El presidente del Gobierno ha garantizado que las intervenciones realizadas por el CNI fueron legales y anima al resto de afectados a denunciar.
Esa es la conclusión que ha extraído tras
estudiar el asunto, puesto que también ha garantizado que las autorizaciones
judiciales no se concedieron bajo su mandato, sino en la época de Mariano
Rajoy: “Este Gobierno no conoce y no decide. Ha podido pasar en otro momento y
con otro Gobierno, pero jamás con este”. Para evitar que episodios semejantes
se repitan, ha anunciado la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales
que sustituya a la vigente, que data del franquismo; así como una revisión de
la actuación de los servicios de inteligencia.
En su intervención ante el pleno del
Congreso en el marco de un debate monográfico sobre Pegasus, el líder del
Ejecutivo ha censurado que el Partido Popular ha utilizado las instituciones
“para intentar encubrir la vergüenza de la corrupción”; denunciando la
existencia de una mal llamada “policía patriótica” que actuaba al margen de la
legalidad por orden de los populares. “Un uso indigno que se dio en el pasado,
pero no con este Gobierno”, ha espetado.
Sánchez ha explicado que el Ejecutivo
que comanda trabaja con “discreción” para preservar la seguridad nacional, los
derechos y la integridad territorial; pero también lo hace “con
profesionalidad, rigor y fiel cumplimiento de la legalidad”. “Los servicios de
inteligencia trabajan sin descanso para abortar potenciales atentados y
desarticular organizaciones. Lo hacen jugándose la vida. El propósito de este
trabajo requiere discrecionalidad, que no opacidad. La preservación de cierta
información no es una irregularidad democrática. Lo verdaderamente relevante es
que no se atropellen sus derechos fundamentales. Hay controles, rendición de
cuentas… Desde el control parlamentario como la comisión de secretos oficiales
hasta el control de la justicia”, ha insistido.
Es por ello que, al trascender las informaciones
sobre el espionaje con Pegasus a más de 60 líderes independentistas, puso en
marcha tres vías de actuación. La primera fue crear un organismo de control
interno que fiscalizara la acción del CNI. La segunda, la reactivación de la
comisión de gastos reservados y secretos oficiales en el Congreso para que la
entonces directora del CNI, Paz Esteban, ofreciera explicaciones. Por último,
el Defensor del Pueblo abrió una investigación de oficio.
Según ha desvelado el presidente, Paz
Esteban esgrimió que el CNI solicitó la autorización “para proceder a la
intervención acotada en el tiempo de las comunicaciones de 18” líderes
independentistas. Los servicios de inteligencia “propusieron y el juez acordó
las medidas oportunas”. En consecuencia, el espionaje a casi una veintena de
personas, entre las que se encuentra el president de la Generalitat, Pere
Aragonès, “se realizó con pleno respeto a la legislación vigente y con motivos
fundados que hacían necesaria dicha iniciativa”. “El objetivo era prevenir,
detener e imposibilitar las acciones que pongan en riesgo, amenacen o atenten,
la seguridad”, ha zanjado.
No obstante, Sánchez ha admitido
desconocer quién está detrás del resto de intervenciones, incluida la de su
propio smartphone. A su entender, denunciar el espionaje sufrido ante la
justicia ha sido un gesto de transparencia: “Aquellos que nos critican hoy por
un exceso de transparencia, estarían criticándonos por un exceso de
encubrimiento”.
“Ha habido una brecha de seguridad y
lo notificamos”, ha continuado, animando a hacer lo propio al resto de líderes
independentistas afectados cuya fuente de intervención de las comunicaciones se
desconoce. “Estos son los hechos frente a las especulaciones. La gran mayoría
han sido por actores desconocidos ajenos a la Administración. Cualquier persona
que haya sido intervenida sin autorización judicial ha sido víctima de un
delito y tiene derecho a averiguar la verdad y restablecer sus derechos
fundamentales”, ha concluido.
A fin y efecto de poner coto a que un
episodio semejante pueda repetirse, Sánchez ha anunciado la aprobación de una
nueva ley de secretos oficiales que sustituya a vigente, un articulado
franquista. Cabe destacar que, precisamente, hay el PSOE es el principal
artífice del bloqueo a la ley de secretos oficiales registrada por el PNV,
aprobada por el Congreso y que continúa bloqueada por la Mesa, que aplaza sine
die el periodo de enmiendas. También ha anunciado un plan para crear una Red
Nacional de Ciberseguridad que estará integrada también con las comunidades
autónomas y regular la actuación del CNI para evolucionar y afrontar los nuevos
retos tecnológicos.
Fuente: El Plural.com