Vayamos a los hechos
1. El líder del PP a nivel nacional, Sr. Feijóo, se dedica ahora, a negar la Constitución, y, deslegitimar las Instituciones, del Congreso de los Diputados y del Tribunal Constitucional. Además de negarse a renovar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva 5 años caducado, el cual, no amparó al juez José Ricardo de Prada, cuando injustamente fue acusado de lawfare (prevaricación) por el partido popular, a los que previamente este juez había condenado por el caso de corrupción de la Gürtel y sin embargo, si que amparó por la misma razón, a quienes aparentemente, fueron más benevolentes hacia los intereses del partido popular, como hoy ocurrió con el juez García-Castellon, donde los vocales del CGPJ, de mayoría conservadora desde hace 10 años que fueron nombrados a propuesta del PP, al que deben desde entonces, puesto y sueldo, que incluso, no sería descabellado llegar a pensar, que dado lo anteriormente expuesto, presuntamente, hubiese podido influir en el diferente trato otorgado por el CGPJ, a los jueces arriba citados. 2. La Presidenta de
Madrid del PP, Sra. Ayuso, se afana en exponer y presentar sus ideas racistas, siendo respaldada desde la
dirección del partido popular con un escueto, "absolutamente de acuerdo y alineados con la posición de la Presidenta (de la Comunidad de Madrid)”
3. El líder en la sombra
del PP, Sr. Aznar, sugiere a sus afines que, “ quien pueda hacer algo lo haga” suponiendo se refiera a actos legales en contra del gobierno, ¿quizás como manifestarse sin autorización en la calle Ferraz acosando al PSOE durante meses?. Siendo la expresidenta de Madrid, la Sra. Aguirre, quien legítimamente, primero salió a la calle a manifestarse, demostrando a todos lo gran patriota que era, así como también lo es, cuando vende un cuadro de Goya inédito.
4. El Senador del PP, Sr. Monago, nos recuerda en el Senado, “que el mayor caso de ‘lawfare’ en la historia política, fue el párrafo sobre el PP del fallo de la Gürtel" donde injustamente acusaba de prevaricación al juez José Ricardo de Prada, uno de los autores de la
sentencia.
5. Una plataforma de juristas (supuestamente afines del PP) sacan un manual de
usuario al objeto de, presuntamente, influir en la voluntad de jueces demócratas para que recurran la futura ley de amnistía.
6. La deuda heredada del gobierno de Rajoy, no deja de aumentar, pues el Estado perdió
50.000 millones de euros del rescate a la banca de 2012 y, tuvo que engordar su deuda con otros 35.000 millones en 2022 tras el fiasco de la Sareb, además ha tenido que pagar sanciones,
devolver el canon de las eléctricas y ahora tendrá que restituir las subidas de
impuestos a las empresas que las reclamasen, tras tumbar el Constitucional la
subida fiscal de Montoro a las grandes empresas que usó para recaudar miles de
millones –unos 7.000 millones de euros según técnicos de Hacienda, a razón de 1.000 millones/año durante 7 años– siendo también que mismo Tribunal, igualmente tumbó por inconstitucional la ley de amnistía fiscal de Montoro, ministro de Hacienda del gobierno de Rajoy por aquel entonces.
7. La policía política remitió al Gobierno del PP de Rajoy 34 investigaciones a cargos catalanes y a sus familias en año y medio
8. Juez imputa al número dos de Interior y de la Policía por el otro caso Gürtel, aunque como siempre, se libran María Dolores de Cospedal e Ignacio Cosidó, que solo pasaban por allí.
Veamos ahora cuales son las acusaciones del PP, respecto del gobierno de coalición del PSOE y SUMAR, que ataca
los cimientos de la Constitución, porque,
· Pactan con todos los
partidos políticos del Congreso de los Diputados, excepto PP y Vox, que se autoexcluyen. No parecen actos delictivos ni anticonstitucionales.
· Aprueban leyes y presupuestos
de gran calado social, que atiende las necesidades de los más desfavorecidos. Tampoco diría que se trata de actos incívicos, antidemocráticos o ilegales.
· Intentan fomentar un ámbito
de convivencia social en España, que abarque todas las sensibilidades. No considero que estos actos sean constitutivos de ilícito penal, ni que vayan contra la moral y las buenas costumbres.
· Están decididos a
aprobar una ley de amnistía, que devuelva a España al camino de paz, concordia y entendimiento, necesario para afrontar un futuro incierto; aunque las bondades de dicha ley, considero se verán solo a medio plazo. No siendo un experto, desde mi opinión entiendo, que la Constitución no lo prohíbe, al no referirse al respecto en ningún artículo de la Carta Magna. Cosa bien distinta sería, que la futura ley no estuviese bien
definida en cuanto a plazos y delitos, en los cuales fuese de aplicación, que algo apunta en ese sentido un informe de los
Letrados del Congreso, donde también advierten, que la ley de amnistía debiera ser articulada, por medio de procedimiento de reforma constitucional; aunque este informe no es vinculante al igual que cualquier otro documento de los Letrados de la Cámara (si bien es cierto, que dos de los tres letrados que firman dicho informe, tuvieron cargos afines al PP)
Yendo al fondo del asunto, en tanto en cuanto, es aplicable dicha ley
En principio, en buena lógica, supuestamente sería aplicable
a todas las personas que como consecuencia del procés catalán, estuviesen encausados
o hubiesen sido sentenciados, en algún proceso judicial, siempre y cuando,
concurriesen en plazos y delitos previstos, quedando al margen, los encausados y/o juzgados por delitos de terrorismo.
Más información
- Proposición de Ley Orgánica de la Amnistía, clicar aquí para acceso a texto completo
Fuente: Redacción; elpais.com; eldiario.es; elplural.com; publico.es
De la banalización del
terrorismo
Hablando del polémico
auto del juez García-Castellón, que pide procesar a Carles Puigdemont y a Marta Rovira, por
delitos de terrorismo, donde según el magistrado, en los últimos días han
aparecido nuevos datos suficientes como para consolidar la acusación contra el
líder de Junts. Podría decirse que en realidad, las pruebas de las que habla García-Castellón son
más bien endebles, ya que para el instructor, montar un
escenario frente a la Universidad de Barcelona durante la jornada de reflexión
de las elecciones generales de 2019 –tal como hizo Tsunami Democràtic, la
plataforma de protesta independentista creada al efecto– fue un acto capaz de
“subvertir el orden constitucional” y de “alterar gravemente la paz pública”.
La Fiscalía ya le ha
dicho a su señoría que no ve el delito de terrorismo por ningún lado, ya que
montar un mitin independentista “con una furgoneta y un generador”, y con “nula
repercusión”, no merece el “más mínimo” reproche penal. El montaje del famoso
escenario de Tsunami podría considerarse, en todo caso y forzando mucho, en una infracción administrativa recogida en la ley electoral. Y ni
siquiera eso, ya que derecha y ultraderecha están organizando saraos políticos de ese
tipo cada día y nadie los procesa por pertenencia a banda armada. Bueno, con la diferencia que algunos de estos rezan, en lugar de gritar. Más civilizado por Dios y por #putodefenderEspaña, faltaría más.
Si el tablao de
Tsunami fuese un acto de sabotaje violento capaz de acabar con el orden
constitucional, ¿qué puede decirse entonces, del cruel apaleamiento de un muñeco
de Pedro Sánchez, a manos de una multitud nazi, frente a la sede de Ferraz?
Una vez más, nos
encontramos ante el habitual doble rasero de los jueces conservadores, que cuando
el activismo callejero lo practica la izquierda, es terrorismo
preocupante, que atenta contra el orden constitucional y al que hay que combatir con todas las armas del
Estado de derecho; sin embargo, cuando ese derecho lo ejerce, la derecha o la ultraderecha franquista, es libertad de
expresión, como no podría ser de otra manera desde la dictadura. No se sostiene.
Y
para muestra un botón: se dieron mucha prisa en arrebatarle el escaño al
diputado morado Alberto Rodríguez por una supuesta patada a un policía, no
suficientemente aclarada y ahí lo han tenido, marginado y apartado, hasta que
ha llegado el Constitucional para restituirle sus derechos.
Pero más allá de que
las pruebas contra Tsunami Democràtic estén cogidas con pinzas, conviene
denunciar la banalización que el juez García-Castellón está haciendo de un asunto tan
dramático como el terrorismo. En este país sabemos muy bien lo que fue esa
penosa lacra. Cuarenta años de bombas lapa, tiros en la nuca, secuestros,
extorsiones y régimen de terror fue un aprendizaje suficiente como para que los
españoles hayan sido capaces de distinguir, a primera vista, entre terroristas
organizados y entrenados para matar y un piquete de huelguistas cabreados, un
grupo de ciudadanos tomando parte en una manifestación social o un mitin
político independentista para multitudes más o menos enfervorizadas.
¿Qué pensarán los
familiares de las víctimas de ETA cuando lean el auto de García-Castellón? Sin duda, que es un
sarcasmo intolerable. Como también resulta bastante surrealista considerar un
acto de terrorismo cortar una carretera, tomar un edificio público o bloquear
el aeropuerto del Prat. Por esa misma regla de tres, las cárceles tendrían que
estar repletas de proletarios dispuestos a quemar neumáticos en medio de la
autopista por defender sus puestos de trabajo, de funcionarios encerrados en oficinas públicas para exigir mejoras
laborales y de controladores aéreos en lucha laboral, que por cierto bloquearon los aeropuertos de toda España, y en ningún caso, se imputó a nadie por terrorismo.
Una cosa son los desórdenes públicos y otra bien distinta, las bandas armadas, como el Batallón Vasco Español, ETA, el Grapo, Terra Lliure, el IRA, las Brigadas Rojas o la Baader-Meinhof.
Fuente: diario16.com
De causas
fantasma, salvamentos al PP e ilógicas contradicciones.
El juez Manuel García
Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, vallisoletano de 71
años, ha protagonizado un momento clave de la actualidad política, al dictar
auto de imputación contra el expresident Carles Puigdemont; Marta Rovira,
secretaria general de ERC; y otros diez cargos relacionados con el 'procés'.
Las reacciones al
auto de imputación de García Castellón, van desde la expresión “golpe de Estado
permanente”, usada por el propio Puigdemont para referirse al auto judicial,
hasta “Tejero lleva toga”, de Gabriel Rufián en relación al juez García
Castellón.
A nadie se le escapa
que una decisión de tal calibre, como investigar por terrorismo al
europarlamentario y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a la
secretaria general de ERC, Marta Rovira, en este preciso momento equivale a
poner un granito de arena para complicar la futura ley de amnistía, opinan
fuentes jurídicas relacionadas con el 'procés'.
Casualmente, el
reguero de 'granitos de arena' que el juez
Manuel García Castellón va dejando, siempre apuntan en la misma dirección, que
acaba beneficiando al Partido Popular. Por recordar algunas de sus polémicas
decisiones, cabe señalar su empeño en no imputar a la ex secretaria general del
PP, María Dolores de Cospedal, en la causa Kitchen sobre el espionaje parapolicial
a Luis Bárcenas, extesorero del PP, pese a los argumentos de la Fiscalía
Anticorrupción en sentido contrario; y pese a las pruebas en forma de audios
que constatan sus encargos al comisario Villarejo para eliminar 'la libretita'
de Bárcenas.
Según enseña la
trayectoria de este juez, al que le queda un año para jubilarse forzosamente,
sus líneas rojas parecen pasar por la cúpula del PP. Recientemente se ha negado
a considerar al partido de Feijóo responsable a título lucrativo en la causa
Kitchen, pese a que obviamente el PP se benefició de los actos ilegales de la
'brigada patriótica' del Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, que, entre
otras cosas, acabaron arrebatando a Bárcenas documentos que probablemente probarían la
financiación ilegal del partido.
También recientemente
ha archivado la pieza separada 10 del caso Púnica, en la que había casi 40
cargos del PP investigados por los contratos a las empresas de reputación
'online' de Alejandro de Pedro, entre ellos una docena de alcaldes del PP en el
País Valencià y Madrid. El magistrado da por hecho que se pagó con dinero
público a las empresas de De Pedro, pero dice que esos trabajos de reputación
que benefician a los políticos del PP no se pueden desligar de los cargos
públicos que ocupan.
Esperanza Aguirre,
Cifuentes y González, salvados
García Castellón
también ha cerrado la causa por la financiación irregular del PP madrileño para
tres expresidentes del PP: Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio
González. La pieza separada de Púnica que investiga la caja b del PP de Madrid
cntra la presunta responsabilidad únicamente en Francisco Granados,
exsecretario general del partido en Madrid, y el exgerente Beltrán Gutiérrez.
De la mano de José
María Aznar
¿Quién es Manuel
García Castellón? ¿Y de dónde viene su fama de juez afín al PP?
Su gran empuje
vino a raíz de investigar el atentado de José María Aznar, en abril de 1995,
cuando era presidente del PP. García Castellón, en comisión de servicios en la
Audiencia Nacional, asumió la investigación y se negó en redondo a indagar en
las medidas de seguridad que llevaba entonces el líder de la oposición, ni
quiso llamar a declarar a sus guardaespaldas, tal y como pidió la Fiscalía para
aclarar el atentado.
En el año 2000
consiguió un gran regalo: ser nombrado por el Gobierno de Aznar magistrado de
enlace en Francia, un puesto discrecional del Ejecutivo, muy bien remunerado.
En 2012, fue trasladado a la embajada española en Roma para ejercer de enlace
con los jueces del país. Y en 2017 regresó al Juzgado Central 6 de la Audiencia
Nacional en un momento muy oportuno para el PP.
Una conversación
entre dos líderes del PP, hoy imputados por casos de corrupción, Eduardo
Zaplana e Ignacio González, grabada por la Guardia Civil a finales de 2016, da
pistas sobre la llegada, meses después de García Castellón a la Audiencia
Nacional. González, expresidente de la Comunidad de Madrid, necesitaba a un
juez de confianza, afectado ya por el caso Lezo, por el que fue detenido en
abril de 2017.
En aquella
conversación, González le trasladaba a Zaplana que tenía que regresar el juez
titular del Juzgado 6 de la Audiencia Nacional y destinar al suplente a otra
plaza. Y así ocurrió. Manuel García Castellón regresaba con 64 años a la
Audiencia Nacional, tras 17 años sin pisar un juzgado.
La obsesión por
Podemos
Pero si por algo se
ha caracterizado este magistrado en los últimos años es por su obsesión contra
Podemos, en causas que han acabado archivadas porque nunca existieron los
delitos que intentó atribuirles a los dirigentes de la formación 'morada'.
Más de 20 querellas
contra Podemos han acabado archivadas a lo largo de estos años, desde el
blanqueo de capitales al falso Informe policial P.I.S.A. [acrónimo de Pablo
Iglesias S. A.] que García Castellón dio por válido y con el que se pretendía
vincular a Podemos y a su líder entonces, Pablo Iglesias, con delitos fiscales
y blanqueo de capitales, además de con financiación ilegal. La investigación
concluyó a mediados de 2022, siendo archivada por el magistrado.
Pero García Castellón
tenía otra pieza reservada para Pablo Iglesias, el caso Dina, sobre el robo del
móvil de la asesora de Iglesias, Dina Bousselham, en 2015, cuyo contenido
apareció publicado en varios medios de la órbita del comisario Villarejo. El juez
quiso darle la vuelta al caso e imputar a Pablo Iglesias, algo que finalmente
frenó el Tribunal Supremo.
También la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional le ha parado los pies a este juez en relación a
su 'fiebre' para con Podemos y sus dirigentes. La investigación que inició en
2021 sobre presuntos pagos de Venezuela a la formación de Pablo Iglesias, sustentados
en falsos informes policiales y en el interesado testimonio del exmilitar
venezolano 'Pollo Carvajal', que pretendía paralizar su extradición a Estados
Unidos, fue archivada tras el rapapolvo de la Audiencia Nacional, por ser una
investigación prospectiva a todas luces.
Fuente: Publico.es
De los retrasos injustificados
Juez García-Castellón ralentiza 2 años recurso de investigar Operación Catalunya
