo de seria intromisión de la cúpula judicial en la actuación del poder legislativo y en la configuración del poder ejecutivo”. Solozábal insiste: “Hay que ser cuidadoso con la actuación de cada rama del Estado. Esas declaraciones, sin tener siquiera el texto, me han parecido imprudentes e intempestivas”.

“Habrá referéndum”

El acuerdo no lo dice, pero tanto el PP como Vox han asegurado que el PSOE acepta el referéndum de autodeterminación en Cataluña. “No se puede deducir eso del texto”, aclara Mariola Urrea. “Lo que contiene es un profundo desacuerdo: el PSOE considera que la solución al conflicto de Cataluña pasa por el desarrollo estatutario, y Junts por el referéndum, es decir, no incorpora nada nuevo y desde luego, no va en la línea del referéndum”.

La igualdad de los españoles

Una de las principales críticas es que la futura ley atenta contra el principio de igualdad entre españoles. “Es cierto”, explica el magistrado Bosch, “que una amnistía supone una desigualdad en la aplicación de la ley y afecta a la actuación judicial, pero son unos efectos que están previstos en la propia Constitución, que dice que se puede ejercer el derecho de gracia. Cuando todos los gobiernos de este país han acordado miles de indultos, a veces por delitos gravísimos, eso afecta a la igualdad de la aplicación de la ley porque hay gente que cumple condenas y otra que no y se deja sin efecto lo que ha realizado el poder judicial, pero son excepciones que permite la propia Constitución. Si no se quiere que haya situaciones de este tipo, de aplicación de medidas desiguales, lo que se tiene que hacer es eliminar el derecho de gracia de la Constitución y decir que queda prohibido, pero que yo sepa nadie ha planteado hasta ahora modificar la Constitución en ese apartado”. Solozábal coincide: “El trato desigual es posible si está justificado, si hay razones especiales. Toda regulación, toda norma, en realidad establece una diferencia entre la situación anterior y la nueva. El cambio, digamos, es consustancial al derecho”.

Fuente: El Pais.com

CONCLUSION

En mi opinión, PP y Vox deberían bajar el suflé, y aceptar el veredicto de las urnas, donde españoles y españolas hablaron, y claramente dijeron, NO a los partidos de ultraderecha. Y cuanto antes lo entiendan, menos preocupaciones y desgracias para todos y todas, porque si quieren la bronca, quizás luego se les vaya de las manos, y a consecuencia de ello, al igual que está ocurriendo en otros países europeos, podría llegar a darse el escenario nada improbable, que PP pasase a ser tercera o cuarta fuerza política en España, o incluso desapareciese, ya que PP y Vox son como vasos comunicantes que cuando sube uno, baja el otro. Y por ello, no se debe negar la posibilidad del avance de la ultraderecha, a costa del PP,  dado que la bronca es el único combustible que necesita Vox para ascender en las encuestas, y que el PP claramente le hace el caldo gordo a la ultraderecha. Y aunque finalmente, el líder actual del PP se vaya, los efectos de su mandato perdurarán, al igual que Vox, que se disparará en las elecciones. Es lo que comúnmente se conoce como "el abrazo del oso en sentido negativo", que también hay que estar listo para saber librarse de él, cuando no convenga. Aunque entiendo, tiene difícil solución dadas las alianzas que ambos partidos mantienen en las autonomías y ayuntamientos. sabiendo además que en este 2023 quedó demostrado, que lo que sirve para gobernar en las autonomías, no vale para gobernar en el Estado. Por ello, a mi modo de ver, la única manera de ganar unas elecciones generales, no es empezar esa partida, porque una vez que se empieza ya está perdida, se empata o se pierde, pero nunca se gana. Por tanto, culpabilizar al PSOE de que un PP con sus actuales socios políticos, no pueda gobernar,  no me parece la conclusión de un análisis lógico ni razonado, puesto que, en mi opinión, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni comprender. 

Y también supongo que la ciudadanía, entre otros asuntos, van a solicitar al futuro gobierno de este país, les defienda de las amenazas veladas, vertidas en alevosos comunicados por Asociaciones de la Guardia Civil, y además, de por incumplir el principio de neutralidad política, aplicando para ello, en todos los casos, la pertinente legislación, civil y/o militar

Y tampoco es plato de buen gusto ver a diario, como se insulta y desprecia al Jefe del Estado y al Presidente del Gobierno, se asalta las sedes de partidos políticos o se hace apología del franquismo. Y me pregunto, caso estos hechos no fuesen constitutivos de delito, si pudieran modificarse leyes como la de Memoria Histórica, para dejar de ver y escuchar, semejantes actitudes y comportamientos, como ocurre en Alemania con el nacismo.

 Por otra parte  y a mi entender, los jueces y fiscales de este país no debieran hacerse los ofendidos, porque con motivo de los acuerdos de la amnistía, vaya a haber un par de comisiones de investigación en el Congreso de Diputados, alegando, una intolerable intrusión de los poderes Ejecutivo y/o  Legislativo en el Judicial (aunque el Grupo Socialista sea quien vaya a presentar la ley de amnistía en el Congreso, al no ser legal que un Ejecutivo en funciones la presente)  dado que no hace tanto tiempo y por mandato judicial, se paralizó una sesión parlamentaria, en el Congreso de los Diputados (en respuesta al requerimiento judicial a instancias de derechas anti-democráticas, donde se iba a votar la reforma de leyes que incumbían a la Justicia) hecho gravísimo, herencia del franquismo que subyace en la derecha, sin precedentes en la historia de las democracias a nivel mundial. Y todo ello, respaldado por la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, siendo todo esto, una evidente demostración de actitudes antidemocráticas por medio de una intolerable intromisión del poder Judicial en el poder Legislativo, sede de la soberanía nacional del que emanan los poderes del Estado, según la Constitución española (que supuestamente los que ahora se manifiestan en las calles, tienen a gala defender, aunque  no respeten ni el resultado de las urnas)

Y respecto actos y sentencias de Tribunales españoles, habrá que esperar a lo que dictamine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en ese sentido ya está investigando. Y bien haría el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en lugar de hacer una tournée por la UE, en preparar el alegato de defensa correspondiente, cuando a ese respecto sea interrogado, porque allí no vale ir de manifestaciones con coleguitas los domingos, solo vale la democracia, y de eso, y de cumplir la Constitución, el CGPJ sabe más bien poco.

Fuente: Redacción

OPINION. En España, derecha y ultraderecha ahora se ponen exquisitos con las amnistías

  El presidente del Gobierno ofrece amnistía a los separatistas catalanes que debería permitir a Pedro Sánchez formar gobierno, pero a un alto precio.

“Culpable de un golpe de Estado”, afirmó el líder del partido de extrema derecha Vox. “El principio del fin de la democracia”, según un grupo de jueces conservadores. “Poner la Constitución al servicio de separatistas y ex terroristas”, dijo José María Aznar, expresidente del gobierno. 

Los críticos de Pedro Sánchez no corren riesgo de quedarse cortos en calificativos cuando hablan del acuerdo para indultar a miles de personas involucradas en el referéndum ilegal de independencia de Cataluña en 2017, presentado el 9 de noviembre después de semanas de tortuosas negociaciones.

Así comienza el artículo que hoy aparece en “The Economist” principal semanario económico liberal de Europa desde 1843.

Y añade que la furia de la derecha era predecible, pues durante los días previos al acuerdo, las protestas llevaron a cientos de personas a las puertas de las oficinas locales del Partido Socialista. En Madrid, algunos intentaron traspasar la valla y fueron dispersados por la policía utilizando balas de goma y gases lacrimógenos.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, dijo: “España ha perdido, los independentistas han ganado y el PSOE está desaparecido”. Isabel Díaz Ayuso, su compañera de partido y líder conservadora populista de la región de Madrid, habló de una, “emergente dictadura por la puerta trasera”. Santiago Abascal, líder de Vox, dijo que "el gobierno había pasado de ilegítimo a ilegal”.

Pero su furia es tan intensa porque la continuidad en el poder de Sánchez ahora parece asegurada.

Y termina diciendo que, "la paz entre el Estado y Cataluña se produce a costa de agravar el odio perenne entre izquierda y derecha en España".

CONCLUSIÓN

El Presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no es el amoral en este caso, pues existen otros competidores por el título, a saber, como el expresidente Aznar por la derecha y su imagen reflejada en la izquierda como es el expresidente González.

Que ahora parece la memoria les falla, pero ambos dos, cuando eran presidentes del gobierno, bien que tuvieron que mancharse las manos pisando terreno fronterizo con la ley, para lidiar con la lacra del terrorismo que había en España en aquella época. Pero ahora se ponen exquisitos diciendo que por el bien de España, nunca harían nada deshonroso, que pudiera ir contra la Constitución, que resulta evidente, no cumplieron entonces.

Y lo que finalmente me queda claro es, que en este país, las derechas son los únicos que hacen bien  las amnistías, aunque sean inconstitucionales, como la amnistía fiscal del PP, pues no recuerdo que los patriotas de ahora, entonces estuvieran manifestándose en las calles, al grito de "Es el fin de la democracia y la Constitución"  o "se rompe España". Y tampoco me consta, que el Consejo General del Poder Judicial hiciese público ningún documento de disconformidad al respecto. Y haciendo memoria creo recordar que igualmente la CEOE no se opuso a dicha amnistía, lo cual no me resulta sorprendente, dado que ellos tienen a bien siempre recordarnos que no son una ONG, y están para ganar dinero, siendo  pagar menos impuestos otra forma de aumentar los ingresos, razón por la cual, supongo, fue bien recibida  la amnistía y los ingresos extras del dinero negro bien blanqueado y sin que quedase rastro de antecedentes por delitos fiscales o económicos en ningún caso, mientras media España iba a las colas del hambre. 

Así que como no van a querer los empresarios y los millonarios al PP.  Si es que saben como hacerse querer estos benditos con los regalos envenenados que hacen a los pobres ciudadanos y a los ciudadanos pobres.

Fuente: Redacción