El exmagistrado sostiene que “la situación está bloqueada de forma sistemática por el PP porque le interesa que sigan las cosas como están”
A su juicio, “para desbloquear, sería muy
oportuno que todo el CGPJ, con su presidente al frente, dimitiera de una vez
por todas y forzara esa decisión”
La polémica inhabilitación como
magistrado de Baltasar Garzón (Jaén, 1955) que tuvo lugar en 2012 ha vuelto a
la actualidad estos días tras el dictamen, hecho público por el Comité de
Derechos Humanos de la ONU, que ha calificado como “arbitraria” esa
inhabilitación y ha pedido “una reparación integral que repare sus derechos”.
De momento, Garzón espera que el Gobierno asuma la resolución y actúe en
consecuencia: “El Comité ha dicho, en defensa de la independencia judicial y de
la libertad de interpretación, que los jueces no pueden ser coaccionados en la
interpretación de las leyes con amenazas penales o disciplinarias”.
Como conclusión del dictamen, Garzón
defiende su posición: “Siempre he dicho que no sé por qué me condenaron, porque
en el Código Penal no viene que interceptar las comunicaciones entre unas
personas privadas de libertad y alguno de sus abogados, habiendo indicios y
previniendo todos los mecanismos para proteger el derecho de defensa, fuera
delictivo. Por lo tanto, si no es así, no puedes condenar a nadie por haber
realizado lo mismo que otros jueces en otros procedimientos y el propio juez
que me sustituye hizo exactamente lo mismo y además, lo amplió”.
El exmagistrado, en la actualidad,
mantiene su actividad como abogado y no duda en participar asiduamente en el
debate público sobre los principales asuntos de la vida política, especialmente
en aquellos relacionados con la justicia. El curso político se ha abierto en
España con el recordatorio de los mil días del bloqueo que el Partido Popular
mantiene para impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ).
El CGPJ y sus funciones
“El Consejo General del Poder Judicial
es el órgano de gobierno de los jueces. No es un tribunal. No tiene funciones
jurisdiccionales, sino funciones administrativas. El sistema de elección del
CGPJ, un órgano constitucional, está regulado por su ley orgánica que ha sido
modificada en varias ocasiones con las mayorías correspondientes en el
Parlamento. Ese consejo es el que asume las competencias de organización, de
selección, de formación, de nombramientos, etc., de los jueces. También tiene
las funciones mucho más amplias de política criminal, de igualdad, de
cooperación jurídica internacional; que le llevan a ser, probablemente, el
Consejo General del Poder Judicial más amplio de toda la Unión Europea en
competencias”.
El actual conflicto
“El problema radica en que, como se
tienen que poner de acuerdo los grupos políticos, porque la elección es de tres
quintos, si no hay un acuerdo entre PP y PSOE, que son las fuerzas
mayoritarias, se hace inviable la selección. Hace ya casi tres años que tendría
que haberse renovado ese consejo, que tiene un mandato de cinco años. De ahí el
escándalo, aparte del sin sentido que tiene que esa institución se esté
cuestionando en sus cimientos por la falta de decisión de los partidos
políticos de cumplir su obligación en el Parlamento, que a su vez está
bloqueada de forma sistemática por el Partido Popular porque, desde mi punto de
vista, le interesa que sigan las cosas como están, porque actualmente la
mayoría del consejo es conservadora, puesto que se eligió cuando el PP tenía
mayoría absoluta en el Parlamento, en tiempos de Mariano Rajoy."
Las excusas del PP
“Creo firmemente que el
establecimiento de vetos para designar a candidatos al CGPJ es inaceptable en
una democracia. Las demás excusas son similares. Son inaceptables porque no se
pueden cambiar las reglas de la elección cuando está vigente la ley. Lo que hay
que hacer es cumplir la ley. Si después la ley se tiene que modificar, se
modificará si hay las mayorías que establece el Parlamento que gobierna el
poder legislativo, y si no, pues habrá que ganar unas elecciones para
conseguirlo. Pero lo que no puedes hacer es decir: ‘Ahora no cumplo la ley
porque no me interesa. Antes sí la cumplo porque sí me interesa’. La curiosidad
es que en 2001 se modifica la ley orgánica, bajo el gobierno del PP, y se
establece el sistema actual. Luego, en la época de Mariano Rajoy, con mayoría
absoluta, se vuelve a renovar. Y entonces ahí sí le interesaba. Ahora no le
interesa y no se renueva”.
Soluciones de salida
“Esto, parlamentariamente, es un
auténtico filibusterismo político y en el ámbito social es prácticamente una
tomadura de pelo a los ciudadanos. No nos merecemos esto ni el Poder Judicial
se lo merece. Para desbloquear, sería muy oportuno que todo el Consejo General
del Poder Judicial, con su presidente al frente, dimitiera de una vez por todas
y forzara esa decisión. Hay un precedente. En 1996, cuando Pascual Sala era el
presidente del CGPJ, se produjo un bloqueo similar y hubo seis vocales
progresistas en aquel momento que dimitieron y provocaron esa decisión. Creo
que tiene que ser una medida de este tipo porque si no, me temo que habrá una
nueva excusa del PP y creo que habría que profundizar, porque entran en juego
cálculos de tiempos, cinco años de mandato, pensando en qué elecciones se van a
ganar, para ver qué miembros van a poner”.
Cambio del modelo de elección
“Que ahora se diga que la cuestión
principal es que los jueces elijan a sus representantes en el consejo no deja
de ser llamativo cuando ellos no lo hicieron cuando podían hacerlo. Y en todo
caso, creo que no es un buen sistema. El órgano de representación popular, que
es el Parlamento, no puede renunciar a nombrar a los vocales del CGPJ. Eso no
quiere decir que también los jueces propongan a sus candidatos o que, si los
eligen, habría que modificar parte de las competencias del CGPJ, que como he
dicho antes, van más allá de las estrictamente orgánicas y corporativas. Y por
tanto, si va más allá, todos los ciudadanos nos sentimos concernidos. Los
ciudadanos, el único órgano de representación popular que tenemos es el
Parlamento. Por tanto, hay que respetar ese sistema”.
El CGPJ como actor político
“En este momento, hay que respetar la
ley. Si finalmente se decide en el Parlamento, con las mayorías
correspondientes, modificar la ley orgánica, también creo honestamente que
habría que modificar las competencias del Consejo. Si los jueces van a elegir a
sus representantes en el CGPJ, este no puede ni debería tener más competencias
que las estrictamente orgánicas: ascensos, elecciones, aspectos disciplinarios,
etc., pero es que va más allá. Es un actor político de primera categoría que
extiende su capacidad más allá del ámbito de los jueces como es la política
criminal, la cooperación jurídica internacional, emite dictámenes, tiene
comisiones sobre igualdad de género, sobre violencia contra la mujer. Es decir,
tiene unas funciones exorbitantes fuera del ámbito estrictamente orgánico. Por
tanto, los ciudadanos tienen derecho a nombrar a sus representantes en ese
organismo”.
Secuestrar la Constitución
“Afirmar que el PP trata de secuestrar
la Constitución, como ha dicho algún representante del PSOE o incluso el
Ejecutivo, es muy grave, pero es bastante cierto. No sé si yo utilizaría el
mismo término, pero lo que sí está claro es que el PP, por razones que creo que
se pueden intuir, por muchos problemas que piensan que podrían paliar de alguna
forma con esta obstaculización, lo que está produciendo es un descrédito
progresivo y una desnaturalización de las instituciones que provocan una falta
de credibilidad en las mismas y sobre todo en el sistema político y, por ende,
en la democracia, en el sistema y en el Estado de derecho. Lo que tienen que
hacer es solucionar el problema. Cuando no se quiere solucionar, se entra en el
filibusterismo político parlamentario, que es reventar y reventar cualquier
opción y cuando se demuestra algo, se pasa a la siguiente”.
La opinión de los jueces
“Creo que hay mucha confusión, incluso
también en el propio sistema judicial. Evidentemente, yo no estoy en la piel de
todos y cada uno de los jueces y juezas de este país. Las asociaciones son mayoritariamente
conservadoras. El sector conservador de la judicatura es evidente. Es
mayoritario, lo que, por otra parte, no representa a las mismas mayorías de la
ciudadanía. En España, está clarísimo que, al menos un cincuenta por ciento,
poco arriba o poco abajo, no vota conservador. Por tanto, si la organización o
la asociación progresista, Jueces y Juezas para la Democracia, representa un
quince por ciento de los asociados, pues fíjese el desnivel tan tremendo que
hay. Es decir, no responde la tendencia conservadora de la judicatura a lo que
representa en su cliente. Su cliente es el pueblo, es la ciudadanía”.
La independencia judicial
“No hay derecho a dudar, ni los jueces
ni los ciudadanos, del sistema democrático y de la división de poderes. Lo que ocurre
es que las actitudes influyen y la desconfianza se produce. Y la justicia
precisamente no sale muy bien parada en esa apreciación, porque más del
cincuenta por ciento de los ciudadanos y ciudadanas españoles no confían en
ella. Por tanto, algo estamos haciendo mal, incluso dentro de la justicia. Hace
unos días, en la apertura del año judicial, el presidente del CGPJ hizo unas
afirmaciones muy duras frente a esta parálisis institucional de los dos
partidos políticos mayoritarios. Pero claro, yo le diría también al presidente
del CGPJ: "¿Y usted qué hace? Porque usted, su mandato, terminó hace casi
tres años. Haga algo más. Se puede hacer algo más y dimitir para demostrar que
está fallando el sistema”.
Politización de la justicia
“División de poderes no significa que
cada uno vaya por su sitio, sino que funcionen en armonía. La politización de
la justicia es cuando se utiliza el sistema judicial como una especie de guerra
jurídica para atacar al oponente político o para debatir fuera del ámbito de la
política cuestiones que son políticas. Vivimos en esos tiempos. Hay un abuso de
la justicia. Hay un recurso permanente de determinadas fuerzas políticas a los
tribunales para resolver cuestiones que no tienen contenido o que pueden
resolverse y deben resolverse fuera del ámbito de los tribunales. Por tanto,
eso es lo que hay que corregir. El tema del consejo es un ejemplo más del abuso
que se está haciendo de la justicia y del sistema judicial. Y eso actúa siempre
en contra de la ciudadanía, que integra un desánimo, un descrédito y una
desconfianza cada vez mayor”.
La confianza ciudadana
“Evidentemente, la confianza de la
ciudadanía en la justicia se ve resentida por todos estos fenómenos, unos
nucleares, otros adyacentes, unos internos, otros externos, pero que confluyen
en que el ciudadano y la ciudadana medios decidan que no va con ellos.
Bastante tienen con sufrir la acción
de la justicia cuando tienen que acudir a un tribunal, a un órgano de justicia,
bien como afectados, como víctimas o como investigados y no se les resuelve su
problema. Quizás por esta inercia de no resolver las cosas, no se atienden esos
otros problemas. Y el órgano de gobierno desatiende lo que tiene que estar
atendiendo, que es, ni más ni menos, que la independencia judicial y el correcto
funcionamiento de la administración de justicia. Lo demás converge todo, amplía
el problema y al final nos deja en una situación sumamente precaria respecto de
la confianza en la justicia”.
Fuente: Infolibre.es