FELIZ AÑO 2023. Las diez 'megamenazas' de Nouriel Roubini que están por venir.

  Entre las megamenazas que pronostica están, la peor crisis de deuda jamás conocida, el colapso demográfico, la emergencia climática, el impacto de la inteligencia artificial o la normalización de las pandemias.

Nouriel Roubini, profesor emérito de la Stern School of Business de Nueva York, que profetizó la crisis financiera de 2008, es uno de los analistas económicos más reputados del planeta.

En en su nuevo libro nos muestra las 10 megamenazas que de cumplirse pondrían en peligro el futuro de la Humanidad, llegando más allá del simple diagnóstico apocalíptico, al aportar soluciones para evitar la catástrofe. Menos mal.

Seguidamente presento la última entrevista concedida a la prensa, gentileza del diario “el Mundo.es”

Pregunta. El mundo ya habla de las amenazas de la inflación o de una escalada bélica en Ucrania. ¿Qué requisitos debe cumplir un problema para que alcance la categoría de 'megamenaza'?

Respuesta. Me refiero a las amenazas que tienen un impacto significativo en el crecimiento, en la inflación y en el valor de los ahorros y la riqueza de los seres humanos, así como su bienestar social y económico. Aunque soy especialista en amenazas económicas, me he dado cuenta de que es imprescindible entender también los riesgos políticos, ambientales, tecnológicos, sanitarios, así como la perturbación del comercio y la globalización. Todos están relacionados.

P. ¿Cuál es la 'megamenaza' más peligrosa a corto plazo?

R. Me centraría en las de mayor impacto económico, como un aumento de la inflación con riesgos de volver a la estanflación de los años 70: es decir, una combinación de recesión e inflación elevada. En esta situación han influido muchos factores: la relajación monetaria, fiscal y crediticia; el impacto inicial de la pandemia en la oferta de bienes y las cadenas de suministro; la guerra de Ucrania y, hasta hace unas semanas, las políticas de covid cero de China. A todo esto hay que sumar las grandes cantidades de deuda tanto pública como privada.

P. Su libro es pesimista si lo valoramos desde una perspectiva generacional, no histórica. En su conjunto, los últimos 75 años han sido muy prósperos para la humanidad, sin apenas guerras, hambrunas y pandemias. En el fondo es como si retomásemos el pulso de la Historia.

R. Nací en 1958 y entonces el riesgo de una guerra directa entre EEUU y URSS no era alto. También vi a Nixon viajar a China y nadie hablaba del cambio climático porque las temperaturas de los años 60 y 70 apenas fueron levemente más altas en la era preindustrial. La última gran pandemia, la de la gripe de 1918, quedaba muy lejos. Tampoco existía preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo...

P. Son muchos cambios.

R. Sí. El ratio de deuda era bajo y el crecimiento económico, elevado. El sistema financiero estaba bien regulado, no había financiación tóxica, ni apalancamiento ni la apuesta por los derivados de nuestros días. Había más jóvenes que viejos, así que la atención sanitaria era sostenible. Cierto que vivimos una estanflación en los años 70, como decía, pero después vinieron 30 años de moderación. Además, la mayoría de los países de Occidente eran democracias liberales y no se enfrentaban al peligro del populismo.

P. De todos estos cambios para usted la deuda es una trampa mortal.

R. Nos dirigimos hacia un punto de inflexión que alterará la vida de prestamistas y prestatarios, ya sean públicos o privados, comedidos o derrochadores. En una década podríamos enfrentarnos a la madre de todas las crisis de deuda.

P. Explíquese, por favor: la mayoría de los lectores de esta entrevista viven en un país cuya deuda pública alcanza el 116% del valor del PIB...

R. España, como la mayoría de los países europeos, tiene una gran deuda pública y un importante stock de deuda privada. Los ratios de endeudamiento del sector de la construcción y de los bancos son menores que cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Las Administraciones Públicas están endeudadas y, como en muchos países, también hay un aumento de la deuda de las empresas y de la banca en la sombra [las entidades sin regular que dan créditos sin formar parte de la banca tradicional]. Un país como España tiene también un pasivo implícito por el envejecimiento de su población y que pronto exigirá una reforma contundente de las pensiones. Como ustedes celebrarán elecciones generales este año no espero un ajuste fiscal significativo por parte de su gobierno, al menos a corto plazo.

P. La subida de tipos tampoco ayuda.

R. El BCE los seguirá subiendo, así que habrá un aumento de la morosidad hipotecaria, además de intereses crecientes en los préstamos en la compra de coches y en las tarjetas de crédito. Soy pesimista ante el consenso de que habrá crecimiento económico en muchos países en 2023. Un factor es la inflación: es fácil que baje del 10% al 5%, pero pasar del 5% al 2% es mucho más complicado. Además, la deuda en el sistema aumenta la contracción económica y hace que crezca el riesgo de impagos y el estrés financiero. Así entramos en un círculo vicioso entre la economía real y el sector financiero. Hay que recordar que en la pasada crisis la inflación era muy baja y se pudieron aplicar estímulos. Esta vez estamos entrando en recesión a la vez que se endurece la política fiscal y la crediticia. Apenas hay margen para actuar: ya hemos gastado la mayoría de nuestras armas fiscales. Somos más frágiles.

P. Da la impresión de que subestima el papel de los políticos para combatir las crisis.

R. La política implica sacrificios a corto plazo para bienestar común a largo plazo. Da igual que vivas en una democracia o en una autocracia: la economía política consiste en dar una patada al problema como si fuera una lata que te encuentras por la calle. Un político democrático no suele estar en el poder cuando llegan los beneficios de las medidas que toma cuando gobierna.

P. ¿Falta coraje?

R. Es que los costes políticos son muy altos. Por eso cuando hablo de soluciones a estos problemas también incluyo los problemas que supone adoptarlas.

P. ¿El cambio climático es una de las 'megamenazas' que no se resuelve por este problema, ¿no?

R. Exacto. Le voy a dar varias razones que explican por qué no tomamos las medidas adecuadas. La primera es la división política: sólo en EEUU hay muchos republicanos que no creen que el cambio climático sea una consecuencia de la actividad humana, así que cuando gobierna este partido no lo combate y provoca un conflicto generacional: serán los más jóvenes los que sufrirán las consecuencias. Luego está el problema de que afrontamos una amenaza global, no nacional, además de un conflicto entre países ricos y pobres. Cuando se les dice a chinos e indios que reduzcan su contaminación, ellos responden que el problema no es suyo, que fuimos nosotros los que lo provocamos en 100 años de Revolución Industrial.

P. ¿Qué se puede hacer entonces?

R. Los países emergentes no van a tomar medidas serias salvo que los sobornes con subsidios de miles de millones de dólares, así que van a aumentar sus emisiones durante los próximos 20 años. China y EEUU no están de acuerdo en las recetas para combatir el calentamiento global. Siempre hay soluciones, pero no se aplican porque sus gobiernos son presos de sus limitaciones nacionales e internacionales. Por eso hay mucha palabrería al respecto, mucho lavado de conciencia verde que no vale para nada. Soy pesimista. Hay un mundo que podría ser y otro que es el probable que sea.

P. Entre el cambio climático y la geopolítica está la emigración climática. ¿Puede ser una solución para países ricos y envejecidos? ¿O viviremos una terrible crisis social?

R. Europa, Estados Unidos y Japón necesitan gente joven, de eso no hay duda, aunque la inteligencia artificial y la automatización van a sustituir muchos empleos, incluidos la mayoría de los de cuello blanco como el suyo o el mío. Pese a su envejecimiento, Japón pone muchas restricciones a la inmigración. Ni siquiera en sus residencias de ancianos se ven trabajadores filipinos o de otras nacionalidades en labores de cuidadores. Los robots que cuidan a sus ancianos tienen ya tanta inteligencia emocional o más que los humanos. Si los internos están tristes, ponen cara triste y si están contentos, lo mismo. Así que no es cierta la idea de que hay trabajos que las máquinas no pueden hacer porque se necesita contacto humano: los robots sustituirán a los humanos. El problema es que un escenario climático muy severo no implica a miles de personas, sino a muchos millones. Piense que sólo África tendrá más de mil millones de habitantes a finales de siglo.

P. Como ocurre con el cambio climático, ¿los subsidios (o sobornos) son la única solución?

R. Ya se hace con Turquía, Egipto y Libia, a los que se paga para que contener a ciudadanos del África subsahariana. Europa quiere que se queden allí, pero si decenas de millones de personas se plantan en esas costas tan cercanas en el Mediterráneo será imposible evitar su entrada salvo que se les deje morir. Una crisis de refugiados climáticos sería terrible y hay al menos 2.000 millones de personas que viven en lugares que pueden ser devastados por la sequía o las inundaciones.

P. Para salvarnos del desastre su libro sugiere que debemos aprender a vivir en alerta máxima, que necesitamos «suerte, cooperación mundial y un crecimiento económico sin precedentes». Que se den estos tres factores parece casi imposible...

R. Entramos en un bucle porque todo está relacionado. Por eso mi libro plantea un capítulo distópico, en el que todo sale mal, y luego uno utópico que requeriría avances tecnológicos espectaculares, especialmente en materia de energía. Creo en las renovables, pero no crecen suficiente para marcar la diferencia.

P. Aunque esté en una fase muy inicial, Estados Unidos logró en diciembre un hito en la fusión nuclear: por primera vez logró generar más energía de la que gastó en el proceso. ¿Se abre una puerta a la esperanza?

R. El desarrollo comercial de la fusión nuclear puede necesitar unos 20 años y eso, a pesar del entusiasmo desatado en la prensa, sigue siendo demasiado tiempo. Si sólo necesitara una década estaríamos aún a tiempo.

P. Además de desarrollar tecnología, hay que asumir un coste económico muy alto para realizar la transición ecológica.

R. Su país ha bajado los impuestos del combustible, ¿verdad?

P. El Gobierno dio una ayuda al consumidor.

R. Con las bajadas de impuestos se recorta el precio de la energía para aliviar la carga del ciudadano, pero también se reduce el incentivo de pasar del combustible fósil al ecológico. La política correcta sería mantener altos los precios de la gasolina y luego transferir los ingresos a las clases medias y bajas. Europa se equivoca: en vez de incentivar el despegue de las renovables hace todo lo contrario.

P. Si hay una 'megamenaza' indiscutible es la guerra fría entre China y EEUU. ¿Habrá un enfrentamiento directo?

R. Durante los últimos 500 años, en 12 de los 16 casos en los que una potencia emergente ha colisionado con una potencia existente se produjo un enfrentamiento directo. China ha desafiado el orden liberal que existía desde la Segunda Guerra Mundial, pero no está sola: países como Rusia, Irán, Corea del Norte y hasta Pakistán también rechazan el sistema económico y geopolítico nacido del orden liberal. Ya hay incluso una guerra total entre Rusia y EEUU a través de un país interpuesto: Ucrania.

P. ¿No espera que Rusia eche marcha atrás?

R. Este conflicto es un verdadero desastre. Puede que se congele en invierno, pero auguro una escalada en primavera. Vladimir Putin va a redoblar su apuesta bélica en 2023, no se va a rendir. No sé cuál es la probabilidad del uso de armas nucleares tácticas, pero no hay que descartarlo.

P. Sobre la posible invasión china de Taiwán se ha dicho de todo...

R. Dije que era imposible que sucediera antes de 2024. Aquí lo importante es que Taiwán produce la mitad de semiconductores del mundo y el pasado 7 de octubre EEUU declaró la guerra tecnológica total a China. No olvidemos que EEUU prohibió las exportaciones de chatarra y petróleo a Japón durante la Segunda Guerra Mundial y que el país asiático se sintió tan amenazado que atacó Pearl Harbor. La próxima guerra entre superpotencias podría empezar como convencional y escalar en no convencional porque todas están armadas hasta los dientes con bombas nucleares. Es posible que la Tercera Guerra Mundial haya empezado el pasado 7 de octubre... o incluso el 24 de febrero, cuando Rusia invadió Ucrania.

Referencias:

• Megamenazas(Ediciones Deusto)

Fuente: El Mundo.es

HOLA MUNDO. Feliz año nuevo para todos, incluidos los demócratas como especie en peligro de extinción.

 El libro “Cómo mueren las democracias” de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (1) politólogos de la Universidad de Harvard, expone como idea central que “la democracia (basada en los principios de,  libertad individual, igualdad y libertad ideológica) funciona siempre que sus instituciones se apoyen en dos normas: la tolerancia mutua y la contención institucional, como principios procedimentales”.

A lo largo de los capítulos que componen esta obra, los autores, especialistas en regímenes democráticos de América Latina y Europa e historia de la democracia, reflexionan sobre las acciones emprendidas por líderes populistas a su llegada al poder y los efectos que estas generaron en algunos países como Chile, Venezuela, Bolivia, Turquía y Hungría, sin embargo, justo en el desarrollo del estudio surgió la pregunta, ¿con Donald Trump, la democracia en Estados Unidos corre peligro?

Es así como, a partir del trabajo de Linz(2), construyen y proponen una matriz con cuatro indicadores clave del comportamiento autoritario:

1. Rechazo (o débil aceptación) de las reglas democráticas del juego, como pueda ser en Rusia y China, el encarcelamiento de los opositores políticos, o que en España se denigren Instituciones tales como, Parlamento, Consejo General del Poder Judicial o Tribunal Constitucional, por parte de PP y Vox.
2. Negación de la legitimidad de los adversarios políticos ¿Les suena que a Pedro Sánchez le llamen Presidente ilegítimo y que diputados del Parlamento español sean tildados de terroristas? ¿O los juicios sumarísimos en Rusia y China a opositores políticos sin garantías jurídicas?
3. Intolerancia o fomento de la violencia  ¿Y que me dicen de la represión de manifestaciones políticas en Rusia y China, cuando no  amenazas o invasiones de países,? ¿ Y de la negación de la violencia de género por parte de Vox y del PP de Madrid o del de Castilla y León?
4. Predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. ¿Recuerdan la ilegalización de medios de comunicación en Rusia y China? ¿Alguno de ustedes a oído hablar de la Ley Mordaza del PP de Rajoy en España?

Son indicadores que en la evaluación de algunos de los actores políticos actuales cumplen uno o más de estos, o todos caso de, Bolsonaro, Trump, Putin o Xi Jinping, por no hablar de los dirigentes de Irán, Corea del Norte o Afganistán, al igual que en España ocurre con PP y Vox.

Entonces  ¿con PP y Vox en el gobierno, la democracia en España estaría en peligro?

España es una democracia que ha llegado a la madurez, peligrosamente agredida por una oposición política carente de escrúpulos, negacionista de la legalidad vigente y de la Constitución.

Por ahora no diría que la democracia en España esté en peligro, aunque  si bien es cierto que tanto PP como Vox, cumplen todos los indicadores de los regímenes autoritarios, pero mientras estén en la oposición los contrapesos de los poderes del Estado de Derecho todavía funcionan, aunque con retraso, puesto que el PP ha ido colocando a sus peones en puestos relevantes de la Administración como el Consejo General del Poder Judicial que se ha declarado en rebeldía (cuando manifiestamente incumplen la Constitución siendo serviles a un PP al que no le gusta la actual ley que regula la renovación de los vocales caducados) prefiriendo no acatar la Constitución antes que dimitir y enfrentarse a una furibunda derecha extrema que perdería el control del CGPJ y que manda en el partido popular, del cual sus líderes solo son marionetas de los poderes fácticos que con mano dura, dirigen en la sombra a PP y Vox, que a su vez, son ramas del mismo árbol, en cuya cúpula, en mi opinión, solo tienen en mente derogar la actual Constitución y establecer una dictablanda como sistema de gobierno en España con una nueva pseudoconstitución (que mucho me temo  se parecería bastante a las democracias que tanto critican conservadores y ultraconservadores en sus diatribas diarias) al servicio de los intereses de las clases privilegiadas, que en cierto sentido enlazaría con las conclusiones del estudio que figura en el encabezado. 

Y como en artículo anterior indiqué, o bien se cambia la legislación, o los vocales del CGPJ alcanzarán carácter vitalicio (hasta fallecimiento o jubilación) aunque con el sueldo que inmerecidamente ganan, a lo mejor se lo piensan y no se jubilan, total, que más dará  incumplir otra ley, como la LGSS, pues los vocales del CGPJ, apoyados por PP y Vox, han demostrado estar más allá del bien y del mal, y  se sienten intocables (ni el Tribunal Supremo se atreve a ir contra ellos) y ni siquiera se sienten demasiado concernidos por la Constitución al igual que el resto de derechas de este país, bien sea política, mediática, o judicial. Y solo esperan que regrese Trump "el líder del mundo libre" (tiene guasa la frasecita) para que ponga los puntos sobre las íes a esta pandilla de rojos, sociatas, comunistas, nacionalistas e independentistas. 

Pero es lo que hay, por aquello de la unicidad del ser humano, cada persona es un mundo y todos juntos formamos el universo de la democracia española, a diferencia de la época predemocrática, donde no existía la libertad ideológica, que no sé ustedes, pero yo que he vivido las dos épocas y me quedo con la democrática.

¿Y sino vuelve Trump? 

Pues otro vendrá, que lo que sobran son populistas de pro, capaces de ir sembrando odio y descrédito político entre la población española, que aún estando desterrado el analfabetismo en España, no resulta difícil para los chicos listos del PP y Vox, ir creando confusión entre el respetable electorado para que no vayan a votar, y estando bien seguros que todos sus afines irán a las urnas, las cuentas salen y la victoria está asegurada. Puesto que, de la misma manera que el desconocimiento financiero de la población ayuda a los chanchullos de la Banca con las hipotecas, la falta de rigor a la hora de analizar las propuestas políticas de derechas y ultraderechas, ayudará a que los chanchullos políticos del PP y Vox les lleve a la victoria final en las elecciones generales próximas.

Por qué siendo objetivos, para conservadores y ultraconservadores, dado que lo que está en juego son nuestros impuestos, las elecciones más que una cuestión política y democrática, entiendo terminarían siendo cuestión de negocios e ideológica, que si las ganasen, las presuntas bajadas de impuestos afectarían sobremanera a las clases privilegiadas, permitiendo a estos, que los “pingües” beneficios, legítimamente obtenidos, engordasen las cuentas de los bancos suizos y en contrapartida, supuestamente, financiasen sus campañas  electorales, conforme a derecho, naturalmente.

Por el contrario, si la izquierda ganase las elecciones, nuestros impuestos se quedarían en España, e irían destinados a crear una situación favorable a la generación de puestos de trabajo, al justo reparto de la riqueza y a la financiación adecuada de, Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que permitiesen conseguir que las colas del hambre no volviesen a verse nunca más en este gran país que se llama España.

Referencias

1. Levitsky, S. & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel. Disponible en versión Kindle en: https://www.amazon.es
2. Linz, J. (1978) La quiebra de las democracias. Alianza Editorial

Fuente: Redacción

OPINION. El plan oculto del partido popular respecto del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial

 A la atención del Sr. Comisario de Justicia Europeo 

Señor Comisario de Justicia Europeo, Sr. Didier Reynders.

Con el mayor respeto me dirijo a usted, como ciudadano español y europeo que soy, para trasladarle de primera mano el hacerle partícipe de mi gran preocupación, por el deterioro insoportable que sufren en España los Órganos  Constitucionales, del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, así como las implicaciones en el funcionamiento de  los Órganos Jurisdiccionales, debido a la deriva antidemocrática de partidos políticos conservadores y ultraconservadores,  que tanto daño están haciendo a las citadas Instituciones y más aún por lo que a mi entender está por venir, que a buen seguro todavía será peor, a no ser que una nueva legislación lo solvente.  Y si le parece, en 2024, tras las elecciones generales de  España, volveré a dirigirme a usted, y espero coincida conmigo que en poco o nada me haya equivocado.

Atentamente

Jose Manuel Ibáñez

EL PP no da puntadas sin hilo, tal como sucede con su oposición frontal a renovar, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional.

INTRODUCCIÓN 

Elena Herrera, periodista de tribunales de "El Diario.es"

    Los conservadores, primero con Casado y ahora con Feijóo, han sometido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a un bloqueo partidista, mientras un grupo de vocales cercanos al PP se han erigido como una suerte de oposición al Gobierno desde el tercer poder del Estado

El CGPJ es la institución más importante del tercer poder del Estado. Un órgano constitucional creado para garantizar la independencia de más de 5.000 jueces y magistrados y tomar las decisiones más relevantes en materia de nombramientos, ascensos o régimen disciplinario. Pero desde hace cuatro años es también una institución sometida a una situación de parálisis inédita en democracia. Este bloqueo es consecuencia de los cálculos partidistas del Partido Popular, cuyos dirigentes han desplegado una batería de justificaciones cambiantes para evitar su renovación y perder su poder en una de las instituciones clave del Estado. 

El CGPJ ya supera el umbral de los cuatro años en funciones en una situación absolutamente precaria: con un presidente “por sustitución” elegido tras la dimisión de Carlos Lesmes, un pleno mermado (con 18 de sus 21 miembros originales) y unas atribuciones también limitadas. Desde marzo de 2021 tiene prohibido ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes.

Y, entre tanto, un grupo de vocales, los más cercanos al Partido Popular, se han erigido como una suerte de oposición al Gobierno desde dentro del órgano. Son ocho de los diez jueces y juristas del sector conservador, que buscan el choque con el Ejecutivo a la menor ocasión al tiempo que bloquean la renovación del Tribunal Constitucional, que es la misión principal que tiene ahora el órgano. De esta forma, se está prolongando la mayoría conservadora del tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto o la eutanasia. En el minoritario grupo progresista hay quien piensa que los consejeros conservadores siguen con la renovación del Constitucional una estrategia de bloqueo que reproduce la que mantiene Génova en relación al CGPJ.

El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU y otro del PNV. Los puestos vacantes por la jubilación del conservador Rafael Valverde y el fallecimiento de la progresista Victoria Cinto no se han podido cubrir. Tampoco el de Lesmes, que dimitió el pasado 9 de octubre cuando llevaba casi cuatro años al frente de una institución con el mandato caducado. Era la primera vez en la historia que el bloqueo institucional forzaba la dimisión de la primera autoridad judicial del Estado. Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, se despidió repartiendo culpas por igual al PSOE y al PP. Reprochó a ambos partidos su “reiterada indiferencia” a sus llamamientos a atajar una situación que “debilita y erosiona a las principales instituciones de la Justicia y el Estado de Derecho”.

Así las cosas, el CGPJ ha seguido funcionando con una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy y que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió en diciembre de 2013.

Los conservadores, que salieron de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se han resistido durante los últimos cuatro años a pactar la renovación, que tiene que ser acordada por una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. Por un lado, al conservar la mayoría en un órgano que durante dos años y medio siguió haciendo nombramientos en la cúpula judicial a pesar de tener su mandato caducado. Y, por otro, ante la expectativa de que un acuerdo con el PSOE les pudiera perjudicar electoralmente frente a Vox.

Han utilizado, para ello, una batería de justificaciones cambiantes y crecientes que han ido desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones, al sí de EH Bildu a los Presupuestos o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. El último intento frustrado de renovación fue hace solo unas semanas, a finales de octubre. Pero el PP rompió entonces unilateralmente las negociaciones después de que trascendiera la reforma del delito de sedición.

También han reclamado un cambio en el sistema de elección para que los 12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces, como sucedía hasta 1985. En la actualidad los jueces hacen una criba de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en el Congreso. Es una reforma que el PP no promovió en sus dos mayorías absolutas. Además, la fórmula actual de elección parlamentaria fue ratificada en un pacto suscrito en 2001 con el PSOE, que se niega a aceptar esta reforma.

Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ —entre 1995 y 1996, entre 2006 y 2008 y el actual— han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. En ese lento proceso participaron en su día José María Aznar, Mariano Rajoy, Pablo Casado y ahora lo hace Alberto Nuñez Feijóo, que ha supuesto que la Sala de lo Penal pasara de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2022 sean 12 conservadores frente a cuatro progresistas. Esa es la sala que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción, que casualmente muchos afectan al PP.

Sin dimisiones a la vista

Tanto en el Gobierno como en el propio CGPJ están convencidos de que no habrá renovación hasta después de las generales previstas para finales del año que viene y se formen de nuevo las cámaras. La renuncia en bloque que han solicitado sectores de la judicatura como la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia tampoco ha tenido eco entre los vocales y no se esperan a corto plazo salidas individuales. Tras la dimisión de Lesmes, los miembros del órgano dejaron claro en un pleno que su voluntad era que nada cambiara en la institución. En un comunicado, afirmaron que seguirían trabajando “con plena normalidad” y ejerciendo “todas y cada una de las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico”.

La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ cuando está en funciones. Entonces, el vocal progresista Álvaro Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, sólo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.

Con un presupuesto anual de 76 millones de euros, el CGPJ ofrece algunos de los sueldos más altos de la Administración. El presidente y los seis vocales con dedicación exclusiva cobran más de 120.000 euros anuales — a los que hay que sumar los trienios o el complemento de antigüedad— y tienen a su disposición un coche oficial y personal de secretaría. El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial, sin dedicación exclusiva, con un sueldo menor. Estos vocales reciben dietas únicamente por asistir a los plenos o a las comisiones de las que forman parte, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente. Durante 2021, los miembros del CGPJ que no tienen dedicación exclusiva recibieron, en total, 278.694 euros brutos, con una media de algo más de 21.000 euros brutos anuales.

La situación del Supremo

A la grave anomalía que supone que un órgano constitucional lleve cuatro años con el mandato caducado, se suma la parálisis que está provocando esta situación en distintos ámbitos de la Justicia. Especialmente, en el Tribunal Supremo, donde las vacantes ascenderán a 20 en los próximos meses, lo que supone el 25% de sus jueces. Por ejemplo, el 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar porque se habrá quedado sin miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar. Esos puestos no se pueden cubrir porque, desde marzo de 2021, la ley impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando, como sucede ahora, está en funciones.

Hasta entonces, un órgano caducado y con una correlación de fuerzas que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria, había hecho 74 nombramientos en puestos clave. La reforma que regula la interinidad del CGPJ ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre ambos poderes del Estado. Los socios de Gobierno defendieron la necesidad de acabar con un vacío legal, pues hasta entonces la única competencia que no podía ejercer el CGPJ en funciones era nombrar a un nuevo presidente. Pero detrás de su aprobación estaba también el intento de aumentar la presión para que el PP accediera a renovar el órgano tras varios intentos fracasados. Tampoco fue posible.

Ahora, el CGPJ estudia qué opciones hay para reforzar el Alto Tribunal en la actual coyuntura. La solución que se ve ahora como más “eficiente” y “plausible” es reforzar el gabinete técnico con magistrados de otros tribunales. Este órgano asiste a los jueces en la admisión de asuntos y colabora con la realización de los estudios e informes que se les soliciten. Algunas fuentes ven “extrema y complicada” otra de las opciones que se ha barajado: el nombramiento de jueces en comisión de servicio. Por ejemplo, de la Audiencia Nacional. Aunque existe algún precedente, supondría tener una bolsa de jueces en esa situación administrativa en una categoría superior a la que ostentan en realidad, lo que podría ser “problemático”, sostienen. Tampoco convence a la mayoría la utilización de jueces jubilados. Las fuentes consultadas explican que exigiría una reforma legal porque la figura del magistrado emérito fue eliminada por el PP en 2015.

Fuente: El Diario.es

RESUMEN 

Echando cuentas, la situación actual de la justicia en este país está tan depauperada que la ciudadanía está sufriendo retrasos en la resolución de los recursos que anualmente se van acumulando por cientos, cuando no miles, en Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, e incluso ante el Tribunal Supremo, por falta de renovación de jueces y magistrados, a causa de la inacción irresponsable e inconstitucional de los ultraconservadores del PP  que evitan con excusas de mal pagador, que el CGPJ se renueve, presionando así al resto de tribunales que debido a las vacantes no cubiertas,  imposibilitan que los diferentes tribunales que se reparten a lo largo y ancho de toda España, cumplan adecuadamente sus funciones.

Pero el plan del PP llega mucho más lejos, pues lo que están haciendo es copiar miméticamente lo que hizo Trump en Estados Unidos. Y al igual que éste actuó en su país, van nombrando jueces conservadores para el Tribunal Supremo a perpetuidad (hasta su jubilación o fallecimiento) y lo mismo que con las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. Y como no, de manera prioritaria, en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es  tan relevante este tribunal para el PP?

Bueno la pregunta, entiendo, ha quedado respondida y constatada anteayer, cuando de forma zafia y chapucera, impropia de magistrados del Tribunal Constitucional, se ha dictado resolución al recurso de amparo del PP (consecuencia de votación obtenida en razón  de 6 vocales conservadores a favor y 5 vocales progresistas en contra) estando 2 vocales conservadores recusados, que no solo votaron su propia recusación sino que además participaron en el debate y posterior votación por la que se aceptaron las Medidas Cautelarísimas, solicitadas para suspender sesión parlamentaria, en principio del Congreso, que después fue del Senado (hecho gravísimo, no sucedido en ninguna democracia moderna, que raya la inconstitucionalidad al obviar el artículo 66 de la Constitución Española) donde precisamente se iba a votar una ley para sustituir a los magistrados recusados. Hechos repetidos en el día de hoy, donde los recusados han vuelto a votar (con mismo balance de 6 vocales conservadores contra 5 vocales progresistas) para rechazar el recurso planteado por Senado al que el Congreso se adherió,  para levantar la Medidas Cautelarísimas, ignorando las recomendaciones de la fiscalía del propio Tribunal Constitucional y el informe del letrado mayor del Congreso de Diputados que alegaba, ausencia del cumplimiento del principio de imparcialidad de ambos recusados por ser parte interesada.

A todo esto, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, mirando para otro lado, como sí la presunta prevaricación de los magistrados recusados del Tribunal Constitucional (por ser juez y parte) no fuese asunto de su competencia.

Pero además, al Tribunal Constitucional se le viene encima un gran número de recursos de inconstitucionalidad, a propuesta, como no, de los camaradas del PP, contra leyes que implican avances sociales (tales como, aborto, eutanasia,  reforma educativa, trans, “del equilibrio ecológico”, etc. ) que con estos mimbres y de mantenerse el bloqueo en el Tribunal Constitucional, auguro que todos ellos serán votados en razón de la misma proporción de 6 vocales conservadores a favor y 5 vocales progresistas en contra, presumiblemente favorables a declarar todas estas leyes inconstitucionales, que casualidad, coincidiría con la ideología de los que les pusieron ahí, que no fueron otros que nuestros amigos ultraconservadores del PP.  Aunque considero de bien nacidos ser agradecidos.

Por otra parte, esta sentencia del Tribunal Constitucional sentará precedente (hasta que salga otra sentencia contraria) y permitirá rechazar debates y votaciones parlamentarias que no sean del agrado de algún parlamentario (sobre todo del PP, que como ha quedado demostrado, tienen mayoría los vocales conservadores en el TC) y que antes era inconstitucional y a partir de ahora dejará de serlo. Todo muy democrático, ¿no les parece?. 

Volviendo a Estados Unidos, prácticamente nadie vio venir los manejos de los republicanos hasta que la Corte Suprema de EEUU (equivalente al Tribunal Supremo español) declaró inconstitucional, y por tanto ilegal, el aborto. Y como consecuencia de ello, el descrédito que sufrió la Justicia Americana entre los estadounidenses ha sido tan grande que todavía no se ha recuperado. Pero al PP le da igual que eso ocurra en España, y quieren a cualquier precio la mayoría en el Tribunal Constitucional.

¿Y cómo conseguirlo? Que preguntas, pues ganando las próximas elecciones generales, por supuesto.

¿Pero y si no las ganan? Que estupidez, como no las va a ganar. Pero si eso ocurriese tranquilos, los chicos listos del PP lo tienen todo pensado, seguirían bloqueando la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional, hasta que ganasen, naturalmente.

¿Y la gente que sufre retrasos de años en sus recursos ante Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo? Pues que esperen,  que dirían desde el PP,  lo importante es el partido, que decía George Orwell en el "Gran Hermano" 

CONCLUSION

Lo que el PP por encima de todo quiere, es llenar el Tribunal Constitucional de magistrados  conservadores, al igual que han hecho con la Sala Segunda del Tribunal Supremo al que solo le resta sustituir a 4 magistrados progresistas para tener mayoría completa en la Sala, en la que ya cuenta con 12 magistrados conservadores. Todo ello al objeto de controlar y dirigir desde atrás (aún sin estar en el Gobierno) todos los Poderes del Estado, a saber, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Que aunque recientemente lo advertí, ahora se ve que algo de razón llevaba.  

Y si al PP le quedase algo de dignidad y sentido de Estado, lo más conveniente para todos los ciudadanos españoles sería, que cumpliesen la Constitución y se pusieran manos a la obra a renovar CGPJ y Constitucional,  alejándose de monsergas y excusas discursivas de rigor, que para nada mejoran los intereses de la ciudadanía en relación a la Justicia y si los intereses del partido popular.

Por no hablar del daño irreparable que se le está causando al prestigio del Tribunal Constitucional como árbitro imparcial respecto de la constitucionalidad de leyes aprobadas por Parlamentos y demás disposiciones normativas.

Fuente: Redacción

OPINION. El fanatismo revienta las Instituciones democráticas del Estado Español

Los líderes ultraconservadores del PP y Vox, jaleados por los palmeros del coro mediático, provocaron que el Tribunal Constitucional incumpliesen el artículo 66 de la Constitución Española y por ende, la Ley de leyes, de donde emanan la libertad incuestionable para ejercer la potestad legislativa del Parlamento de España que es las Sede de la Soberanía Nacional, que ahora ha sido atacada.

ANTECEDENTES

El pleno del Tribunal Constitucional ayer ha admitido a trámite el recurso de amparo, aceptando las Medidas Cautelarísimas en votación de 6 vocales conservadores a favor y 5 vocales progresistas en contra, solicitadas por los líderes de ultraderecha del PP y Vox, (mis respetos para el señor Abascal que tiene la gallardía de reconocerlo y me desprecio hacia el señor Feijóo que cobardemente no lo hace) con el aplauso de todas las Asociaciones Judiciales conservadoras, que no sé si pretenden volver a los tiempos de Franco, que por aquel entonces en coalición con los curas, mataron a más gente que el hambre y las pandemias juntos (unos conseguían la confesión en las Iglesias y los otros dictaban las sentencias, con resultado seguro de muerte en el paredón).

Para más inri, los dos magistrados conservadores recusados del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, ambos dos con mandato caducado, nombrados directamente por el Gobierno de Rajoy y que, en lugar de abstenerse (seguramente motivados de una parte, por los jugosos sobresueldos procedentes de los cursos que imparten de la fundación Faes del PP y por otra por las  promesas del líder del PP, que cuando fuese presidente,  El Sr. Trevijano iría al Consejo de Estado y el Sr. Narváez a la Fiscalía General del Estado )  han considerado oportuno, junto al resto de magistrados conservadores del TC, votar y aprobar  una sentencia inconstitucional, que ataca al único poder del Estado, el Poder Legislativo, que tiene libertad absoluta e independencia total para tramitar, debatir y aprobar las leyes, sin ninguna tutela ni restricción, otorgada por el artículo 66 de la Constitución, como seguidamente expongo, reproduciendo escrito del catedrático de derecho constitucional, Javier Pérez Royo, con permiso y agradecimiento a éste.

Escrito de D. Javier Pérez Royo

Hasta que las Cortes Generales no han recorrido todo el proceso legislativo y la norma no ha sido sancionada, promulgada y publicada en el BOE, no se puede interponer ningún recurso contra ella ante el TC

La Constitución es la norma superflua por excelencia. La Constitución no resuelve ningún problema de los que se plantean en la convivencia. En una sociedad democráticamente constituida nadie tiene jamás un problema que tenga su respuesta en la Constitución. Por eso, la Constitución ha sido un producto tan tardío en la historia de la convivencia humana. Hasta el siglo XVIII no aparecerán las primeras constituciones. Hasta bien entrado el siglo XIX no empezarán a extenderse por diversos países europeos y americanos. Y hasta bien entrado el siglo XX no se afirmará la Constitución como norma jurídica. Una sociedad tiene que tener un nivel de desarrollo alto para poderse permitir el lujo de tener una Constitución. Y muy alto para tener una Constitución con el carácter de norma jurídica.  

La función de la Constitución no es resolver problemas, sino posibilitar que cualquier problema que se presenta en la convivencia encuentre una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada. La Constitución no resuelve ningún problema, pero, sin ella, no se resuelve ninguno. 

Obviamente, en sociedades democráticamente constituidas. Las no constituidas democráticamente no necesitan la Constitución. Les estorba la Constitución. Las democráticamente constituidas no pueden vivir sin ella. 

Precisamente porque no resuelve ningún problema, la Constitución tiene necesariamente que prever quien y de qué manera tiene que dar respuesta a los problemas que inevitablemente se producen en la convivencia. 

Y todas las Constituciones democráticas no lo hacen igual, pero sí de la misma manera. Atribuyendo a un órgano elegido directamente por todos los ciudadanos y ciudadanas mediante el ejercicio del derecho de sufragio la “potestad legislativa”, la potestad de dictar la norma jurídica con base en la cual se da respuesta a cualquier problema con el que la sociedad tenga que enfrentarse. Los problemas, todos los problemas que se plantean en la convivencia, encuentran la respuesta en la ley, en las leyes, porque la Ley no existe sino en la forma de infinitas leyes, cada una de las cuales ordena una determinada esfera de la vida en sociedad. La Constitución es una. Las leyes son muchas.

La Constitución tiene que decidir qué órgano constitucional y a través de qué procedimiento va a decidir todo lo que ella no ha decidido, que es prácticamente todo. Dicho órgano es el único que tiene legitimación democrática directa. Representa directamente a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso, tiene “libertad de configuración” para dictar la norma con base en la cual se va a dar respuesta al problema con el que la sociedad tenga que enfrentarse. 

En una democracia parlamentaria únicamente el Parlamento tiene “libertad”. Todos los demás operadores jurídicos, desde los diferentes órganos constitucionales a todas las personas físicas o jurídicas, no tienen libertad, sino “autonomía” dentro del marco de la voluntad general, de la ley. En el binomio voluntad general, constituida mediante el ejercicio del derecho de sufragio objetivada en la ley y voluntad particular, que son las de todos los demás, descansa el sistema político y el ordenamiento jurídico de todas las democracias dignas de tal nombre.

La “libertad” del Parlamento en el proceso de elaboración de la ley no puede ser interferida en ningún momento por nadie. El Parlamento, las Cortes Generales en nuestro país, tiene “libertad absoluta” para dictar la ley en los términos que le parezca oportuno. Durante la tramitación parlamentaria de la ley no tiene límite alguno. Esto es así en todas las democracias parlamentarias sin excepción.

Una vez aprobada la ley y publicada en el BOE o en el equivalente de los demás países democráticos, la “libertad” del Parlamento “puede dejar de ser absoluta”, si en la Constitución se contempla la existencia de un órgano que puede revisar la constitucionalidad de la ley. Hay democracias parlamentarias que no tienen control de constitucionalidad en su fórmula de gobierno. Otras, entre ellas la española, sí lo tienen. El TC tiene atribuida la facultad de revisar la interpretación que las Cortes Generales han hecho de la Constitución al dictar la ley. 

Pero esa revisión únicamente puede producirse una vez que la “voluntad general” ha recorrido todo el proceso legislativo previsto en la Constitución y en los Reglamentos Parlamentarios, ha sido sancionada y promulgada por el Jefe del Estado y ha sido publicada en el BOE. A partir de ese momento y siempre que se interponga un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, el TC tiene autoridad para revisar la interpretación que han hecho las Cortes Generales de la Constitución.

El intérprete de la Constitución son las Cortes Generales. El TC no es intérprete de la Constitución, sino revisor de la interpretación que las Cortes Generales ha hecho de la Constitución. Sin ley que haya interpretado la Constitución, el TC no puede hacer nada. Hasta que las Cortes Generales no han recorrido todo el proceso legislativo y la norma no ha sido sancionada, promulgada y publicada en el BOE, no se puede interponer ningún recurso contra ella ante el TC. 

Así se expresa el principio de legitimación democrática en el proceso de “creación del derecho”. Cualquier interrupción de dicho proceso desde el exterior supone una quiebra de dicho principio de legitimidad democrática, que, como dijo el TC en una de sus primeras sentencias, la  STC 6/1981, es el fundamento de “TODA” nuestra ordenación jurídico-política.

Esto es lo que acaba de hacer el TC, conculcando la Constitución y la Ley Orgánica del Tribuna Constitucional de manera flagrante. Un órgano constitucional que no está en la Constitución para hacer nada en positivo, sino para evitar que la ley aprobada por las Cortes Generales pueda ser contraria a la Constitución, ha decidido intervenir en el proceso legislativo y privar a las Cortes Generales de la “libertad absoluta” que tienen en dicho proceso. 

¿Y ahora qué?

Puesto que se trata de algo inédito, que no tiene precedentes en ninguna democracia parlamentaria, no podemos acudir a ninguna experiencia que nos sirva de referencia. El sistema político español tiene que “inventarse” una respuesta. 

De momento, es la Mesa del Senado la que tiene que dar el primer paso, que, en mi opinión debería consistir en mantener la convocatoria del Pleno prevista para el viernes.

El segundo debería corresponder a los grupos parlamentarios. En mi opinión, a todos, que deberían ponerse de acuerdo en aceptar la decisión del TC y suprimir los preceptos que fueron recurridos y respecto de los cuales el TC ha dictado las medidas cautelarísimas de todos conocidas. El resto de la reforma no afectado por el recurso y por la decisión del TC se debería someter a votación.

Obviamente, el texto aprobado por el Senado tras estas mutilaciones, tendría que volver al Congreso de los Diputados para ser aprobado definitivamente. 

Quedaría por resolver la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Volveríamos, por tanto, a la situación en que nos encontrábamos antes que se introdujeran las enmiendas que han dado origen al recurso de amparo que ha sido resuelto por el TC de la forma conocida por todos. 

Ahora mismo no es posible hacer otra cosa.

CONCLUSIÓN

Legalmente no se puede hacer nada, porque si han actuado con tanta impunidad en el Tribunal Constitucional, supuestamente, tienen bien atado las previsibles recusaciones en el Tribunal Supremo de los presuntos vocales prevaricadores. 

Pero en las próximas elecciones hay que poner pie en pared y plantar cara a la ultraderecha de este país. Y da lo mismo de que región o autonomía seamos, ahora y siempre ha sido, ESPAÑA o el FASCISMO y en todas las elecciones del 2023 no quiero que nadie se quede en casa, todas y todos a votar contra el fascismo,  ni un solo voto de los demócratas para la ultraderecha de PP, Vox y Ciudadanos.

Fuente: Redacción, el plural.com y el Diario.e